Políticas públicas para la neutralidad de la red en Argentina: escenarios y tensiones emergentes sobre el futuro de internet

Resumen

La neutralidad de la red hace referencia al criterio sobre el cual debe ordenarse la circulación de los contenidos en internet, garantizando el acceso igualitario para los usuarios, independientemente de quién los produzca o de la cantidad de usuarios que accedan a ellos. De esta manera, el principio se vincula de forma estrecha con el acceso universal a la información y el derecho a la libertad de expresión. A pesar de que internet se originó como una red de carácter “neutral”, existe una tensión permanente entre los viejos y nuevos actores involucrados en el sector, que pugnan por sus intereses en un contexto de regulación de la red. Esta investigación retomó los debates en el ámbito legislativo sucedidos en Argentina en torno a la neutralidad y la inclusión de este principio en la normativa nacional. El recorte temporal abarcó entre 2011 y 2014, una etapa prolífera en términos de discusión sobre la neutralidad. Durante esos años se presentaron 14 proyectos que tuvieron tratamiento en comisión del Senado y, finalmente en 2014 se sancionó la ley de telecomunicaciones 27.078, conocida como “Argentina Digital”, que consagró este principio de modo general. El abordaje demostró que durante el proceso de discusión sobre la neutralidad, realizado entre 2011 y 2014, no existió consenso para alcanzar una definición unívoca sobre este principio como así tampoco en lo referido a su alcance, a las obligaciones y responsabilidades de las empresas prestadoras de servicios de internet y al organismo de control. De los primeros proyectos presentados –que eran una copia fiel de las normativas extranjeras (principalmente la ley chilena)– se avanzó hacia propuestas diseñadas a medida de las necesidades del mercado y el contexto local. Los debates parlamentarios se realizaron sin la participación de la ciudadanía, como si fue el caso de otras experiencias regionales. A pesar de la intensidad, el debate tuvo un corto impacto en la regulación que lo contempló. La ley “Argentina Digital” no marcó aspectos claros sobre los sujetos regulados por la norma ni existió mención a la gestión de tráfico tan debatida en los años previos. Tampoco se incluyeron obligaciones de información a los operadores del servicio para garantizar la transparencia. En definitiva, lejos de ser el puntapié inicial para la consagración del principio, “Argentina Digital” se convirtió en el punto más alto de la discusión y luego de ello se clausuró la relevancia del tema en la agenda pública.