El desarrollo urbano sostenible y las energías renovables: legislación comparada en la República Argentina y España

Resumen

La Universidad del Salvador y la Universidad de Oviedo, España, firmaron un Convenio de Colaboración académica, científica y de cooperación para el desarrollo, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 180, del 3 de agosto del 2016. En el marco de dicho convenio, se desarrolló el presente proyecto de investigación en el que se buscó caracterizar, identificar y analizar la legislación argentina y española relativa a las fuentes de energías renovables y la forma en que aquellas fomentan y permiten un desarrollo sostenible de las ciudades. De las diferencias detectadas en ambos ordenamientos, se buscaron elementos comparativos capaces de ser analizados a la luz de la información recolectada. Finalmente, se buscó visibilizar posibles propuestas de políticas, modelos de gestión y metodologías jurídicas de intervención para el cumplimiento de tales objetivos.En Argentina, se evaluaron las leyes nacionales N. ° 26.190 y N. ° 27.191, y un total de cincuenta y tres (53) leyes provinciales sobre la temática. Del análisis del universo normativo relevado, se pudo concluir que la diversidad de conceptos, la falta de actualización normativa y de reglamentación no permite la posibilidad de generar una política de Estado tendiente a la utilización de fuentes de energías renovables.La cantidad y variedad de fuentes de energías renovables reguladas en las leyes argentinas imposibilitan su correcta regulación, como también la generación de una matriz energética capaz de ser aplicada como política pública tendiente a generar energías renovables en pos de un desarrollo urbano sostenible.En España, se evaluó el marco comunitario europeo, el sistema energético español y las principales normas que permiten la gestión de políticas encaminadas a alcanzar los compromisos asumidos tanto a nivel internacional como por su condición de miembro de la Unión Europea.Se determinó que es fundamental garantizar la coordinación de todos los instrumentos normativos y de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de las distintasAdministraciones Públicas. Que las Administraciones Públicas apuesten decididamente por el establecimiento de un marco claro, estable y único que recoja todas las reformas y medidas de una nuevaimplementación para alcanzar la descarbonización de la economía española y la transición energética para posibilitar un verdadero desarrollo urbano sostenible. Debe contener medidas tendientes a la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de origen fósil por energías renovablesproducidas in situ, promocionando el autoconsumo eléctrico; se debe seguir potenciando la mejora de la calidad del aire y continuar con medidas que fomenten la eficiencia energética y las energías renovables en las instalaciones de alumbrado público, agua y residuos, y de la gestión inteligente deespacios urbanos. Es necesario educar a los ciudadanos en los patrones de consumo actuales hacia vectores menos emisores y de mayor eficiencia energética.Los resultados obtenidos de ambos países dan cuenta de que es imperioso establecer normas que, atendiendo a las realidades propias de cada región, permitan de una manera coherente y coordinada la protección de fuentes de energías renovables, en pos de lograr la transición energética hacia unaeconomía descarbonizada, promovida e impulsada no solo desde las políticas públicas sino también con sustento en las leyes y normativas que las regulen adecuada y uniformemente