El agua: análisis de legislación comparada por usos y jurisdicción en la República Argentina

Resumen

El proyecto tuvo como objetivo principal realizar el relevamiento y análisis del tratamiento del tema agua en las diferentes constituciones provinciales y en la Constitución Nacional. Se configuró una matriz para la comparación de estas en función de diferentes tópicos y se avanzó, en la misma línea, con las leyes y códigos de aguas provinciales. Asimismo, se relevaron las principales normas en el orden nacional sobre la temática. Se tuvo como antecedentes el trabajo realizado por el Dr. Mario Valls en “Legislación del Agua en los países de América del Sur” Estudio Legislativo N° 19 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1980), conjuntamente con los Principios Rectores de la Política Hídrica Argentina, producto del acuerdo Federal del Agua (2003), y la Encíclica Papal “Laudato si´” del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común (2015). Se construyó una matriz comparativa según una serie de variables que se consideraron significativas, entre ellas, el dominio de las aguas, sus derechos de uso, las prioridades asignadas a ellos, los usos comunes y especiales, el tema de la jurisdicción y el acceso al agua como derecho humano. Pudo observarse cómo el cambio de paradigma introducido por nuestra Carta Magna a partir de la reforma de 1994 en materia de recursos naturales, entre ellos el agua, no fue incorporado en algunas provincias y en otras se hizo de manera dispar. Desde la reforma de 1994 las provincias de Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, San Juan, Catamarca, Mendoza, Santa Fe, Chaco y Misiones no han presentado modificaciones a sus Constituciones ni a sus leyes/códigos de aguas provinciales. La provincia de Tierra del Fuego no posee código ni ley de aguas que regulen la materia, es en la actualidad la única provincia en esa situación. Una de las principales conclusiones a las que se arribó fue la disparidad de criterios normativos y la falta de una coordinación entre las diferentes jurisdicciones. Estas no solo han dificultado el diseño de políticas públicas integrales sino que, en muchos casos, han derivado en conflictos interjurisdiccionales sobre la temática.