El Ministerio Público a la luz del art. 120 de la Constitución Nacional y de la Ley 24.496

Resumen

En la República Argentina, hasta 1994, el Ministerio Público era una institución sin rango constitucional, a diferencia de lo que sucedía en varias provincias argentinas, cuyas constituciones lo emplazaban en el ámbito del Poder Judicial.Las razones de que un órgano de tanta trascendencia no haya obtenido antes su inserción en la ley fundamental, se hallaban, a nuestro entender, en la ardua discusión que existía con relación al exacto emplazamiento institucional del Ministerio Público. Hubo quienes propugnaron que el Ministerio Público fuese un órgano independiente y quienes no lo consideraron así. En el presente trabajo, analizaremos esta ardua disputa doctrinaria,  destacaremos las funciones específicas de este órgano extra-poder, y el rol que le compete en los diferentes tipos de procesos a la luz de la reforma constitucional de 1994 y de la ley reglamentaria 24.946. También, procuraremos delimitar conceptualmente el fundamento o título de su pretensión constitucional, esto es, el concepto de “legalidad” y el de “intereses generales de la sociedad”. El presente trabajo se elaboró con la convicción de que, desde una perspectiva político-institucional, en las democracias fuertes el Ministerio Público procura afianzar los controles republicanos y garantizar las libertades públicas. Este objetivo deviene insoslayable en los sistemas políticos debilitados por las recurrentes crisis institucionales y económicas, en los cuales se destaca una excesiva concentración del poder en la rama ejecutiva, la carencia de controles republicanos eficaces para evitar la corrupción y los desvíos de poder.