Que opinión le merece la idea de democratizar la justicia

 

 

 

LA VOZ DE NUESTROS JUECES.

 

            Resulta altamente gratificante, para quienes editamos Aequitas, retomar esta sesión que  inauguramos con la tercera etapa: “La voz de nuestros jueces”; un espacio en el que destacados magistrados, muchos de ellos egresados y docentes de esta Casa de Altos estudios, nos brindan su opinión sobre temas de actualidad.

            En esta oportunidad, entrevistamos al Dr. Guillermo Gastón Mercuri, egresado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas quien, en la actualidad, se desempeña como  Titular del Juzgado de Garantías Nro. 2 de la Ciudad de Bahía Blanca, docente de la materia Practicas Procesales de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata. Desde abril de 2009 Elector por Bahía Blanca del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Actual presidente del Colegio de Magistrados de Bahía Blanca.

 

 

¿Qué opinión le merece el proyecto de democratización de la justicia?

 

Sin bien con los nuevos anuncios y el envío de sendos proyectos al Congreso de la Nación, hemos podido tomar conocimiento acerca de los puntos centrales de la pretendida reforma judicial, creo que aún así, todavía resulta apresurado emitir una opinión y asumir una posición crítica en relación esta cuestión; no obstante lo cual, resulta necesario estar preparados para afrontar un debate constructivo sobre determinados aspectos, a fin de lograr que la reforma alcance el fin superador que discursivamente se anuncia. Estoy convencido que para ello, no pueden ni deben estar ausentes en ese debate los distintos operadores del sistema (jueces, colegios de abogados, entidades académicas, foros etc.). A tal fin, deben generarse los canales adecuados tendientes a que todos cuenten con la posibilidad de sumar ideas al plan de reforma que ya ha sido políticamente trazado; siendo que excede señalar que escuchar las voces de los distintos operadores encuentra íntima vinculación con el concepto de democracia, bandera bajo la cual se ha publicitado este proceso de reforma.  

 

 

 

 

 

La anunciada “democratización de la justicia” implica un proceso de profundas reformas en el sistema judicial, dirigidas en principio al funcionamiento del Poder Judicial Nacional, pero que persigue hacerse extensivo al resto de las provincias mediante la invitación que se les hace para que imiten este sistema de justicia democrática.

 

Frente al cambio que se avecina debo anticipar que cualquier medida que persiga mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, debe celebrarse; aseverando que todos los que hemos elegido por vocación ejercer la judicatura coincidiremos al respecto. Siendo ese el objetivo que nos guía, tanto los jueces como el resto de los operadores del sistema merecemos ser oídos para que desde nuestra experiencia podamos contribuir en una reforma que beneficie al sistema judicial en su conjunto. Por el contrario, no convocarnos al debate con el fundamento de que sólo adoptaríamos una posición “corporativa” es una idea tan equivocada como la de sostener que la pretendida reforma persigue un fin distinto al anunciado. Una u otra conclusión sólo podría válidamente fundarse luego de un debate profundo y plural, donde las razones de unos sean desoídas sin basamento suficiente por los otros. Es por ello que ab initio, no puede ni debe reputarse malintencionado el espíritu de la reforma, como así tampoco el pedido de que se convoque a los distintos sectores a realizar un debate constructivo, del que surjan las mejores ideas tendientes a optimizar el sistema de justicia.         

 

Señalado lo anterior, no creo conveniente ensayar una crítica en relación a los seis proyectos de reforma que han sido enviados al congreso para su tratamiento. De hacerlo, la misma resultaría unilateral e imposibilitaría el debate, único medio idóneo –a mi entender- para generar conclusiones válidas.

 

Sin perjuicio de ello, quiero en esta oportunidad detenerme solo en uno de los aspectos de la reforma. Uno de los proyectos enviados al Congreso persigue la publicidad de los actos jurisdiccionales. Para lograr tal fin, establece que todas las sentencias, acordadas y resoluciones, deberán ser publicadas a la mayor brevedad de su dictado en un diario judicial que permita su amplia accesibilidad. El fundamento de dicha pretensión, radica en robustecer la vigencia del derecho al acceso a la información como forma de afianzar el principio de la forma republicana de gobierno.  

 

 

 

 

 

Si bien la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los principios fundamentales adoptado por nuestro ordenamiento constitucional; la sola publicidad o en su caso publicación de las resoluciones judiciales no resulta suficiente para garantizarle a la sociedad un efectivo acceso a la información judicial. Estoy convencido que la publicación de las resoluciones es un avance, no obstante lo cual, para que ese acceso a la información sea realmente efectivo debe complementarse con la instrumentación de otras políticas, acompañadas por el aporte de los medios que la misma requiere a fin de generar un canal adecuado de comunicación entre el poder judicial y la ciudadanía

 

Queda cada vez más claro que la tarea de los Magistrados está sometida a la interpretación pública; es decir, que se valora por fuera del expediente y con otras reglas. Ahora bien, los magistrados no conocemos suficientemente esas reglas y nuestra cultura organizacional no está pensada para dar respuesta adecuada a esas demandas sociales ni a esos juegos públicos de intereses, relativamente novedosos para nosotros. Por esa razón, resulta a mi entender necesario profesionalizar el área de relaciones institucionales y comunicación, mediante la contratación de expertos en funcionamiento de discursos y con experiencia en el periodismo; ello con el objetivo de que no solo las decisiones jurisdiccionales puedan ser conocidas por los ciudadanos –publicidad- sino que las mismas sean más comprensibles para aquellos que no conocen los detalles técnicos de los procesos judiciales pero que están atentos y muy sensibilizados con lo que sucede y lo que deciden los tribunales, sobre todo en casos conmocionantes.   

 

En relación a este aspecto, el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Bahía Blanca que, en la actualidad me toca presidir, ha generado un canal de comunicación mediante la contratación de un “vocero de prensa” que permite, tanto a los jueces dar a conocer sus fallos, cuanto a la sociedad a través de los medios de comunicación, tener acceso efectivo al estado, trámite y/ o fundamentos de las resoluciones judiciales que despierten interés. Para cumplir tal objetivo, la persona encargada de ser el nexo entre la sociedad, los medios y el poder judicial, realizó primero un proceso de formación con especialistas en el tema, para luego generar la actividad de campo con los medios de comunicación de nuestro medio.

 

 

 

 

 

 

 

Estoy convencido que la publicidad de los actos jurisdiccionales debe necesariamente complementarse con la instrumentación de este tipo de políticas de comunicación, para lograr la accesibilidad tan deseada  en torno a

Las cuestiones relacionadas con lo judicial y que son fundantes de una verdadera democratización; constituyendo lo expuesto, un punto fundamental de la relación democracia y poder judicial.

 

 

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