Resulta
altamente gratificante, para quienes editamos Aequitas, retomar esta sesión
que inauguramos con la tercera etapa:
“La voz de nuestros jueces”; un espacio en el que destacados magistrados,
muchos de ellos egresados y docentes de esta Casa de Altos estudios, nos
brindan su opinión sobre temas de actualidad.
En esta oportunidad, entrevistamos al Dr. Guillermo
Gastón Mercuri, egresado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas quien, en la
actualidad, se desempeña como Titular
del Juzgado de Garantías Nro. 2 de
¿Qué opinión le merece el
proyecto de democratización de la justicia?
Sin bien con los nuevos
anuncios y el envío de sendos proyectos al Congreso de
La anunciada “democratización
de la justicia” implica un proceso de profundas reformas en el sistema judicial,
dirigidas en principio al funcionamiento del Poder Judicial Nacional, pero que
persigue hacerse extensivo al resto de las provincias mediante la invitación que
se les hace para que imiten este sistema de justicia democrática.
Frente al cambio que se
avecina debo anticipar que cualquier medida que persiga mejorar el
funcionamiento del sistema de justicia, debe celebrarse; aseverando que todos
los que hemos elegido por vocación ejercer la judicatura coincidiremos al
respecto. Siendo ese el objetivo que nos guía, tanto los jueces como el resto
de los operadores del sistema merecemos ser oídos para que desde nuestra
experiencia podamos contribuir en una reforma que beneficie al sistema judicial
en su conjunto. Por el contrario, no convocarnos al debate con el fundamento de
que sólo adoptaríamos una posición “corporativa” es una idea tan equivocada
como la de sostener que la pretendida reforma persigue un fin distinto al
anunciado. Una u otra conclusión sólo podría válidamente fundarse luego de un
debate profundo y plural, donde las razones de unos sean desoídas sin basamento
suficiente por los otros. Es por ello que ab
initio, no puede ni debe reputarse malintencionado el espíritu de la reforma,
como así tampoco el pedido de que se convoque a los distintos sectores a
realizar un debate constructivo, del que surjan las mejores ideas tendientes a optimizar
el sistema de justicia.
Señalado lo anterior, no
creo conveniente ensayar una crítica en relación a los seis proyectos de
reforma que han sido enviados al congreso para su tratamiento. De hacerlo, la
misma resultaría unilateral e imposibilitaría el debate, único medio idóneo –a
mi entender- para generar conclusiones válidas.
Sin perjuicio de ello,
quiero en esta oportunidad detenerme solo en uno de los aspectos de la reforma.
Uno de los proyectos enviados al Congreso persigue la publicidad de los actos
jurisdiccionales. Para lograr tal fin, establece que todas las sentencias,
acordadas y resoluciones, deberán ser publicadas a la mayor brevedad de su
dictado en un diario judicial que permita su amplia accesibilidad. El
fundamento de dicha pretensión, radica en robustecer la vigencia del derecho al
acceso a la información como forma de afianzar el principio de la forma
republicana de gobierno.
Si bien la publicidad de los
actos de gobierno constituye uno de los principios fundamentales adoptado por
nuestro ordenamiento constitucional; la sola publicidad o en su caso
publicación de las resoluciones judiciales no resulta suficiente para garantizarle
a la sociedad un efectivo acceso a la información judicial. Estoy convencido
que la publicación de las resoluciones es un avance, no obstante lo cual, para
que ese acceso a la información sea realmente efectivo debe complementarse con la
instrumentación de otras políticas, acompañadas por el aporte de los medios que
la misma requiere a fin de generar un canal adecuado de comunicación entre el
poder judicial y la ciudadanía
Queda cada vez más claro
que la tarea de los Magistrados está sometida a la interpretación pública; es
decir, que se valora por fuera del expediente y con otras reglas. Ahora bien,
los magistrados no conocemos suficientemente esas reglas y nuestra cultura
organizacional no está pensada para dar respuesta adecuada a esas demandas
sociales ni a esos juegos públicos de intereses, relativamente novedosos para
nosotros. Por esa razón, resulta a mi entender necesario profesionalizar el
área de relaciones institucionales y comunicación, mediante la contratación de
expertos en funcionamiento de discursos y con experiencia en el periodismo;
ello con el objetivo de que no solo las decisiones jurisdiccionales puedan ser
conocidas por los ciudadanos –publicidad- sino que las mismas sean más
comprensibles para aquellos que no conocen los detalles técnicos de los
procesos judiciales pero que están atentos y muy sensibilizados con lo que
sucede y lo que deciden los tribunales, sobre todo en casos conmocionantes.
En relación a este
aspecto, el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Bahía Blanca que,
en la actualidad me toca presidir, ha generado un canal de comunicación
mediante la contratación de un “vocero de prensa” que permite, tanto a los
jueces dar a conocer sus fallos, cuanto a la sociedad a través de los medios de
comunicación, tener acceso efectivo al estado, trámite y/ o fundamentos de las
resoluciones judiciales que despierten interés. Para cumplir tal objetivo, la
persona encargada de ser el nexo entre la sociedad, los medios y el poder
judicial, realizó primero un proceso de formación con especialistas en el tema,
para luego generar la actividad de campo con los medios de comunicación de
nuestro medio.
Estoy convencido que la
publicidad de los actos jurisdiccionales debe necesariamente complementarse con
la instrumentación de este tipo de políticas de comunicación, para lograr la
accesibilidad tan deseada en torno a
Las cuestiones relacionadas con lo
judicial y que son fundantes de una verdadera democratización; constituyendo lo
expuesto, un punto fundamental de la relación democracia y poder judicial.