División de poderes

 

División de poderes. Teoría política franco-estadounidense sobre los límites a la voluntad particular

 

Damián Andrada*

 

Resumen

El artículo analiza las bases filosóficas de la división de poderes a partir de dos textos claves del pensamiento político republicano “Del espíritu de las leyes” (1748), de Montesquieu, y “El Federalista” (1788), de Hamilton, Madison y Jay. Asimismo, plantea la continuidad teórica entre ambos escritos y la raigambre filosófica de este instrumento republicano, desarrollado con el fin de poner límites a la voluntad particular y evitar la opresión de los gobiernos “despóticos” o “tiránicos”. De este modo, el artículo desarrollará cómo los autores coinciden en que el mejor modo de anular a un gobierno autoritario será separar el poder de Gobierno en tres poderes para que “el poder detenga al poder” o que “la ambición contrarreste a la ambición”.

 

Palabras clave: división de poderes, leyes, tradición republicana, voluntad particular.

 

Abstract

This article analyzes the philosophical foundations of the powers division from two key texts about political republican thought “The spirit of the laws” (1748), of Montesquieu, and “The Federalist” (1788), of Hamilton, Madison and Jay. As well as this, it explains the theoretical connection between both documents and the philosophical roots of this republican tool, developed with the aim of setting limits to the particular wish and avoiding the pressure of “despotic” or “tyrannical” governments. On this way, the article will develop how the authors agree that the best way to annul an authoritarian government will be separate the power of government in three powers so that “the power stops the power” or that “the ambition counteracts the ambition”.

 

Keywords: power division, laws, republican tradition, particular wish.

 

1. Introducción

La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa,

republicana, federal, según la establece la presente Constitución.”

Artículo 1° de la Constitución de la Nación Argentina

 

“No se trata de hacer leer, sino de hacer pensar.”

Montesquieu, “Del espíritu de las leyes”

 

En los últimos años, no pocos académicos, politólogos, constitucionalistas, filósofos, periodistas y analistas políticos criticaron la injerencia del Poder Ejecutivo en los Poderes Legislativo y Judicial. El “hiperpresidencialismo” fue criticado como un modo de atentar contra la forma de gobierno republicana, basada en la “división, control y equilibrio de los poderes”, entre otros aspectos.

Si bien esta discusión ha encontrado lugar en la opinión pública ante cada intervención de la Presidencia en el accionar del Congreso o al ejercer presión e influencia sobre los jueces, los académicos y los medios nunca han explicado a la sociedad el porqué de la división de poderes, la importancia de su respeto ni sus orígenes filosóficos y políticos.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar las bases filosóficas y teóricas de la división de poderes, y la argumentación sobre su implementación en una Constitución a través de dos textos clásicos: “Del espíritu de las leyes”, de Montesquieu, publicado en noviembre de 1748, tras 20 años de trabajo, y el cual significa el comienzo de la teorización de la separación de poderes; y “El Federalista”, la compilación de 77 artículos publicados en la prensa entre octubre de 1787 y mayo de 1788 (y la adición de ocho artículos más) por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay en defensa del proyecto de una nueva Constitución estadounidense, que sería la más antigua y la primera en incluir la separación de departamentos.

De este modo, estudiaremos los argumentos y las explicaciones que brindaron el filósofo francés y los autores estadounidenses a favor de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el objetivo de conocer sus fines y la raigambre teórica de este sistema de gobierno que no sólo se ha implementado en Francia, Estados Unidos y la mayoría de las naciones occidentales, sino que, por sobre todo, constituye un rasgo esencial de la república contemporánea.

 

2. Montesquieu y el espíritu de las leyes

El capítulo VI del Libro XI de “Del espíritu de las leyes”, la obra maestra de Montesquieu, es reconocido como el comienzo histórico de la teorización de la división de poderes. Titulado “De la Constitución de Inglaterra”, el capítulo refleja la ebullición teórica del autor producto de su viaje a Inglaterra en 1729 y el estudio de las instituciones liberales inglesas.

Fruto de un trabajo de más de 20 años al cual dedicaba ocho horas diarias, Montesquieu volcó en “Del espíritu de las leyes” los conocimientos y aprendizajes de sus viajes, y su lectura erudita. De este modo, el libro es precursor del derecho comparado y la sociología, a través del análisis y la comparación de las leyes y las costumbres de diferentes países del mundo. Dada esta cualidad, el politólogo Norberto Bobbio definirá a la obra como “una teoría general de la sociedad” debido a su dimensión “espacial y geográfica”:

 

Montesquieu se plantea el problema de si existen leyes generales que determinen la formación y el desarrollo de la sociedad humana en general y de las sociedades humanas en particular (…) El interés esencial de Montesquieu se dirige a explicar la variedad de las sociedades humanas y de sus respectivos gobiernos no solamente en el tiempo, sino también en el espacio.” (Bobbio, 1976: 122)

 

El libro supone un diálogo entre el siglo XVIII francés, basado en la razón y el progreso universal, y el primer cuarto del siglo XIX alemán, que significa una reacción contra la razón universal que privilegia la historia y lo particular. La dialéctica entre la razón y la historia, y, lo universal y lo particular, serán los ejes rectores del libro:

 

“Por primera vez las leyes salen de su tradicional concepción de producto voluntarista de la mente para verse colocadas no sólo en su devenir histórico, sino en su contexto geográfico, climático, económico, religioso, etc., esto es, como producto de sociedades específicas y no como naturales desprendimientos de la naturaleza humana.” (Isnardi, 2007: 13)

 

Es importante también aclarar que, estudiar el “espíritu de las leyes” significa conocer la “razón” y no su “intención”: el camino que supone el autor radica en que el conocimiento de la causa y el origen de la ley nos ayudará a comprender su finalidad.

En el Libro XI, “De las leyes relativas a la Constitución que determinan la libertad política”, Montesquieu analizará las leyes que garantizan la libertad política a través de la “constitución” (entendiendo por “constitución” a la organización general del Estado). Antes de ello, el autor definirá la “libertad”, conceptualización que dos siglos y medio después sigue siendo citada:

 

“En un Estado, es decir, en una sociedad donde hay leyes, la libertad no puede consistir más que en poder hacer lo que se debe querer, y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Hay que convencerse bien de qué es la independencia y qué es la libertad. La libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten.” (Montesquieu, 1748: 203)

 

Interesado en evitar los gobiernos despóticos - “Uno solo, sin ley y sin regla, conduce todo por su voluntad  y su capricho” (Montesquieu, 1748: 36) - y atenuar los abusos de los regímenes mediante un sistema de contrapesos, Montesquieu partirá de la premisa de que “todo hombre que tiene poder se ve impulsado a abusar de él, y llega hasta donde encuentra límites”. Así, llegará a una interesante y novedosa conclusión: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.” (Montesquieu, 1748: 204)

Tras esta conclusión, llegará el famoso Capítulo VI, previa aclaración de que existe “una nación en el mundo que tiene por objetivo directo de su Constitución la libertad política”.

En la próxima sección analizaremos la teoría de la división de poderes[1], sistema de gobierno escogido por la mayoría de los países de Occidente que logra que, 256 años después de su muerte (10 de febrero de 1755), aún estemos hablando de Montesquieu.

 

2.1. La división de poderes según Montesquieu

En su libro, “La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político”, Norberto Bobbio hace una lectura interesante, previa a analizar la división de poderes: Montesquieu introduce en la tipología de los gobiernos una figura nueva, la del “gobierno moderado”. Tal como sostiene el politólogo italiano, el francés explicará que para fundar un gobierno moderado es preciso “combinar las fuerzas, ordenarlas, templarlas, ponerlas en acción; darle, por así decirlo, un contrapeso, un lastre que las equilibre para ponerlas en estado de resistir unas a otras”. Ésta será la raigambre filosófica de “la distribución del poder para que nadie pueda actuar arbitrariamente al haber poderes contrapuestos” (Bobbio, 1976: 134s), explica Bobbio.

Dada esta breve introducción, resultará interesante comenzar con la explicación que hace Montesquieu al inicio del Capítulo VI acerca de la existencia de tres clases de poderes:

· El poder legislativo: el príncipe o magistrado dicta nuevas leyes y corrige o anula las existentes.

· El poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes: a éste lo llamará simplemente el poder ejecutivo del Estado y es por el cual el príncipe dicta la paz o declara la guerra, envía y recibe embajadores, establece la seguridad o previene las invasiones.

· El poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil: lo llamará el poder de juzgar y es el que permite castigar los crímenes o juzgar los diferendos de la gente.

Hecha esta introducción, Montesquieu explica que para un ciudadano la libertad política consiste en “la tranquilidad de opinión que cada uno tiene de su propia seguridad”, y para ello es necesario que un ciudadano no pueda temer a otro ciudadano. Como explica Bobbio, el francés entiende que la acumulación de poder en una persona o cuerpo puede degenerar en el abuso y el atentado contra la seguridad de los ciudadanos (despotismo). A fines de evitarlo, surge la división de poderes. Para corroborar su hipótesis, Montesquieu apela al derecho comparado y cita tres casos:

· En la mayor parte de los reinos de Europa, el gobierno es moderado porque el príncipe aglutina el poder de ejecutar y legislar, pero delega en el pueblo el poder de juzgar.

· En el Imperio Otomano: reina el despotismo dado que el sultán posee los tres poderes.

· En las repúblicas italianas también se reúnen los tres poderes, razón por la cual el Gobierno necesita medios violentos para mantenerse en el poder.

De este modo, Montesquieu concluye que la monopolización de los tres poderes en uno puede “asolar” al Estado con sus propias voluntades que convierte en generales y destruir a cada ciudadano mediante su poder de juzgar, que dependerá de su voluntad particular. “Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales o de nobles, o del pueblo, ejerciera los tres poderes (…) En esta situación, todo el poder es uno” (Montesquieu, 1748: 206), reflexiona el autor y agrega que los príncipes que se volvieron despóticos comenzaron por reunir en su persona todas las magistraturas.

A raíz de esta conclusión, el autor sostiene: “La multitud de magistrados suaviza a veces la magistratura; no siempre la totalidad de los nobles están de acuerdo sobre un mismo proyecto; se forman diversos tribunales que se atemperen unos a otros” (Montesquieu, 1748: 206s). A la par de su razonamiento, Montesquieu encontrará una experiencia positiva en Venecia, donde el “gran consejo” legisla, el pregady ejecuta y “los cuarenta” juzgan; el único problema aquí radica en que estos diferentes tribunales están formados por los mismos magistrados. No obstante esta falencia, Montesquieu encontrará en el modelo veneciano, su propuesta de división de poderes.

a) El Poder Ejecutivo

Sobre su composición: debe estar en manos de un único monarca porque esta función del gobierno precisa acciones puntuales y es mejor administrada por uno que por varios. El monarca debe ser sagrado y, su persona y conducta no podrán ser juzgadas.

Sobre su durabilidad: debe ser entregado a un magistrado permanente dado que es la ejecución de la voluntad general del Estado (representada por el Poder Legislativo).

Sobre el accionar del monarca: el Príncipe ejecuta sobre lo inmediato. Tiene responsabilidad sobre el ejército ya que su función consiste más en la acción que en la deliberación y el ejército siempre despreciará al senado, pero respetará a sus oficiales. Sosteniendo que “la obra maestra de la legislación es saber colocar adecuadamente el poder de juzgar”, el Poder Ejecutivo también debe tener la facultad de seleccionar a los jueces.

b) El Poder Legislativo

Sobre su composición: debe estar conformado por varios legisladores, en lugar de uno solo, dado que de este modo se expresa mejor la voluntad general.

Sobre su durabilidad: debe ser entregado a un cuerpo permanente dado que representa a la voluntad general. Sin embargo, es “inútil” que estuviera siempre reunido porque sería incómodo para los representantes, a su vez que el Poder Ejecutivo no pensaría en ejecutar, sino en defender sus prerrogativas y su derecho de ejecutar. Es importante también que diversos cuerpos legislativos se sucedan, así, de tener el pueblo una mala opinión del actual, sus esperanzas recaerán sobre el próximo; de lo contrario, viéndolo una vez corrompido, el pueblo se volvería escéptico de sus leyes.

Sobre la selección de legisladores: dado que todo hombre “tiene un alma libre y debe gobernarse por sí mismo”, la totalidad del pueblo debe conformar el Poder Legislativo. Sin embargo, como esto es impracticable en los grandes Estados y en los pequeños es sumamente complicado, es necesario que el pueblo seleccione representantes. En este sentido, como las personas conocen mejor las necesidades de sus propias ciudades y de sus propios vecinos, los representantes no deben ser extraídos de la nación en general, sino que cada ciudad debe elegir a los suyos. “Todos los ciudadanos, en los diversos distritos, deben tener derecho a dar su voto para elegir al representante; excepto aquéllos que se encuentren en tal estado de degradación que se pueda considerar que carecen de voluntad propia” (Montesquieu, 1748: 209), así Montesquieu también hacía un aporte teórico al futuro sufragio universal.

Sobre el accionar de los legisladores: los representantes seleccionados deberán exclusivamente discutir los asuntos públicos, y dictar leyes en consecuencia; también es necesario que controlen si se ejecutaron bien las que dictó. No es necesario que los representantes reciban instrucciones para cada asunto porque esto implicaría demoras infinitas y produciría que en ocasiones urgentes la fuerza de una nación sea detenida por “un capricho”. Por esta razón es necesario que reciban “instrucciones generales” de quienes los han elegido previamente. Del modo contario, al ser los legisladores representantes, es necesario que éstos rindan cuentas a sus electores.

Sobre la división del Poder Legislativo: al ser Monstequieu parte de la nobleza, esta condición lo llevará a un razonamiento discutible, pero que finalmente se verá reflejado bajo distintos argumentos y razones en los futuros cuerpos legislativos. El autor sostiene que si las “personas distinguidas” por nacimiento, riquezas u honores tuvieran un solo voto al igual que el resto del pueblo, “la libertad común sería su esclavitud” porque la mayor parte de las resoluciones iría contra sus intereses. De este modo, las personas distinguidas o nobles deberán conformar un cuerpo independiente y hereditario dentro del Poder Legislativo que pueda detener las empresas del pueblo y viceversa.  De este modo existirían dos cámaras: una de los nobles y otra del pueblo, que tendrían asambleas y deliberaciones independientes, “puesto que tienen visiones e intereses separados”. A fines de evitar que el cuerpo de nobles persiga sus intereses particulares en detrimento de los del pueblo, en cuestiones que corra peligro la corrupción de la norma, como es el caso de los impuestos, es importante que sólo tengan la “facultad de impedir”, el derecho de anular una resolución tomada por el otro cuerpo; en lugar de la “facultad de estatuir”, el derecho a ordenar o, corregir lo ordenado por otro.

c. El Poder Judicial

Sobre su durabilidad: no debe ser dado a un senado permanente, sino ejercidos por personas del pueblo en ciertos momentos del año que formen un tribunal que no dure más de lo que la necesidad exige. De este modo, los jueces no están sujetos continuamente a la mirada de la sociedad y el poder de juzgar se hace “invisible y nulo”; se teme a la magistratura, pero no a los magistrados.

Sobre la selección de jueces: deben ser seleccionados por el Poder Ejecutivo en lugar del pueblo debido a la necesidad de que sean bien calificados. Por otra parte, en las grandes acusaciones, el criminal debe poder elegir los jueces o recusarlos. Es necesario también que los jueces sean de la misma condición que el acusado para que no piense que se le quiere hacer mal.

Sobre los juicios: a diferencia de los jueces, éstos deben ser fijos. Asimismo, es sumamente importante que representen los textos de la ley y no las pasiones y opiniones de un juez. Los juicios deben ser la expresión de las leyes dictados por el Poder Legislativo. De lo contrario, si fuera la opinión de un juez, los ciudadanos no sabrían los compromisos que se contraen.

2.2. Los contrapesos: herramientas para que “el poder detenga al poder”

Del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo

1) Si el Cuerpo Legislativo tuviera derecho a reunirse por sí mismo podría no hacerlo jamás con el fin de atentar contra el Poder Ejecutivo. A fines de evitar esto, el poder de ejecutar debe regular el tiempo en que se realizan las asambleas y su duración.

2) El Poder Ejecutivo también tiene derecho a detener las empresas del Poder Legislativo que considere nocivas a través de su poder de veto mediante la facultad de impedir. De este modo anularía su posibilidad de convertirse en un poder despótico.

Del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo:

1) Si bien el cuerpo que legisla no puede contar recíprocamente con poder de veto sobre el poder de ejecutar porque éste ya cuenta con los límites de su propia naturaleza y se ejerce sobre cosas momentáneas, sí tiene la facultad de controlar de qué manera han sido ejecutadas las leyes que dictó.

2) Si bien el monarca debe ser sagrado y, por lo tanto, su persona no puede ser juzgada, sí pueden ser investigados y castigados sus malos consejeros. Debido a que “los grandes” están expuestos a la envidia y deben gozar del mismo privilegio que el pueblo de ser juzgados por sus pares, el cuerpo conformado por nobles será la cámara adecuada para juzgar a los malos ministros.

3) Tener la facultad de disolver el ejército, el cual depende del Poder Ejecutivo, a fines de evitar su uso como herramienta de opresión.

Del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial

1) Nunca la función de un príncipe debe ser la de juzgar. Sin embargo, el monarca tiene la facultad de designar a los jueces.

Del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial

1) Como es necesario que un poder regulador atempere al poder de juzgar, la parte legislativa compuesta por nobles es la adecuada para juzgar a los jueces.

2.3. Sobre la ausencia de libertad

A partir de la definición de libertad hecha por Montesquieu en “Del espíritu de las leyes”, Botana sostiene que “la libertad cambia de sentido”:

 

“La libertad antigua descansaba sobre un sujeto virtuoso en unión moral con el cuerpo político; ahora, en cambio, la libertad moderna habrá de abandonar esa exigencia de participación y de bien público, inscripta en el alma del ciudadano, para reposar sobre el sentimiento subjetivo de la seguridad individual.” (Botana, 1984: 35)

 

De este modo, para Botana la teoría de la separación de poderes expone “la forma de gobierno mixto que mejor protege y garantiza el sentido moderno de la libertad”; así, el principal hallazgo de Montesquieu según Botana radicará en la distinción de los tres poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) de las formas de gobierno (monarquía, república -aristocrática y democrática- y despotismo), y éstas de las categorías sociales que constituyen la sociedad (monarquía, aristocracia y pueblo). Volviendo al tema de la libertad, a fines  de proteger y garantizar la libertad, Montesquieu advertirá durante todo el capítulo VI, las ocasiones en las cuales no habrá libertad:

· Cuando el Poder Legislativo se reúna con el Poder Ejecutivo, porque se puede temer la ejecución de leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente: ya sea si el Poder Legislativo toma parte del poder de ejecución o si el Poder Ejecutivo toma parte del poder de legislar a través de la facultad de estatuir (sólo podrá hacerlo a través de la facultad de impedir, o sea, el poder de veto). El Poder Ejecutivo tampoco puede intervenir en el debate de los asuntos públicos.

· Cuando el poder de juzgar no está separado del poder de ejecutar (el juez podría tener el poder de un opresor) y legislar (el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadano sería arbitrario porque el mismo juez sería quien dicte las leyes que rigen a la sociedad).

· Si el Poder Legislativo o el Poder Judicial delegaran el derecho a encarcelar a los ciudadanos al Poder Ejecutivo. La única excepción será durante un tiempo corto y limitado, cuando el Poder Legislativo se creyera en peligro por alguna conjura secreta contra el Estado.

· Si no hubiera un monarca y el Poder Ejecutivo fuera confiado a cierto número de personas provenientes del cuerpo legislativo: o no habría resoluciones legislativas y se caería en la anarquía, o las resoluciones serían adoptadas por el Poder Ejecutivo que se convertiría en absoluto.

· Si el Poder Legislativo tiene la facultad de juzgar al Poder Ejecutivo. El príncipe o monarca debe ser sagrado a fines de evitar que el cuerpo legislativo se vuelva tiránico.

· Si el Poder Legislativo decide para siempre sobre la imposición de impuestos en lugar de hacerlo cada año porque de este modo el Poder Ejecutivo será independiente de él.

· Si el ejército formara más parte del Poder Ejecutivo que del pueblo. Si así fuera, el poder de ejecución usaría a la fuerza militar contra el pueblo como una herramienta de opresión.

 

Ya analizada, la creación teórica-filosófica de Montesquieu, analicemos ahora la defensa de su implementación en la nueva Constitución de los Estados Unidos.

 

3. Hamilton, Madison, Jay y la defensa de la nueva Constitución estadounidense

En marzo de 1781 y cercano el fin de la Guerra de Independencia contra Gran Bretaña, las trece colonias estadounidenses ratificarían un pacto más firme que su antecesor de 1777 conocido como “Artículos de Confederación”, cuyo fin era regular las relaciones entre los estados. Frente a un Congreso de la Confederación que no era respetado ni obedecido, la precariedad económica y la oposición de intereses, el Congreso convocó a una Convención Constituyente Federal que debía reunirse en Filadelfia en mayo de 1787:

“Con el objetivo único y expreso de revisar los Artículos de la Confederación y de presentar dictamen al Congreso y a las distintas legislaturas sobre las alteraciones y adiciones a los mismos que sean necesarias a fin de adecuar la Constitución federal a las exigencias del Gobierno y al mantenimiento de la Unión”.

 

Representantes de todos los Estados trabajaron desde el 25 de mayo al 17 de septiembre: concluyeron que no bastaba con modificar los Artículos de la Confederación y Unión perpetua, y resolvieron crear una nueva Constitución. El proyecto contó con la firma de 39 de los 55 delegados que asistieron (de un total de 72). Sin embargo, éste no era el final para la sanción de un nuevo documento, bastaba el apoyo y la ratificación del pueblo de cada Estado. Así, campañas a favor y en contra de la nueva Constitución estadounidense invadieron la opinión pública.

En este contexto, “El Federalista” no es ni más ni menos que la compilación de 85 artículos periodísticos escritos entre octubre de 1787 y mayo de 1788 en defensa de la nueva Constitución por el Secretario de George Washington durante la revolución, Alexander Hamilton; uno de los delegados de mayor papel en la Convención de Filadelfia, James Madison, y el Secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la Confederación, John Jay.

Firmados bajo el seudónimo de “Publio” y publicados en tres diarios de Nueva York, los artículos explicaban y justificaban las resoluciones de la Constitución de modo autorizado, fácil y con una gran carga teórica. En su prólogo a la edición del Fondo de Cultura Económica, el académico Gustavo Velasco cita algunos comentarios de la obra que grafican su importancia política:

George Washington: “Ésta seguirá mereciendo la atención de la posteridad, cuando hubieran pasado las circunstancias transitorias y los hechos fugitivos que rodearon esta crisis, porque en ella se discuten con sinceridad y capacidad los principios de la libertad y los problemas de gobierno”.

Thomas Jefferson: “Es el mejor comentario que se ha escrito sobre los principios de gobierno”.

Alexis de Tocqueville: “’El Federalista’ es un libro excelente y admirable con el que deberían familiarizarse los estados de todos los países”.

 

En el capítulo sobre “El Federalista” de su libro “Historia del pensamiento político moderno. Los principales pensadores políticos de Hobbes a Marx”, el profesor Iain Hampsher-Monk explica que los artículos fueron escritos para persuadir al pueblo norteamericano de votar a favor de la Constitución y no para clarificar las intenciones de los fundadores. De todos modos, rescata su importancia filosófica y política:

 

“Muestra la teoría política que actúa en el mundo; es un continuo reproche a aquéllos que afirman la irrelevancia de la teoría política en la realidad política. A la hora de convencer a su público, su  papel inmediato es polémico, pero su influencia consiguiente ha sido enorme. Los políticos prácticos y los juristas también creían -y siguen creyendo- que les ayudaba a comprender el razonamiento de quienes elaboraron la constitución norteamericana, la primera y la más longeva constitución escrita moderna.” (Hampsher-Monk, 1987: 236)

 

Más allá de estas definiciones, “El Federalista” constituirá la mejor defensa del proyecto de la nueva Constitución de los Estados Unidos, la primera en implementar la teoría de la división de poderes de Montesquieu y unirla a la teoría del control y equilibrio, como bien explica el politólogo francés Bernard Manin:

 

“Los teóricos de las constituciones mixtas sostenían que para evitar el abuso de poder, varios cuerpos de gobierno deberían ser capaces de resistir activamente y contrabalancear-se uno al otro. Además, la tradicional doctrina de gobierno balanceado prescribe que las diferentes ramas de gobierno deberían representar distintas fuerzas sociales”. (Manin, 1994: 30)

 

En este sentido, los artículos de “El Federalista” representarán la justificación teórica. De este modo, a continuación analizaremos los artículos 47, 48, 49, 59 y 51, guardianes de la defensa de la división de poderes en lo que sería la primera aplicación práctica de la teoría de Montesquieu.

3.1. La división de poderes según el Federalista

El Federalista XLVII: publicado el viernes 1° de febrero de 1788 en “El Correo de Nueva York”

“Los artículos usualmente considerados como los más autorizados para la formulación de la doctrina de la separación de poderes de ‘El Federalista’ (47-51) comienzan como una respuesta” (Manin, 1994: 27), sostiene Bernard Manin. Efectivamente, dado el cuestionamiento de los “adversarios de la Constitución” a una “supuesta violación” de la máxima que reza que los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial deben ser “distintos y diferentes”, ésta será la cuestión que abordará Madison.

Como comienzo de su refutación, Madison optará por definir “tiranía” (se puede observar que la definición coincide con la de “despotismo” hecha por Montesquieu): “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía” (Hamilton Et. Al., 1788: 204s). En segunda instancia, su refutación a quienes cuestionan la supuesta violación de la separación de poderes abordará la raíz teórica de esta máxima:

 

“El oráculo que siempre se cita y consulta sobre esta cuestión es el célebre Montesquieu. Si no es el autor de este inestimable precepto de la ciencia política, tiene, por lo menos, el mérito de haberlo expuesto y recomendado eficazmente a la atención de la humanidad (…) Este gran crítico político parece haber estimado a la Constitución británica como la norma o, para usar su propia expresión, como el espejo de la libertad política; y por eso extrajo de ella, en la forma de verdades elementales, los diversos principios característicos de este sistema.” (Hamilton Et. Al., 1788: 205)

 

En consecuencia, a partir del análisis de la Constitución británica, Madison afirmará que los poderes “de ningún modo se hallan totalmente separados y diferenciados entre sí” y dará ejemplos de intervenciones en el modelo británico:

· El “magistrado ejecutivo” forma parte integral de la autoridad legislativa: concluye tratados con soberanos extranjeros que tienen la fuerza de actos legislativos.

· Los jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo y pueden ser destituidos por él con la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento, también puede componer uno de sus consejos.

· Una rama del Poder Legislativo forma un consejo del Poder Ejecutivo y es el único encargado de impartir justicia contra altos funcionarios.

· Los jueces del Poder Judicial asisten a las deliberaciones del Poder Legislativo y participan de ella, pero no tienen voto.

 

El autor concluye correctamente que si bien Montesquieu decía que no habría libertad si el Poder Ejecutivo y el Judicial se reunían en un mismo cuerpo o si el poder de juzgar no está separado de los otros dos, no por eso sostenía que no deberían tener “intervenciones parciales” o “ciertos dominios sobre ellos”. De este modo, Madison explicará:

· Poder Ejecutivo: el magistrado no puede hacer una sola ley, aunque puede oponer su veto a todas las leyes. Tampoco puede impartir justicia, si bien nombra a los jueces.

· Poder Judicial: no pueden ejercer prerrogativa de carácter ejecutivo ni función legislativa, si bien en las asambleas del Parlamento pueden dar su opinión.

· Poder Legislativo: no puede impartir justicia, pero puede destituir a los jueces por resolución de ambas cámaras. No puede ejercer prerrogativas ejecutivas, pero una de sus ramas constituye la magistratura ejecutiva, mientras que la otra puede procesar y condenar a todos los funcionarios del ejecutivo.

Tras repasar las “intervenciones parciales” de cada poder, Madison apelará de modo inteligente a la misma técnica creada e implementada por Montesquieu en “Del espíritu de las leyes”, el derecho comparado, para hacer un repaso de lo que determinan las constituciones de 11 de los 13 Estados que conformaban la Confederación: Nuevo Hampshire, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

El resultado de su estudio será más que interesante: “No hay un solo caso en que los departamentos del poder se hayan conservado completamente aislados y distintos”. Finalmente, retomando su defensa a la nueva Constitución, Madison concluirá:

“La acusación que se hace a la Constitución propuesta, de violar la sagrada máxima del gobierno libre, no está justificada, ni por el sentido verdadero que impartió su autor a esa máxima, ni por la interpretación que se le han dado hasta ahora en América.” (Hamilton Et. Al., 1788: 209).

 

El Federalista XLVIII: publicado el viernes 1° de febrero de 1788 en El Correo de Nueva York

Este artículo también fue escrito por Madison y, en línea con “El Federalista XLVII”, su objetivo será demostrar que más allá de que una total independencia de los tres poderes “no puede mantenerse debidamente en la práctica”, es necesario que los departamentos se hallen “íntimamente relacionados y articulados de modo que cada uno tenga injerencia constitucional en los otros”. De este modo, siguiendo una vez más la línea de Montesquieu (“que el poder detenga al poder”), el autor comenzará a teorizar sobre los contrapesos entre los poderes:

 

“No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se lo debe refrenar eficazmente para que no pase de los límites que se le asignen. Por lo tanto, después de diferenciar en teoría las distintas clases de poderes, (…) la próxima tarea, y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse de las extralimitaciones de los otros.” (Hamilton Et. Al., 1788: 210)

 

Según Madison, la experiencia demuestra que no es suficiente (como hacía la mayoría de las constituciones americanas) señalar los límites de cada uno de los poderes y confiar en que los respeten. En consecuencia, es “indispensablemente necesaria una defensa más adecuada para los miembros más débiles del gobierno y en contra de los más poderosos”.

Así como en una monarquía hereditaria Madison verá al Poder Ejecutivo como “la fuente de peligro” y el poder más propicio a volverse tiránico, en una república representativa (como la que planteaba la nueva Constitución estadounidense) las sospechas recaerán en el Poder Legislativo: el Ejecutivo está debidamente limitado por la extensión y la duración de su poder, mientras que el Legislativo es ejercido por una asamblea numerosa que piensa que tiene una gran influencia sobre el pueblo. En consecuencia, se deberá sospechar y agotar precauciones en contra del Parlamento.

En el mismo sentido, Madison sostiene que el departamento legislativo posee una superioridad respecto al resto, producto de poderes más extensos y menos definidos con precisión, y la posibilidad de interferencia en los otros poderes a través de medidas complicadas e indirectas. A esto, se suma la cualidad del Parlamento de ser el único departamento que tiene poder sobre la confección y la modificación de los impuestos. Como argumento extra, el autor citará a quien fuera el principal autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y gobernador de Virginia entre 1789 y 1781, Thomas Jefferson, quien a partir de su experiencia explica que en su Estados los tres poderes confluyen en el Poder Legislativo:

 

“La concentración de ellos en las mismas manos constituyen precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa el que esos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. Ciento setenta y tres déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo (…). Tampoco nos vale el que los hayamos elegido nosotros mismos. Un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos; sino uno que no solamente se funde en principios libres, sino que sus poderes estuvieran divididos y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de magistrados, que ninguno pasara de sus límites legales sin ser contenido y reprimido eficazmente por los otros.” (Hamilton Et. Al., 1788: 212)

 

De este modo, la conclusión de Jefferson es que la falencia radicó en que si bien la convención aprobó que los departamentos fueran distintos y diferentes, “no se estableció una barrera entre estos diversos poderes”. Fue así como la Legislatura de Virginia terminó resolviendo sobre derechos que competían al Poder Ejecutivo y al Judicial.

Por otro lado, retomará la experiencia del Consejo de Censores de Pensilvania cuyo objetivo era controlar si se había cumplido con la Constitución. El resultado de la investigación fue que la misma había sido violada “flagrantemente” por el Poder Legislativo en los siguientes casos: no impresión de leyes promulgadas para que sean conocidas por el pueblo, violación del juicio por jurados, usurpación de poderes del ejecutivo, variación del salario de los jueces y, la sustracción y resolución de casos correspondientes al Poder Judicial[2].

En base a estas experiencias y retomando el objetivo inicial de demostrar que una separación total es impracticable y que la injerencia constitucional de un poder en los otros es necesaria, el mensaje final del “Federalista XLVIII” será: “La sola determinación en un pergamino de los límites constitucionales de los varios departamentos no es suficiente salvaguardia contra las usurpaciones que conducen a la concentración tiránica de todos los poderes gubernamentales en las mismas manos” (Hamilton Et. Al., 1788: 213). Si bien la conclusión de Madison parecerá débil, al no esgrimir una solución práctica al problema, el escritor preparará el terreno para ofrecer su solución en los próximos artículos.

 

El Federalista XLIX y El Federalista L: el 5 de febrero de 1788 en El Correo de Nueva York

A diferencia de los artículos anteriores, aún no se sabe si éstos fueron escritos por Hamilton o Madison, mientras que el motivo de su análisis en conjunto será que ambos tratarán las apelaciones al pueblo como mecanismo  para modificar la Constitución.

A partir de una cita de Jefferson, el “Federalista XLIX” analiza la posibilidad de reformar la Constitución a través de una convención que apele al pueblo “cuando sea necesario ampliar, disminuir o reformar los poderes del gobierno”, o cuando uno de los poderes “invada los derechos constitucionales de los otros”.

A pesar de que la propuesta sea de Jefferson (quien “muestra una apego ferviente al gobierno republicano y una clara visión de las peligrosas tendencias contra las cuales es necesario protegerlo”), el autor muestra sus precauciones respecto a “alterar la tranquilidad” y “exaltar las pasiones públicas frecuentemente”, sometiendo las cuestiones constitucionales a la decisión de la sociedad.

Por otro lado, el artículo agrega que los miembros del Poder Legislativo son numerosos, están distribuidos en el pueblo y tienen relaciones de parentesco y de amistad con la parte más influyente de la sociedad. En cambio el Poder Ejecutivo y el Judicial son más ajenos a la ciudadanía: son pocos, son conocidos por una pequeña fracción del pueblo, están alejados y sus medidas están expuestas continuamente a los ojos, opiniones y evaluaciones de los ciudadanos. En consecuencia, el autor concluye: “Apelar al pueblo en ocasiones no sería una providencia adecuada ni efectiva” (Hamilton Et. Al., 1788: 217).

Por su parte, el “Federalista L” parte del análisis de una premisa similar: en lugar de apelaciones ocasionales sería más eficiente hacer “apelaciones periódicas”, las cuales constituyen el medio adecuado para “evitar y corregir las infracciones de la Constitución”. A pesar del cambio frecuencial de la proposición, la opinión será la misma: las apelaciones periódicas, ya sean en intervalos breves o alejados, “parecen casi tan poco recomendables” como las que se hacen en circunstancias especiales.

La conclusión de la ineficacia de las “apelaciones periódicas” partirá de dos razones: a) la censura pública “sería un freno demasiado débil” para evitar los excesos del poder y b) los abusos producen sus efectos dañinos antes de que el remedio se aplique (entendiendo “remedio” como reforma constitucional), mientras que al momento de buscar una solución los abusos ya “se habrían hecho viejos, echado raíces y no sería fácil extirparlos”.

Así, “El Federalista XLIX” y “El Federalista L” opinarán contrariamente a la apelación al pueblo para reformar la Constitución, ya sea de modo periódico u ocasional.

 

El Federalista LI: publicado el viernes 8 de febrero de 1788 en “El correo de Nueva York”

La importancia de este artículo no es menor: “El Federalista LI” será a “El Federalista” lo que “De la Constitución de Inglaterra” es a “Del espíritu de las leyes”. Tras descartar la apelación al pueblo y la solución externa como remedios al abuso de uno de los poderes sobre los otros, el autor entiende que el antídoto se encuentra en la estructura interior del gobierno: “De tal modo que sean sus distintas partes constituyentes, por su relaciones mutuas, los medios de conservarse unas a otras en su sitio.” (Hamilton Et. Al., 1788: 219)

Siguiendo la lógica “montesquieuana”, el autor plateará que cada uno de los poderes debe tener “voluntad propia” y la menor participación posible en el nombramiento de los integrantes de los otros. Siguiendo esta premisa, el autor plantea la máxima que caracterizará a Estados Unidos como la nación democrática por excelencia:

 

“Todos los nombramientos para la magistratura suprema, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, procediesen del mismo origen, o sea del pueblo, por conductos que fueran absolutamente independientes entre sí.” (Hamilton Et. Al., 1788: 220)

 

De este modo, coincidirá con Montesquieu en que el Poder Ejecutivo y el Legislativo debían ser escogidos por el pueblo; y pondrá sus reparos, al igual que el francés, en la elección de los jueces del Poder Judicial debido a que sus miembros deben reunir condiciones peculiares, y la tenencia del cargo de modo permanente haría desaparecer la sensación de dependencia. Finalmente, al igual que “Del espíritu de las leyes, El Federalista” también planteará la necesidad de independencia económica a partir de los salarios.

Una vez argumentada la proposición democrática que marcará a los Estados Unidos, “El Federalista LI” abordará un punto más interesante aún y central en el debate de la época: los móviles personales como instrumentos para evitar el despotismo.

 

“La mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en un solo departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los demás (…) La ambición debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambición. El interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales del puesto.” (Hamilton Et. Al., 1788: 220)

 

En consecuencia, “El Federalista LI” sostiene que, si bien la dependencia del pueblo será el freno primordial, se necesitarán mecanismos extra. Manteniendo la impronta de Montesquieu, la solución encontrada será crear “intereses rivales y opuestos” y “dividir y organizar las diversas funciones de manera que cada una sirva de freno a la otra para que el interés particular de cada individuo sea un centinela de los derechos públicos”.

En este sentido, aclara que dada la preponderancia del Poder Legislativo, éste deberá ser dividido en dos cámaras, mientras que a partir de la debilidad del Ejecutivo, éste tendrá derecho al veto absoluto sobre el Parlamento (se ve aquí, una vez más, la herencia de Montesquieu).

Por último y en lo que constituye una verdadera novedad, el autor encontrará una tercera instancia que coloca al sistema propuesto por la nueva constitución “bajo una perspectiva interesantísima”: su carácter federal.

En primer lugar, sostendrá que en las repúblicas unitarias el poder del pueblo se cede a un gobierno al cual se divide en departamentos diferentes y separados a fines de evitar usurpaciones. Por su parte, en la república federal estadounidense propuesta por la Constitución, la división de poderes aumentará su poder de defensa:

 

“En la compleja república americana, el poder de que se desprende el pueblo se divide primeramente entre dos gobiernos distintos, y luego la porción que corresponde a cada uno se subdivide entre departamentos diferentes y separados. De aquí surge una doble seguridad para los derechos del pueblo. Los diferentes gobiernos se tendrán a raya unos a otros, al propio tiempo que cada uno se regulará por sí mismo.” (Hamilton Et. Al., 1788: 221s)

 

En segundo lugar, sostendrá que en un Estado no sólo es importante evitar la opresión de la sociedad por parte de sus gobernantes, sino también evitar “la opresión de la minoría por parte de las injusticias de la mayoría”: más allá de crear una voluntad independiente de la mayoría e incluir diferentes categorías de ciudadanos (corporaciones o clases) que actúen en contra de los proyectos injustos, la multiplicidad de Estados o Confederaciones en que se divida la Unión a raíz de su federalismo actuará como una barrera a la conformación de una gran coalición integrada por la mayoría de la sociedad sobre la base de principios que no fuesen los de justicia y el bien general.  

De este modo, el “Federalista LI” se transforma en uno de los artículos más importantes de la teoría republicana del libro y en un fiel defensor de la república (en su concepción moderna): tras plasmar la separación de poderes y los instrumentos para preservarla, y proponer al mecanismo democrático como el más eficaz para la elección de cargos, planteará al “principio federal”, alma de la nueva Constitución de los Estados Unidos, como guardián de la división de poderes y la justicia.

 

4. Conclusiones

A partir del análisis de “Del espíritu de las leyes” y “El Federalista”, dos textos ineludibles al estudiar la tradición republicana, podemos observar la importancia de la división de poderes no cómo sistema u orden de gobierno, sino como garante de la libertad.

En este sentido, tanto Montesquieu como Hamilton, Madison y Jay entienden a la división de poderes como un instrumento para evitar la opresión de un poder autoritario sobre la sociedad: evitar los gobiernos despóticos, “uno solo, sin ley y sin regla, conduce todo por su voluntad y su capricho”, en el caso de Montesquieu; y evitar la tiranía, “la acumulación de todos los poderes en las mismas manos”, en el caso de los autores estadounidense. Como se ve, la diferencia es más bien sintáctica.

Siguiendo esta interpretación, ambos textos entienden a la separación de poderes como mecanismos para evitar el despotismo y la tiranía. Mientras Montesquieu sostendrá que “para que no se pueda abusar del poder, es necesario que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”, Hamilton, Madison y Jay dirán que “la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambición. El interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales del puesto”. Por un lado, que el poder detenga al poder; por el otro, que la ambición contrarreste a la ambición: dos gotas de agua.

Como bien sostuvimos anteriormente, “Del espíritu de las leyes” y “El Federalista” son dos textos centrales de la filosofía política universal. Su relevancia y, sobretodo, su herencia teórica se puede ver no sólo en las constituciones de Estados Unidos y Francia, sino en la mayoría de los países  occidentales.

En un contexto en el cual el Poder Ejecutivo muestra una injerencia cuestionable en los Poderes Legislativo y Judicial, consideramos interesante retornar a las raíces filosóficas de nuestro sistema republicano y entender a la separación de poderes como un instrumento para abortar o, en su defecto, atenuar los abusos de poder.

Como actor política central, es responsabilidad de toda la ciudadanía exigir el respeto de este instrumento, que además es una norma constitucional.

 

La séparation des pouvoirs: aporte al periodismo

 

Desde la conceptualización del periodismo como “cuarto poder”, esta construcción se ha convertido en un lugar común para referirse a la profesión. Aún en la actualidad, para muchos el periodismo es un “eslabón apócrifo” de la división de poderes, que se suma al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. De este modo, considero pertinente comenzar tomando una posición al respecto: refutar esta aproximación.

Montesquieu plantea la séparation des pouvoirs a fines de evitar un gobierno “despótico”: reconociendo que un “príncipe” encarna tres poderes, el pensador propone dividir el gobierno en tres departamentos diferentes para que la totalidad del poder no repose en una única persona o cuerpo y así evitar el abuso de la voluntad particular.

De este modo, el primer punto que podemos señalar para refutar al periodismo como “cuarto poder” es que la labor periodística no comprende un poder de gobierno. El periodismo no dicta ni corrige leyes, no realiza tareas ejecutivas ni juzga o castiga delitos[3]. Cabe resaltar que no lo hace, primero, porque no puede (no tiene potestad) y, segundo, porque no debe hacerlo. En este sentido, el periodismo no sólo no es elegido por los ciudadanos como sucede con el Presidente y los legisladores, sino que tampoco es seleccionado por los representantes escogidos a través del sufragio, como es el caso de los jueces del Poder Judicial que son elegidos por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado.

Descartada esta concepción, también debemos refutar el otro polo de la cuestión, el cual le niega todo tipo de poder. No es ninguna novedad decir que el periodismo posee una capacidad importante para transmitir noticias, informaciones y juicios de valor sobre los acontecimientos, a partir de los cuales los integrantes de la sociedad harán una construcción de la realidad, para luego derivar sus opiniones. Podría entenderse que lo ahora expuesto se contradice con lo anterior, pero esto no ocurre de ninguna manera: los medios y el periodismo poseen un poder simbólico similar al de muchas corporaciones de la sociedad, como puede ser el caso de las organizaciones sindicales o empresariales.

De lo anterior, se desprende que nuestra intención es trasladar la concepción “estatalista” del poder del periodismo, que se esconde bajo la configuración “cuarto poder”, hacia la esfera social.

El pensador socialista italiano Antonio Gramsci, definía al Estado como la suma de la “sociedad civil”, conformada por los organismos privados, y la “sociedad política”, compuesta por el gobierno de los funcionarios. A partir de esta división y dada la multiplicidad de estructuras políticas en Occidente, el autor propondrá sustituir el asalto frontal del marxismo clásico por su popular concepto de “hegemonía”, o sea, la construcción de poder en las superestructuras de la “sociedad civil” que permita luego sentar las bases para alcanzar el poder de la “sociedad política” (Gramsci, 2011: 83; 158).

Explicación al margen, podemos decir que los medios de información masiva (como expresión institucional del periodismo) se encuentran en la cima del poder de la “sociedad civil”, junto a otras corporaciones y elites; pero permanecen ajenos al poder de la “sociedad política”, si bien entablan relaciones políticas e intercambio de influencias con los poderes de la “sociedad política”. Hasta también podríamos aceptar la concepción de los Cultural Studies acerca de que los medios son “instrumentos de hegemonía” y de conspiración de la elite en el poder: o sea, una institución de la “sociedad civil” utilizada como instrumento de poder por la “sociedad política”.

Si en cambio tomamos la aproximación del sociólogo alemán Max Weber quien define al “Estado” como “el monopolio del uso de la violencia legítima” (Webe, 1998: 537), podemos notar que la distancia es aún mayor: el periodismo no puede ejercer la fuerza ni tiene el monopolio de ella y, si acaso tuviera una parte, por más mínima que sea, tampoco sería legítimo. Su única herramienta de coerción es la información como “coacción ético-simbólica”. Es decir, construir el acontecimiento de X modo o exponer X opiniones, cuya (posible) consecuencia sea X reacción o posición del público hacia el hecho.

Cabe destacar que la coacción ético-simbólica a partir de la construcción de la realidad no es menor e, incluso en algunos casos, hasta podría ser más efectiva que el accionar de los tres departamentos de “la sociedad política”. Sin embargo, por un lado el periodismo no tiene el monopolio de la información ni de la influencia y, por el otro lado, maneja un registro diferente al de la coerción física. Asimismo, con el auge de internet y las redes sociales como campo de expresión y lucha simbólica, el periodismo ha perdido cierto espacio frente a ciudadanos que comentan, informan, opinan y debaten.

En resumen, el periodismo debe ser entendido como un poder de “la sociedad civil” que no tiene (ni debe tener) facultades para encarar acciones que competen a los tres poderes que conforman el Gobierno o el Estado, en tanto “sociedad política”. Esto no implica desconocer ni dejar de ser conscientes de las relaciones políticas que el periodismo entabla con la “sociedad política” y con otros grupos de poder, y menos aún las relaciones político-económicas que llevan a cabo los empresarios de los mass media con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Quitarle al periodismo su concepción de “cuarto poder” resulta más importante en una coyuntura donde un sector del periodismo se encuentra enfrentado al Gobierno central (agrego “central” porque no creo que esté en conflicto con la “sociedad política” en su conjunto, si bien las relaciones entre periodismo y “sociedad política” se encuentran en permanente tensión). Resulta importante porque devolverle al periodista su naturaleza de ciudadano de la “sociedad civil” que entabla relaciones con la “sociedad política” le quita su percepción político-estatal, le permite centrarse en su trabajo y le otorga libertad para realizar su labor de modo ético. Por otro lado, es importante también porque “acomodaría” a un sector del periodismo mareado con su posición de poder, poder que pertenece a la esfera de la “sociedad civil” y no a la dimensión de la “sociedad política”.

Para ello, los primeros que deben ser conscientes de esto son los propios periodistas.

 

Referencias

Bobbio, N. (1987). La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento

            político. Año académico 1975-1976. México: Fondo de Cultura Económica.

Botana, N. (1984). La tradición republicana. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Gramsci, A. (2011). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno.

             Buenos Aires: Nueva Visión.

Hamilton, A., Madison, J. y Jay, J. (2010), El Federalista. México: Fondo de Cultura

             Económica.

Hampsher-Monk, I. (1996), Historia del pensamiento político moderno. Los principales

             pensadores políticos de Hobbes a Marx. Barcelona: Ariel.

Manin, B. (1994). Checks, balances and boundaries: the separation of powers in the

             constitutional debate of 1787. En Fontana, B. (EDs.), The Invention of the Modern   

             Republic. Cambridge: Cambridge University Press.

Montesquieu (2007). Del Espíritu de las leyes. Buenos Aires: Losada.

Weber, M. (1998). Ensayos sobre sociología de la religión. Madrid: Tauru.

 

 



* Profesor de la Universidad del Salvador, Maestrando en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso Argentina, Lic. en Periodismo en Universidad del Salvador. Correo electrónico: damian.andrada@gmail.com.

Artículo recibido: 16-9-2012; aceptado: 24-10-2012

El Equilibrista. Año 1, Nº 1 (2013)

Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, ISSN en línea 2344-9306

[1] Norberto Bobbio considera que ésta es la teoría del libro que ha tenido mayor éxito y que es la “inspiración moderna de la teoría clásica del gobierno mixto”.

[2] Si bien el Consejo de Censores había determinado que el Poder Ejecutivo también había faltado a la Constitución, Madison alegará que la mayoría de esos casos: 1)  fueron necesidades de la guerra o recomendaciones del Congreso o el Comandante en Jefe; 2) coincidían con el parecer del Legislativo; 3) en Virginia, el Ejecutivo se compone de varios magistrados heredando las malas prácticas del Legislativo.

[3] Con respecto a esta última función, se podría cuestionar que en efecto el periodismo juzga, lo cual resulta parcialmente falso (o parcialmente verdadero), o sea, que no es del todo falso y explicaremos por qué. El periodismo juzga y castiga desde una dimensión moral y no fáctica: su castigo es simbólico. Quien tiene la facultad legal para castigar y decidir el castigo son los integrantes del Poder Judicial. El periodismo puede influir en la percepción ética de la sociedad e, incluso, del juez, pero no tiene la facultad legal ni ética para sancionar a una persona con una pena. Desde este punto de vista, las sanciones morales que imparte la prensa no son mucho más diferentes a las que puede producir un “chusmerío de vecinos”, con la diferencia, por supuesto, de las dimensiones que toma un juicio de valor en un medio masivo.

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