Las condiciones de un escenario condicionado

 

Medios de comunicación y regulación. Condiciones de un escenario condicionado

 

Santiago Marino *

Resumen

La coyuntura política y la estructura del sistema de medios de comunicación en los países de América Latina atraviesan un proceso de transición que determina el desarrollo profesional. El avance hacia la digitalización, desde un escenario de fuerte concentración de la propiedad es un tema central de la comunicación y la cultura en nuestros días. En este marco, resulta importante la investigación de la acción regulatoria para analizarla en el contexto de la aparición de nuevas tecnologías y su aplicación al desarrollo profesional del periodismo en un escenario de cambios regulatorios, políticos y económicos establecen -al mismo tiempo- la globalización comunicacional que atraviesa fronteras, y la necesidad de encuadrar los intercambios de contenidos.

El presente trabajo aborda la relación de los Estados con los medios de comunicación y con la profesión periodística. El análisis de los marcos regulatorios y formas normativas de emisión resulta un aspecto central para comprender el escenario en el que se desarrolla la profesión periodística, en un contexto político de constante transformación. El objetivo general de esta investigación es analizar el marco regulatorio de los medios de comunicación en los países de América Latina y dar cuenta del modo en que encuadra el desarrollo profesional del periodismo, en el marco de la concentración de la propiedad de los medios y la transición hacia la digitalización del sistema. El análisis de la región servirá para poner en contexto el caso de Argentina, caso sobre el que se focalizará en el conjunto de aspectos que hacen a la investigación.

 

Palabras claves: democracia, medios, políticas, Argentina, regulación

 

Abstract

The political situation and the structure of the media system in the countries of Latin America are going through a transition process that determines professional development. Progress towards digitization, from a stage of strong concentration of ownership is a central theme of communication and culture today. In this connection, it is important to research to analyze regulatory action in the context of the emergence of new technologies and their application to the professional development of journalism in a scenario of regulatory changes, political and economic set-while-the globalization of communication crossing borders, and the need to frame content exchanges.

This paper addresses the relationship between states and the media and journalism. The analysis of the regulatory frameworks and regulations forms is a central issue to understand the scenario in which journalism takes place in a constantly changing political context. The general objective of this research is to analyze the regulatory framework of the media in Latin American countries and account for account of how the development fits of journalism as part of the concentration of media ownership and the transition to digital system. The analysis of the region will serve to contextualize the case of Argentina, the event will focus on that in all aspects related to research.

Keywords: democracy, media, political, Argentina, regulation.

 

Introducción

La coyuntura política y la estructura del sistema de medios de comunicación en los países de América Latina atraviesan un proceso de transición que determina el desarrollo profesional. Este proceso se lleva adelante en Argentina de un  modo intenso, por ello se define como caso de estudio relevante. El avance hacia la digitalización, desde un escenario de fuerte concentración de la propiedad es un tema central de la comunicación y la cultura en nuestros días. En este marco, resulta importante la investigación de la acción regulatoria para analizarla en el contexto de la aparición de nuevas tecnologías y su aplicación al desarrollo profesional del periodismo en un escenario de cambios regulatorios, políticos y económicos establecen -al mismo tiempo- la globalización comunicacional que atraviesa fronteras, y la necesidad de encuadrar los intercambios de contenidos.

 

La cuestión metodológica

El presente trabajo es resultado de una investigación más amplia, en la que se aborda la relación de los Estados con los medios de comunicación y el periodismo. El análisis de los marcos regulatorios y formas normativas de emisión resulta un aspecto central para comprender el escenario en el que se desarrolla la profesión periodística[1], en un contexto político de constante transformación. El objetivo general del artículo es analizar el marco regulatorio de los medios de comunicación en los países de América Latina y dar cuenta del modo en que encuadra el desarrollo profesional del periodismo, en el marco de la concentración de la propiedad de los medios y la transición hacia la digitalización del sistema. El análisis de la región servirá para poner en contexto el caso de Argentina, sobre el que se focalizará en el conjunto de aspectos que hacen a la investigación. El presente texto focaliza entonces en el caso argentino y sus cambios regulatorios en el período reciente, elemento que se justifica por la relevancia de los acontecimientos sucedidos en el país, y por el interés que genera en los países de la región, que atraviesa debates similares.

Se trabaja aquí desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, en el contexto en el cuál la estructura de propiedad se caracteriza respecto a la valorización del capital, y la intervención estatal debiera hacerlo respecto a la igualitaria distribución de los intercambios simbólicos. Se utilizarán herramientas metodológicas propias del área administrativa y las políticas públicas. Se propone dar cuenta de los cambios en los marcos regulatorios correspondientes a un período en el que se generaron beneficios a los grupos concentrados (permitiendo la concentración de la propiedad y el ingreso de capitales extranjeros), para contrastarlos con un nuevo período, que parte del conflicto entre el gobierno y los principales grupos de medios y deriva en una regulación de nuevo tipo, aun en ciernes en términos de aplicación. Con estos elementos metodológicos se propone un recorrido por el marco regulatorio del sistema de medios en la Argentina, como una muestra de avance de un trabajo de investigación más amplio, que implica el recorrido por el resto de los países y el estudio sobre el desarrollo profesional en este escenario.

 

Desarrollo: el caso Argentina

El recorte temporal de la presente investigación implica un recorrido por lo que se denominará la “Larga Década Neoliberal” y la “Post-Devaluación” (Marino, 2012). El cambio estructural iniciado en Argentina en 1989 se dio a partir del mes de agosto con la sanción de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, junto con la Ley de Emergencia Económica. Mediante esta regulación se dispuso privatizar toda empresa pública que generara pérdidas. Y se definieron cambios en la norma de facto 22.285/80 de radiodifusión, respecto de la definición de quienes podrían ser licenciatarios, y así quedarse con las licencias de los canales de televisión abierta, las primeras de las empresas a privatizar.

La privatización de los canales era tan urgente como necesaria para el proyecto global. Luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado fue posible iniciar el recorrido y saber quiénes serían los beneficiados por los cambios aplicados en la norma de radiodifusión. El 21 de setiembre de 1989 se llamó a licitación de los canales 11 y 13 de Buenos Aires, mediante el decreto 830. En octubre se conocieron las propuestas económicas y de antecedentes de las empresas. Luego de un proceso en el cual el choque de intereses en pugna determinó vencedores y vencidos, el 22 de diciembre se promulgó el Decreto 1540/89 que concedió las licencias de las estaciones LS84 TV Canal 11 a Televisión Federal (Telefé) y LS85 Canal 13 a Arte Radiotelevisivo Argentino SA (ARTEAR). Los canales se otorgaron el 29 del mismo mes.

El proceso en el que se estableció el ingreso (y su modo) del capital extranjero debe ser trabajado con especial cuidado y claridad, por varias razones: es un elemento clave del neoliberalismo (en la fase transnacional del sistema capitalista); establece las condiciones para uno de los resultados más relevantes del modelo neoliberal (la extranjerización del capital) que sostiene y potencia la concentración.

El 14 de noviembre de 1991 Argentina y Estado Unidos suscribieron en Washington DC un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (PPRI) que consta de catorce artículos y un Protocolo. El acuerdo (que tiene una duración pautada en 10 años y es de renovación automática, salvo denuncia de alguna de las partes) establece que las inversiones de cualquier tipo  realizadas por nacionales y sociedades de una de las partes en territorio de la otra se permitirán y tratarán “de manera no menos favorable que la que otorga en situaciones similares a las inversiones o actividades afines de sus propios nacionales o sociedades, o a las de los nacionales o sociedades de terceros países, cualquiera que sea más favorable, sin perjuicio del derecho de cada Parte a hacer o mantener excepciones que correspondan a algunos de los sectores o materias que figuran en el Protocolo anexo al presente Tratado.”[2].

La Ley ratificatoria 24.124 sancionada el 26 de agosto 1992 y promulgada de hecho el 21 de septiembre de ese año puso en vigencia el TPPRI con EEUU, que complementa un proceso de apertura a los capitales foráneos que continuó con acuerdos similares firmados con España, Alemania, Italia, Francia y los Países Bajos, entre otros. Ese acuerdo internacional chocaba con la norma de facto 22.285 que impedía la participación del capital extranjero en empresas  licenciatarias de servicios de radiofusión. Pero con la Reforma Constitucional de 1994 se estableció que los Tratados Internacionales cuentan con rango superior sobre las leyes nacionales. Con este marco legal se encuadró el ingreso de capital extranjero –oriundo de los EEUU- en el mercado de la radiodifusión argentino. En el sector de las telecomunicaciones  ya había ingresado: la privatización de la empresa nacional de telefonía (Entel) a comienzos de la década derivó en que las empresas compradoras fueran la española Telefónica y la italiana Telecom, quienes constituyeron un duopolio con zonas exclusivas para cada una.

En consonancia con los procesos de transnacionalización y privatización de la propiedad de los medios, se registraron diversos cambios en la producción y distribución de material audiovisual entre 1990 y 1995. Entre ellos (...) se reconfiguró el circuito de salas cinematográficas (cierre de salas en el interior del país y la conversión de diversas salas de grandes ciudades en multicines), la discutida reforma de la Ley del Cine de 1994 marcó un acercamiento de la producción y el financiamiento del cine nacional por las productoras de televisión de los canales de cabecera y las principales señales de Televisión por Cable. (Rossi, 2000).

Ambos grupos controlaban el 85 % de los abonados a la Televisión por Cable, el  diario de mayor tirada del país, las principales emisoras de radio (AM y FM), y presencia dominante en telefonía (básica y móvil) y distribución de internet.   

La regulación más clara, precisa y determinante en el objetivo de adecuar el plexo normativo de la radiodifusión a la lógica comercial y a su régimen de acumulación en la larga década neoliberal fue el Decreto 1005, sancionado por Carlos Menem poco antes de culminar su mandato en 1999. En su texto se formalizó aquello que el mercado había establecido: amplió el máximo de licencias de radiodifusión por operador de 4 a 24; la transferencia de licencias (facilitando así la compra-venta de medios y dificultando el seguimiento de los compromisos de los licenciatarios con los servicios); autorizó el ingreso de capital extranjero proveniente de países que hayan firmado TPRI; habilitó la emisión de contenidos en cadenas de transmisión permanentes y amplió la pauta publicitaria por bloques horarios, lo que facilitó así el manejo del prime time y de incrementar los ingresos.

 

Alianza: herencia, continuidad y estallido

A los pocos días de asumir el nuevo gobierno, De la Rua vetó la Ley de RTA, que había sido sancionada por unanimidad en ambas cámaras apenas un mes antes de su asunción. Luego, la medida más importante que tomó fue la creación del Sistema Nacional de Medios Públicos, mediante el Decreto N° 94 del 25 de enero de 2001, para la administración conjunta de Canal 7, Radio Nacional, Télam y el SOR. Trinidad García Leiva (Mastrini, 2005), sostiene que este proceso se caracteriza por el continuismo en la mayoría de las políticas, y el intento de control del espectro y su reordenamiento. El organismo de control de radiodifusión se mantuvo intervenido y durante la gestión de Gustavo López se generaron algunas acciones que quedaron a mitad de camino entre el sostenimiento de lo heredado y la democratización de las comunicaciones.

Los intentos de ordenar el espectro radioeléctrico convivieron con un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que fracasó en su intención de reemplazar la norma de facto 22.285. En esa oportunidad, las divisiones dentro del propio gobierno  y la debilidad del PEN, sumados a la falta de decisión política, condicionaron los resultados. El estallido de diciembre puso fin a un proceso que en materia de radiodifusión implicó una serie de transformaciones que aun condicionan el sector.

 

Políticas de radiodifusión que articulan la post-devaluación

El estallido de la crisis en diciembre de 2001 implicó el final de un modo de gestión de la economía nacional, pero no necesariamente de la lógica de las políticas para el sector de la radiodifusión que permitió la estructura de concentración de la propiedad de los medios. A pesar de todo, el cambio en las condiciones económicas transformó la situación de los principales medios, que ejercieron su poder de lobby para obtener medidas que los beneficiaran de modo directo tanto como de modo indirecto. Algunas de sus principales lineamientos continuaron durante la post-convertibilidad, a partir de 2002. La gestión de Eduardo Duhalde mantuvo las condiciones que beneficiaron a los sectores privados, y su implementación en el marco regulatorio se materializó después de la entrega del mando a Néstor Kirchner. Como salvedad es necesario destacar la sanción del Decreto 1214, que permitió el acceso a licencias de radio de FM para los municipios y de canales de Televisión Abierta para las provincias, además de quitar el rol subsidiario del Estado en relación con los privados, y la negociación para la implementación de cambios en la ley de quiebras con el objeto de evitar el dominio de capitales extranjeros en los principales grupos de medios de origen argentino.

Durante la gestión de Néstor Kirchner se reforzó la estructura heredada. La medida que “abrió” el proceso el 18 de junio de 2003, fue la sanción de la Ley 25.750 de Protección de Bienes e Industrias Culturales, mediante la cual se excluyó a las empresas de medios de comunicación de la aplicación del sistema de cram down establecido en la Ley de Quiebras, que implica que los acreedores pueden apropiarse de la empresa deudora hasta cubrir el monto adeudado. Esa norma además estableció en 30% el límite de la participación de capital extranjero en este tipo de actividad económica.

En mayo de 2005 se sancionó el Decreto 527, que estableció condiciones de licencias de radiodifusión casi vitalicias, porque suspendió el plazo del conteo de las licencias por 10 años, luego de haber otorgado las renovaciones reconocidas por la ley (de 10 años) a los canales de Televisión Abierta 11 y 13 en diciembre de 2004. Cierto es que la sanción en ese mismo año 2005 de la Ley 26.053 implicó una mejora en el acceso a licencias de algunos sectores excluidos, ya que dicha normativa permitió que las organizaciones sin fines de lucro pudieran ser licenciatarios[3]. Pero las ventajas para la concentración no sesgaron.

En diciembre de 2007, a partir del Dictamen 637 de la Secretaría de Defensa de la Competencia, se permitió la fusión de las empresas prestadoras de Televisión por Cable Multicanal y Cablevisión, las cuales son controladas desde noviembre de 2006 por el mismo dueño: el Grupo Clarín. Este ítem, dado el recorte temático de este trabajo, se abordará en capítulos subsiguientes, pero es necesario destacar aquí que a partir de tal decisión de los actores privados y de su aval institucional se generó una posición dominante indiscutida.

 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522/09

Desde 2008 en Argentina se intensificó un debate tan necesario como ausente hasta entonces para la democracia de las comunicaciones: la regulación de los medios de comunicación, materializada en la discusión sobre la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Al momento de pensar en este tipo de temas  es necesario incorporar elementos al debate de modo ordenado, amplio y concreto, con el objeto de dar cuenta de los procesos sociales, políticos y económicos que encuadran la situación, para luego aportar lineamientos al debate que debe ser complejo, exigente y consciente de los derechos humanos que están en juego.

En octubre de 2009 el Congreso de la Nación sancionó la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) 26.522/09 que reemplazó a la norma de facto 22.285/80[4]. Durante los meses que siguieron a la aprobación, la discusión implicó el inicio de la reglamentación de la nueva norma, como así también la discusión entre los actores involucrados para la integración de los distintos órganos agentes de la gestión y el control creados para tal fin. Esto implicó, además, controversias por la ausencia de implementación de mecanismos consultivos o participativos en la elección de algunos de los representantes ante los mencionados órganos, como el particular caso de los universitarios.

La sanción de la LSCA presenta un cambio de rumbo: posicionó al Estado como garante de derechos sociales a la comunicación. Este cambio de rumbo fue objeto de una campaña de desprestigio tan inusual que reveló la convulsión de los principales grupos a los que la ley sorprendió sin estrategia. La suspensión y el levantamiento de la misma por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) ponen de relieve la importancia que la ley tiene en relación a un sistema de medios estructurado en base a la concentración de la propiedad, la centralización de la producción y la ausencia de medios públicos no-gubernamentales. La aplicación de la nueva norma promete afectar y transformar estos tres aspectos, aunque los intentos de demora de algunos aspectos por parte de los principales grupos vuelven más complejo un contexto que incluye además la convergencia digital como desafío.

El camino que recorrió la norma luego de su sanción, la siguiente suspensión por una medida cautelar en la justicia mendocina (entre otras) y la decisión de la CSJN de resolver dicha situación mediante el reciente fallo con el que revocó la medida cautelar que suspendía la vigencia de la ley, es aleccionador en relación al reconocimiento de la comunicación como un derecho. El proceso continuó con la publicación del Decreto Reglamentario 1225/2010[5] y con la demora de la CSJN en la resolución de la cuestión central: el proceso de desinversión[6] que permitirá reducir los actuales niveles de concentración en los medios. En mayo de 2012 la Corte resolvió que la medida cautelar que evita la aplicación de dicha cláusula vencerá el día 7 de Diciembre tanto para el Grupo Clarín como para el resto de los operadores que ostenta más licencias de las que la nueva permite[7].  

Claro que la discusión cambió el foco desde que su aplicación fuera suspendida por una serie de medidas focalizadas y particulares, entre la que se destaca el fallo de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, cuyo dictamen ratificado por la Cámara de Apelaciones en segunda instancia en la misma provincia. El dictamen colocó a la regulación sobre la comunicación y cultura nacional en un limbo jurídico, la suspensión de la aplicación tuvo eco en juzgados de primera instancia de otras provincias, y por lo tanto se convirtió en otro elemento central de esta discusión. La apelación del gobierno nacional llevó la situación a la CSJN, que declaró -en su fallo del 15 de junio de 2010 y por unanimidad- la incompetencia de cualquier juez y de cualquier tribunal para suspender una norma de aplicación nacional mediante una medida cautelar. Sin embargo, este no fue el límite para el proceso de judicialización, que continua con el fallo de primera instancia que obtuvo el grupo Clarín en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del cual el artículo 161 no se aplica –hasta tanto se resuelva definitivamente- a sus empresas, consiguiendo así su objetivo de alargar los plazos. 

La LSCA tiene elementos muy destacables en materia de regulación democrática de la comunicación. El principal, e inédito en el mundo, es la reserva del 33% de todo el espacio radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro. Basada en una doctrina de derechos humanos, la ley procura generar autoridades de aplicación más pluralistas y transparentes, a la vez que presenta una política que limita la concentración en la propiedad. Desde la perspectiva que en esta investigación se comparte, la discusión sobre la regulación democrática de los medios constituye un fenómeno que excede la dimensión nacional, y se enmarca en un saludable proceso latinoamericano. Por primera vez en la historia, la ciudadanía ha encarado procesos de debate y acción en torno a las políticas públicas de comunicación, superando los acuerdos “no escritos” entre gobiernos y dueños de medios. Algunos gobiernos han asumido la iniciativa, ya sea convencidos de la necesidad de regular la comunicación, ya sea para incrementar su control sobre el sistema mediático. Pero más allá de las intenciones de los gobiernos, la ley de radiodifusión comunitaria en Uruguay, las constituciones de Bolivia y Ecuador, la Conferencia Nacional de Comunicación en Brasil, constituyen diversos ejemplos de la extensión y amplitud de enfoques del debate.

En todos los casos, las respuestas de los empresarios de medios han sido coherentes con la defensa del statu quo y sus intereses, sosteniendo el dogma del mercado autorregulado y de los peligros de la injerencia estatal. Junto con representantes políticos de derecha, los empresarios de los principales grupos de medios organizaron su resistencia a la sanción de una norma democrática para el sector a partir de dos principios: en primer lugar, sostener que la concentración en pocas manos no perjudica la libertad de expresión y, en segundo lugar, que el único poder que restringe la libertad de expresión es el del Estado y el de su gestión contingente (el gobierno).

 

La Digitalización

El proceso de digitalización se inserta en este momento de debate en Argentina. Luego de varios años y diferentes gobierno con medidas contrapuestas en esta materia (Bizbergue, Becerra y Mastrini, 2010), la opción se adoptó en 2009 de adoptar de la norma japonesa “a la brasilera” de Televisión Digital permite varias lecturas, todas importantes, en términos de política y del sistema de medios. En primer lugar, el gobierno logra salir “por arriba” de una encerrona laberíntica, generada por el  lobby de los dos grandes grupos de multimedios. Clarín pugnaba por la norma  norteamericana (ATSC) para apuntar a la Alta Definición en la  TV Abierta sin afectar su negocio casi monopólico de TV por Cable. Mientras que Telefónica lo hacía por la norma europea (DBV T) para generar condiciones que ampliaran la oferta de canales de TV de aire y así accionar para afectar el negocio de cable de Clarín. En segundo término, la decisión implica un gran negocio para las empresas niponas como NEC, cuya representación en Brasil es de O’Globo, aspecto que permite sostenerlo como una de las razones por la cual el gobierno de Lula adoptó dicha norma en 2006. Japón se queda así con los dos mercados de aparatos de TV más importante de América del Sur: Brasil y Argentina. Y en tercer lugar, el acuerdo puede presentarse como decisión conjunta de ambos países líderes, aunque es una pena que no pueda ya ampliarse al  Mercosur en su conjunto –y consolidar así fuerte poder de negociación-, ya que Chile posiblemente adopte la norma de EEUU y Uruguay ya se decidió por la europea. Lo que también es claro es que hablamos de una decisión política, económica y de política de comunicación. Y de un gran negocio de los medios y las empresas de tecnologías.

El Estado Nacional es el agente central del proceso de digitalización de la televisión en Argentina. La política que lleva adelante incluye un conjunto de planes, programas, proyectos y directrices que pueden dividirse en tres áreas: la regulación (la sanción de un conjunto de leyes y decretos); el equipamiento y el desarrollo de la tecnología (expansión de la cobertura, distribución de receptores); y en tercer lugar el plano de los contenidos (financiamiento, fomento de la elaboración de contenidos a difundir en las nuevas plataformas).  En líneas generales, este proceso no afectó en especial la independencia ni la línea editorial, que en el sistema de medios de propiedad estatal resulta afectada por cuestiones políticas (dado el carácter eminentemente gubernamental de los medios públicos) mucho antes del proceso de la digitalización. Y en términos de diversidad, el proceso de digitalización de las emisiones televisivas aun está en sus primeros pasos, por lo que resulta aventurado realizar conclusiones.

Para el área de contenidos, el Consejo Asesor diseñó un batería de estrategias para satisfacer esta necesidad de completar los nuevos espacios posibles. La misma está compuesta por el Banco Nacional de Contenidos de  Alcance Universal de la TV Digital (un recurso que constituirá un archivo que prevé poner a disposición contenidos de todas las regiones), el espacio de Fomento a la TV Digital y a la producción de contenidos de alcance universal, y el Concurso de Contenidos promovido por el INCAA (Instituto Nacional de Artes Audiovisuales).

El análisis de la política de Televisión Digital plantea dos desafíos: el alcance y el financiamiento de los contenidos. En primer lugar, los cambios deberán transformar cuestiones de logística, de distribución de señales y el equipamiento de los hogares en un plazo cuyo cierre sería  en 2019, año en que se prevé el apagón analógico según la normativa. En segundo lugar, respecto de la cuestión de los contenidos, aparecen todavía más dudas que certezas. Parece claro que un porcentaje bajo del 65 % de la población con cobertura accede a la TDT, lo que debe vincularse necesariamente con la fuerte tradición nacional de consumir TV de pago, “ya que en Argentina aproximadamente el 70 % de los hogares está abonado a la TV por Cable”, según el Dr. Becerra. Además, la posible multiplicación de canales sin un abono que defina el modelo de negocio genera que el dilema mayor es ¿quién paga la cuenta? Es decir, cómo se financiará este sistema.

 

Conclusiones

Este trabajo pretendía presentar un recorrido y análisis exhaustivo del marco regulatorio, las formas normativas y directrices de las políticas del caso Argentina, como punto de partida para comprender el escenario en el que se desarrolla el proceso de discusión sobre los medios, en América Latina en general y en nuestro país en particular, para luego pensar como se lleva adelante la profesión periodística en un contexto político de constante transformación. En la región atravesamos una instancia novedosa, que implica el tejido de un conjunto de políticas que avanzan a contramano de la lógica mundial, con diferencias y bemoles en los distintos países. En Argentina, desde 2008 los medios se encuentran en el centro del debate. Se discute sobre sus características, necesidades y demandas. Pero también sobre sus diferentes tipos y modos de gestión, de acuerdo a sus objetivos y formas, dado que son organizaciones complejas que trabajan con una mercancía de doble valor: material y simbólico.

En este contexto en Argentina pudo observarse una flexibilización de la regulación que permitió este proceso, pero que parece haber tenido un corte en el año 2009, con la sanción de la nueva LSCA. Estos cambios se dan en un sistema concentrado, que además permite pensar en la creación y retroalimentación de un círculo vicioso, en el cuál los Estados-nación ven debilitada (por acción u omisión) su capacidad para enfrentar estos procesos. Y en ese escenario se insertan tanto la nueva normativa como la política de Televisión Digital, cuyo análisis sobre los resultados de la aplicación aparece como una demanda del campo.

A partir de esto, muchas preguntas quedan abiertas, respecto del caso Argentino en particular (la aplicación de la normativa, los cambios efectivamente concretados, los avances y retroceso, los pendientes), sobre el resto de los países de la región en general, y sobre el modo en que se realiza la profesión periodística en dicho contexto. En el camino de responder esas cuestiones, para encontrar otras, estamos. El objeto parece mutar constantemente. Otro desafío aparece por delante.

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

Bizbergue, A., Becerra, M. y Mastrini, G. (2011). La Televisión digital en Argentina: entre la geopolítica regional y estrategia estatal. En A. Badillo Matos & F. Sierra Caballero, (Eds.), La transición a la televisión digital terrestre en Iberoamérica: diagnóstico y perspectiva (pp. 193-221). Quito: CIESPAL.

Ley 25750/03 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. Recuperado de http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/legislacion/ley25750.pdf

Ley 26522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recuperado de   http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/legislacion/ley26522.pdf

Mastrini, G. (ed.) (2005). Mucho ruido, pocas leyes... Economía y políticas de comunicación en la Argentina. Buenos Aires: La Crujía.

Marino, S. (2012). Políticas de comunicación del sector audiovisual: las paradojas de modelos divergentes con resultados congruentes: Los casos de la Televisión por Cable y el Cine en Argentina entre 1989-2007. Tesis no publicada, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Mishra, R. (1992). El Estado de bienestar en crisis. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Norma de Facto 22285/80. Recuperado de http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/legislacion/22285.pdf

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Rossi, D. (2012). Acceso y participación: Políticas activas, condicionamientos de los licenciatarios dominantes y el desafío digital. Buenos Aires: CECSO, Universidad de Buenos Aires.  

Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Recuperado de http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=548

 

 



* Dr. en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Docente de grado y posgrado de Políticas y Planificación de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes. Adjunto de Medios de Comunicación Social de la Universidad del Salvador. Asesor del Programa Legislaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina (AMARC ALC). Correo electrónico: sgomarino@gmail.com

Artículo recibido: 17-09-2012; aceptado: 27-10-2012.

El Equilibrista. Año 1, Nº 1 (2013) p.

Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, ISSN en línea 2344-9306

[1] Se abordará en un período subsiguiente del proyecto de Investigación que encuadra el presente texto.

[2] Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, art. 2, punto 1.

 

[3] Con la excepción de las cooperativas prestadoras de servicios públicos de carecer monopólico.

[4] Existe jurisprudencia en Argentina que señala que los decretos sancionados durante gobiernos militares mantienen carácter de ley al retorno de la democracia. Esto fue justificado hace muchos años por la Corte Suprema en aras de la continuidad jurídica. Por dicho motivo para reemplazar el decreto-ley sancionado por los militares era preciso una ley del parlamento y no bastaba un decreto presidencial.

[5] Que otorga capacidades quizá excesivas a la Autoridad de Aplicación.

[6] Establecido por el artículo 161 de la LSCA.

[7] Esto último fue decidido por la AFSCA en setiembre de 2012, con la asunción del nuevo Presidente, Martín Sabbatella, quien aprobó la Resolución 901 que definió dicho aspecto.

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