El secreto de las fuentes de información periodística en la era de las redes sociales, la vigilancia online y los algoritmos - Paredes, Graciela; Larrondo, Manuel (Anuario de Investigación USAL, 2020)
En esta investigación se analizan y estudian los aspectos jurídicos y comunicacionales de preservar el anonimato de la fuente de información periodística como garantía del ejercicio del derecho humano que lo envuelve, esto es, el de recibir, investigar y difundir información de conformidad con lo previsto por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 10 del Tratado Europeo de Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se observa que si bien la protección de la identidad de la fuente en algunos países está amparada por ley o bien se la contempla en códigos de ética, ello no impide que, en ciertas ocasiones, toda persona que ejerza ese derecho —y en particular las y los periodistas— pueda ser obligada judicial o administrativamente, o bien por sus empleadores, a identificar a sus fuentes de información. También puede encontrarse sujeta a una injerencia arbitraria en sus comunicaciones o vigilancia selectiva estatal o privada que redunda en que se pueda identificar a sus fuentes. A ello podría sumarse el padecer o enfrentar denuncias penales, sanciones preventivas y disciplinarias, e incluso hasta cumplir penas de prisión. En este contexto de avance tecnológico incesante, de interacción con plataformas virtuales y de uso de dispositivos electrónicos con conexión a Internet, voluntaria o involuntariamente, nuestra expectativa de mantener nuestra privacidad en las comunicaciones se encuentra reducida. Las preguntas que guían la investigación son: ¿Quién es periodista en el siglo xxi? ¿Quién es filtrador? ¿Quién es fuente? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del secreto de la información periodística? ¿Corresponde su protección absoluta o relativa? En la investigación se analiza la incidencia de la vigilancia masiva y selectiva en el ejercicio profesional del periodismo y en la protección legal a preservar la identidad de la fuente al difundir información de interés público. También se considera el rol de los intermediarios externos y la retención de datos y el derecho a la intimidad en las comunicaciones. Se considera, además, la incidencia de los algoritmos e inteligencia artificial en la vigilancia y el efecto “de la seguridad nacional/legislación antiterrorista”. La metodología utilizada consistió en el “método de casos”, que implica el estudio pormenorizado de ciertos precedentes jurisprudenciales —nacionales y extranjeros—, resoluciones e informes dictados por organismos internacionales, así como también en realizar un relevamiento de documentos periodísticos e investigaciones académicas. En el trabajo se cumplieron los objetivos de identificar, cuantificar y analizar los fundamentos jurídicos y comunicacionales expuestos por sentencias judiciales nacionales y extranjeras, y resoluciones de organismos internacionales vinculados a los Derechos Humanos, en las que se ha resuelto la pertinencia o no de revelarse la identidad de la fuente. También se determinaron las distintas doctrinas jurídicas nacionales y extranjeras que esbozan una protección absoluta del anonimato de la fuente periodística y aquellas que, por el contrario, se muestran más permeables a una protección relativa dependiendo de eventuales razones de seguridad nacional, si quien lo invoca ejerce o no la profesión de periodista y, en particular, frente al rotundo avance del empleo de herramientas tecnológicas de parte de gobiernos y corporaciones. Finalmente, se compararon las opiniones de periodistas investigadores y de un funcionario fiscal acerca de las múltiples situaciones en las que se encuentra en juego la revelación o no de la identidad de las fuentes periodísticas. Se incluye también la revisión de una serie de entrevistas realizadas por diversos medios de comunicación a otros periodistas nacionales y extranjeros vinculadas a la temática. Las conclusiones generales que arroja esta investigación son: 1) Que el ejercicio del derecho a recibir, investigar o difundir información no es exclusivo de ciertos oradores privilegiados, agencias de prensa, clases o subclases de personas que produzcan y distribuyan información, sino que al tratarse de un derecho humano, toda persona puede ejercerlo sin censura previa y, por ende, ejercer también el derecho de mantener la reserva de la fuente de información; 2) Que en la faz práctica resulta contradictorio que las autoridades estatales se inclinen por encarcelar o penalizar a quien se niegue a revelar la identidad de la fuente de información cuando, si realmente se configurara una posible afectación a la seguridad nacional, justamente quien difunde información de interés público podría ser considerado como un “aliado” del sistema democrático de gobierno; 3) Que los proveedores de servicios de Internet y compañías de telecomunicaciones no deberían estar obligadas a revelar información (contenido, datos y metadatos) que pueda conducir a la identificación de las fuentes de información de interés público; 4) Que las actividades de vigilancia masiva de parte de Agencias de Seguridad estatales o bien de empresas privadas de servicios de comunicaciones no solo implican una afectación al derecho a la intimidad de las personas, sino que además afectan a la gobernabilidad democrática y al derecho humano a la libertad de expresión. Por tal razón, debe reconocerse por ley su debida protección; 5) Finalmente, los Estados deben tender a reconocer y proteger por ley a los miembros más débiles del denominado cuarto estado, en razón de contar con menos visibilidad pública y con menos