Problemática del diseño institucional para la defensa de la competencia. Ley 25.156

Resumen

La investigación buscó explorar el diseño normativo institucional para la defensa de la competencia,y su incidencia en el fortalecimiento o debilitamiento de la calidad y eficiencia de la política de defensa de la competencia en Argentina. Para ello se analizaron los antecedentes normativos y ciertos precedentes principales dictados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), autoridad de aplicación de la Ley 25.156. El espacio temporal objeto de la investigación se ha circunscripto al período que va desde la entrada en vigencia de dicha ley, hasta el 31/12/2014. También se han evaluado los resultados de la revisión judicial de las decisiones de dicha agencia. Se compulsó literatura específica sobre defensa de la competencia y la opinión de diferentes efectores del sistema, miembros y funcionarios de la CNDC y profesionales que han participado en casos ante dicha agencia durante el período en cuestión. El diseño institucional de la agencia de defensa de la competencia es un asunto central para el desarrollo de una práctica de defensa de la competencia sólida, técnicamente robusta y eficaz. Para el logro de tales objetivos es necesario contar con una agencia de competencia colegiada, interdisciplinaria y autónoma. El subsumir las funciones de la agencia de competencia con otra secretaría de estado (como la Secretaría de Comercio) tiene efectos nocivos, como la propia evidencia empírica de experiencias anteriores en nuestro país lo demuestra. En efecto, con esta decisión: (a) se concentra en una misma agencia administrativa la resolución de intereses de política pública del gobierno de turno, con cuestiones de trasparencia y competitividad de los mercados de usuales efectos mediatos sobre productores y consumidores; (b) se favorece la discrecionalidad de una única agencia de gobierno, que entienda en una multiplicidad de cuestiones y resuelva cuestiones de competencia en base a oportunidad o conveniencia de temas ajenos al correcto funcionamiento del mercado; (c) se elimina el elemento de balances y contrapesos en el sistema, que organiza la existencia de un órgano administrativo independiente como el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (el cual actúa en un marco reglado y con la posible presencia de una agencia o fiscal de competencia en el proceso) que distinga a quien presenta e impulsa denuncias de quien las juzga y resuelve; y (d) se maximiza el riesgo de captura por parte de los grupos de interés.