Los manuales de buenas prácticas ambientales como mecanismos disciplinadores y biopolíticos en los humedales del Delta bonaerense del río Paraná (Argentina)
Título abreviado. Buenas prácticas y disciplinamiento ambiental
Patricio Straccia*
Laura Dayan**
Cynthia Pizarro***
*CONICET / Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: straccia@agro.uba.ar
**CONICET/APN / Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: ladayan@agro.uba.ar
*** CONICET / Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: cpizarro@agro.uba.ar
Artículo recibido: 15/05/2023 Artículo aprobado: 27/06/2023
MIRÍADA. Año 16, N.º 20 (2024), pp. XX-XX.
© Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO). ISSN: 1851 9431
Notas del autor
El financiamiento requerido para la realización de este trabajo fue otorgado por un subsidio UBACyT 2018 de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la Dra. Pizarro.
Resumen
El objetivo de este artículo es analizar los manuales de buenas prácticas que, en tanto tecnologías de gobierno, conducen a los pobladores de las islas del Delta bonaerense del río Paraná (Argentina) a optimizarse, a fin de que sus prácticas agropecuarias sean ambientalmente sustentables. En las últimas décadas, diversas ONG ambientales comenzaron a criticar las actividades agropecuarias realizadas en el Delta del Paraná y señalar el impacto ambiental que tendrían sobre este macrosistema de humedales. En el 2008, la ocurrencia de incendios masivos en la región contribuyó a la emergencia de la cuestión ambiental como relevante en la agenda pública e institucional. En los años siguientes, diferentes actores (instituciones estatales, ONG ambientales y organizaciones de la cadena de valor forestal) produjeron manuales de buenas prácticas ambientales y construyeron esquemas de certificación para acreditar su cumplimiento, a fin de garantizar la sustentabilidad de las prácticas productivas. En términos foucaultianos, estas tecnologías de gobierno representan mecanismos disciplinadores y de biopoder, dado que regulación y control (normalización, evaluación y optimización) se articulan en ellos, conducen las prácticas de los habitantes locales y hacen posible su constitución como productores ambientalmente sustentables. Así, sostenemos que estas tecnologías de gobierno son dispositivos de la gubernamentalidad ambiental disciplinaria y biorreguladora que conducen a los sujetos a internalizar normas y valores específicos con el propósito de actuar de formas ambientalmente sustentables, y que la obediencia a estos principios opera como guía de clasificación para definir quién sería un buen isleño en el Delta del Paraná.
Palabras clave: tecnologías de gobierno, gubernamentalidad ambiental, humedales, producción agropecuaria, sujetos ambientales
Guidelines of good environmental practices as disciplinary mechanisms in the wetlands of the Buenos Aires Delta of the Paraná River (Argentina)
Short title. Good practices guidelines as disciplinary mechanisms
Abstract
The aim of this article is to analyze the Best Practice Manuals that lead the inhabitants of the islands of the Buenos Aires Delta of Paraná River (Argentina) to optimize themselves so that their agricultural practices are environmentally sustainable. In recent decades, environmental NGO began to criticize agricultural activities conducted in the Paraná Delta and point out their environmental impact on the wetland macrosystem. In 2008, the occurrence of massive fires in the region contributed to the emergence of the environment as an issue on the public and institutional agenda. In the following years, different social actors (state institutions, environmental NGOs, and forestry organizations) produced five Best Practice Manuals and built certification schemes to accredit their compliance to guarantee the sustainability of their agricultural practices. In Foucauldian terms, these manuals are technologies of government that represent disciplinary and biopower mechanisms, given that regulation and control (normalization, evaluation, and optimization) articulate in them, drive the practices of local inhabitants, and make their constitution as environmentally sustainable producers possible. Thus, we argue that these technologies of government are dispositifs of disciplinary and biopolitics environmentality, as they lead subjects to internalize specific norms and values in order to act in environmentally sustainable ways, and that obedience to these principles operates as a classification guide for define who would be a good islander in the Paraná Delta.
Keywords: technologies of government, environmentality, wetlands, agricultural production, environmental subjects
Introducción
En el año 2008, la ocurrencia de incendios masivos en las islas del Delta del Paraná (localizado en el extremo distal de la Cuenca del Paraná) afectaron a casi 300 000 hectáreas (Kandus et al., 2009), lo cual representa el 16 % de la superficie insular. Como planteó Gastellu (2016), esto favoreció el surgimiento en la agenda pública e institucional de una conflictividad ambiental en torno a la sustentabilidad de las prácticas agropecuarias en este “macrosistema de humedales” —así definido en términos ecológicos por expertos (Malvárez, 1999) —, y desde entonces diversos actores sociales han producido documentos con el fin de prescribir cuáles serían las buenas prácticas ambientales para llevar a cabo actividades agropecuarias sustentables en estos humedales. En este artículo nos proponemos analizar los manuales de buenas prácticas que, en tanto tecnologías de gobierno, conducen a los pobladores de las islas del Delta bonaerense del río Paraná a optimizarse, a fin de que sus prácticas agropecuarias sean ambientalmente sustentables.
La pregunta de investigación se inserta dentro del campo de los estudios sobre gubernamentalidad ambiental, una línea que retoma el desarrollo teórico foucaultiano a fin de dar cuenta de los particulares regímenes de gobierno en el terreno de la conservación y el desarrollo sustentable. Siguiendo a Foucault (2006, 2007), la gubernamentalidad refiere al conjunto de técnicas y procedimientos destinados a conducir las conductas de las personas, esto es, al ensamblaje que hace posible el poder, que permite su ejercicio y que justifica y determina los instrumentos de gobierno (Arnauld de Sartre et al., 2014). Sin embargo, no refiere a una concepción negativa del poder sino que hace énfasis en su dimensión productora: “gubernamentalidad” refiere tanto al ejercicio de la autoridad sobre los otros y al gobierno de las poblaciones como a las formas en que los individuos se gobiernan a sí mismos (Rose et al., 2006). Según de Marinis (1999), sus elementos constitutivos son la conducción de las conductas (la estructuración del posible campo de acción de los otros), las racionalidades políticas (los campos discursivos de configuración cambiante en cuyo marco se produce una conceptualización del ejercicio del poder) y las tecnologías de gobierno (esto es, las técnicas y procedimientos por los cuales el saber se inscribe en el ejercicio del poder).
En las últimas décadas, numerosos investigadores inscriptos en el posestructuralismo han reconocido la emergencia del ambiente como un dominio que necesita de la regulación y la protección a través de estrategias, programas y proyectos estatales (Agrawal, 2005; Ulloa, 2011). Además, el cuidado del ambiente ha devenido el principio ético y normalizador que guía las conductas individuales y colectivas (Muñoz Gaviria, 2008). Así, se ha postulado la existencia de una gubernamentalidad ambiental para referir al particular ensamblaje de instituciones, procedimientos, cálculos y tácticas que hace posible el ejercicio de un biopoder y pretende conducir las conductas en materia ambiental(Arnauld de Sartre et al., 2014), y diferentes estudios de caso procuraron dar cuenta de los modos específicos en que esto ocurre (Cortes-Vázquez & Ruiz-Ballesteros, 2018; Del Cairo & Montenegro-Perini, 2015; Raycraft, 2020; entre otros). Si consideramos que el capitalismo verde no es más que un “barniz ambiental” para el sostenimiento de la explotación de la naturaleza (Smith, 2007, p. 17), podemos coincidir con Watts (2002) en que las diferentes formas de intervención que se han producido en las últimas décadas en nombre de un capitalismo verde (que incluyen la prescripción de buenas prácticas ambientales -—como las aquí analizadas—, mas no se limitan a ellas) son susceptibles de ser analizadas bajo el lente conceptual de la gubernamentalidad ambiental.
Según Foucault (2007), la gubernamentalidad no es una secuencia histórica o una estructura rígida e invariable sino una generalidad singular cuyas variables toman forma en la coyuntura. En otras palabras, refiere a formas específicas de combinación (no siempre coherentes) de las racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno en el proceso de conducción de las conductas (de Marinis, 1999). Bajo estas premisas, Fletcher (2010, 2017) propuso la existencia de cuatro tipos ideales de gubernamentalidades ambientales: 1) soberana, vinculada con modelos de conservación de la naturaleza en fortalezas cuya preservación es activada a través de la creación de áreas protegidas que no dan lugar a la permanencia de las comunidades locales; 2) disciplinaria, focalizada en la constitución de sujetos ambientales por medio de la internalización de normas y valores; 3) neoliberal, referida al conjunto de estrategias que regulan las prácticas de los sujetos por vía de comodificación de la naturaleza y herramientas de mercado; y 4) definida en relación con una verdad, entre la que se podrían incluir los postulados de la ecología profunda (cuyas demandas por la protección de la naturaleza se basan en afirmaciones que refieren a una conexión esencial de los humanos con la naturaleza) o los regímenes de uso vinculados al conocimiento ecológico tradicional. Parafraseando a Rose et al. (2006), el foco de los estudios sobre gubernamentalidad ambiental debería estar en mapear empíricamente cómo operan simultáneamente estas diferentes combinaciones de racionalidades y tecnologías.
Metodología y área de estudio
Los resultados presentados en este artículo se inscriben dentro de una investigación etnográfica que estamos llevando adelante en una región del Delta bonaerense del río Paraná desde hace más de diez años. El Delta del Paraná está ubicado en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay y abarca una superficie de 1 750 000 hectáreas. Si bien se han producido numerosas delimitaciones de la región, la más conocida se basa en criterios geomorfológicos que establecen su extensión desde Diamante (Entre Ríos) hasta su desembocadura en el Río de la Plata, y que lo subdividen en tres regiones: el Delta Superior, Medio e Inferior (Burkart, 1957) (figura 1). Cada una de estas regiones tiene características particulares tanto respecto de las condiciones biofísicas e hidrológicas como de los modos de vida de sus pobladores y sus relaciones con los dispositivos de conservación existentes en cada zona (Astelarra et al., 2022; Boivin et al., 2008; Pizarro, 2019).En términos político-administrativos, el Delta del Paraná se encuentra bajo la órbita jurisdiccional de tres provincias diferentes (Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe) y numerosos partidos/municipios (figura 2). Más del 80 % de la superficie total se encuentra bajo jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, mientras que el Delta bonaerense tiene una superficie total de aproximadamente 250 000 hectáreas.
Figura 1
El Delta del Paraná: sus tres secciones principales
Nota. Preliasco (2019)
Figura 2
Límites político-administrativos en el Delta del Paraná, por provincias y municipios
Nota. Mulvany (2019)
En términos de actividades productivas agropecuarias, el Delta bonaerense presenta una marcada heterogeneidad entre las diferentes secciones. El Delta Frontal es la zona más cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está bajo la jurisdicción de los municipios de Tigre y San Fernando. Allí coexisten la producción de junco (Astelarra & Domínguez, 2015) y de mimbre (Cobelo & Valtriani, 2002) con la producción forestal a pequeña escala (González, 2015) y políticas de conservación de la naturaleza (Camarero, 2011). Hacia la parte central del Delta bonaerense se emplaza la Zona Núcleo Forestal, que está bajo la jurisdicción de los municipios de Zárate, Campana y San Fernando. La principal actividad económica en esta región es el monocultivo forestal de álamos y sauces a mayor escala, aunque en los últimos años ha habido también un avance de la ganadería extensiva y la actividad silvopastoril (Pizarro, 2019). Dado que se trata de la porción del Delta bonaerense con mayor presencia de diques, es también la zona más cuestionada por los impactos que estos esquemas productivos tendrían sobre el macrosistema de humedales. Finalmente, en las áreas insulares correspondientes a los municipios de la parte norte del Delta bonaerense, hay tanto pescadores artesanales en la zona de ribera como ganadería extensiva en las porciones interiores de las islas (Gastellu, 2016; Méndez, 2020; Rosato, 1988).
Para dar cuenta del objetivo propuesto, realizamos un análisis de los manuales producidos por diferentes actores (instituciones estatales, ONG ambientales y organizaciones de la cadena de valor forestal) con el fin de prescribir cuáles serían las buenas prácticas ambientales para llevar a cabo actividades agropecuarias sustentables en los humedales del Delta bonaerense del Paraná, conducir las conductas de los habitantes locales en materia ambiental y hacer posible su constitución como productores ambientalmente sustentables. Cabe señalar que, si bien utilizamos la categoría “manuales de buenas prácticas” a los fines de facilitar la lectura, no todos los documentos analizados son así denominados por sus autores: uno de ellos es “lineamientos” y otro es un “protocolo”, mientras que los restantes sí son “manuales”.
Para alcanzar nuestro objetivo llevamos adelante un análisis de contenido (García Lucero, 2010) de los cinco manuales de buenas prácticas producidos entre los años 2012 y 2014, el cual nos permitió reconocer los modos de delimitación del problema, las prescripciones contenidas, las categorías utilizadas y los discursos en que se legitiman (Mascheroni, 2022), así como las formas específicas en que se hace legible el espacio. A su vez, también realizamos un análisis etnográfico de dichos documentos (Muzzopappa & Villalta, 2011), con el fin de desentrañar sus singulares contextos de producción e identificar las voces dominantes y las voces silenciadas.
El análisis documental se complementó con el análisis de registros de campo producidos entre los años 2012 y 2022 a través de dos técnicas etnográficas de producción de datos (Guber, 2001, 2004). Por un lado, la realización de entrevistas en profundidad a diferentes actores sociales: pobladores locales, técnicos y funcionarios de instituciones estatales, representantes de organizaciones vinculadas con el sector productivo y científicos ecólogos que realizan sus investigaciones en la región son parte de ONG ambientales, y en algunos casos han participado de los manuales bajo estudio en calidad de autores. Y, por otra parte, los registros de observación participante producidos a partir de nuestra presencia en diferentes eventos relevantes, como festividades, asambleas vecinales y encuentros con productores locales organizados por instituciones estatales o por diferentes ONG ambientales, entre otros.
Los registros de entrevistas y observación participante fueron codificados con la asistencia del software Atlas.Ti 7 (Penalva Verdú et al., 2015), y articulados con el análisis de contenido etnográfico de los documentos siguiendo los lineamientos del análisis cualitativo de datos (Achilli, 2005). Dado que por razones de espacio en este artículo nos focalizamos en un análisis documental y utilizamos los registros etnográficos solo de forma complementaria, cabe señalar que mayores referencias a las instancias de trabajo de campo pueden ser encontradas en otras publicaciones del equipo (Camarero, 2019; Moreira, 2018; Ortiz, 2021; Pizarro, 2019; Straccia, 2023, entre otras).
Resultados y discusión
Caracterización de los manuales de buenas prácticas agropecuarias en el Delta bonaerense del Paraná
Como lo planteamos en la introducción, los manuales de buenas prácticas aquí analizados fueron publicados en un contexto de conflictividad ambiental en torno a la sustentabilidad de las prácticas agropecuarias en este macrosistema de humedales. Dichos manuales se proponían diseñar e implementar un conjunto de buenas prácticas agropecuarias con el fin de conformar un modelo de gestión sustentable (González, 2010; Mujica, Ceballos et al., 2014). En tanto significante tendencialmente vacío —en términos laclausianos—, la retórica de la sustentabilidad necesita ser complementada con instrumentos de política que le den contenido, y la producción de aparatos técnico-científicos (esto es, manuales y certificaciones) es uno de ellos (Brosius, 1999). Así, los manuales buscaban diluir la oposición entre la producción agropecuaria y la conservación ambiental en el Delta del Paraná y rebatir aquellos argumentos que señalaban los impactos negativos de la primera, postulando una sustentabilidad moderada con eje en los aspectos económico-productivos y ambientales (Pizarro & Straccia, 2018).
El Manual de buenas prácticas forestales para la producción de madera de álamo de calidad para usos múltiples fue el primero de estos dispositivos en ser publicado (Casaubón & Tassano, 2012). Producido por profesionales del campo de las ciencias agropecuarias, se originó en el trabajo conjunto entre una empresa familiar de la Zona Núcleo Forestal y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (de aquí en adelante, el INTA EEA-DP)[1] (Mujica, Álvarez et al., 2014). Basadas en principios como la “utilización eficiente y racional de recursos naturales” y la “maximización de la captura de dióxido de carbono atmosférico por la masa forestal”, entre otros, las referencias a cuestiones ambientales están íntimamente ligadas a la actividad productiva (Casaubón & Tassano, 2012, p. 4).
Si bien el manual no supone una ruptura radical con las históricas formas locales de uso y apropiación del ambiente, lo novedoso es la incorporación explícita de la cuestión ambiental con el fin de llevar adelante una gestión forestal sustentable. Posiblemente en respuesta a las críticas ambientales de algunos ecólogos que cuestionaron crecientemente los modos de vida locales desde los incendios del 2008, el Manual de Buenas Prácticas Forestales reproduce los esquemas propios de la forestación moderna (Ortiz, 2021), pero también incorpora la dimensión ambiental en todo el proceso productivo bajo esquemas tecnocráticos y ecoeficientistas. Así, la construcción de diques para “evitar el desborde de las aguas ( … ) sobre las propiedades” aparece como el primer ítem necesario para el acondicionamiento del terreno de plantación forestal (Casaubón & Tassano, 2012, p. 18), pese a que es una práctica cuestionada por los científicos ecólogos que estudian este territorio, nucleados en organizaciones no gubernamentales que propugnan la conservación de la naturaleza (Blanco & Méndez, 2010).
Sin embargo, el manual apela a la transparencia hidráulica (categoría del ámbito de la ecología) y recomienda hacer los diques de forma ambientalmente responsable —esto es, incluyendo el diseño de “una red de compuertas ( … ) y un sistema de bombeo que permitan regular el ingreso de agua fluvial y el egreso de agua pluvial” (Casaubón & Tassano, 2012, p. 18)—. Así, los pilares de la forestación moderna no se ven modificados, pero sí son revisitados a fin de dar respuesta a las críticas de aquellos localmente definidos como “ambientalistas” —es decir, aquellos científicos ecólogos y ONG ambientales que demandan la conservación del Delta del Paraná, en tanto humedal (Straccia, 2023)—.
El Manual de Buenas Prácticas Forestales posee guías de actuación para cuestiones ambientales, pero contiene una separación entre las prácticas obligatorias y las prácticas recomendadas. Respecto de las prácticas obligatorias, se plantea que se debe respetar la normativa vigente en relación con los recursos naturales, el suelo, el recurso hídrico, la protección de las costas, la biodiversidad y el almacenamiento de productos fitosanitarios. En cambio, las guías que exceden a lo comprendido en el corpus normativo son solo recomendaciones. Según el productor responsable de la empresa familiar que fue parte de su proceso de producción, el manual pretende funcionar como una línea de base orientadora para decir qué está bien y qué no, aunque sin ser “taxativo”, habida cuenta de que “todos los campos son distintos” y “cada práctica tiene su fundamento en una determinada condición” (registro de campo, diciembre de 2013).
Ese mismo año, el INTA EEA-DP también publicó el Manual de buenas prácticas silvopastoriles para la producción de álamo de calidad para usos múltiples (Casaubón et al., 2012). Este manual presenta las mismas características que el previamente analizado, y si constituyen dos manuales diferentes es porque hacen referencia a dos esquemas productivos distintos (netamente forestal en un caso y un esquema silvopastoril en el segundo) y por lo tanto tienen dos destinatarios diferentes (la “empresa forestal” en el primer caso, la “empresa foresto-ganadera” en el segundo). Sin embargo, más allá de eso, no hay diferencias en términos de principios rectores: ambos manuales están orientados a la optimización ambiental de las actividades productivas, sin modificar sustantivamente las bases de la actividad forestal y silvopastoril tal y como se desarrollaban hasta el momento.
Sin embargo, las instituciones estatales no fueron las únicas en producir este tipo de tecnologías de gobierno. En el año 2013, Fundación Humedales[2] publicó el Manual de buenas prácticas pesqueras en la cuenca del Paraná (Baigún, 2013). Este manual fue diseñado por un biólogo que llevaba adelante buena parte de su trabajo en la zona norte del Delta bonaerense, y tiene como propósito sentar las bases para una adecuada gestión ambiental de la pesca que garantice su sostenibilidad en el largo plazo.
La estructura del manual, sin embargo, es diferente a los producidos por el INTA EEA-DP. Antes que un foco dominante en lo productivo con una presencia subsidiaria de la cuestión ambiental, aquí la estructura es inversa: hay un foco dominante en la cuestión ecológica, con una presencia subsidiaria de la cuestión ambiental. De hecho, los primeros dos capítulos[3] (Baigún, 2013) están producidos bajo las reglas de formación del discurso científico ecológico y las referencias incluidas son principalmente de libros y artículos producidos por ecólogos[4]. A su vez, culmina con una propuesta de buenas prácticas pesqueras en el río Paraná que tienen una peculiaridad: son presentadas como “15 mandamientos fundamentales”. Volveremos sobre esta cuestión en la siguiente sección.
Más allá de la diferencia reseñada en el párrafo precedente, cabe señalar también que el contenido del Manual de buenas prácticas pesqueras producido por la ONG difiere sustantivamente de aquellos producidos por la institución estatal. Para el caso de los manuales producidos por el INTA EEA-DP: a) son producidos por agentes estatales bajo las reglas de formación del discurso científico agronómico; b) tienen como destinatarios a los propios productores; y c) tienen como fin que internalicen cuáles prácticas serían sustentables, se autorregulen y optimicen sus prácticas de manera racional en el marco de la concepción de sujeto neoliberal[5] (con respecto al establecimiento). En cambio, el manual publicado por Fundación Humedales: a) es producido por biólogos mediante la implementación del discurso científico ecológico; b) tienen como destinatarios tanto “a los diversos usuarios del recurso pesquero” (pescadores) como “a quienes tienen la responsabilidad de administrarlos y manejarlos” (gestores) (p. vii); y c) tienen como fin que los productores internalicen cuáles prácticas serían sustentables —optimizándose—, a la vez que determina que son los funcionarios estatales (a nivel regional) quienes deben controlar su cumplimiento —en el caso de que los productores no se optimicen—.
Al año siguiente, científicos ecólogos publicaron un manual que contenía los Lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable en el Delta del Paraná, editado por la misma ONG ambiental (Quintana et al., 2014). Al igual que el Manual de buenas prácticas pesqueras, los lineamientos están destinados no solo a productores ganaderos sino también a gestores y tomadores de decisión. Sus objetivos son caracterizar a la ganadería en la región (para lo cual propusieron una zonificación de diez áreas ganaderas a partir de nueve criterios) y brindar lineamientos que aporten a la sustentabilidad ambiental de dicha actividad productiva.
En esta publicación el espacio se constituye en clave de naturaleza (en tanto humedal) y es valorado por su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos. Dado que para asegurar dicha provisión es necesario llevar adelante buenas prácticas ambientales ganaderas que permitan “mantener la integridad ecológica”, lo que se propone es “definir medidas de gestión y enfoques de manejo que garanticen el mantenimiento de las condiciones estructurales y funcionales” del ecosistema (Quintana et al., 2014, p. 4). De este modo, los lineamientos se anclan en la legitimidad brindada por el conocimiento experto ecológico para definir cuáles prácticas son sustentables y cuáles no. Sin embargo, y a diferencia del Manual de buenas prácticas pesqueras, la realización de entrevistas a especialistas de las ciencias agropecuarias le da un matiz singular a esta publicación: amén de las referencias a estudios ecológicos, se incluyó también una reseña de los “aspectos favorables” de la actividad ganadera en la región según “la opinión de los referentes consultados” (Quintana et al., 2014, pp. 65-67)[6]. Finalmente, en un sentido similar al Manual de buenas prácticas pesqueras, los autores sintetizaron las ideas centrales en un capítulo final denominado “Recomendaciones para una ganadería ambientalmente sustentable en el Delta del Paraná”, que incluye catorce “principios rectores”.
En último lugar, en el año 2013 se publicó un quinto manual producido de forma articulada entre técnicos del INTA EEA-DP, empresas privadas y científicos ecólogos inscriptos en ONG ambientales: el Protocolo de Estrategias de conservación de la biodiversidad en bosques plantados de salicáceas del Bajo Delta del Paraná (Fracassi et al., 2013). Sus raíces se encuentran en un convenio firmado entre el INTA EEA-DP y la Asociación Forestal Argentina en el 2009, con el fin de jerarquizar el tema ambiental en la agenda empresarial (Fracassi et al., 2017), y contiene una serie de procedimientos que tienen como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad en las plantaciones forestales bajo sistemas de protección con endicamientos del Delta bonaerense.
De forma coincidente con los dos manuales de buenas prácticas promovidos por las ONG ambientales previamente reseñados, este protocolo fundamenta su necesidad en la caracterización del espacio como un humedal “en peligro” y con “alta prioridad de conservación a escala regional” (Fracassi et al., 2013, p. 15). Esa condición sería resultado de la “intervención humana intensa”, que se expresaría en la “degradación de las comunidades naturales o la sustitución de ambientes naturales por antrópicos”, entre las cuales se destacan la implantación de salicáceas y las prácticas silvopastoriles vinculadas con esquemas de manejo del agua mediante diques (p. 16). Cabe indicar, entonces, que fue producido mediante la implementación del discurso científico ecológico. Sin embargo, como lo plantea Latour (2017), la distancia entre los enunciados constatativos y los enunciados performativos es mínima: la constatación de un espacio “en peligro, degradado y que tiene alta prioridad de conservación” supone también la necesidad de actuar en una dirección evidente.
Sin embargo, a diferencia de las “alertas climáticas” reseñadas por Latour (2017), este protocolo tiene un fin claramente definido (que los habitantes locales adapten sus prácticas productivas para no corromper al humedal) y detalla veintidós estrategias de actuación “científicamente probadas” (Fracassi et al., 2017, p. 64) que permitirían alcanzarlo: cuatro de carácter general (aplicables a todos los tipos de establecimientos y usos) y dieciocho de carácter específico o relativo al tipo de productor según el tamaño de la explotación. En su conjunto, estas estrategias permitirían diseñar un sistema de gestión ambientalmente sustentable que favorezca la conservación de la biodiversidad y más ampliamente las funciones ecosistémicas del humedal. La legitimidad de dichas propuestas se expresa principalmente por medio de la citación de una red de artículos académicos e informes institucionales que dan cuenta de la eficacia que tendría su implementación.
Los manuales de buenas prácticas agropecuarias en el Delta bonaerense como tecnologías de gobierno disciplinarias y biopolíticas: normalización, evaluación y optimización
En términos foucaultianos, los manuales de buenas prácticas representan el ejercicio de un biopoder, una biopolítica, dado que tienen como punto de partida el hecho biológico fundamental de que el hombre constituye una especie humana (Foucault, 2006). Además, se inscriben dentro de la racionalidad de gobierno liberal dominante en las sociedades occidentales, en la que el conocimiento experto y el arte de gobierno se funden en el análisis y la gestión de las dinámicas poblacionales (Foucault, 2006). Por otra parte, el arte de gobierno biopolítico en el neoliberalismo consiste en inducir a los individuos a comportarse de determinada manera —racional—, sin que sea evidente la conducción de sus conductas. Esto es, que los mismos individuos se optimicen, es decir, se sientan automotivados (Ong, 2007). Este esquema particular de biopolítica implica la construcción de una población compuesta por sujetos libres a los que se les pide que actúen voluntariamente y como si surgiera de su propia elección de formas específicas en nombre de una menor intervención del gobierno (Foucault, 2007).
En el apartado previo hemos caracterizado cinco manuales que tienen como fin prescribir cuáles son las buenas prácticas agropecuarias en el Delta bonaerense del Paraná, producidos en un contexto de conflictividad ambiental en torno a la sustentabilidad de dichas prácticas en este macrosistema de humedales. Dado que estos manuales se construyeron concomitantemente con esquemas de certificación que permitían acreditar su cumplimiento, a continuación, argumentaremos que estas tecnologías de gobierno representan mecanismos disciplinadores y de biopoder, dado que regulación y control (normalización y evaluación/certificación) se articulan en ellos, pretenden conducir las prácticas de los habitantes locales y hacen posible su constitución —y optimización— como productores ambientalmente sustentables.
Cabe recordar que, a diferencia de los dispositivos de seguridad, los dispositivos disciplinadores no se limitan a definir lo que está prohibido, sino que determinan lo que sí debe hacerse (Foucault, 2006). En ese marco, la disciplina normaliza: descompone a los individuos (sus tiempos, gestos y actos) en elementos, los clasifica en función de objetivos determinados, establece secuencias óptimas y finalmente fija los procedimientos de adiestramiento y control progresivo a fin de clasificar (entre ineptos/incapaces–optimizados/no optimizados). En los términos de Foucault (2006), la normalización disciplinaria
consiste en plantear ante todo un modelo ( … ) óptimo que se construye en función de determinado resultado, y la operación de normalización disciplinaria pasa por intentar que [los individuos], los gestos y los actos se ajusten a ese modelo. (P. 75)
Este recorrido resulta necesario habida cuenta de que lo normal y lo anormal son solo posibles respecto de aquello verdaderamente fundamental en los procesos de normalización disciplinaria (de conducción de conductas) en materia ambiental: la norma.
Así, este conjunto de manuales que prescriben las buenas prácticas productivas en el Delta bonaerense son parte constitutiva del conjunto de estrategias que pretenden conducir las prácticas de los habitantes locales. De formas particulares, cada dispositivo descompone los actos productivos en elementos individuales y establece las secuencias óptimas para constituirse de manera óptima como un productor ambientalmente sustentable. Así, el Manual de buenas prácticas Forestales y el Manual de buenas prácticas silvopastoriles prescriben cómo debe relevarse espacialmente el establecimiento (a fin de identificar cada elemento en su singularidad en términos de planimetría, vivero, rodal, suelos, recursos hídricos, capacitaciones y seguridad laboral, etc.), sin perder de vista su temporalidad (e. g., historia de cada rodal). Y a continuación, se secuencian los actos y se señala cómo deben ser documentados: se indica con precisión cómo debe sistematizarse el terreno, dónde deben establecerse los caminos, qué características debe tener el material de plantación, cuáles deben ser las distancias y el mecanismo de plantación, cuáles son las labores culturales adecuadas para cada momento, etc. Ambos manuales prescriben cuál es la secuencia de prácticas que caracteriza a un productor forestal/silvopastoril sustentable.
Por su parte, el Protocolo de estrategias de conservación de la biodiversidad documenta con precisión el sentido de cada categoría y prescribe diferentes estrategias con respecto al establecimiento/sitio y con respecto al paisaje/región para garantizar la constitución de una cuenca forestal sustentable en términos de conservación de la biodiversidad. Para cada una de ellas se indica cuáles son las prácticas adecuadas asociadas a su implementación, cómo se justifica y qué indicadores permiten acreditar la adecuación del productor a la norma. En aquellos casos que los autores lo consideraron necesario, se produjeron guías de campo complementarias que descomponen y secuencian los actos para asegurar su éxito. Así, por ejemplo, se produjo una Guía de campo para la restauración del bosque ribereño (Fracassi & Furman, 2017) en la que se indica con qué estrategia(s) se vincula el nuevo documento producido, qué tamaño debe tener cada módulo de restauración, qué especies nativas deben (trans)plantarse allí, en qué orden específico y con qué distancias: se trata de un proceso que podemos caracterizar como de ingeniería ecológica (Beltrán & Vaccaro, 2011). Pero lo relevante es señalar que se explica cada acto singular y se indica cuál debe ser la secuencia de actos a fin de lograr el éxito en la implantación de cada módulo.
Por su parte, el Manual de buenas prácticas pesqueras utiliza la metáfora del semáforo para realizar un diagnóstico y caracterizar tanto las situaciones que comprometen la sustentabilidad del recurso pesquero y deben ser revertidas, como aquellas consideradas deseables, apropiadas, en tanto promueven la conservación de la integridad ecológica y la sostenibilidad de la actividad pesquera. A su vez, retoma el Código de Conducta de Pesca Responsable desarrollado por la FAO en 1995, el cual prescribe cuáles son las prácticas que caracterizan a un buen y optimizado actor involucrado en la actividad pesquera. También indica cuál es el tipo de regulación apropiado (la veda) a partir de un parámetro biológico particular (la época reproductiva de los peces), aun cuando otros estudios indican que la presión sobre el recurso pesquero no proviene de las comunidades locales que se ven afectadas por estas medidas y que han desarrollado una gestión sostenible del recurso en ausencia de esos esquemas regulatorios (Ferrero & Arizpe Ramos, 2015). Así, la racionalidad científica y el arte de gobierno se funden en un proceso de conducción de conductas en materia ambiental que incluye la regulación estatal pero que no se limita a ello.
Finalmente, los Lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable coinciden con el Manual de buenas prácticas pesqueras, en tanto procura producir un diagnóstico sobre la actividad ganadera en el Delta del Paraná y dar cuenta de cuáles son sus impactos por medio de una red de citación de trabajos académicos provenientes mayoritariamente del campo de la ecología. Además, prescribe de forma precisa cuáles son las acciones que todo productor ganadero debe llevar adelante (en términos de manejo del régimen hidrológico, suelo, vegetación natural, pastoreo, fuego, productos fitosanitarios, manejo de fauna silvestre y bienestar animal) a fin de constituirse como un optimizado productor ambientalmente sustentable.
Es decir, algunos de estos dispositivos de normalización disciplinaria y regulación biopolítica están más orientados a la internalización de normas y valores específicos en relación con la cuestión ambiental y la conservación de la biodiversidad, mientras que otros se orientan principalmente a prescribir cuáles son las prácticas que deben ser implementadas con el objetivo de ser un productor ambientalmente sustentable. Sin embargo, resultan perfectamente complementarios en tanto el conjunto de los dispositivos definen qué es un “buen productor” y conducen sus conductas en materia ambiental. Como plantea Ong (2007), estas tecnologías apuntan a la construcción de personas/productores libres y autoadministrados, tal como requiere el neoliberalismo, acentuando la responsabilidad autoinfligida de los sujetos individuales en diferentes espacios de la vida cotidiana.
Además de constituirse como dispositivos de normalización disciplinaria y regulación biopolítica, algunos de estos manuales se articulan de forma explícita con esquemas de certificación que permiten acreditar la adecuación de las prácticas productivas a las prescripciones allí contenidas. Si bien existían previo al año 2008 dos experiencias de certificación en la Zona Núcleo Forestal (González, 2010), recién a partir de la aparición en agenda de la cuestión ambiental es que estas normas comenzaron a insertarse de forma sistemática dentro del esquema de gobierno del Delta bonaerense.
El Manual de buenas prácticas forestales y el Manual de buenas prácticas silvopastoriles operan como guía para la implementación de un sistema de gestión ambiental para sistemas de producción forestal y silvopastoril en los términos de la Norma ISO 14 001. Según el responsable de una empresa familiar que certificó alrededor de 1800 hectáreas con dicha norma, “ningún cliente se los pidió”, sino que “fue algo voluntario” porque “no teníamos una base para decir ‘estamos haciendo las cosas bien’ o ‘estamos haciendo las cosas mal’” (productor familiar empresarial, entrevista, diciembre de 2013). De acuerdo con dicho entrevistado, ambos manuales son principalmente “un trabajo de comunicación y [de] organizarte” habida cuenta de que la mayor parte de las prácticas allí contenidas “las hacés igual”: en su opinión, estos esquemas te permiten “darte cuenta de ( … ) que no somos tan malos”, y dado que “la producción es mala palabra” (productor familiar empresarial, entrevista, diciembre de 2013) en la discusión pública —especialmente en el contexto de conflictividad ambiental existente en el Delta del Paraná— los manuales y protocolos “vinieron a contestar un poco a estas cosas” (productor familiar empresarial, entrevista, diciembre de 2013). Si bien la empresa dejó de realizar la certificación en el 2011 debido a que “la parte administrativa lleva un esfuerzo enorme” (productor familiar empresarial, entrevista, diciembre de 2013), para quienes participan en la producción de este tipo de dispositivos esto no es necesariamente problemático, dado que “lo que tienen de bueno [las certificaciones] es que una vez que las aplicaste después seguís trabajando bien, por más que después no las pagues” (productor familiar empresarial, entrevista, diciembre de 2013).
A su vez, desde el 2002 existía una experiencia de certificación de plantación de una empresa forestoindustrial por medio de la organización internacional Forest Stewardship Council, lo cual se explicaba por el hecho de que hasta el 2011 se exportaba el 40 % de la producción realizada en la planta radicada en el Delta bonaerense y la certificación era necesaria para acceder a los mercados europeos y norteamericanos (registro de campo, diciembre de 2012). Como lo planteó Amekawa (2009), las empresas exportadoras son las más interesadas en fomentar la producción de guías de buenas prácticas que les permitan certificar sus plantaciones, dado que dichas certificaciones funcionan como barreras paraarancelarias. Sin embargo, el resto de las empresas carecían de incentivos para enfrentar los costos de esta certificación internacional, ya que su producción tenía como destino el mercado nacional.
En el 2010, las organizaciones de la cadena forestoindustrial del país crearon un nuevo esquema de certificación: la Asociación CerFoAr, administradora del Sistema Argentino de Certificación Forestal. Según su Secretaría Ejecutiva, este esquema tiene como objetivo promover la gestión forestal sostenible a través de la certificación de la gestión de los bosques (Chavat, 2014). Y para ser así adjetivada, debe ser “ambientalmente adecuada, socialmente justa y económicamente viable” —esto es, debe favorecer la conservación de la biodiversidad, minimizar los impactos ambientales, mantener los hábitats naturales, intensificar las relaciones comunitarias y favorecer el desarrollo local, entre otros principios rectores (Chavat, 2014) —. Aunque la Asociación CerFoAr no está constituida por agencias estatales, cabe indicar que estas participan activamente en la definición de cuáles deberían ser las prácticas que caracterizan a un buen productor (forestal) susceptible de obtener la certificación a través de convenios de asistencia técnica (Mujica, Álvarez et al., 2014).
De hecho, el Protocolo de estrategias de conservación de la biodiversidad se articula de forma explícita con el CerFoAr: el anexo de dicho protocolo incluye un listado de criterios e indicadores para la certificación de la producción forestal bajo dicho esquema. Esta conjugación entre el capital y la conservación de la naturaleza (Muñecas, 2021) es también planteada por los propios autores del Protocolo al argumentar que este conjunto de estrategias permite una “mayor productividad forestal” y “la posibilidad de acceder a la certificación forestal y ( … ) a un mayor número de mercados” (Fracassi et al., 2013, p. 21). Si así fuera, entonces, este dispositivo de conservación de la naturaleza supone una reproducción de las desiguales relaciones sociales constitutivas de los territorios al profundizar la brecha entre tipos de productores, tal y como ocurre con la implementación de “Buenas prácticas agrícolas para la horticultura” (Pizarro, 2012).
Las prescripciones contenidas en dicho protocolo, sin embargo, son también la norma que define el modelo óptimo a seguir y que por lo tanto operan como guía para otros esquemas de certificación. De hecho, Pereira et al. (2022) dan cuenta de cómo una empresa forestoindustrial del Delta bonaerense posee actualmente un certificado Forest Stewardship Council de provisión de servicios ecosistémicos por su rol en la conservación del ciervo de los pantanos —una especie en peligro de extinción y declarada Monumento Natural en la provincia— a partir de seguir dichas prescripciones. Según los autores, su aporte a la conservación del ciervo de los pantanos es garantizado a través de dos procesos: educación ambiental y vinculación de la empresa con la comunidad y las escuelas; y guardias de seguridad que vigilan el terreno y controlan el acceso a la propiedad procurando evitar la caza furtiva.
De este modo, retomando la tipología propuesta por Fletcher (2010, 2017), sostenemos que estas tecnologías de gobierno son prototípicas de una gubernamentalidad ambiental disciplinaria dado que en ellas coexisten los tres instrumentos constitutivos de la normalización disciplinaria: la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen (la certificación). A su vez, es evidente también que aquí se anudan relaciones de saber/poder (es decir, que el poder circula a través de aparatos de saber que lo hacen posible) y que se reproduce la configuración de un conocimiento específico sobre los objetos a gobernar; en este caso, la biodiversidad y el humedal, cuya garantía de conservación es brindada por el conocimiento científico ecológico (Dayan, 2023)[7]. También se observa que los manuales analizados son tecnologías biopolíticas que no solo pretenden conducir las conductas de los productores e impulsar el autodisciplinamiento propio de la optimización, sino que además buscan gestionar la vida del ambiente.
Cabe señalar que las prescripciones contenidas en dicho protocolo se inscriben dentro de un amplio proceso de construcción cultural del ciervo de los pantanos como una especie emblemática de la región. La adopción de dichas prescripciones y la presencia de guardias de seguridad implica el control de las poblaciones humanas vecinas a los predios en cuestión y el disciplinamiento de sus cuerpos, gestos y actos, al tiempo que vigilan a las poblaciones de ciervos convertidos en una especie carismática a la que se le atribuye un alto valor simbólico como epítome del “humedal”. Es decir, del mismo modo que un buen sujeto libre debe conducirse de formas particulares a través de la internalización de normas y valores específicos, un “buen isleño” debe cuidar el ambiente y proteger la biodiversidad bajo los términos definidos por el conocimiento experto ecológico.
De hecho, nuestros registros de campo nos permitieron reconocer los modos exitosos en que han operado estos dispositivos de normalización disciplinaria y de conducción biopolítica. Por ejemplo, la actividad ganadera en el Delta del Paraná presenta características disímiles según las diferentes regiones (Quintana et al., 2014). Y mientras los productores ganaderos bonaerenses (y entrerrianos) que no se adaptan a los principios rectores establecidos en la norma son construidos en la agenda pública como culpables de la degradación del humedal (Preiti, 2023), otros productores ganaderos bonaerenses se constituyen como sujetos ambientalmente responsables, como “buenos productores”, apelando a elementos de sentido del discurso ambiental global dominante (Adger et al., 2001): en diferentes espacios de participación sostienen que diseñan esquemas de producción de “carne carbono neutra”, reducen las “emisiones de dióxido de carbono” y aportan a la “mitigación del cambio climático”, en línea con los preceptos del discurso ambiental (registro de campo, noviembre de 2016, octubre de 2018). Lo propio ocurre con los productores forestales, quienes en nuestras visitas a sus quintas se esfuerzan en señalar cómo sus plantaciones cumplen con las metas ambientales globales (registro de campo, diciembre de 2012). A su vez, los promotores de estos manuales destacan cómo la lancha y las estaciones de un nuevo esquema de transporte fluvial en la región fueron nombradas a través de diferentes especies de la fauna nativa (registro de campo, abril de 2019), lo que consideran un indicador del nivel de éxito de los procesos de internalización de las normas y valores ambientales que promueven.
En una dirección similar a nuestro trabajo de campo etnográfico en áreas forestales, ganaderas y silvopastoriles del Delta bonaerense, investigaciones etnográficas realizadas en zonas pesqueras evidencian que el Manual de buenas prácticas pesqueras también opera como guía de clasificación para definir quién sería un buen isleño en el Delta bonaerense (Gastellu, 2016). Como lo planteamos en la sección anterior, las propuestas de buenas prácticas son presentadas como “los quince mandamientos”. Y si la elección de la categoría ‘mandamiento’ remite a Moisés, la ilustración que los acompaña lo hace completamente evidente —no solo por medio de la figura humana ilustrada, sino también porque los mandamientos (pesqueros) están escritos en tablas (bíblicas)—. El carácter pastoral (de guía moral) del conocimiento científico es característico de la Modernidad en general, tal y como fue evidenciado por Foucault (2006, 2007). Sin embargo, no deja de ser sorprendente que algunos expertos expresen su actuación bajo categorías que hacen tan evidente dicho carácter. Según lo mostró Gastellu (2016), los promotores de este manual sostienen que los pescadores deben ajustar sus conductas y sus prácticas al conocimiento científico ecológico de la misma manera que los creyentes deben regirse por los mandamientos bíblicos. Así, los pescadores son conminados a disciplinarse a las buenas prácticas, a ajustarse y obedecer a estos “mandamientos”, optimizándose.
A su vez, también existen mecanismos de disciplinamiento en caso de que las prácticas locales se desvíen del modelo óptimo definido por la norma. Nuestro trabajo de campo etnográfico en el Delta bonaerense nos permitió conocer cómo dos habitantes locales fueron despedidos de su empleo en una de las empresas de la zona tras haberse descubierto que habían cazado un ciervo de los pantanos. Sin embargo, esto no se restringe solo a las situaciones de caza: también hemos detectado cómo operan los mecanismos de disciplinamiento en aquellos casos en que las especies animales son protegidas, pero sin seguir los preceptos contenidos en la norma. Uno de los habitantes locales del Delta de Campana nos contó que había encontrado un “ciervito guacho” (es decir, una cría sin su madre, presumiblemente atacada por un cazador furtivo) y que su hijo lo había alimentado con leche en polvo como la que toman los bebés, pero que no se puso en contacto con la Dirección de Fauna (tal y como se establece en los protocolos correspondientes) porque ellos no sabrían cómo cuidarlo: en su opinión, lo soltarían en el campo y el animal se moriría porque no estaba acostumbrado (registro de campo, diciembre de 2012). Sin embargo, eventualmente un funcionario se enteró y se lo quitaron (con un destino que nunca le fue informado). Historias similares también nos fueron narradas por habitantes del Delta de San Fernando, quienes habían criado un ciervo desde bebé y se lo quitaron por la misma razón.
Es decir, la normalización disciplinaria supone la internalización de normas y valores particulares bajo regímenes específicos: es necesario proteger el ambiente y conservar la biodiversidad, y es menester hacerlo bajo los términos definidos por los protocolos legitimados en el conocimiento experto. Asimismo, el disciplinamiento no se expresa únicamente en la sanción (i. e., la quita del animal), sino que también se expresa de formas sutiles en la contingencia de la interacción: estas historias solo pueden ser narradas en ausencia de personas vinculadas con la conservación de la naturaleza o, cuando sí las hay, son respondidas con gestos adustos, ceños fruncidos y otras formas no verbales de rechazo del accionar de los habitantes en cuestión.
Producidos en un contexto de creciente conflictividad ambiental en torno a la sustentabilidad de las prácticas agropecuarias en el macrosistema de humedales del Paraná, los cinco manuales de buenas prácticas aquí analizados son dispositivos técnico-científicos que se proponen diseñar e implementar un conjunto de buenas prácticas agropecuarias (forestales, silvopastoriles, pesqueras y ganaderas) con el fin de conformar un modelo de gestión sustentable en el Delta bonaerense del río Paraná. Aunque consideramos que estos manuales pueden ser interpretados como tecnologías de gobierno que prescriben cuáles son las prácticas que deben llevar a cabo los habitantes locales a fin de optimizarse y constituirse como productores ambientalmente sustentables, su caracterización nos permitió reconocer la existencia de diferencias sustantivas entre ello sen términos de delimitación del problema, de asignación de posiciones, de categorías utilizadas y de discursos científicos que los legitiman.
Así, el Manual de buenas prácticas forestales y el Manual de buenas prácticas silvopastoriles son producidos por profesionales de las ciencias agropecuarias insertos en instituciones estatales vinculadas al desarrollo rural y están orientados a la optimización de las actividades productivas en términos ambientales, de modo que revisitan los pilares de la forestación moderna en el Delta bonaerense a fin de dar respuesta a las críticas de aquellos localmente definidos como “ambientalistas”.
Por su parte, los restantes manuales (producidos principalmente por profesionales de las ciencias biológicas bajo las reglas de formación del discurso científico ecológico) están orientados a que los habitantes locales adapten sus prácticas productivas a fin de no corromper al macrosistema de humedales, en tanto espacio de naturaleza que está en peligro y amerita ser preservado de los impactos antrópicos. Así, algunas de las variables aquí analizadas (como qué institución/organización produce el manual y los campos disciplinares de origen de los expertos que llevan adelante el proceso de producción) son centrales para comprender similitudes y diferencias entre ellos.
Posteriormente, hemos evidenciado cómo estos manuales —aun con sus diferencias— operan como dispositivos de normalización disciplinaria. De formas particulares, cada uno de ellos descompone a los individuos (sus tiempos, sus gestos, sus actos) en elementos individuales y establece las secuencias óptimas para constituirse como un productor ambientalmente sustentable. Así, el conjunto de manuales que prescriben las buenas prácticas productivas en el Delta bonaerense son parte constitutiva del conjunto de estrategias que pretenden conducir las prácticas de los habitantes locales. A su vez, hemos mostrado cómo estos dispositivos se articulan con esquemas de certificación que permiten acreditar la adecuación de las prácticas productivas a las prescripciones allí contenidas, razón por la que sostuvimos que estas tecnologías de gobierno son prototípicas de una gubernamentalidad ambiental disciplinaria y biopolítica orientada a la internalización de normas y valores particulares bajo regímenes de conocimiento específicos.
Dado que en este artículo nos hemos focalizado en el análisis documental de los manuales de buenas prácticas productivas en materia ambiental, en futuros trabajos será pertinente profundizar sobre los procesos de producción de los documentos a través de un análisis etnográfico que permita dar cuenta de sus contextos de producción y de las relaciones establecidas entre los sujetos. A su vez, cabe señalar que la producción de manuales de buenas prácticas no es un proceso cerrado, ya que que actualmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria está produciendo dos nuevas guías de buenas prácticas de producción agropecuaria en humedales. Por lo tanto, será pertinente continuar este trabajo de análisis documental (y etnográfico) para comprender los modos en que se pretenden conducir las conductas de los habitantes del Delta bonaerense en materia ambiental. Del mismo modo, será pertinente analizar en detalle los procesos de circulación y de consumo de los manuales producidos.
A su vez, reconocemos que los manuales de buenas prácticas no constituyen las únicas tecnologías de gobierno ambientales de relevancia en la región. Coincidimos con Arzeno (2019) en que los ordenamientos territoriales pueden interpretarse como dispositivos disciplinares y biopolíticos, de modo que las políticas públicas ambientales que los contienen también deben ser consideradas como tales. Y consideramos lo propio respecto de los inventarios de humedales producidos por instituciones estatales de forma articulada con las ONG ambientales. La profundización de esta línea de investigación, por lo tanto, deberá incluir esta multiplicidad de tecnologías de gobierno.
Finalmente, a partir del análisis realizado en este artículo se reconoce la necesidad de profundizar sobre dos líneas de trabajo específicas. Por un lado, para poder dar cuenta de los procesos de ambientalización de los sujetos y los territorios es necesario problematizar las categorías de sujeto (ambiental) y territorio (ambiental) a fin de dar cuenta de las relaciones y procesos que hacen posible su constitución como tales.
En esta dirección, nuestro trabajo de campo nos permite reconocer que las categorías utilizadas para nominar y hacer legible (Scott, 1998) al espacio y la población son también disputadas, de modo que en trabajos posteriores será necesario analizar las estrategias de los habitantes locales con el fin de imponer otras categorías (“isla” e “isleños”, en contraposición con humedal y habitantes del humedal).
Por otro lado, en los últimos años se han publicado numerosos artículos que sostienen que el análisis de la gubernamentalidad demanda, necesariamente, el análisis de las resistencias (Legg, 2019; Raycraft, 2020; entre otros). Así, es menester complementar el enfoque foucaultiano focalizado en el ejercicio del poder productor en materia ambiental con el enfoque etnográfico focalizado en las resistencias y la capacidad de agencia de los sujetos[8]. Además, nuestra investigación nos ha permitido reconocer que no todos los productores se ven conminados a optimizarse en términos ambientales y que la disputa en torno a la sustentabilidad de las prácticas productivas supone la constitución de una alianza oculta (Forsyth & Walker, 2014) entre los sectores en pugna, de modo que en futuros trabajos será necesario reconocer tanto quiénes están incluidos como quiénes quedan por fuera de estos procesos de ambientalización de los sujetos y el territorio.
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