Cuestión agraria y conflictos territoriales. Procesos de desposesión y resistencias en Santiago del Estero

Titulo abreviado: Cuestión agraria y conflictos territoriales

Cristian Jara*

Victoria Suarez**

Claudia Yesica Fonzo Bolañez***

* Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSYS), Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: cristianjara_cl@hotmail.com

**Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSYS), Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: victoriasuarez_4@hotmail.com

***Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSYS), Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: jessica_bzp@hotmail.com

Artículo recibido: 15/5/2023     Artículo aprobado: 28/8/2023

MIRÍADA. Año 16, N.º 20 (2024), pp. XX-XX.

© Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO). ISSN: 1851 9431

Nota del autor

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica)-2020-SERIEA-00050 Conflictos de tierra, movimientos socio-territoriales rurales y objetivos de desarrollo sostenible. Con apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Investigador Responsable Cristian Jara.

 

Resumen

El artículo se propone analizar las configuraciones de la cuestión agraria actual en Santiago del Estero, indagando la conflictividad vinculada a la expansión del capital en el campo. Asimismo, se abordarán las múltiples respuestas que ponen en marcha los agricultores familiares frente a los procesos de desposesión. En esta dirección, presentamos tres casos. El primero se sitúa en Figueroa, zona rural del secano, donde una empresaria del agro amenaza de desalojo a familias campesinas que se organizaron para resistir, construyendo un encierro ganadero comunitario. El segundo conflicto territorial se desarrolla en Robles y resulta ilustrativo de la intensificación de la conflictividad por la tierra en la zona de riego central, asociada a emprendimientos turísticos e inmobiliarios. El tercer caso demuestra el impacto de la cuestión agraria en la ciudad capital, donde se observan procesos de desposesión (fruto del desplazamiento de población rural a zonas periurbanas) y proceso de relocalización de población debido a proyectos urbanísticos. Frente a esta situación, muchas familias de barrios populares desarrollaron iniciativas de huertas comunitarias. En un contexto de marginación, estas tres experiencias emergentes buscan ser una apuesta por continuar trabajando la tierra, diversificar ingresos, fortalecer las organizaciones y cuidar del ambiente.

  Palabras clave: conflictos agrarios, agricultura familiar, procesos territoriales, procesos organizativos emergentes

Agrarian question and territorial conflicts. Processes of dispossession and resistance in Santiago del Estero.

Agrarian question and territorial conflicts.

Abstract

The article aims to analyze the configurations of the current agrarian question in Santiago del Estero, investigating the conflicts linked to the expansion of capital in the countryside. It will also address the multiple responses put in place by family farmers in the face of dispossession processes. In this direction, we present three cases. The first is in Figueroa, a rural dry land area, where an agribusiness company threatens to evict peasant families, which organized themselves to resist, building a community livestock enclosure. The second territorial conflict took place in Robles and illustrates of the intensification of land conflicts in the central irrigation zone, associated with tourism and real estate developments. The third case shows the impact of the agrarian issue in the capital city, where there are processes of dispossession (because of the displacement of the rural population to peri-urban areas) and relocation of the population due to urban development projects. Faced with this situation, many families in poor neighborhoods have developed community vegetable garden. In a context of marginalization, these three emerging experiences seek to continue working the land, diversify income, strengthen organizations and care for the environment.

Keywords: agrarian conflicts, family farming, territorial processes, emerging organizational processes

Introducción

La cuestión agraria puede considerarse como un encuadre teórico para abordar los procesos de acumulación, desposesión y resistencia que se producen en la agricultura, pero que tiene repercusiones en múltiples aspectos de la vida social (Akram–Lodhi y Kay, 2009; Fernandes, 2014; Kay y Vergara Camus, 2018). Los inicios del debate estuvieron centrados en las trayectorias del desarrollo capitalista en los países centrales, donde el capital fue imponiendo condiciones al campesinado para transformarlo en proletario o en burgués (Azcuy Ameghino, 2004). En América Latina, la cuestión agraria asume una complejidad particular. Por un lado, la experiencia colonial y la continuidad de relaciones de dependencia evidencian variadas formas de expansión del capital y sobrevivencia del sector campesino indígena en pleno siglo XXI (Bartra, 2002). Por el otro, los conflictos territoriales que generan los procesos expansivos del capital plantean una agenda de investigación no sólo en términos de acceso y/o redistribución de tierra, sino en clave multidimensional.

Desde esta perspectiva, el artículo aborda las respuestas que ponen en marcha los agricultores familiares frente a los procesos de desposesión en una jurisdicción del norte de Argentina: Santiago del Estero. La provincia se ha caracterizado históricamente por la continuidad de irregularidades en la tenencia de la tierra, que sumado a la expansión de la frontera agropecuaria de las últimas décadas han multiplicado los conflictos territoriales rurales (Paz et al., 2019). Según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018 (INDEC, 2018) existían 4.519 explotaciones agropecuarias (EAPs) sin límites definidos que representan casi el 30 % del total de EAPs provincial (De Dios et al., 2020). Asimismo, Santiago del Estero se encuentra entre las jurisdicciones que más han deforestado en Argentina. En total se perdieron 4 millones de hectáreas de bosques nativos desde mediados de 1970 (SLT-FAUBA, 2016). Esto implicó la conversión de superficies boscosas en áreas de cultivos agrícolas y ganaderos orientados a la exportación, ocasionando serios daños sociales y ambientales (Domínguez, 2009; Jara y Paz, 2022; Parnás y Fonzo Bolañez, 2020; Wald, 2016).

Las transformaciones agrarias no afectaron sólo al espacio rural, sino también urbano, pues la expulsión de población campesina de sus tierras y la falta de oportunidades para el desarrollo de la pequeña producción agropecuaria condujeron a una creciente urbanización y precarización de las poblaciones, principalmente en los alrededores de las ciudades de Santiago del Estero y La Banda (Saccucci y Hernández Bertone, 2020.

En este artículo examina las acciones colectivas defensiva de los agricultores familiares^[1] (para evitar la desposesión) y los procesos emergentes que se ponen en marcha en contextos de conflictos por la tierra. Estos últimos consisten en iniciativas in situs para la producción y reproducción de la vida (Jara, 2020; Schneider et al., 2014; De Sousa Santos y Rodríguez, 2011). Algunas de las preguntas centrales se refieren a ¿Cuáles son las estrategias organizativas y productivas que despliegan los agricultores familiares en Santiago del Estero frente a los desafíos que plantea la cuestión agraria actual, tales como la concentración de la tierra y la producción de alimentos, el deterioro ambiental, el desempleo y despoblamiento del campo?

Se presentan tres experiencias vinculadas a diferentes transformaciones territoriales y las respuestas colectivas que buscan poner freno a la desterritorialización de la agricultura familiar (ver mapa 1). La primera se sitúa en Figueroa, zona rural del secano, y se trata de un proceso organizativo ligado al avance de la frontera agropecuaria, donde una empresaria amenaza de desalojo a familias campesinas que se organizaron para resistir, construyendo un encierro comunitario^[2]. El segundo caso consiste en un grupo de campesinos de Robles que también se organizaron para evitar ser desalojados. No obstante, la conflictividad por la tierra en esta zona de riego tiene componentes extras, pues además del avance del agronegocio, hay un crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios. El tercer caso demuestra el impacto de la cuestión agraria en la ciudad capital, donde se observan procesos de desposesión (fruto del desplazamiento rural) y proceso de relocalización de población debido a proyectos urbanísticos. Frente a esta situación, muchas familias de barrios populares desarrollaron iniciativas de huertas comunitarias para autoconsumo, asistencia a comedores y comercialización local.

En cuanto a la metodología, el artículo adopta una estrategia cualitativa basada en estudios de caso múltiples, con el propósito de construir una mirada holística y profunda (Neiman y Quaranta, 2006). Además, la elección de los casos se basa en la perspectiva de los procesos emergentes (Schneider et al., 2014; De Sousa Santos y Rodríguez, 2011), es decir, que se tratan de experiencias en curso que se desarrollan de manera simultánea. En cuanto a las técnicas e instrumentos de construcción de datos, se usaron entrevistas y registros de diarios de campo^[3].

El artículo está estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, se incluyen referencias conceptuales sobre los conflictos territoriales. Seguidamente, se describen y analizan las tres experiencias por separado, identificando el origen y el desarrollo la conflictividad y los procesos organizativos emergentes. En el último apartado se ponen en diálogo las experiencias, examinando semejanzas y diferencias en la forma en que se expresa la cuestión agraria, en el espacio rural y urbano. Finalmente, se reflexiona sobre las potencialidades y los desafíos que tienen estos procesos emergentes en clave de modelos de desarrollo rural alternativos.

Conflictos de tierra y procesos emergentes. Una lectura territorial

Para una parte de la literatura, los conflictos de tierra se relacionan con la capacidad del Estado de garantizar un fortalecimiento institucional y seguridad jurídica, invirtiendo en la mejora de la administración de tierras, siendo el objetivo principal el desarrollo de un mercado de tierras transparente y eficiente (Deininger, 2011). Sin embargo, otros autores (Borras, Franco y Wang, 2012; Wehrmann, 2008) plantean la necesidad de abordar las raíces más profundas de los conflictos de tierra y cómo poder responder a ellos, pues los mercados de tierras económicamente eficientes pueden causar incluso serios conflictos, ya que las fuerzas del mercado por sí solas no conducen a pautas de utilización ecológicamente óptimas.

El paradigma de la cuestión agraria (Fernandes, 2004), permite hacer una lectura más compleja de la etiología de los conflictos de tierra a partir de las contradicciones estructurales del capitalismo, que produce simultáneamente concentración de riqueza y expansión de la pobreza.

La lectura territorial, es decir multidimensional, de los conflictos de tierra requiere que éstos sean examinados más allá del momento de enfrentamiento entre clases y/o Estado. Los conflictos de tierra, al ser considerados territoriales, implican disputas por modelos de desarrollos en el territorio. Por ende, es necesario abordar tanto los procesos de desalojo como la resistencia y recreación de los agricultores familiares, lo cual puede implicar la ocupación de tierra, arrendamiento, concesiones de uso por parte del Estado, entre otros medios.

Debido a que la palabra territorio y sus derivaciones se van tornando, parafraseando a Bourdieu (2002), términos con los cuales se argumenta, pero sobre los cuales no se argumenta. Por ende, se hace necesario especificar el sentido con el que se lo emplea en este artículo. Se va a entender al territorio como un espacio apropiado por un sujeto que no necesariamente es el Estado. Esta apropiación puede ser individual o colectiva. Quien toma control de un fragmento de espacio allí establece un conjunto de relaciones que se diferencian por su forma de (con)vivir, trabajar, producir y consumir.

Desde esta perspectiva, abordar los conflictos de tierra como procesos territoriales implica dar cuenta de valores y prácticas de modelos de desarrollo. En efecto,  existen territorios de la agricultura familiar donde se promueven la producción agroecológica, la diversificación productiva, las pequeñas escalas, predominio de trabajo familiar y el cuidado de la biodiversidad. En contraste, los territorios del agronegocio se caracterizan por la tendencia al monocultivo en gran escala, el trabajo asalariado y mecanizado, la utilización de agrotóxicos y de semillas transgénicas y orientado a la exportación (Fernandes, 2008).

Una lectura territorial de los conflictos de tierra requiere abordarlos como procesos sociales en los que están involucradas por lo menos dos partes, con intereses y valores diferentes sobre la tierra. Esto puede referirse a aspectos tales como el derecho de uso o transferencia, la generación de un ingreso a partir de ella y la exclusión de otros. A su vez, los conflictos de tierra suelen afectar a los grupos de diferentes maneras y suelen tener un impacto más fuerte entre los más pobres, las mujeres, las minorías étnicas, niños huérfanos, entre otros sectores subalternos, tanto del campo como de la ciudad (Borras, Franco y Wang, 2012; Wehrmann, 2008).

En suma, el artículo se propone analizar las heterogéneas formas en que se manifiesta la conflictividad que provoca la expansión del capital en el agro en una provincia del norte de Argentina y los simultáneos procesos de desposesión y resistencias que se producen en los territorios.

 

Mapa 1

Experiencias abordadas en el trabajo en el mapa de Santiago del Estero y Argentina

Nota. Elaboración propia en QGIS en el año 2023

La cuestión agraria en el espacio rural de secano. El encierro comunitario Chayasky o El Rejunte

La expansión de la agricultura empresarial sobre la zona de secano de la provincia cobró un fuerte ímpetu durante las últimas décadas debido, entre otros factores, a las nuevas tecnologías que aumentó la productividad de estas tierras, antes consideradas marginales por el capital. Usualmente, se avanza sobre tierras habitadas por poblaciones rurales y cubiertas por bosque nativo que tienen problemas de titulación (Paz y Jara, 2020; Wald, 2016).

Antes de ser revalorizadas en el mercado, estas tierras de secano habían sido el hábitat natural de comunidades campesinas e indígenas. Estos pobladores criaban a sus animales a “monte abierto” en áreas de pastoreo comunitarias, en un contexto de fuertes limitaciones tales como la escasez de agua, la falta de infraestructura y otros servicios básicos. En los últimos años, muchas familias se vieron expuestas a violencia y desalojos por parte de empresarios del agro. Por tanto, comenzó el proceso de organización para la defensa de sus territorios, una de las expresiones de resistencia que desarrollaron son los encierros comunitarios. Éstos consisten en una estrategia legal y productiva empleada por pobladores rurales de Santiago del Estero y técnicos extensionistas en el marco de conflictos por la tenencia de la tierra (Fonzo Bolañez, 2020; Gómez Herrera et al., 2018). Dicha estrategia comprende, por un lado, el alambrado perimetral de las áreas de pastoreo comunes donde se asienta la comunidad y; por otro lado, la dotación de mejoras productivas como acto posesorio que demuestra que efectivamente estas familias viven y trabajan en la tierra^[4].

Desde sus inicios, en 2003, los encierros se conformaron con apoyo de técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la Nación. Dos décadas después, existen alrededor de veinte encierros ganaderos en la provincia, con cerca de 100.000 hectáreas comprometidas (Paz et al., 2018). Además de mejorar la infraestructura del encierro, a partir de la construcción de potreros, represas y/o galpones, se busca un manejo sustentable del bosque nativo. Es decir, implican un uso compartido de la tierra y del monte.

Una de esas experiencias, el Rejunte, se localiza en el norte del departamento Figueroa, zona de secano. Tiene una superficie total de 3.300 hectáreas en las que viven y trabajan quince familias campesinas pertenecientes a tres parajes: Santo Domingo, Santa María y El Puesto. Las cuales se dedican tradicionalmente a la producción de ganado bovino y caprino, la recolección de frutos del monte (como algarroba y mistol), la apicultura y la elaboración de postes y carbón. Esta diversificación de actividades ha actuado como condiciones de posibilidad para la constitución y mantenimiento del encierro comunitario (Fonzo Bolañez et al., 2022).

Para comprender algunos de los principales rasgos etnológicos del encierro, hay que tener en cuenta que se tratan de población mestiza que tradicionalmente han habitado en los llamados “campos comunes” o “mancomunes” en Santiago del Estero (Farberman, 2020). Este tipo de propiedades colectivas, que se remontan a la época de la colonia española, no son uniformes, pero tienen rasgos que los caracterizan por la indivisión y la gestión colectiva de la tierra y otros recursos (como el agua y el bosque). Se tratan de comunidades de parientes y vecinos caracterizadas por ser una estrategia de reproducción social donde se despliegan prácticas tales como la caza y recolección de frutos silvestres, la ganadería a monte y la agricultura en pequeña escala. Faberman (2020) entiende que los campos comuneros son una expresión que excede las formas poseer, para configurar una cultura y una identidad particular que les ha permitido a dichas comunidades resistir a los procesos de división gestados en el siglo XIX por el estado moderno.

En la actualidad, estos terrenos comunales son habitados tanto por comunidades campesinas mestizas como por comunidades originarias y suelen ser clasificados, desde las estadísticas oficiales, como Explotaciones Agropecuarias sin Límites Definidos (De Dios et al., 2020). Si bien desde el punto de vista etnográfico no se puede establecer fronteras claras entre lo campesino e indígena (Bonetti, 2019), desde el punto de vista político y jurídico, cabe aclarar que las comunidades a menudo se ven tensionadas en su adscripción identitaria en relación a la estrategia de lucha por la tierra, ante la conflictividad que las interpela. De este modo, mientras que algunos grupos se amparan en los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, como pueblos originarios preexistentes al estado nacional; en el caso del encierro, suelen apelar a la prescripción adquisitiva y las políticas públicas de desarrollo rural (Fonzo Bolañez y Gómez Herrera, 2023). En este sentido, el encierro comunitario ganadero da cuenta de la capacidad de agencia de las comunidades rurales, resignificando marcos normativos y legales y propuestas técnicas-productivas emanados de los programas estatales para poner frenos a los intentos de desalojos. Estas iniciativas resultan del despliegue de estrategias orientadas a establecer cercados materiales y simbólicos de los bienes comunes de estas poblaciones rurales. 

El origen y demarcación del cerramiento comunitario se remonta al año 2007 en el marco de sucesivos conflictos por la tenencia de la tierra en la provincia. Particularmente, los pobladores de “El Rejunte” fueron amenazados con ser despojados por una empresaria del agronegocio, supuesta heredera de esas tierras, quien alegaba tener los títulos de la propiedad. Como lo expresa una de las campesinas que conforman esta experiencia:

Cuando estábamos deslindando en uno de los límites por el año 2011, vino la hija de don Abdo que decía ser la heredera de estas tierras. Ella decía que su padre era el titular desde la época del obraje y que nos iba a desalojar (Delia, comunicación personal, 11 mayo de 2022).

El pretendido despojo implicó una serie de hostigamientos constantes, tales como denuncias en contra de los pobladores por delito de usurpación y desmontes ilegales. Cabe aclarar que muchas de estas familias tienen trayectorias biográficas atravesadas por la participación espacios políticos tales como la Mesa de Tierra de Figueroa^[5] y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)^[6]. En efecto, la experiencia organizativa anterior al conflicto es muy valorada como un acervo de saberes que permitió oponer resistencia al intento de desterritorialización:

Nuestra historia de grupo comienza mucho antes de la amenaza de ser despojados. Algunos desde jóvenes comenzamos la militancia en el MOCASE y nos sensibilizamos por la problemática de la tierra en otros puntos de la provincia (…) En base a lo que conocíamos de otras luchas previas, nos hemos juntado entre vecinos a decir por donde van a pasar nuestros deslindes (José, comunicación personal, 11 mayo de 2022).

En cuanto a la estrategia productiva, el encierro inicialmente se orientó a promover mejoras en la ganadería bovina y su comercialización. De este modo, recibieron financiamiento del ex-Programa Social Agropecuario (PSA)^[7] y por el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) (Gómez Herrera, 2019). En los cinco últimos años, han articulado con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ejecutando varias acciones con financiamiento nacional e internacional orientados a fortalecer prácticas agroecológicas, mitigar el cambio climático y lograr el manejo sostenible de la biodiversidad del monte chaqueño. Un ejemplo es el proyecto de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), los que les posibilitan mantener la posesión continua y pacífica exigida por el Código Civil y Comercial de la Nación.

De este modo, en un escenario de alta conflictividad por la expansión de la frontera agropecuaria, los encierros comunitarios son una forma de contracercamiento (Gómez Herrera et al., 2018) que encontraron los campesinos, en articulación con otros actores estatales, para reafirmar el derecho a la tierra. La acción colectiva ha permitido frenar el despojo, pese a que no existen políticas públicas que brinden un ordenamiento territorial con soluciones de fondo al problema de la falta de regularización de la tenencia y la concentración de la tierra. 

De la experiencia de los encierros ganaderos se puede inferir que los procesos de mercantilización de los bienes comunes que sufren los territorios campesinos en la actualidad no solo se expresan en violentos despojos y en la autodefensa para evitar la desterritorialización. Además, la conflictividad por la tierra ha tenido un carácter performativo de nuevas estrategias organizativas, productivas y comerciales, puesto que en el marco de la lucha por la tierra emergieron diferentes iniciativas innovadoras para desarrollar sus territorios y consolidar sus derechos.

La cuestión agraria en el espacio rural de riego. El conflicto de tierra en Villa Hipólita

Los conflictos territoriales rurales que están en curso no se vinculan solamente al avance de la frontera agropecuaria, sino también al despliegue del mercado inmobiliario y la especulación que este conlleva para el desarrollo de emprendimiento turísticos, loteo para countries, zonificación residencial, entre otros. Dichos procesos todavía son escasamente estudiados en el ámbito provincial, pero que sí han sido trabajados en otras jurisdicciones (Malizia, 2020; Trivi, 2022)^[8] .

Harvey (2004) señala que una de las formas por las cuales el capital conquista nuevos espacios es el negocio inmobiliario, para trasladar los excedentes e iniciar un nuevo proceso de acumulación. Dicho proceso supone también recomposición de las relaciones sociales. En Santiago del Estero, el sector inmobiliario representa uno de los principales rubros para invertir en áreas rurales próximas al conglomerado Santiago-Banda, debido a que los precios del suelo son menores que en el centro urbano. Esto es clave para entender las nuevas dinámicas de la conflictividad por la tierra, ya que los conflictos socioterritoriales rurales en Santiago del Estero estuvieron ligados, principalmente, al avance de la frontera agropecuaria (De Dios, 2010; Fonzo Bolañez y Parnás, 2022; Jara y Paz, 2022).

En esta dirección, traemos a colación un caso que involucra alrededor de quince familias campesinas de los parajes Buey Muerto, Villa Hipólita, Lote La Esquina y El Barroso (departamento Robles). Estos agricultores familiares viven y trabajan en estas tierras desde hace más de dos generaciones. Este caso resulta significativo porque da cuenta de la intensificación de la conflictividad por la tierra no solo en el secano, sino también su corrimiento a la zona de riego central, la cual se caracteriza por ser la más productiva y ordenada registralmente.

Otro factor que se suma a la conflictividad agraria del área de riego central se refiere a las instalaciones de feedlot^[9] y frigoríficos aledaños. Los pobladores vienen reclamando por el impacto que genera la emisión de olores, el derrame de efluentes y el humo, perjudiciales para la salud y el ambiente (El gobernador Zamora inauguró un frigorífico porcino en Robles, 4 de diciembre de 2021; Preocupa el impacto ambiental de frigoríficos y feedlot en Robles, 13 de febrero de 2017).

En el caso de Villa Hipólita, muchas de las familias mencionadas mantienen en común un conflicto territorial con un escribano y abogado de la ciudad Capital de Santiago del Estero. Este profesional fue comprando acciones y derechos posesorios sucesivamente, apropiándose de casi la totalidad de lotes de la zona. En otros casos, se fue apoderando de hecho.

Según los testimonios recabados de las familias campesinas, ellos han habitado estas tierras hace dos o tres generaciones, es decir, más de cien años. Sus posesiones se materializan y visibilizan en viviendas, corrales, galpones, maquinarias agrícolas, plantaciones, acequias para riego, entre otras. En el caso puntual de las siembras, las mismas rondan entre 5 a 30 ha por familia. Los principales cultivos que producen son: algodón, alfalfa, cucurbitáceas, cebolla y diversas hortalizas. Además, algunas familias crían animales vacunos, yeguarizos, cerdos, cabras y aves de corral. Por otra parte, muchos de estos pobladores obtienen sus ingresos no sólo del trabajo predial, sino de fuentes extraprediales complementarias. Algunos trabajan en las ciudades cercanas como albañiles, en la administración pública, en el empleo doméstico o migran para la recolección de fruta a otras provincias.

La mayoría de estas parcelas, en posesión efectiva de las familias campesinas, se encuentran aún en distintas instancias de procesos judiciales en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de La Banda; incluso en alguna de ellas existen sentencias judiciales desfavorables (con órdenes de desalojo, aún no efectivizadas) del máximo tribunal de justicia provincial.

El escribano hizo uso de sus conocimientos técnicos y sus recursos económicos en beneficio personal y en perjuicio de quienes somos los verdaderos poseedores con ánimo de dueño y propietarios de hecho de estas tierras. Vivimos y producimos en esas tierras desde antaño; nuestros padres y abuelos crecieron y murieron aquí (Ramón, comunicación personal, 22 diciembre de 2021).

Cabe señalar que, inicialmente, cada familia enfrentó el proceso judicial con un abogado propio y el conflicto era vivenciado como cuestión familiar o privada. Hasta la llegada del Comité de Emergencia^[10], en agosto de 2021, estas familias estuvieron desorganizadas y desunidas. Luego de dicha intervención, comenzaron a gestar vínculos con el MOCASE. De este modo, se comenzó a emprender una estrategia de vinculación y conformación de redes de apoyo con actores estatales y no estatales:

Los desalojos no son hechos aislados, sino un problema compartido con otras familias rurales de la provincia. Por lo tanto, evitarlos requiere organizarse para defenderse (Juan Carlos, comunicación personal, 15 de marzo de 2022).

Actualmente, las familias se encuentran más organizadas para hacer frente a los continuos episodios de violencia a los que se ven expuestos:

En una ocasión, mi vecino fue acorralado por el escribano, quien lo perseguía y amenazaba desde su camioneta. También hemos sufrido amenazas de personal contratado por aquel señor, cortes del sistema de riego, increpaciones en nuestros domicilios y amenazas de detenciones (Laura, comunicación personal, 22 de diciembre de 2021).

Hasta la actualidad, el conflicto territorial sigue sin resolverse, pero los encuentra actuando de manera conjunta. Estos campesinos, que hasta ahora no cuentan con respuestas favorables por parte del Estado, afrontan el desafío de no bajar los brazos y continúan exigiendo justicia para que se reconozca sus derechos. Consolidar la organización es uno de los principales desafíos frente a la creciente valorización de estas tierras en el mercado, debido a la especulación inmobiliaria y el agronegocio no hacen más que agravar la conflictividad en la zona.

La cuestión agraria en el espacio urbano. Desplazamiento poblacional e iniciativas de huertas en los barrios populares

En esta experiencia se abordan los conflictos territoriales y las resistencias que se producen en el marco de la cuestión agraria en la ciudad de Santiago del Estero^[11]. Allí convergen procesos íntimamente ligados a las transformaciones agrarias de desposesión que tuvieron lugar en el campo santiagueño. En los barrios de la periferia de la ciudad es común encontrar familias que llegaron del campo y que, en algunos casos, mantienen vínculos con lo agrario en tanto trabajadores asalariados que migran temporalmente a otras provincias (Quaranta, 2016).

Actualmente, la provincia posee un total de 1.054.028 habitantes, de los cuales 498.946 (47,33 %) pertenecen a los departamentos Banda y Capital, donde se encuentra el principal aglomerado urbano Santiago-La Banda (INDEC, 2022) y que tuvo un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas. Según el Censo Nacional de Población de 1980, en el departamento Capital había 164.867 habitantes. En cambio, el último Censo Nacional de Población de 2022 registró un total de 229.084 habitantes. Es decir que en el periodo intercensal de 42 años la población del departamento se duplicó. Aquello contrasta con la tendencia en otros espacios rurales, como el departamento Figueroa, donde la población se mantiene relativamente estable (pasando de 16.118 habitantes en 1980 a 20.063 en 2022, esto es el 1,9 % del total de población provincial).

Esta tendencia a la concentración poblacional en el conglomerado urbano Santiago -La Banda se explica, en gran parte, por los flujos migratorios del campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida (por ejemplo, acceso a mejores servicios de salud y educación que no llegan a zonas rurales) y por los desplazamientos forzosos al sufrir el despojo de sus tierras en el campo (CEPAL, 2021). En efecto, se produjo un aumento de los asentamientos informales en zonas de alta precariedad habitacional. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) se encuentran más de cuarenta asentamientos informales en la provincia, de los cuales más de treinta se ubican en su ciudad de Santiago del Estero (Saccuci y Hernández Bertone, 2020).

A partir de 2003, con la llegada del kirchnerismo al poder, el gobierno provincial accedió a mayores recursos provenientes del Estado Federal, lo cual permitió un incremento en la inversión en infraestructura y la construcción de nuevos barrios. En consecuencia, se produjo la relocalización forzosa de poblaciones que se encontraban asentadas, o sea con tenencia precaria de la tierra, en zonas antes consideradas marginales, pero que en los últimos años aumentaron exponencialmente su valor de mercado, debido a la ampliación de la costanera, la construcción de la terminal de ómnibus, el Estadio Único, entre otras obras públicas. A las poblaciones relocalizadas les otorgaron módulos habitacionales en barrios de la periferia. Muchos de éstos alejados del centro de la ciudad y cuestionados por el tamaño y calidad de la construcción de la vivienda, donde predominan altos índices de informalidad y precariedad laboral (Garay y Tirres, 2021; Silveti et al., 2017).

En este contexto, emergieron procesos organizativos que buscan atender a la inseguridad alimentaria y generar mejores condiciones de vida mediante articulaciones con agencias del Estado y movimientos sociales. Una de esas estrategias de reterritorialización se relaciona con la construcción y expansión de huertas a partir de los recursos endógenos disponibles, por ejemplo: terreno amplio, disponibilidad de mano de obra, baja inversión y uso de material reciclable. A estos elementos se suman saberes relacionados con la agricultura, algunos de los cuales fueron traídos desde el campo, antes de ser desplazados, mientras que otros fueron adquiridos en capacitaciones ofrecidas por instituciones con presencia en los barrios^[12].

El apoyo de actores gubernamentales al desarrollo de las huertas comenzó en los años noventa en el marco de las políticas neoliberales de contención de la pobreza^[13]. Sin embargo, a partir de 2010, se produce un relanzamiento a nivel local de apoyo de estas iniciativas mediante un convenio entre el municipio y el INTA. Esa articulación interinstitucional tuvo continuidad. En el año 2022 se estimó que existían unas trescientas huertas en la ciudad capital (Avanza el programa ProHuerta en distintos barrios, 11 de abril de 2023) que podrían ser clasificadas en tres grupos: familiares, comunitarias y educativas.

Las huertas familiares generalmente se desarrollan en los fondos de las casas y se encuentra bajo el cuidado de algún integrante del hogar que pueden o no recibir insumos provisto por parte de agencias del Estado:

Hay gente que tienen más experiencia en huerta y que guardan la semilla. Entonces, la temporada siguiente sigue plantando, sabemos que este tipo de proyectos prosperan mucho más y la mayoría es para autoconsumo (Funcionaria de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio, comunicación personal, 13 de abril de 2023)

Por su parte, las huertas educativas o escolares son aquellas que se llevan a cabo en los establecimientos educativos, en sus distintos niveles, con la intención de generar un espacio pedagógico para el aprendizaje de la agricultura y las distintas actividades que ella supone: labrado de la tierra, sembrado, cosecha y cuidado contra plagas y malezas. Este tipo de huertas son difundida por distintos motivos. Primero, contribuye a una educación inclusiva al vincular a los principales actores que participan del ámbito educativo (docentes, alumnos, familias). Segundo, contribuye al trabajo colaborativo. Tercero, inspira hábitos de vida más saludables a partir del reconocimiento de una alimentación a base de verduras y hortalizas libres de agroquímicos (Abate et al., 2011) Para el caso de Santiago, éstas serían las que “menos prosperan porque se suelen interrumpir en los meses de receso por vacaciones” (Técnica del INTA, comunicación personal, 2023).

Las huertas comunitarias o institucionales son aquellas desarrolladas por grupo de familias con apoyo institucionales tales como Centro de Jubilados, Unidades de Pronta Atención (UPAs), Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones de la Provincia de Santiago del Estero, entre otras. Los espacios en donde se llevan a cabo son terrenos de uso compartido, tales como baldíos, predios donde se construyeron comedores o merenderos, parcelas concedidas por asociaciones vecinales o instituciones (como puede ser una iglesia o alguno organismo del Estado). Asimismo, funcionan como espacio para la contraprestación de programa sociales (tales como Potenciar Trabajo^[14]). Por ende, muchos beneficiarios de la asistencia social llevan adelante las actividades de capacitación y seguimiento de este tipo de huertas.

En el barrio La Católica, por ejemplo, se puso esfuerzo para convertir a un antiguo basurero en huerta. Entonces tuvieron que trabajar duro la tierra. Hace unos años atrás, me acuerdo que muchas de las familias venían de zonas rurales trayendo sus animales [...] También en el norte de la ciudad existen experiencias exitosas de huertas comunitarias, fruto del trabajo interinstitucional con beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo (Funcionaria de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio, comunicación personal, 13 de abril de 2023).

Por otra parte, hay que destacar el papel que cumplen los movimientos sociales en la promoción de las huertas urbanas en barrios populares, tales como el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE)^[15] o La Poderosa^[16]. En los últimos 8 años, éstos trabajan para contrarrestar las condiciones de precariedad laboral que afectan a gran parte de las familias que habitan estos barrios (Molina y Sayago Peralta, 2020).

La huerta es un orgullo para nosotras. Acá nacen nuevos proyectos cooperativos, tenemos la oportunidad de terminar el secundario, trabajar, salir de la calle que es un lugar hostil [...] Resistimos en comunidad para que nuestras voces sean escuchadas, pero también para acompañarnos en cada proceso. Me empodera ver que voy logrando mis metas (Blanca, comunicación personal, 18 de abril de 2023).

De este modo, interesa subrayar la importancia de las huertas urbanas como estrategias de re-territorialización de los sectores subalternos que viven en la periferia de la ciudad mediante la cual se busca garantizar la provisión de alimentación frescos y sanos (Carranza Gutiérrez y Vinasco Guzmán, 2021). Sin embargo, tal como destaca Feito (2020, p. 477) la agricultura urbana se desarrolla en gran medida como “producciones informales que compiten con otras actividades en el uso de la tierra, el agua y la mano de obra en el medio urbano”. Por lo tanto, su sostenibilidad en el tiempo dependerá en gran medida de las posibilidades que tengan estas experiencias de ser integradas en los procesos de planificación ambiental y de gestión de los recursos urbanos.

Asimismo, las familias oriundas de zonas rurales que se establecieron en la ciudad traen consigo todo un acervo cultural y tecnológico que es recuperado y encausado por las familias, haciendo uso de su ingenio y de los recursos disponibles en condiciones urbanas, como pueden ser terrenos baldíos y material reciclable (Echeverri y Ribero, 2002).

Yo me vine a la ciudad con mis padres cuando era muy pequeña. Allá en el campo teníamos animales y huerta, pero ellos nos trajeron en busca de mejores condiciones de vida. Hoy todo lo que he aprendido sobre cultivar, cosechar de ellos y mis abuelos me sirve para tener mi huerta y dar alimentos sanos a mis hijos […] Claro que es difícil mantenerla porque aquí en la ciudad debemos salir a trabajar afuera de la casa. Pero estamos contentos con tener este pedazo de tierra para poder cultivar, aunque sea para consumir nosotros. Mis hijos me acompañan y aprenden lo que es cultivar la tierra, cuidar el agua y el medio ambiente (Karina, comunicación personal, 18 de abril de 2023).

Este fragmento del relato de una entrevista resulta significativo en relación a varios puntos. En primer lugar, porque pone de manifiesto la recuperación de memorias y transmisión de saberes sobre prácticas agrícolas que se producen a nivel local. En segundo lugar, destaca la importancia sobre lo que significa trabajar la tierra en la ciudad, con las oportunidades que esto genera en términos de producción para autoconsumo de alimentos saludables y con las dificultades vinculadas, por ejemplo, a la dedicación parcial a la huerta, porque no pueden vivir solo de la agricultura y deben salir a realizar trabajos complementarios. 

Por otro lado, cabe destacar que muchas huertas comunitarias tienen funciones que van más allá de la producción y comercialización. Además, los grupos que la ponen en marcha destacan el papel como espacio de contención de los colectivos de mujeres víctimas de violencia patriarcal y como espacio de recuperación de personas que están saliendo de las adicciones.

Finalmente, la expansión de las huertas urbanas en los últimos años está unida también al aumento de los problemas socioeconómicos que debieron transitar estas poblaciones altamente vulnerables durante el gobierno macrista y la pandemia de la COVID 19. Entre 2015-2019 se conllevaron a cabo una serie de recortes presupuestarios para la agricultura familiar. Frente a esta ausencia del Estado, los movimientos sociales adquieren un rol importante en la promoción de huertas comunitarias. Luego, los años de pandemia crearon las condiciones de posibilidad para la multiplicación de iniciativas de agricultura urbana, con la reactivación por parte de agencias del Estado en asistencia técnica y financiera a estos emprendimientos. 

Cuadro 1

Cuestión Agraria, conflictos territoriales y emergencias en Santiago del Estero

Experiencias	Encierro Comunitario El Rejunte	Campesinos organizados de Robles	Huertas barriales
Referencia espacial	Rural (zona de secano)	Rural (zona de riego)	Urbano
Forma/s en que se expresa la conflictividad	Expansión de la frontera agropecuaria y amenazas de desalojos.	Agricultura capitalista, proyectos turísticos e inmobiliarios y amenazas de desalojos.	Migración campo ciudad. Reubicación de familias.
Referencia temporal de explicitación del conflicto	En 2011 comienza el alambrado comunitario frente a amenaza de desalojo.	En 2000 inicia un proceso judicial contra familias rurales para desalojarlas.	A partir de 2003 se aumentan las inversiones urbanas y se producen relocalizaciones de asentamientos precarios en la periferia.
Referencia temporal del origen del proceso organizativo	La organización es anterior al conflicto. Hay una historia previa de lucha por la tierra que se remonta a la década de 1980.	La organización es posterior al conflicto. Comenzarán a organizarse en 2021.	Consolidación de los Movimientos sociales en los barrios en 2015.
Actores en pugna	Familias campesinas y empresarios agropecuarios.	Familias campesinas, funcionarios públicos, empresas del sector agropecuario e inmobiliario.	Familias que viven en barrios populares, pero con distintas trayectorias ligadas al despojo (en el campo y la ciudad).
Articulación del Estado en el territorio	Apropiación de ciertas políticas públicas (mejoras productivas y asesoramiento técnico), vinculación con organismos nacionales como el INTA.	Articulación con algunas instituciones provinciales tales como el Comité de Emergencia.	Construcción de viviendas sociales y concesión de terrenos, pero con problemas de precariedad y falta de planificación.
Estrategias de resistencia	Cercamiento legal y productivo. Redes con agentes estatales.  .	Autodefensa y redes con actores urbanos y el MOCASE.	Producción de alimentos para autoconsumo, ventas en ferias y entrega a comedores y merenderos.

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones

Los tres casos analizados permiten afirmar que el paradigma de la cuestión agraria contribuye a una lectura crítica de la conflictividad territorial que produce la expansión del capital en el sector agropecuario. Sin embargo, sus consecuencias no se circunscriben a un sector productivo específico, sino que tienen impactos sociales más amplios. A partir de las experiencias presentadas es posible señalar que la conflictividad se expresa de manera específica en cada territorio, pero su complejidad requiere un análisis en múltiples dimensiones, identificando semejanzas y diferencias. Además, este análisis de los tres procesos permite reconocer tendencias globales de la cuestión agraria en términos de violencia y desigualdades.

Las experiencias seleccionadas no solo dan cuenta de los términos y las formas en que se produce el despojo y desplazamiento de poblaciones, sino que además ofrecen elementos para abordar el carácter dual de las acciones colectivas. Por un lado, es posible identificar una dimensión defensiva, en el sentido de resistencia al desalojados y, por el otro lado, la emergencia de (re) territorializaciones que buscan fortalecer el control del espacio a partir de relaciones sociales y producción alternativas. Lejos de considerarlo modelos idílicos, ameritan seguir profundizando sobres sus debilites, sus conflictos y limitaciones.

Las tres experiencias se encuentran en pleno desarrollo. Aquellos procesos organizativos apelan a los recursos materiales y simbólicos disponibles (la tierra en la que viven, la mano de obra familiar, el aprendizaje de luchas previas, las articulaciones con agentes estatales, la apropiación de políticas públicas). Si bien ninguna de las tres estrategias por sí sola es suficiente para garantizar el acceso y la permanencia en el territorio, ellas han servido, en lo inmediato, para detener los desalojos.

En el caso de los encierros comunitarios se puede ver que no sólo se busca consolidar los actos posesorios (mediante el alambrado comunitario o los mejoramientos de infraestructura productiva), sino que además se van incorporando nuevas agendas estrechamente vinculada al derecho a la tierra tales como la conservación del bosque nativo, la diversificación productiva, la construcción de mercados locales y gestión de bienes como maquinarias de uso común.

Por su parte, los campesinos de Villa Hipólita, pese a la amenaza de desalojos, no han cesado en producir alimentos en sus predios para autoconsumo y para abastecer al mercado local. Ante la intensificación del conflicto durante la pandemia, han comenzado a organizarse comunitariamente y desplegar redes para dar visibilidad a sus demandas; lo que ha evitado la efectivización de los desalojos judiciales.

Durante la primera década del siglo XXI, y en un contexto de reactivación del modelo agroexportador, el Estado provincial recibió fondos del gobierno federal que permitieron la inversión de proyectos urbanísticos, principalmente en la capital provincial. Esta mayor disponibilidad de recursos está íntimamente relacionada con una coyuntura internacional caracterizada por el aumento de los precios de las materias primas, que posibilitó engrosar las arcas públicas mediante las retenciones a las exportaciones. Mientras que en el campo se producía la expansión de la frontera agropecuaria (que tiene como contracara los desalojos campesinos y los desmontes), en la ciudad de Santiago del Estero crecieron los asentamientos de población rural y relocalizaciones de poblaciones marginadas. Frente a esta situación, las huertas urbanas comunitarias implican la producción de nuevos territorios. En aquellos barrios donde tienen presencia la huerta no solo se presenta como una estrategia para la generación de alimentos saludables, sino también como espacios de contención ante distintos tipos de violencias (policial, de género, discriminación laboral, narcotráfico, entre otras).

A partir del análisis de los datos, se puede sostener que los conflictos territoriales que provocan las transformaciones agrarias, tanto en el campo como en la ciudad, necesitan algo más que regularización de las relaciones de propiedad. Se requiere avanzar en aspectos tales como la planificación del uso de la tierra con criterios no solo productivos sino también sociales y ambientales. Asimismo, los conflictos territoriales suelen provocar la pérdida de confianza en las instituciones de gobierno. Por lo tanto, el diseño de mecanismos para gestionar estos conflictos es insoslayable y deben ser diseñadas de manera multidimensional y participativa, garantizado el respecto de los derechos humanos.

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