Configuración de interfaces con el estado. Mesa de Empresas Recuperadas del municipio de San Martín^[1][2]

Sandra Sterling Plazas*

* Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CEUR/CONICET). Correo electrónico: sandra.sterlingplazas@conicet.gov.ar, ssterlingp@gmail.com

Artículo recibido: 28/4/2023              Artículo aprobado: 1/9/2023

MIRÍADA. Año 16, N.º 20 (2024), pp. XX-XX.

© Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO). ISSN: 1851 9431

Resumen

En esta investigación se sostiene que las Empresas Recuperadas por los Trabajadores —ERT— han trascendido de estrategias coyunturales de acción colectiva (Ruggeri, 2009, 2016; Trinchero, 2009), desarrolladas como respuesta-resistencia al “neoliberalismo realmente existente” en Argentina (Brenner et al., 2011), a su institucionalización como actores productivos. En el marco de dicho proceso, las ERT establecen dinámicas organizativas, lógicas de producción propias y reformulan las fronteras con las instituciones públicas (Coll-Planas & Cruells, 2008). Así, se propone problematizar en torno a la configuración de interfaces, como espacios de cooperación y conflicto, de carácter dinámico, en los que entran en juego los proyectos, fuerzas y estrategias de los actores involucrados (Isunza Vera, 2013; Long, 1999, 2007; Roberts, 2001). Como referente empírico se analiza la experiencia de la Mesa de Trabajo de Empresas Recuperadas San Martín, en la que interactúan las ERT, el gobierno local, la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) y el MNER. La metodología es cualitativa; recurre a fuentes de información primarias y secundarias. Se concluye que la configuración de la interfaz ha permitido el reconocimiento de las ERT como actores productivos y ha favorecido el impulso de políticas favorables a los intereses de las ERT. En la gestión de la interfaz se observan conflictos vinculados a su origen, formalización y conducción, así como a la concepción del rol del gobierno municipal en la resolución de una de las problemáticas persistentes en las ERT: la propiedad de los medios de producción.

Palabras clave: empresas recuperadas por sus trabajadores, interfaces, neoliberalismo realmente existente, trabajo asociativo y autogestivo

Configuration of interfaces with the State. Working table of companies recovered of the municipality of San Martín

Abstract

In this research, it is argued that the Recovered Factories by Workers -ERT- have transcended short-term strategies of collective action (Ruggeri, 2009, 2016, Trinchero, 2009), developed as a response-resistance strategy to Actually Existing Neoliberalism in Argentina (Brenner et al., 2011) to their institutionalization as productive actors. Within the framework of this process, the ERTs establish organizational dynamics, their own production logics and reformulate the borders with public institutions (Coll-Planas & Cruells, 2008). Thus, it is proposed to problematize around the configuration of interfaces, as spaces of cooperation and conflict, of a dynamic nature, in which the projects, forces and strategies of the actors involved come into play (Isunza Vera, 2013; Long, 1999, 2007; Roberts, 2001). As an empirical reference, the experience of the San Martin Recovered Factories Working Group is analyzed, in which the ERT, the local government, UNSAM and the MNER interact. The methodology is qualitative, it uses primary and secondary sources of information. It is concluded that the configuration of the interface has allowed the recognition of the ERTs as productive actors and has favored the promotion of policies favorable to the interests of the ERTs. In the management of the interface, there are conflicts related to its origin, formalization and management, as well as to the conception of the role of the municipal government in resolving one of the persistent problems in the ERT: the ownership of the means of production.

Keywords: recovered factories by workers, interfaces, actually existing neoliberalism, associative and self-management work

Introducción

En esta investigación se parte de considerar que las formas de trabajo asociativo y autogestivo constituyen prácticas sociales intencionales de acción colectiva (Albuquerque 2004a, 2004b), inscriptas en contextos sociales, políticos, culturales y económicos específicos, que adquieren particularidades locales vinculadas con la división social del trabajo en la cual están inmersas (Coraggio, 2007; Singer, 2007).

En este sentido, se concibe a las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores –ERT– como estrategia de respuesta-resistencia novedosa (Ruggeri, 2009, 2016; Trinchero, 2009), desarrollada en Argentina, a principios del siglo xxi, por la población que, como consecuencia de las políticas implementadas por el “neoliberalismo realmente existente” (Brenner et al., 2011) en las décadas del 80 y 90, resultó excluida del mercado laboral en el país A la vez, se las concibe como prácticas intencionales de acción colectiva, que recuperan tradiciones asociativas constitutivas de la clase, plantean dinámicas organizativas y lógicas de producción propias, y ponen en tensión la relación capital-trabajo propia del modelo capitalista (Albuquerque, 2004a, 2004b; Maldovan Bonelli y Dzembrowski, 2009). 

Trascurridas más de dos décadas del estallido social, económico y político del 2001 en Argentina, que favoreció la emergencia de prácticas asociativas y autogestivas para el trabajo, se sostiene que las ERT han trascendido de estrategias coyunturales de acción colectiva a su institucionalización como actores productivos. En este sentido, considerando que la institucionalización es un “proceso de consolidación de dispositivos de reglas legítimas de distribución de recursos de autoridad y asignación” (Natalucci et al., 2013, p. 146) y que, en el marco de dicho proceso, las ERT establecen dinámicas organizativas, lógicas de producción propias y reformulan las fronteras con las instituciones públicas (Coll-Planas y Cruells, 2008), aquí se problematiza en torno a una cuestión relativamente poco abordada, la configuración de interfaces con el estado como estrategia de institucionalización de las ERT. 

La noción de interfaces propuesta en esta investigación retoma los planteamientos de Arce y Long (1992), Long (1999, 2007) y Roberts (2001), en los que se destacan el conflicto, la cooperación y la negociación como sus elementos constitutivos. A diferencia de los análisis de la perspectiva de interfaz que suelen realizarse desde el ámbito estatal, como parte de un proceso de implementación de una política pública o “intervención planeada” (Long, 1999), aquí se plantea un análisis desde la perspectiva de las ERT y como parte de su proceso de institucionalización. En tal sentido, las interfaces se interpretan como espacios de cooperación y conflicto, de carácter dinámico, promovidos por las ERT, en los que entran en juego los proyectos, fuerzas y estrategias de los actores involucrados y la representación de las demandas.

Esta investigación presenta resultados preliminares de una investigación doctoral, en la que se analiza la configuración de interfaces entre cooperativismo de trabajo y estado en el municipio de San Martín, en el periodo 2002-2022, e incluye a empresas recuperadas por sus trabajadores y cooperativas de trabajo[3]. Para este caso, como experiencia de interfaz, se propone analizar la Mesa de Trabajo de Empresas Recuperadas de San Martín, en la que interactúan las trece ERT del municipio, el gobierno municipal —a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y la Dirección General de Economía Social y Solidaria— y la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) —a través del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial—.

Para el análisis de la experiencia de la Mesa se seleccionaron tres de las trece ERT que la integran: Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre, creada en 2002; Cooperativa de Trabajo Norte, creada en 2012; y la Cooperativa de Trabajo Indicado, creada en 2019. En su selección se consideraron dos cuestiones centrales: i) su surgimiento en el marco del neoliberalismo realmente existente, por lo que se incluyen ERT creadas en contextos socioeconómicos y momentos históricos distintos, durante el periodo 2002-2022^[4]; y ii) la institucionalización de la autogestión como modo de producción, que involucra actividades económicas, políticas, sociales o culturales. En este sentido, se privilegiaron ERT que implementen funciones sociales identificables y perdurables desde su creación (bachilleratos, comedores o bibliotecas populares, adecuación de espacios de socialización para la comunidad).

El enfoque metodológico utilizado es cualitativo; recurre a fuentes primarias, centradas en la realización de entrevistas semiestructuradas a los actores de la interfaz: trabajadores de las tres ERT seleccionadas, funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social (Subdirección Territorial y Dirección General de Economía Social y Solidaria) del municipio de San Martin y al delegado del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial de la UNSAM, que a su vez es referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) en el municipio. En total se realizaron trece entrevistas, entre julio de 2021 y agosto de 2022. La siguiente tabla muestra los roles de los entrevistados y las fechas de las entrevistas.

Tabla 1. Entrevistas realizadas según actor de la interfaz

Actor de la interfaz	Rol del entrevistado al momento de la entrevista	Fecha de la entrevista
Cooperativa Norte	Presidenta de la cooperativa, socia fundadora	21 de julio de 2021
	Responsable administrativo, socio fundador	21 de julio de 2021
	Encargado de producción, socio fundador	16 de septiembre de 2021
Cooperativa 19 de diciembre	Presidente de la cooperativa, socio fundador	18 de octubre de 2021
	Secretario de la cooperativa, socio fundador	25 de noviembre de 2021
Cooperativa Indicado	Presidente de la cooperativa y socio fundador	13 de julio de 2022
	Encargado de producción, socio fundador	13 de julio de 2022
Gobierno municipal^[5]	Director General de Economía Social y Solidaria	11 septiembre de 2021 15 noviembre de 2021
	Subdirector de Producción y Consumo Popular	23 de junio de 2022
	Nuevo director de Economía Social y Solidaria^[6]	12 de agosto de 2022
UNSAM	Responsable de la oficina de Articulación Territorial y referente del MNER en el municipio	25 de abril de 2022 27 de mayo de 2022

Esta información se complementa con el análisis y revisión de fuentes secundarias (leyes, decretos y ordenanzas, notas periodísticas y bibliografía relacionada con la temática).

Este documento se organiza en cuatro apartados. Después de esta introducción, que incluye los aspectos metodológicos, se exponen los antecedentes teóricos, donde se retoma el concepto de neoliberalismo realmente existente y la noción de interfaz. En una tercera sección se aborda la discusión sobre las ERT como resultado del neoliberalismo realmente existente en Argentina. Posteriormente, se analiza la Mesa de Empresas Recuperadas de San Martín como experiencia de interfaz, en la que se incluye una breve descripción de los actores. Finalmente, se exponen las reflexiones finales.

Antecedentes teóricos

La ideología neoliberal se sustenta en la creencia de que los mercados abiertos, competitivos y ‘no regulados’, que se encuentran libres de la intervención estatal y de las acciones de colectivos sociales, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico (Brenner et al., 2011). Como supuesto central establece que las fuerzas del mercado operan de acuerdo con leyes inmutables, independientemente del lugar donde se desarrollen. 

Sin embargo, como advirtiera Polanyi (1989[1947]), el mercado libre sólo puede surgir mediante un papel activo del estado; y la creación de un mercado autorregulado por la mercantilización de la tierra, el trabajo y el dinero requiere de la subordinación de la sociedad a la economía de mercado. Agrega el autor que los actos económicos se enmarcan en la matriz política, social y cultural en la cual se producen. En tal sentido, el modelo de desarrollo socioeconómico implementado en cada país involucra especificidades locales, vinculadas con elementos históricos, culturales y de producción y reproducción del orden social.

En esta línea, resulta útil la noción de “neoliberalismo realmente existente” propuesta por Brenner et al. (2011) y Brenner y Theodore (2017). Para los autores el neoliberalismo no es un listado consolidado de recomendaciones de política pública, sino que constituye un proceso de “reestructuración regulatoria abigarrada [que] produce diferenciación geo-institucional en distintos lugares, territorios y escalas, pero lo hace de manera sistemática, como una característica omnipresente y endémica de su lógica operacional básica” (Brenner et al., 2011, p. 23). Este planteamiento permite vislumbrar a los procesos de neoliberalización en cada ámbito (nacional, regional, local) como producto de la imbricación entre los marcos regulatorios heredados y el conjunto de reformas específicas implementadas en cada “nueva” aproximación (Brenner y Theodore, 2017).  Con cada “nueva” aproximación, los autores quieren hacer notar el carácter sistemático del neoliberalismo, esto es, los acercamientos reiterativos en los que se crean, ajustan y adaptan marcos regulatorios favorables a sus objetivos.   

Al concebir el neoliberalismo como proceso sistemático, e imbricado entre marcos heredados y nuevas reformas específicas desarrolladas en cada aproximación del neoliberalismo, los autores destacan la posibilidad de apreciar con mayor claridad las respuestas y ajustes adaptativos de los actores locales, tanto de los que impulsan las nuevas reformas como de los que se les resisten. Una de estas formas de respuesta-resistencia está vinculada con la configuración de modos de producción y formas de organización del trabajo que tensionen los principios de maximización de ganancias y de racionalidad económica establecidos por el mercado.

En este marco, las formas asociativas y autogestivas para el trabajo se presentan como una práctica social intencional de acción colectiva, diseñada como respuesta a situaciones de insatisfacción o exclusión laboral generadas por el modo de producción capitalista (Albuquerque, 2004b; Coraggio, 2004, 2007; Ruggeri, 2009). Así, ante el crecimiento del desempleo, la erosión de los salarios y de los derechos sociales, la concentración ampliada de la riqueza y la descolectivización laboral, la población “excluida” o “marginada”^[7] del mercado laboral diseña nuevas formas de resistencia y organización social que garanticen la subsistencia, la inserción laboral, el sostenimiento de las fuentes de trabajo, y el acceso y control de recursos materiales y simbólicos (Albuquerque, 2004b; Coraggio, 2004, 2007; Singer, 2007)

Este tipo de asociativismo se vincula, a su vez, con objetivos de transformación y de cambio social que recuperan los principios cooperativos y de las luchas que dieron origen a la autogestión como un proceso complejo y multidimensional —político, económico y sociocultural— (Albuquerque, 2004a; Ruggeri, 2012, 2021). Al fusionar la figura del trabajador y del propietario de los medios de producción, y establecer prácticas en donde la toma de decisiones son el resultado de construcciones colectivas, la autogestión avanza en la democratización de las relaciones sociales de producción y cuestiona, al menos parcialmente, la relación capital-trabajo del modo de producción capitalista (Alburquerque, 2004a, 2004b; Ruggeri, 2021).

Así, las formas asociativas y autogestivas para el trabajo cumplen una doble función, por un lado, son una forma de acceder a los bienes necesarios para la subsistencia de sus integrantes y de sus familias, y por otro, son una forma de hacer sociedad, en tanto, al tensionar las relaciones de producción del capitalismo, procuran que el capital y el mercado tengan menor margen de acción (Coraggio, 2004)

Perspectiva de interfaz

Esta doble función genera que las formas asociativas y autogestivas hagan frente, simultáneamente, a principios solidarios y cooperativos, y que establezcan interacciones y relaciones intensas y conflictivas con el resto de la sociedad civil, el estado y el mercado (Isunza Vera, 2013). Para estudiar estas interacciones resulta útil la noción de interfaz, entendida como espacio de intercambio y conflicto en el que ciertos actores se interrelacionan no casual sino intencionalmente (Hevia & Isunza Vera, 2010; Isunza Vera, 2013; Long, 1999; Roberts, 2001).

La noción de interfaz, planteada por Norman Long en los años 80, pone en cuestión la cosificación de las relaciones sociales y culturales y del estado^[8], y se propone analizar, en el marco de la implementación de intervenciones estatales, las diferentes lógicas, modos de racionalidad y poder de los actores estatales y de los destinatarios de las políticas públicas, tanto colectivos como individuales (Arce & Long, 1992; Long, 1999, 2007).

Los diversos modos de racionalidad son seleccionadas del “almacén de discursos disponibles” dentro del entorno cultural y social de los actores (Long, 2007, p. 46), por lo tanto, las racionalidades “sólo pueden evaluarse en un contexto único, y dependerá de una multitud de componentes interconectados de recursos sociales, culturales y técnicos” (Long, 2007, p. 46). Para Long (1999), la interfaz detenta múltiples connotaciones; así es, simultáneamente, i) una entidad organizada de intencionalidades y relaciones entrelazadas; ii) un lugar para el conflicto, la incompatibilidad y la negociación; iii) un sitio de confrontación de paradigmas culturales y; iv) un espacio para la intervención planeada, de origen estatal.

Esta última connotación ha priorizado el análisis de las interfaces desde la perspectiva del estado, representado en una agencia específica o una política estatal (principalmente de la órbita del desarrollo rural)^[9]. Así mismo, tal como advierten Hevia e Isunza Vera (2010), la interfaz se analiza como instrumento de operatividad de las políticas públicas y como medio para legitimar la acción de los gobernantes.

En este sentido, siguiendo estos planteamientos, aquí se interpreta a las interfaces como espacios de cooperación y conflicto, de carácter dinámico, en los que se ponen en juego los proyectos, fuerzas y estrategias de los actores involucrados. Y se asume que la configuración de las interfaces es promovida por actores surgidos en el marco del neoliberalismo realmente existente, como estrategia favorable a su institucionalización.

Empresas Recuperadas por sus Trabajadores como resultado del neoliberalismo realmente existente en Argentina

La transformación regulatoria y la reforma del estado ocurrida en Argentina en la década de los ochenta y noventa siguió, en términos generales, las orientaciones de las reformas implementadas en América Latina: la conformación de un marco regulatorio y normativo que priorizó la intervención del mercado sobre crecientes áreas de la vida social y que promovió la incorporación de instrumentos financieros especulativos en favor de la acumulación del capital (Brenner et al., 2011).

No obstante las similitudes con la región, durante la década del noventa en Argentina, el gobierno de Carlos Menem estableció un reordenamiento del gasto público, a través de una reforma fiscal y tributaria (Ley de Reforma del Estado de 1989), y decretó un conjunto de medidas dirigidas a la privatización de las empresas y a la flexibilización de las regulaciones generales del mercado de trabajo (extensión del período de prueba de tres a seis meses, privatización del régimen de accidentes de trabajo, ajustes del régimen de jubilaciones y pensiones). Así mismo, con el objetivo de anclar las expectativas inflacionarias, y como respuesta a la hiperinflación de 1989, en abril de 1991, se aprobó la Ley de Convertibilidad, que fijó la paridad entre el peso argentino y el dólar. Dicha medida generó, entre otras cuestiones, un impacto negativo en la rentabilidad financiera de la producción industrial, impulsando a un gran número de empresarios industriales a convertirse en importadores de los productos que antes fabricaban, o bien a traspasar sus capitales al negocio financiero (Ruggeri, 2009). Una de las estrategias funcionales a esta medida consistió en el uso instrumental del “vaciamiento” de empresas, que se convirtió en “una maniobra fraudulenta mediante la que los empresarios desinvertían en sus propias compañías y realizaban una serie de artimañas que les permitían abandonar el negocio con el mínimo costo, a expensas de los trabajadores y del Estado” (Ruggeri, 2009, p. 21).

Estas modificaciones, orientadas centralmente a eliminar o disminuir las barreras para la circulación y acumulación del capital, impactaron en la estructura productiva y laboral del país. Durante la década del 90 el desempleo abierto se triplicó, pasando de 6,3 % en 1990 a 13,7 % en 1999 y a 18,3 % en 2001, y se intensificó el grado de precarización e inestabilidad de las ocupaciones; para finales de la década del 90, tres de cada diez profesionales y cuatro de cada diez asalariados contaban con empleos precarios, carecían de contrato estable y/o tenían ingresos por debajo del mínimo de mercado (Beccaria, 2003).

En este contexto sucede el estallido de diciembre de 2001, que devino en la renuncia a la presidencia de Fernando De la Rúa y la posterior sucesión de cinco presidentes en una semana, lo que sumió al país en una crisis de legitimidad social, política y económica, favoreciendo la emergencia de un conjunto de estrategias gestadas por las resistencias sociales, que ponen de manifiesto nuevas imágenes de la política y de la organización social, comunitaria, económica y productiva: desempleados que establecen el piquete como mecanismo de protesta, trabajadores que ocupan y recuperan empresas vaciadas por sus dueños, cartoneros, clubes del trueque, asambleas barriales, emprendimientos provenientes de la economía social y solidaria, movimientos campesinos, universitarios, entre otros.

En este marco se hacen visibles las ERT como un caso novedoso de experiencia asociativa y autogestiva utilizadas por los trabajadores, que ante el vaciamiento, inviabilidad o descapitalización de las empresas en las que trabajaban deciden volver a ponerla en funcionamiento, con el objetivo de recuperar las fuentes de trabajo (Ruggeri, 2009; Trinchero, 2009). Debido a las circunstancias de su conformación, las ERT no suelen poseer la propiedad colectiva de los medios de producción ni de los bienes edilicios de la antigua fábrica, por lo que registran, desde sus inicios, problemas ligados a lo jurídico y al régimen de propiedad (Ruggeri et al., 2012).

Por lo expuesto anteriormente, las ERT surgen como estrategias de respuesta-resistencia al neoliberalismo realmente existente en Argentina en las décadas del 80 y 90, antes que como una estrategia política de la clase trabajadora, o una alternativa económica en oposición al capitalismo. Al respecto, uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, señala lo siguiente:

las empresas recuperadas en Argentina son hijas de la guerra desatada por el capital sobre la clase trabajadora mundial, que en su capítulo en Argentina se expresa claramente con la instalación, por orden del poder internacional, de la dictadura de 1976, la más sangrienta de la historia argentina ( … ) y posteriormente con la instauración de políticas neoliberales en los 80 y 90 (Murúa, 2020 en Bustos, 2021, p. 15)

De manera similar, Ruggeri (2014) afirma que el “verdadero ideólogo de las empresas recuperadas es el neoliberalismo, [que] no deja ninguna vía de escape” (p. 5), y agrega que, la denominación de “empresa recuperada se inventa en la crisis argentina” (Ruggeri, 2014, p. 5)

Paralelamente con la emergencia de las ERT, el estallido social del 2001 devino en el surgimiento de movimientos sociales conformados por organizaciones de trabajadores desocupados que se relacionaban con el estado a partir del reclamo, la protesta, y el corte de rutas. En el ámbito específico de las ERT se destaca la conformación, en el año 2001, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), impulsado, principalmente, por activistas políticos de la provincia Buenos Aires, bajo el lema “Ocupar, Resistir y Producir”, que refiere a “ocupar las fábricas que cerraban; resistir la prepotencia y la violencia ejercida desde el Estado que nos intentaba desalojar; y producir en autogestión” (Murúa 2020, como se citó en Bustos, 2021). De “su seno proviene el término recuperación como la conceptualización socialmente predominante para referirse al proceso de recuperación de empresas” (Rebón, 2005, p. 121).

Una de las primeras demandas movilizadas por el MNER giró en torno a la necesidad de adaptar los marcos regulatorios al fenómeno de las ERT. En mayo de 2002, se logró la modificación de la “Ley de Concursos y Quiebras”, en la que se incorpora la posibilidad de que las experiencias de asociativismo para el trabajo organizadas bajo la figura jurídica de cooperativa de trabajo puedan continuar con la explotación de la empresa “quebrada” o “vaciada”.

Durante el período 2003-2015, en el marco de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el fenómeno de recuperación de empresas decae (Rugeri, 2016). En dicho periodo, se entrelazan políticas económicas heterodoxas y la promoción de la autogestión como política estatal, con la construcción de un discurso que se pronunciaba a favor de “más Estado y menos mercado” (Natalucci, 2018, p. 107). A su vez, se establecen nuevas formas de gobernabilidad, caracterizadas por una ruptura con tres tendencias previas: la represión, la indiferencia y la hostilidad hacia las organizaciones de desocupados (Ruggeri et al., 2014).

La recuperación de empresas se dispara de nuevo durante el periodo 2015-2019, con la asunción de Mauricio Macri como presidente de la nación (Rugeri, 2016). Macri asume el gobierno con promesas de cambio en las esferas política, social y económica, que redundaron en el retorno a la implementación de políticas neoliberales. Así, la disciplina fiscal, la disminución del gasto público, la promoción de la inversión extranjera y el estímulo al capital financiero por sobre el trabajo se convirtieron en el eje central de las políticas públicas. En este contexto, se desactivaron o perdieron relevancia las políticas de fortalecimiento a la autogestión. Los resultados del programa económico devinieron en aumento de la inflación (pasó de 17 % en 2015a 34 % en 2016, y en 2019, se ubicó en 53,8 %, el nivel más alto en 28 años) y de la pobreza, que aumentó de 25,7 % en 2017 a 35,5 % en 2019 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC], 2022; Universidad Católica Argentina [UCA], 2019). 

Esta nueva aproximación del neoliberalismo se encuentra con marcos regulatorios y actores sociales y políticos distintos a los de las décadas del 80 y 90. Son ejemplo de ello las políticas heredadas del periodo 2003-2015, que favorecieron la consolidación del asociativismo y la autogestión como política estatal, y la experiencia e institucionalización de las ERT y los movimientos sociales que las agrupan.

La experiencia de la Mesa de Empresas Recuperadas San Martín: interfaz entre ERT y estado

El municipio de San Martin, ubicado al norte de la Región Metropolitana de Buenos Aires, detenta una larga tradición fabril^[10]. Hacia finales de los 80 llegó a ser considerado “Capital de la Industria” (Molina, 2013; Visacovsk, 2007). En esa época funcionaban las plantas productivas de grandes empresas nacionales como Forja y Gatic —licenciataria de marcas como Adidas, Nike y L.A. Gear— y representaba la segunda fuerza industrial de la provincia de Buenos Aires (Molina, 2013). Hacia mediados de 2001, las grandes fábricas y otras de menor tamaño se declararon en quiebra, dejando en la calle a cientos de trabajadores e impactando el tejido productivo y social del municipio (Visacovsk, 2007). En este contexto, la recuperación de empresas en el municipio emerge como una estrategia de sostenimiento de las fuentes de trabajo y continuidad de la actividad productiva. El primer proceso de recuperación de empresas del municipio ocurre en 2002, cuando se conforma la Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre. Desde ese momento hasta 2022 han surgido otras doce ERT.

Transcurridas dos décadas, los trabajadores que integran las diversas ERT han desplegado diversas estrategias que les permiten transcender de acciones de subsistencia coyunturales a la institucionalización de formas de trabajo asociativas y autogestivas con lógicas de producción propias. Una de esas estrategias consiste en la formalización, a través de la Ordenanza N.^o 11262 de 2012, de la “Mesa de Trabajo de Empresas Recuperadas San Martín”. En dicha Mesa interactúan las trece ERT del municipio, el gobierno municipal —Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cooperativas y Empresas Sociales— y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) —Programa de Desarrollo y Articulación Territorial—.

Actores de la interfaz

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza, la interfaz está compuesta por tres actores: ERT, gobierno municipal y UNSAM. Dado que el delegado de la UNSAM es, a la vez, el referente del MNER en el municipio, aquí se considera al MNER como un actor de la interfaz. 

Empresas Recuperadas por sus Trabajadores

Las ERT del municipio se ubican en diversos rubros: producción de alimentos, electrodomésticos y productos electrónicos, autopartes de hierro forjado y de aluminio, muebles, textiles y confección de calzado, alimentación, entre otros. Como se mencionó en la introducción, de esta investigación forman parte tres ERT: Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre, Cooperativa de Trabajo Norte y Cooperativa de Trabajo Indicado. Las tres ERT se constituyen como cooperativas de trabajo y se mantienen en los rubros de la empresa preexistente.

La Cooperativa 19 de Diciembre fue creada en 2002. Su nombre rememora el día de la recuperación, 19 de diciembre de 2002, cuando 20 extrabajadores tomaron por la fuerza la empresa metalúrgica Industrias ISACO S. A. La cooperativa se mantiene como autopartista, aunque incorporó una línea blanca y piezas para espacios públicos. Uno de los socios fundadores, que participa como delegado de la ERT en la Mesa, relata lo siguiente con relación al surgimiento de la cooperativa y al momento histórico:

Nosotros decidimos tomar la fábrica porque acá no había otra alternativa de trabajo, sabíamos que, si no tomábamos la fábrica al mes o a los dos meses no iba a quedar nada, [además] con la edad que teníamos en ningún lugar nos iban a tomar. ( … ) Perder el trabajo en el 2002 era perder todo; quedábamos sin trabajo para siempre, te quedabas en la calle. (Socio fundador, comunicación personal, octubre de 2021)

Por su parte, la Cooperativa Norte surge en 2012, cuando después de sucesivas crisis experimentadas desde el 2000, los dueños de la empresa Norte les proponen a los trabajadores formar una cooperativa. Pertenece a la industria gráfica, produce libretas, cuadernos y agendas. Uno de los socios fundadores, delegado de la Cooperativa en la Mesa, relata lo siguiente:

En el 2000 empiezan los problemas económicos y financieros de la sociedad anónima, en 2006 llega otra administración con el ánimo de liquidar la compañía, pero al primer mes se dan cuenta [de] que es rentable y se quedan por seis años más. Durante esos seis años se fueron atrasando de nuevo con los pagos a proveedores y nos incumplen con los compromisos laborales. En el año 2012 nos dicen: nosotros no podemos seguir, sigan ustedes como cooperativa. (Socio fundador, comunicación personal, julio de 2021)

Por último, la Cooperativa Indicado es la empresa recuperada más reciente en el municipio, pertenece a la industria alimenticia y produce prepizzas. Surge en 2019, cuando los dueños, ante problemas con los pagos de salarios y prestaciones, atribuidos a los efectos de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, les proponen a los trabajadores crear una cooperativa. Su presidente cuenta que:

Habíamos pasado la crisis del 2001 en el gobierno de la Alianza, pero salimos a flote. Después, antes de que asumiera Macri, empezó otra crisis en la fábrica, pero con él vino una debacle grande. Él asumió en diciembre [de 2015] y en septiembre [de 2015], cuando ya se sabía que había ganado, vino un bajón, bajón, y después se acentúo durante los cuatro años que él estuvo. A lo último no cobrábamos, no teníamos un peso. A veces, veníamos por venir. Nos decían [los dueños] que había un embargo, que estaba en ejecución la fábrica. Entonces vino un día [uno de los dueños] y, como yo era el delegado, me dijo: hagan una cooperativa. (Socio fundador, comunicación personal, julio de 2022)

Gobierno municipal. Dirección General de Economía Social y Solidaria

Desde 2012, cuando se formaliza la Mesa, el gobierno municipal está en cabeza de Gabriel Katapodis^[11], quien asumió como intendente en 2011. A partir de ese momento se inicia en el municipio la consolidación de un sector orgánico de la ESS (Fontanet, 2020; Muñoz, 2021), que combina la implementación de políticas públicas favorables a la sostenibilidad de formas asociativas y autogestivas, con herramientas de financiamiento para la producción (García, 2018; Fontanet, 2020; Muñoz, 2021). Adicionalmente, el gobierno considera dentro de los actores de la ESS y destinatarios de sus políticas públicas a las ERT, que “salvo una política nacional, prácticamente no eran sujeto de política como tales” (Muñoz, 2021, p. 42). Una de sus primeras medidas consistió en la creación, en 2012, de la Dirección General de Economía Social y Solidaria (DGESyS), adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS).

La SDS, en cabeza de Oscar Minteguía, promovió desde el inicio un estilo de gestión estatal caracterizado por una estrecha vinculación con los distintos actores sociales y económicos del municipio, denominado “gestión compartida”. De acuerdo con Minteguía et al. (2021), la concepción de gestión compartida

propone decidir conjuntamente el plan de trabajo, las posturas político ideológicas frente al momento histórico, el destino del recurso monetario, los criterios de elección de los destinatarios, las modalidades de capacitación, la distribución de fondos e insumos, el seguimiento de los procesos, la sistematización, la evaluación y la comunicación. (P. 30).

Universidad Nacional de San Martín —UNSAM—/Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

La UNSAM participa en la Mesa a través del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial, que tiene como objetivo “la articulación de intereses y voluntades de diferentes actores sociales, económicos, políticos e institucionales de la región, propiciando espacios de diálogo”, tal como se señala en la página web de la Universidad (Universidad Nacional de San Martín [UNSAM], 2023). La designación de su delegado se vincula con la relevancia del MNER en los procesos de recuperación de empresas en el municipio. Tal como relata el delegado, y a la vez representante del MNER, en el “municipio estos procesos y conflictos están hilvanados de alguna manera por los actores del MNER y los mismos trabajadores ( … ) y la UNSAM de una manera bastante casual e informal al principio” (comunicación personal, abril de 2022)

Las declaraciones de los trabajadores confirman la relevancia del MNER en los procesos de recuperación de empresas en el municipio. El presidente de la Cooperativa 19 de Diciembre afirma:

los trabajadores no sabíamos nada de lo que era recuperar una empresa, nos ayudaron los compañeros del MNER, ellos nos vinieron a ayudar y nos explicaron que se podía tomar la fábrica y crear una cooperativa, y después se unieron los de otras fábricas que estaban en una situación similar, fue una época muy dura. (comunicación personal, noviembre de 2021)

De manera similar el presidente de Indicado señala: “nosotros no teníamos ni idea qué era eso [una cooperativa], pero empezamos, nos apoyaron los compañeros de la Mesa [de empresas recuperadas], el MNER, y el municipio” (comunicación personal, julio 2022).

Configuración de la interfaz

En la configuración de la interfaz se identifican tres etapas sucesivas tendientes a su consolidación: i) transición por el conflicto social, ii) formalización e identificación de necesidades, y iii) maduración y gestión de desafíos.

Primera etapa: transitando el conflicto social

Esta primera etapa refiere al origen de la mesa. Aunque la mesa se formaliza oficialmente en 2012, sus antecedentes se remontan al surgimiento de las primeras ERT en el municipio durante los años 2002 y 2003. En esta etapa surgen la Cooperativa 19 de Diciembre, en 2002, y la Cooperativa de Trabajo Unidos por el Calzado (ex-GATIC S. A.), en 2003. Ambas son dos casos pioneros en la generación de vínculos entre ERT, movimientos sociales, estado municipal y academia (Bustos, 2021).

En ese momento, el MNER asume la representación de intereses de las ERT y el liderazgo en las interacciones que permitirán sentar las bases de la Mesa como interfaz. El movimiento reconoce que la condición de municipio fabril de San Martín implicaba una estrecha relación entre estado y sector privado, de tal manera que las demandas se dirigían tanto al gobierno municipal —por aquel entonces en cabeza de Ricardo Ivoskus^[12]—, como al Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense (IDEB), que agrupaba a las cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires y cuyas oficinas funcionaban en San Martín.

Desde una perspectiva de negociación, el MNER propone un discurso enmarcado en la defensa de la producción nacional y el sostenimiento del trabajo, antes que una discusión por la propiedad de los bienes de producción. Esta circunstancia fue fundamental para crear las bases de la interfaz, en tanto hablar en términos de producción, de trabajo como bien social, y no de propiedad de bienes de producción, les permitió interactuar con actores estatales, sociales y empresariales y favorecer los primeros procesos de recuperación de empresas. Las declaraciones del representante del MNER dan muestra de ello y evidencian, además, diferencias con otros actores sociales que proponían alternativas más radicales como la estatización:

Desde que iniciamos el proceso de las fábricas recuperadas tuvimos presente el gobierno ( … ) y [que] los procesos no van contra el patrón, no lo toman como el enemigo. Nosotros decimos ¿qué es el trabajo y qué es la fábrica? Para nosotros el trabajo, y la fábrica es un bien social, es el que ordena a una sociedad, sobre todo en un conurbano como este. ( … ). Ahí claramente todos coincidimos en que es indispensable sostener los ámbitos productivos del trabajo porque hace a la vida social. ( … ) A diferencia de otros sectores políticos, que decían estatización con control obrero, nosotros [MNER] decíamos queremos producir. ( … ) El mensaje que mandábamos era: nosotros queremos producir y vivir de lo que producimos, la propiedad déjatela para vos ( … ) Por eso también bancamos la expropiación de tres días, dame algo para arrancar. (Comunicación personal, abril de 2022)

La articulación de las interacciones en torno a intereses comunes permitió la creación de una Mesa de Trabajo informal, que devino en la declaración de interés municipal de las Empresas Recuperadas por parte del Concejo Deliberante. Como se observa en la siguiente declaración, para el MNER este hecho significa un logro en virtud de sus objetivos y en la disputa por el poder, al “obligar” a la conformación del espacio:

el IDEB no podía salir a matar y morir, y el gobierno local, que estaba muy relacionado con las cámaras, sabía que las fábricas eran fuente de trabajo. Adidas, que había cerrado, contaba con 600 trabajadores. Eres intendente ¿qué vas a hacer? ( … ) Ivoskus no podía correrse del planteo, que era sostener las fuentes de trabajo. Era construir poder en función de legitimar un proceso que ni siquiera estaba discutiendo la propiedad, entonces ahí lo obligamos a conformar una mesa, y sacamos una ordenanza con el Consejo Deliberante que declara de interés municipal a las empresas recuperadas. (Representante MNER, comunicación personal, octubre de 2022)

Segunda etapa: formalización e identificación de necesidades

Después de transitar el conflicto social y generar la Mesa informal, las ERT, el MNER y la UNSAM empiezan un proceso de identificación de desafíos y necesidades relacionadas con la institucionalización de las ERT y sus formas de organización del trabajo.

Las circunstancias ligadas a lo jurídico y al régimen de propiedad emergen como una de las problemáticas más acuciantes. La expropiación de corta duración, que había sido aceptada “para arrancar” resultaba una solución transitoria que debía revaluarse. De esta manera, el reconocimiento de las ERT como unidades productivas con un régimen de funcionamiento legítimo, avalado por la expropiación de los bienes de capital, máquinas, edificio y marca, se convirtió en uno de los primeros objetivos del espacio.

La consolidación de la autogestión como política pública a nivel nacional y la asunción de Gabriel Katapodis como intendente en 2011 significaron una oportunidad política para los trabajadores de las ERT y para el MNER. Por su parte, el espacio informal que llevaba cerca de una década de funcionamiento implicaba una oportunidad para el gobierno municipal de poner en marcha su política de gestión compartida. En este sentido, en agosto de 2012, a menos de un año de iniciado el gobierno de Katopodis, se aprueba la Ordenanza N.° 11262 (2012), que establece el “Régimen de Empadronamiento de Empresas Sociales y Cooperativas con el fin de preservar la continuidad de la actividad económica y sus respectivas fuentes de trabajo” y formaliza la “Mesa de Empresas Recuperadas de San Martín”. Dicho régimen permite el reconocimiento de las ERT como unidades productivas con derecho a expropiación sobre inmuebles, muebles, maquinarias, marcas y cualquier otro componente afectado a la producción. Así mismo, permite obtener la habilitación municipal sin necesidad de cancelación previa de las obligaciones contraídas por los dueños que habían declarado la quiebra o el vaciamiento de la empresa.

En términos de la interfaz, la Ordenanza puede entenderse en clave de cooperación entre el estado, las ERT y el MNER, en tanto les permite a los tres actores alcanzar sus objetivos: por un lado, para las ERT y el MNER, que venían trabajando desde 2002 en un espacio informal, implicó la posibilidad de formalizarlo, consolidar vínculos con el estado y lograr herramientas legislativas que favorecieran la institucionalización de las ERT como unidades productivas de carácter asociativo y autogestivo. Como señala el representante del MNER:

Ivoskus estuvo de acuerdo en mantener las fuentes de trabajo en ese momento [2002], aunque todo era: vamos viendo. Los dejo hacer, pero no voy a ayudar a recuperar las fábricas; cuenten conmigo, me avisan, pero no era un respaldo. (Comunicación personal, mayo de 2022)

Por el otro, para el gobierno recién asumido significaba la posibilidad de avanzar en la consolidación de un sector orgánico de la ESS y garantizar la gobernabilidad del proyecto político a partir de la aplicación de la política de “gestión compartida”.

En este sentido, la Mesa, en tanto interfaz, es un espacio de cooperación que permite sintonizar intereses y trabajar mancomunadamente. Para los trabajadores, la Mesa es una experiencia de trabajo compartido que se ha convertido en “faro de organización y un ensayo de democracia participativa para trabajadores y trabajadoras de otros distritos, impulsando también políticas a nivel provincial y nacional”^[13].

Por su parte, desde el gobierno municipal agregan que en dicho espacio “se han impulsado diversos instrumentos de política pública, en una experiencia de gestión compartida con pocos antecedentes regionales, y que cuenta entre sus logros, la creación del Régimen de Empadronamiento de Empresas Sociales y Cooperativas” (funcionario municipal, comunicación personal, octubre 2022).

Por otro lado, la Mesa, en tanto interfaz es, a la vez, un espacio de confrontación. Su formalización, a través de la Ordenanza, promovida por el MNER y apoyada por Katopodis, implicó una disputa por la representatividad del sector entre el MNER y el gobierno municipal. La propuesta de consolidar un sector orgánico de la ESS que involucre a las ERT y la implementación de un estilo de gestión compartida supuso, y supone aún, para el gobierno municipal hacer frente a un actor con larga trayectoria en el municipio y que detenta intereses políticos diferentes al de gobierno de Katopodis.

Una evidencia de esta circunstancia se observa en que ambos actores se adjudican, y disputan, la expedición de la ordenanza. El representante del MNER declara:

Katopodis lo que hizo fue profundizar la formalización e institucionalización de la Mesa ( … ) Se logró la Ordenanza, que reconoce el espacio y el establece el Registro [de empadronamiento], como una iniciativa de la mesa informal, pero hay un recorrido anterior a Katopodis, que es en la época de Ivoskus; cuando los compañeros del MNER y de las ERT empezamos los procesos de recuperación y fuimos institucionalizando ese tipo de acciones y gestiones, pero en realidad fue a raíz de la voluntad del espacio que surge la Mesa. (Comunicación personal, mayo de 2022)

Por su parte, para la municipalidad la Mesa es “un espacio de articulación (…), sostenido activamente en el tiempo” ( Subsecretaría de Desarrollo Territorial, 4/12/2017), creado con el objetivo de que las empresas recuperadas “se puedan expresar, [y] donde se establezcan acuerdos para poder trabajar o gestionar recursos del estado. Antes eran cooperativas que estaban vinculadas, pero la formalización es una iniciativa municipal en cabeza de Oscar Minteguía” (funcionario municipal, comunicación personal, octubre de 2022).

Tercera etapa: maduración y gestión de desafíos

Posterior a la formalización de la Mesa, vía ordenanza, inicia una nueva etapa en la que los intereses de los trabajadores están centrados en la “construcción de políticas públicas que reconozcan y fortalezcan a las ERT como actores productivos” (socio fundador de la Cooperativa Indicado, comunicación personal, julio de 2022). 

En la búsqueda de este objetivo, se destaca la expedición de un marco normativo y de políticas públicas a nivel provincial y municipal.

A nivel provincial, en 2014 se expidió la Ley 14650, conocida como “Ley de Economía Social de la Provincia de Buenos Aires”, que estableció la adecuación municipal del sistema de promoción y desarrollo de la economía social y solidaria, incluyendo la conformación de un consejo asesor/consultivo, un registro, un fondo de financiamiento para la promoción del sector, exenciones impositivas, y políticas de compras y contrataciones estatales. Desde la Mesa la gestión por la expedición de la Ley se desarrolló en clave de cooperación entre todos los actores. Como declara el socio fundador de la Cooperativa 19 de diciembre: “todos buscábamos lo mismo ( … ) sabíamos que era para beneficio nuestro, y fuimos todos juntos [a gestionar la Ley]” (comunicación personal, noviembre de 2021).

A nivel municipal resultan relevantes dos ordenanzas. La N.^o 11835/2015, que establece un régimen especial de compra estatal y contrataciones con las ERT, y la N.^o 11289/2017, que reconoce a la Mesa como órgano consultivo del municipio.

No obstante estos logros, y el funcionamiento de la interfaz como espacio de cooperación, se presentan conflictos y desacuerdos ligados, principalmente, a la conducción y gestión de la Mesa, y al rol del estado municipal en la garantía de relaciones de producción alternativas al capitalismo.

Respecto a la conducción y gestión de la Mesa, la Ordenanza establece que el Municipio, a través de la DGESS, es el encargado del Régimen de Empadronamiento. Amparado en este marco legal, el director de la DGESS, con el reconocimiento de las ERT y la UNSAM/MNER, ejerce como secretario técnico de la Mesa. No obstante, más allá de este acuerdo, se evidencia una carencia de estatutos que regulen el funcionamiento y, sobre todo, la conducción de la Mesa.

De acuerdo con el representante de la UNSAM/MNER: “hay un desencuentro sobre cómo debe proceder la Mesa. La Ordenanza no establece la funcionalidad, entonces hay una orgánica y una no orgánica y eso, a veces, genera situaciones de tensión” (comunicación personal, mayo de 2022). En esta línea, el socio de la Cooperativa 19 de diciembre señala que: “la Mesa es un espacio para elevar demandas, pero la conducción es nuestra, la conformamos nosotros desde hace 20 años” (socio fundador, comunicación personal, octubre de 2021). 

A fin de regularizar las prácticas y dar soluciones a este tipo de conflictos, los actores de la interfaz definieron realizar dos reuniones mensuales. Sin embargo, aspectos como la convocatoria siguen generando tensión:

¿Quién convoca? La convocatoria es del sector, y en el sector están la Universidad, la Municipalidad y todos los trabajadores. En todo caso, si una cooperativa quiere hacer una reunión la hace tranquilamente, tenemos un grupo de Whatsapp y se invita. Cualquiera tiene la posibilidad de decir, che, nos queremos juntar por tal y cual tema y entonces la mayoría acompaña o no, nunca nos pasó que no acompañen, después hay tensiones de quién convoca, pero estamos en ese tipo de construcción todavía. (Representante UNSAM/MNER, comunicación personal, mayo de 2022)

Para el Municipio la Ordenanza avala su rol como secretario técnico; lo que implica realizar convocatorias y liderar la conducción en la mesa. Advierten, desde la municipalidad, no obstante, que la Mesa es un espacio en el que se ponen en juego los “intereses, no dejamos de ser todos actores políticos, por más que nos llevemos bien ( … ) no es un espacio simple ese, pero es necesario” (funcionario municipal, comunicación personal, octubre de 2022).

Por otro lado, con respecto al rol del estado, las ERT consideran que el gobierno municipal es garante de las relaciones de producción, por lo que es responsable de la habilitación municipal y la expropiación de los medios de producción. Al respecto, un socio fundador de la Cooperativa Norte señala que:

Todavía seguimos luchando por una ley que nos otorgue la expropiación total, que no tengamos que renovarla cada cinco años ( … ), y luchamos porque el municipio [en su caso en particular] nos dé la habilitación formal. Llevamos más de nueve años y tenemos una habilitación precaria, no formal. Aquí hay planos aprobados por el municipio, solo agregamos dos máquinas a las que tenía la Sociedad Anónima. No se entiende por qué no se da la habilitación. (Comunicación personal, julio de 2021)

En esta línea el representante del MNER/UNSAM agrega:

  en la época de Vidal^[14], nosotros [ERT, MNER/UNSAM] le propusimos al municipio, al ser el único estado presente en el espacio [Mesa], que se anime a profundizar las políticas, y ante las situaciones jurídicas específicas, que el municipio expropie. La respuesta del municipio fue que dada la normatividad vigente no pueden expropiar, pero nosotros desde el espacio entendemos que sí pueden expropiar ( … ). Ahí lo que pasa es que el estado va midiendo su injerencia, hasta donde no y hasta donde sí. (Comunicación personal, mayo 2022)

La respuesta del director de la DGESS, representante del municipio en la Mesa, es que la habilitación municipal implica cumplir, entre otros, requisitos fiscales y físicos que exceden el ámbito de actuación de la Dirección de Desarrollo Social.

Por otro lado, señala que la expropiación de los medios de producción se produce en un marco normativo nacional y provincial, cuya implementación resulta limitada. Al respecto, Amodio y Ríos (2019) argumentan que la política de expropiación ha operado en la esfera del poder legislativo, convirtiendo al poder ejecutivo en un pagador. Agregan los autores que esta situación persiste aun con la expedición, en 2008, de la Ley 13828, que establece la creación del Fondo Especial de Recuperación de Empresas, suspende los procesos judiciales a las ERT que hayan sido expropiadas y obliga al estado a realizar un análisis de viabilidad de las empresas sujetas a expropiación. El Fondo fue creado cuatro años después, aunque sin recursos de financiamiento (Amodio & Ríos, 2019). 

Así, en la gran mayoría de los procesos de recuperación de San Martín, lo máximo que está en las posibilidades del gobierno es la renovación de las leyes de expropiación temporarias, renovables cada cinco años, cuya aprobación está sujeta a la voluntad del gobierno de turno.

Reflexiones finales

En esta investigación se deja presente que las particularidades del neoliberalismo realmente existente en Argentina (Ley de Convertibilidad, múltiples privatizaciones, transformaciones del mercado laboral y la posterior crisis de legitimidad social, política y económica) permitieron la emergencia de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores como estrategia de respuesta-resistencia. Al mismo tiempo, las ERT aparecen como un proceso de construcción política más amplio, fundada en la defensa de la producción nacional y los derechos asociados al trabajo, posibilitando el desarrollo de procesos de politización en actores que se movilizan y organizan como consecuencia de necesidades materiales profundas.

En tal sentido, transcurridas más de dos décadas del surgimiento de las ETR, estas han trascendido de estrategias coyunturales de subsistencia e inserción laboral de la población excluida del mercado laboral a: i) la institucionalización de formas de trabajo asociativas y autogestivas con dinámicas organizacionales y lógicas de producción propias, ii) la conformación e institucionalización de actores sociales y políticos que despliegan estrategias en el marco de contextos institucionales dinámicos vinculados a las distintas, iterativas y adaptativas aproximaciones del neoliberalismo, y iii) la configuración de interfaces en las que se ponen en juego tanto las objetivos e intereses de las ERT como la gobernabilidad de un proyecto político.

A través de la experiencia de la Mesa de Empresas Recuperadas San Martín se mostró que las interfaces son, simultáneamente, espacios de cooperación y de conflicto, y que estas pueden ser promovidas por actores sociales en el marco de sus procesos de institucionalización y en virtud de sus objetivos. Así mismo, se pudo observar que la configuración de interfaces es un proceso dinámico, en el que los intereses de los actores se modifican de acuerdo con las circunstancias y el contexto. Así, los intereses fueron cambiando de la necesidad de transitar un conflicto social a consolidar un espacio, y finalmente a disputar la representatividad y la agenda pública vinculada con las ERT.

En esta experiencia, los conflictos abarcan disputas por el origen, formalización y conducción de la interfaz, en los que se ponen en juego la representación institucional de las ERT. Como espacio de cooperación se observan situaciones de coincidencia y alineación de intereses, como el apoyo a la Ley Provincial de Expropiación.

Por otro lado, se encontró que una misma situación puede detentar características de cooperación y conflicto. La Ordenanza que formaliza la Mesa es ejemplo de ello. En tanto cooperación, posibilitó sintonizar los intereses de los trabajadores, el MNER/UNSAM y el gobierno municipal, permitiendo, por un lado, a los actores de la Mesa informal lograr el objetivo de formalizar un espacio que llevaba operando casi una década sin reconocimiento oficial y, por otro, al gobierno mostrar evidencia de su política de “gestión compartida”. En tanto conflicto, esa misma sintonía de intereses, que favoreció la expedición de la Ordenanza, genera disputas por el origen de la interfaz, evidenciadas en que, tanto trabajadores y MNER como el gobierno judicial se adjudican su formalización.

La experiencia de la Mesa también muestra que en las interfaces los actores relevantes se definen por el reconocimiento de los propios actores involucrados, antes que por aspectos normativos, como en el caso del MNER.

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Villarreal, M. (1994). Wielding and yielding: Power, subordination and gender identity in the context of a Mexican development project. Wageningen University and Research.

Visacovsky, N. (2007). Gral. San Martín. Ciudad de la Tradición y Capital de la Industria Escenario mítico de la Historia Argentina. UNSAM.

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^[1] En este trabajo la palabra estado se escribe con minúscula, siguiendo los postulados de autores como Abrams, Gupta y Mitchell, quienes desde la antropología política llaman la atención sobre la necesidad de desmitificar, y descosificar, al estado desde su escritura. Ver Abrams (1988) y Abrams et al., (2015).

[2] Esta investigación, así como el trabajo de campo realizado en el municipio de San Martín, se desarrollaron y financiaron en el marco de una beca doctoral del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), correspondiente al Proyecto de Investigación “Circuitos productivos regionales, capacidades estatales y subordinación productiva en Argentina a principios de siglo XXI”, dirigido por el Dr. Ariel García.

[3] Esta investigación, así como el trabajo de campo realizado en el municipio de San Martín, se desarrollaron y financiaron en el marco de una beca doctoral del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), correspondiente al Proyecto de Investigación “Circuitos productivos regionales, capacidades estatales y subordinación productiva en Argentina a principios de siglo XXI”, dirigido por el Dr. Ariel García.

^[4] En el municipio se observan tres periodos de surgimiento de ERT, vinculados con crisis del modelo neoliberal a nivel nacional o global: 2002-2003, 2009-2012, 2016-2019.

^[5] Tanto en el caso del gobierno municipal como de la UNSAM fue preciso realizar otra entrevista para profundizar en algunos aspectos.

^[6] En el transcurso de la investigación se produjo cambio de director, por lo que se consideró conveniente entrevistarlo.

^[7] Con respecto a la discusión de la marginalidad, ver Nun (1969, 2010).

^[8] Long utiliza el término “reificación”. Para De la Peña (2007), este cuestionamiento está relacionado con el vínculo de Long con Phillip Abrams, cuando trabajaron juntos, en 1972, en la universidad de Durham (Reino Unido). Ambos autores coincidieron en la tesis de la “inexistencia del estado como una entidad organizada” que detenta una única lógica y una única racionalidad (De la Peña, 2007, p. 10).

^[9] La perspectiva de interfaz ha sido aplicada, mayoritariamente, a estudios del desarrollo rural y ambiental en países latinoamericanos y africanos. Ver Arce (1993), Meza Jiménez (2020) y Villarreal (1994); y estudios en el ámbito de la política social y desarrollo urbano en clave de cogestión, gobernanza y rendición de cuentas. Ver Hevia e Isunza Vera (2010) e Isunza Vera (2013). 

^[10] En 1974 el municipio albergaba el mayor número de establecimientos productivos del Gran Buenos Aires (17 % del total) y empleaba al 16% del total de trabajadores de la misma zona (Molina, 2013).

^[11] Gabriel Katopodis fue elegido por el Frente Social de la Provincia de Buenos Aires, vinculado con el kirchnerismo. En diciembre de 2019 asumió como ministro de Obras Públicas del gobierno nacional y designó a Fernando Moreira como intendente, quien conservó gran parte del gabinete municipal, entre ellos los funcionarios vinculados con los procesos de recuperación de empresas, y garantizó la continuidad de las políticas.

^[12] Ricardo Ivoskus asumió la intendencia de San Martín en el año 1999, bajo las banderas del Partido Radical.

^[13]Cita tomada de un cuaderno elaborado por la Mesa en el año 2022

^[14] Se refiere a Maria Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019, elegida por el partido Propuesta Republicana (PRO), integrante de la Alianza Cambiemos.