Marchas y contramarchas en las políticas locales de género: dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina / Ana Laura Rodríguez Gustá (Editora) (2019). CLACSO, 297 páginas.
El trabajo de diferentes autoras en Marchas y contramarchas en las políticas locales de género analiza los procesos de institucionalización de género en la Argentina, Colombia, México y Uruguay. Mediante una perspectiva regional, la compilación que realiza Ana Laura Rodríguez Gustá se basa en el estudio de distintos municipios urbanos. Su relevancia radica en que responde a distintos niveles jurisdiccionales, y es posible evidenciar las conexiones entre lo local, nacional e internacional para lograr nuevas alianzas y avances en materia de género.
Rodríguez Gustá, en primer lugar, sintetiza los ejes teóricos que recorren las investigaciones. Para eso, propone en principio la distinción de intereses prácticos y estratégicos, teniendo en cuenta que la satisfacción de necesidades básicas y el cuestionamiento de las relaciones de género deben ser pensados multicausalmente. En segundo lugar, describe el proceso mediante el cual se institucionaliza la adopción de género y políticas de igualdad y, por último, la forma en la que los diferentes actores se vinculan en la conformación de dichos intereses.
El “triángulo ideal” (Massolo, 2006) se retoma en algunas de las investigaciones, pero sirve de eje para pensarlas a todas, en tanto se vuelve una suerte de escenario ideal al momento de disputar la ampliación de la ciudadanía de las mujeres. El concepto plantea el trabajo conjunto de burocracias, actores políticos y organizaciones sociales que, mediante una agenda de género, influyen en la transformación de las desigualdades.
La primera sección abarca la realidad en dos municipios diferentes, pero con una misma dinámica: mujeres populares que se organizaron en torno a intereses prácticos, como las tareas de cuidado, la pobreza y la inseguridad. La necesidad de políticas sociales que lograran resolver sus intereses más inmediatos las llevó a organizarse y conformar redes que luego les permitieron politizar sus demandas.
El primer artículo pone de manifiesto la forma en la que las organizaciones de las mujeres de sectores populares articularon sus demandas colectivamente. Analizando los Centros de Desarrollo Infantil, Sandra Franco Patiño y Valeria Llobet argumentan la politización de las tareas de cuidado, teniendo en cuenta la forma en la que las mujeres mediante la socialización de los roles maternales pudieron crear espacios en los que modificaron su realidad, pero también la denunciaron y dejaron en evidencia que estas tareas no son solo responsabilidad de las familias: es necesario que el Estado juegue un rol central.
Constanza Tabbush analiza la participación de las beneficiarias de programas sociales del barrio Carlos Gardel entre el 2006 y el 2008 en espacios locales. Entre sus demandas: la pobreza estructural y la seguridad. En conjunto con el rol activo del municipio en la implementación de diversas políticas sociales, sus voces se encontraron habilitadas en tanto estuvieran ligadas a la vulnerabilidad social. Sin embargo, en temas de seguridad, sus demandas fueron invisibilizadas y no encontraron forma de legitimarlas en la esfera pública.
La segunda sección aborda la institucionalidad de género y las políticas públicas municipales. Las experiencias de Montevideo, Bogotá, Rosario y México evidencian la importancia del rol de las actoras y las redes que construyeron para poder sostener las políticas de género.
María Novel Avas analiza la forma en la que se fue transformando el entramado de género mediante los tres Planes de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIO): el primero entre 2002-2005, luego 2007-2011, para terminar con el período 2014-2020. Desde su gestación, evidencia la forma en la que se mantuvieron como herramienta para la transversalidad de género, a pesar de las diferentes coyunturas políticas, contextos y actores.
Angi Velásquez analiza durante el periodo 2003-2008 la forma en la que se construyó política de género en Bogotá. La autora denota que fue posible en tanto ocurrió en el marco de un gobierno local que buscó promover una agenda de género y DD. HH., un movimiento amplio de mujeres, académicas e independientes, conformando el “triángulo ideal” (Massolo, 2006).
Para Silvia Levín, quien recorre el proceso de las políticas municipales de violencia de género en Rosario, las desigualdades de género están estrechamente vinculadas a las desigualdades de agencia, siendo la violencia un resultado ineludible de un entramado estructural, propio del sistema jerárquico patriarcal. En el caso de esta ciudad, se pueden distinguir dos momentos en lo que respecta a la implementación de políticas de violencia de género: el de políticas tempranas, que transcurre desde 1990 hasta el 2000, y el de políticas maduras, que ocupa hasta la actualidad.
Magdalena Acuña analiza el sesgo presupuestario, ya que el presupuesto sensible al género (PSG) se volvió una herramienta para poder garantizar la transversalización de género. La incorporación del PSG en Rosario provocó una marcada ampliación de la participación de las mujeres, y se la puede vincular con el surgimiento de lideresas.
Gisela Zaremberg, Katya Salas y María Dolores López Jara abordan las administraciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) durante el período 2006-2018 en México y la forma en la que se relacionaron con los diferentes municipios y estados, a fin de implementar la transversalidad de género. Ambas administraciones marcaron diferencias significativas en lo que respecta a la visión tanto en la forma de abordar los municipios como en el presupuesto.
La última sección analiza la presencia de las mujeres en la política local, tomando en cuenta la participación en los municipios. Mariana Caminotti, María Page y Soledad Zárate realizan un recorrido entre los años 1997 y 2017, tomando como punto de partida la implementación de la Ley de Cuotas para candidaturas legislativas y finalizando con la Ley de Paridad. De este modo, evidencian como los avances normativos contribuyeron al acceso de mujeres en ámbitos legislativos, aunque los hombres continúan teniendo los puestos más relevantes.
El libro logra evidenciar las dimensiones formales y sustantivas de la ciudadanía de las mujeres, los intereses prácticos y estratégicos, que por momentos se encuentran y suelen ser complementarios. Al mismo tiempo, es una clara muestra de cómo el Estado habilita o restringe la ampliación ciudadana de las mujeres, en tanto no se impone como una estructura que se niegue a incorporar la perspectiva de género, pero tampoco las toma en forma inmediata y genera políticas públicas concretas y efectivas.
La autora sostiene que el municipio “En tanto expresión de frontera entre el Estado y la sociedad continúa siendo una arena específica de acción para los actores con agenda de derechos de mujeres y para las feministas en particular” (Rodríguez Gustá, 2019, p. 45). Esto sería posible en la medida en que sea capaz de fomentar espacios en los que se amplíe el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Gisela Guolo
Referencias bibliográficas
Massolo, A. (2006). Nueva institucionalidad local de género en América Latina. INSTRAW.