Estallido social en Chile: una lectura de la pobreza y la desigualdad en clave de respeto y reconocimiento

* Universidad Católica Silva Henríquez. Correo electrónico: vverdugob@hotmail.com

En el presente trabajo se reflexiona sobre la forma en que se construye socialmente la demanda ciudadana por una reforma estructural en el marco del denominado estallido social iniciado en octubre de 2019 en Chile, cuestión que remite a una discusión de fondo sobre el modelo de sociedad al que los actores implicados aspiran. Dado que los significados orientan la acción, nos parece fundamental ahondar sobre las nociones de respeto y dignidad que están en la base de la protesta social de la ciudadanía movilizada, interpelando el modelo neoliberal y sus efectos permanentes sobre la precarización de la vida. Es así como, a partir de la teoría del reconocimiento de Honneth y de una investigación realizada por la autora entre 2009 y 2013 en Santiago de Chile^[1] sobre la significación del respeto en el mundo de la pobreza, el análisis se focaliza en la forma en que, a partir de dichas nociones, la sociedad se relaciona con la pobreza y con la desigualdad. En el escenario de una convivencia problemática de significados que apuntan a modelos distintos de sociedad, este trabajo busca contribuir a desmitificar la cultura de la desigualdad que naturaliza el abuso e impide forjar una sociedad de semejantes.

The present paper reflects on the way in which citizen demand for a structural reform is socially constructed in the framework of the so-called social outbreak started in October 2019 in Chile, which ultimately refers to a substantive discussion on the model of society longed by the actors involved. Given that meanings guide action, it seems fundamental to us to delve into the notions of respect and dignity that are at the base of the social protest of mobilized citizens, challenging the neoliberal model and its permanent effects on the precariousness of daily life. Thus, based on the Recognition theory by Honneth and an investigation carried out by the author between 2009 and 2013 in Santiago, Chile, on the significance of respect in the world of poverty, the analysis focuses on the form in which, based on these notions, society is related to poverty and inequality. In the context of a problematic coexistence of meanings that point to different models of society, this work seeks to contribute to demystifying the culture of inequality that naturalizes abuse and prevents forging a society of peers.

En nuestro estudio sobre la significación del respeto en el mundo de la pobreza, nos planteamos el supuesto de que esta última ubica a los pobres en una posición de desigualdad en sus opciones de acceso al respeto, aspecto que pensábamos se expresaba en dimensiones tanto materiales como simbólicas. En dicha investigación, pudimos comprobar que el respeto aparece directamente vinculado a sus experiencias vitales en una compleja relación disonante, estructurada en torno a las expectativas que genera el deber ser de este principio universal y su experiencia de vida marcada por la pobreza y el irrespeto. Observamos también que la pobreza es significada como el principal obstáculo para la realización de la dignidad humana y que las personas que viven en esta situación aspiran a una integración social plena. Este anhelo emerge de la conciencia de la dignidad intrínseca del ser humano y de la convicción de que la pobreza es un producto social.

En los últimos años, se ha generado evidencia empírica que reafirma estos resultados y muestra el malestar de las personas asociado a la frustración de expectativas de respeto y dignidad (Araujo, 2019; Frei, 2016; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2012, 2017; Zilveti, 2016). Con la emergencia del estallido social de octubre de2019, dicho malestar se hace omnipresente, lo que promueve un debate profundo en todo nivel sobre las posibilidades que ofrece la sociedad chilena de vivir dignamente. Uno de los aspectos que resulta particularmente relevante de la crisis social y política que subyace al estallido es que el descontento generalizado que ocasiona la desigualdad presente en el país interpela la dignidad igualitaria que, en términos formales, tienen todas las personas. Ello significa que la discusión excede los límites de la pobreza y de una concepción minimalista del bienestar, proyectándose a las condiciones de vida y patrones de integración del conjunto de la sociedad. Como plantea Canales (2007), el debate incluye aquella zona que está entre la línea de la pobreza y la línea de la inclusión social plena, es decir, a aquellos ciudadanos que, pese a no ser pobres o no serlo de manera permanente, viven precariamente y carecen de los recursos suficientes para garantizar su autonomía económica y social.

En efecto, si bien Chile, como otros países de América Latina, experimenta un siglo xxi con la presencia pública, cada vez más activa, de movimientos sociales que demandan una inclusión social plena^[2], antes de octubre de 2019 no había un reconocimiento transversal por parte de toda la población de las profundas desigualdades que genera el modelo neoliberal. Más aún, algunos estudios daban cuenta de la incorporación creciente en la sociedad de valores del ideario neoliberal, como la atribución de la pobreza y la desigualdad a causas individuales por parte de un porcentaje no menor de la ciudadanía; la importancia de la meritocracia como vía para el éxito y la integración social o la presencia extendida en la sociedad de experiencias de malos tratos vinculados a variables, tales como la posición social, el lugar de residencia, la vestimenta y el trabajo u ocupación desempeñado (Centro de Estudios Públicos [CEP], 2015; Pontificia Universidad Católica de Chile y GFK Adimark, 2018; PNUD, 2017; Zilveti, 2016).

El país gozaba de una suerte de admiración que lo ubicaba como ejemplo de estabilidad, orden y desarrollo económico, donde no cabía la indeseada “violencia” observada con distancia en otros países de la región. Si bien ya teníamos indicios de un descontento creciente con la sociedad de parte de la ciudadanía^[3], este nunca antes se había expresado de una manera tal radical y multiforme en una demanda masiva, sistemática y transversal de respeto y dignidad. Aunque no es posible afirmar que esto constituya una derrota cultural del neoliberalismo, con el despertar de octubre de 2019 se produjo un quiebre en la “normalidad”: la protesta social y el debate profundo presentes en las calles, en los ámbitos académico y político, medios de comunicación y redes sociales movieron los cimientos que afirmaban los significados hegemónicos atribuidos al denominado “milagro chileno”. “No son treinta pesos^[4], sino treinta años de abuso” era una de las consignas que, junto con revelar un malestar subjetivo anclado en las experiencias de las personas, hacía emerger el otro Chile. En este proceso, se observa con nitidez la deslegitimación de las autoridades y sus instituciones en todo nivel, significadas como ineficaces y carentes de voluntad política para atender a las necesidades de la población. De ahí que la diferenciación izquierda/derecha pierde importancia para la ciudadanía ante laprolongada experiencia de un ejercicio del poder que se cristaliza en el abuso y el privilegio. Así, a la vez que se desnaturalizaban los estragos ocasionados por el modelo al convertir derechos sociales en bienes que se transan en el mercado, se visibilizaban los juegos de poder que en materia económica y política resguardaban los intereses de la elite.

A partir de lo anterior, el presente trabajo reflexiona sobre las nociones de respeto y dignidad en el marco de la movilización ciudadana que se inicia en octubre de 2019 en Chile. Se parte del supuesto de que, en la base del estallido y de la respuesta del Gobierno y de los actores con poder para enfrentarlo, existe una disputa esencial en torno a la creencia en la dignidad igualitaria del conjunto de población. De ahí que la demanda de la ciudadanía por respeto y dignidad no genera reformas estructurales orientadas a promover condiciones de vida dignas para todos, sino represión y acciones nimias en materia social cuyo objetivo primordial es poner término a la “violencia” y volver a la “normalidad”, manteniendo el statuquo. Para abordar los significados subyacentes a la crisis social y política que vive el país, en la reflexión que sigue intentaremos responder a las siguientes preguntas: ¿de qué manera se construyen las nociones de respeto y dignidad en el contexto del estallido social?; y ¿cómo se vincula dicha elaboración con la pobreza y la desigualdad?

El trabajo se organiza en tres acápites. En el primero de ellos, hacemos una breve contextualización de algunos de los principales hitos que dan cuenta de la forma en que se suceden los hechos en el país desde octubre de 2019 hasta la fecha en que se escribe este trabajo, así como de antecedentes sobre las desigualdades profundas que comprometen la posibilidad de desarrollar una vida digna en Chile. En un segundo momento, se presenta una conceptualización en torno a las nociones de respeto y dignidad y sus vínculos con los fenómenos de la pobreza y la desigualdad en el marco de la crisis que vive el país y de la teoría del reconocimiento de Honneth. Por último, a modo de síntesis, se esbozan algunas consideraciones finales que se desprenden del análisis.

Del inicio del estallido social a la caída del mito del “milagro chileno”. Breve cronología y reseña del Chile desigual

El 14 de octubre de 2019 es considerado como el inicio del estallido social en Chile, cuando los estudiantes secundarios evaden masivamente el pago del metro en Santiago luego de un aumento de 30^[5] pesos en la tarifa. Ocurrido este hecho, en pocos días, emergen y se intensifican movilizaciones en todo el territorio nacional que denuncian abusos en distintos ámbitos del bienestar y exigen derechos sociales básicos y cambios estructurales a nivel nacional. Entre los hechos ocurridos en el marco de las movilizaciones está la quema simultánea de varias estaciones del metro en Santiago. A pesar de la transversalidad y sistematicidad que adquiere la protesta, el Gobierno no asume la gravedad de los hechos y arremete con una fuerte represión por parte de la policía. Esto se lleva al extremo el día 19 del mismo mes, cuando el presidente Piñera decreta estado de emergencia y posteriormente toque de queda en diferentes ciudades. Un día después se dirige a toda la nación, interpretando los hechos ocurridos como una guerra en la que, según sus propias palabras, el país se enfrenta a un “enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (Lucero y Guerra, 2019, párr. 2). Tras estas medidas, la ciudadanía responde con la denominada “marcha más grande de la historia”, que concentró el 25 de octubre en Santiago a más de un millón doscientas mil personas. Dos días después, el presidente Piñera anuncia el levantamiento del estado de emergencia y saca a los militares de las calles.

Ante la persistencia de una radicalizada y multitudinaria movilización ciudadana, el 30 de octubre el presidente informa que no se realizarán en Chile ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ni la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25, eventosinternacionales de gran trascendencia para su gobierno. En un escenario donde las movilizaciones persisten en todo el país, el 10 de noviembre el presidente ratifica el inicio de un proceso para establecer una nueva Constitución. En los días siguientes se da inicio a un duro proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición que se traduce, el 15 de noviembre, en el denominado acuerdo histórico.Ambos sectores pactan la realización de un plebiscito en el que la ciudadanía podría decidir si quería o no una nueva Constitución, acto eleccionario que se planifica inicialmente para el 26 de abril^[6] de 2020. Días después, el 24 de noviembre, el presidente Piñera anuncia un proyecto que da facultades a las Fuerzas Armadas de Chile para colaborar en la protección de infraestructura crítica sin necesidad de declarar estado de excepción constitucional (este aún se encuentra en trámite en el Congreso).

Entre los meses de octubre y diciembre de 2019, la represión de las Fuerzas Armadas y de orden es brutal, cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con antecedentes recopilados por Amnistía Internacional, más de 13.000 personas fueron heridas durante los dos primeros meses de protestas; se registraron más de 2500 denuncias de violaciones a los derechos humanos, de las que más de 1500 corresponden a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 100 eran delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Adicionalmente, hasta diciembre se registraron más de 350 casos de traumas oculares causados fundamentalmente por perdigones de escopeta (Amnistía Internacional, 2020). Estos hechos, que, en opinión de Amnistía Internacional, constituyen la peor crisis de derechos humanos en el país posdictadura militar de Pinochet comprometen seriamente nuestra democracia^[7]. Si bien la movilización social tuvo una baja en febrero de 2020, periodo de vacaciones en Chile, se esperaba una fuerte reactivación en marzo al reiniciarse las actividades laborales y académicas. No obstante, la pandemia provocada por el COVID-19 ha concentrado al país en el enfrentamiento de la crisis sanitaria, lo que ha puesto en pausa la demanda ciudadana y la respuesta frente a esta. Al momento en que se escribe este trabajo, nos encontramos en confinamiento en la Región Metropolitana y otras ciudades del país.

No es una tarea fácil explicar el conjunto de factores que, de manera entreverada, están en la base de la crisis social y política por la que atraviesa un país donde la desigualdad ha alcanzado niveles vergonzosos, la institucionalidad no da garantía de respeto a los derechos de las personas, y las autoridades han perdido la legitimidad ante la opinión pública. Resulta ilustrador, sin embargo, detenernos en algunos antecedentes que explican el malestar y la demanda ciudadana.

En primer lugar, es necesario señalar que la desigualdad socioeconómica en Chile no es un fenómeno nuevo ni reciente. Pese a que sus mecanismos y formas de expresión han cambiado, es posible identificar algunas constantes históricas, como la sucesión de elites que concentran gran parte de las riquezas y un sector mayoritario de la sociedad en situación económica y social desaventajada (PNUD, 2017). Cabe hacer mención especial al periodo de dictadura militar de Pinochet (1973-1989), cuando el país experimentó una transformación profunda en términos económicos y sociales^[8], con efectos significativos sobre la estructura de desigualdad (PNUD, 2017). Con el advenimiento de la democracia, el modelo económico impuesto en dictadura militar no se cambia, permaneciendo en manos de privados con una lógica de mercado la administración de ámbitos fundamentales para la vida de las personas, como lo son la previsión, la salud, la educación, entre muchos otros. Transcurridas tres décadas desde el término de la dictadura, las desigualdades en el país no solo no desaparecen, sino que aumentan. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019), el nivel de desigualdad en materia de ingresos es enorme: en 2017 el 50 % de los hogares menos favorecidos accedió solo al 2,1 % de la riqueza neta del país, el 10 % más rico concentró el 66,5 % del total, mientras que el 1 % más adinerado obtuvo el 26,5 % de la riqueza.

En la actualidad, la vida se ha precarizado de manera tal que un sector importante de la población vive lo que Bayón (2015) denomina unaintegración excluyente que le impide una participación igualitaria en la sociedad. De acuerdo con Duran y Kremerman, (2019), el 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000^[9], y prácticamente 7 de cada 10, menos de $550.000 líquidos; 1,1 millones de asalariados no poseen contrato de trabajo, y el 80 % gana menos de $412.000. Del mismo modo, en Chile se registran más de 770.000 subempleados, de este total el 50 % gana menos de $150.000. Con respecto al tema previsional, los antecedentes proporcionados por Gálvez y Kremerman (2019) evidencian que Chile experimenta una grave crisis que compromete seriamente el bienestar de la mayor parte de la población. A marzo de2019, el 50 % de los 708.000 jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad obtuvieron menos de $151.000^[10], cifra que desciende a $133.000 si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado^[11]. Si se observa el tramo de personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, se constata que el 50 % recibió una pensión menor a $293.300^[12], valor que está por debajo del salario mínimo^[13]. Los datos correspondientes al año 2018 son más críticos aún: el 50 % de los 124.000 pensionados ese año, a través de su ahorro y la rentabilidad obtenida por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), solo lograron autofinanciar una pensión menor a $48.000; y el 50% de quienes cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral pudieron autofinanciar una pensión menor a $246.000, equivalente al 82 % del salario mínimo^[14]. En cuanto a la pobreza medida por ingresos, si bien se mira con optimismo el indicador oficial que muestra una baja sostenida desde 2006, cuando alcanzaba a 29,1 % de la población, hasta 2017, cuando alcanzaba 8,6 % (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017); otros estudios muestran que mediciones más exigentes aumentarían considerablemente esta cifra, lo que demuestra una robusta relación entre bajos salarios, bajas pensiones y pobreza. En efecto, si la medición considerara exclusivamente los ingresos del mundo del trabajo^[15] (ingresos laborales y pensiones contributivas) en la perspectiva de evaluar la suficiencia de este tipo de recursos para mantener a los hogares fuera de la pobreza, se constata que la pobreza en Chile pasaría de un 8,6 % a un 29,4 %. El desglose de esta última cifra permite observar la importancia que tiene cada uno de los componentes del ingreso total en la medición. Si no se consideran los subsidios y transferencias que entrega el Estado, se pasa de un 8,6 % a 12,5 %; si tampoco se considera el alquiler imputado, aumentaría a 24 %. Finalmente, si en relación con los ingresos autónomos, se consideran únicamente los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, dejando fuera los ingresos de capital, la pobreza ascendería al 29,4 % señalado precedentemente. La conclusión de todo esto es que, si las personas en Chile dependieran solo de los ingresos del trabajo (en su etapa de jubilación, reflejados en el monto de las pensiones), 3 de cada 10 de ellas estarían bajo la línea de la pobreza^[16], pasando de 1,5 millones a 5,2 millones de personas en esta situación (Durán y Kremerman, 2018).

En el contexto de estos exiguos ingresos, la población presenta un nivel importante de deuda. Por una parte, de acuerdo con la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018), más del 70 % de los hogares está endeudado, lo que quiere decir que sus gastos mensuales superan a sus ingresos mensuales. Por otra parte, según el sistema de cuentas nacionales del Banco Central de Chile, en el primer semestre de 2019, la deuda total de los hogares asciende a un 73,5 % de sus ingresos disponibles anuales. Finalmente, los antecedentes proporcionados por el XXIV Informe de Deuda Personal Universidad San Sebastián - Equifax muestran que en Chile más de 11 millones de personas están endeudadas, cifra que equivale a más del 80 % de los mayores de 18 años, de los cuales 4,6 millones están morosos, teniendo un monto promedio de morosidad de $1.754.525^[17] (Durán y Kremerman, 2019).

Desde el punto de vista del bienestar subjetivo, se dispone de antecedentes que demuestran que la población en Chile presenta un fuerte descontento con la desigualdad, cuestión que excede los límites de lo económico y se proyecta a otras dimensiones. En efecto, de acuerdo con Frei (2016), la igualdad de trato en Chile aparece como el mandato moral más urgente, aspecto que, desde un punto de vista normativo, correspondería al imperativo categórico a partir del cual se evalúan las relaciones sociales. Es importante señalar que, de todas las materias abordadas en el estudio, este aspecto constituye el único argumento compartido por todos los grupos estudiados sin distinción de clase, edad o sexo. Estos datos se ven reafirmados por el PNUD (2017), que advierte que al 67 % de la población le molestan mucho las desigualdades existentes en aspectos tales como el acceso a la salud y a la educación, así como en cuanto al mayor respeto y dignidad con que se trata a algunas personas.

Los antecedentes expuestos precedentemente muestran que la desigualdad constituye un rasgo estructural del orden social presente en Chile que impide la integración plena a un sector mayoritario de la ciudadaníaylo condena a una vida precaria que compromete seriamente su dignidad. En este complejo escenario, una ciudadanía cada vez más crítica y disconforme revindica el respeto como sustento de un cambio estructural coherente con la dignidad igualitaria que poseen todas las personas.

El estallido social de octubre de 2019remeció a Chile y puso en el centro de la agenda pública cuestiones tan fundamentales e insuficientemente abordadas por las ciencias sociales como la dignidad y el respeto. La transversalidad e intensidad con que aparecen en la protesta ciudadana dan cuenta de una sensibilidad colectiva que les otorga un lugar protagónico en la construcción de una sociedad más justa y democrática, así como de la complejidad y los desafíos que encierra su materialización en una sociedad como la chilena. Ello ha contribuido a resituar su importancia en el mundo académico, social, político y cultural, para constituir actualmente un tema obligado de debate y de preocupación en distintos niveles.

Desde el punto de vista simbólico, el 18 de octubre se inicia un proceso interesante deresignificación masiva de algunas representaciones hegemónicas del denominado “milagro chileno”.La movilización adquiere un carácter claramente anticapitalista y antineoliberal que interpela al sistema. En este contexto, adquieren visibilidad las violencias que genera el modelo, expresadas en la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad, en el trato diferenciado, en la incertidumbre de vivir al día, en la tolerancia al menosprecio, en la falta de respeto y, en definitiva, en la producción de ciudadanías de primera y segunda categoría. Desde esta perspectiva, se hace evidente que el problema no se sitúa, como se ha venido sosteniendo, solo en aquellos que entran en la categoría de pobres, sino en las condiciones de vida de la mayoría de la población. No obstante que algunos estudios habían documentado que estar sobre la línea de la pobreza no era sinónimo de bienestar, ni menos de integración social (Araujo y Martuccelli, 2011; Canales, 2007; Durán y Kremerman, 2018; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017), esta vez era la sociedad en su conjunto la que lo ratificaba y, mejor aún, demandaba como nunca antes en la historia un cambio radical orientado a romper con la mercantilización del sistema.

A la par, desde las autoridades y defensores del modelo, se alzaron con vehemencia nociones como guerra, orden, violencia, delincuencia, vandalismo, normalidad, todas las cuales integran una arquitectura conceptual que criminaliza la protesta y busca mantener el statu quo. En el contexto de una convivencia problemática de significados que dan cuenta de una disputa en torno a la creencia en la dignidad igualitaria del conjunto de la población, es fundamental detenernos en la forma en que aparecen en el marco de la protesta social, así como en sus implicancias para una salida democrática que permita avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

En la movilización ciudadana, la palabra dignidad se hizo omnipresente, se manifiesta de manera transversal y reiterada como fundamento que legitima la demanda por derechos sociales básicos en consignas tales como “hasta que la dignidad se haga costumbre” y “el pueblo está en la calle pidiendo dignidad”. Simbólicamente, esto se plasma en el bautismo ciudadano del principal centro de celebraciones y protestas de Santiago, Plaza Baquedano, conocido popularmente como Plaza Italia, el que a partir de octubre pasa a llamarse Plaza de la Dignidad^[18].

La referencia a la dignidad es sustancial, condensa el conjunto de demandas de la ciudadanía en todos los ámbitos del bienestar^[19]. El coro de un persistente “Chile despertó” transmite el mensaje de que la dignidad ha tomado un lugar protagónico a la hora de pensar en la forma en que se organiza la vida social y se evalúa la democracia. Por lo mismo, no se trata de un arrebato momentáneo después del cual el país volverá a aquella “normalidad” que naturaliza el abuso y la desigualdad. Lo que está en cuestión es el valor fundamental e inalienable de toda persona con independencia de sus características particulares y el consecuente respeto que estas merecen en virtud de su calidad de seres humanos.

Como es sabido, más allá del debate que en la actualidad ha generado su concepción de la dignidad humana, es Kant quien recupera el concepto anclado en un sustento religioso, cimentándolo en la razón. Asíafirma:

El hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no solo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin (Kant, 1785/1980, p. 83).

El filósofo reconoce el valor insustituible de la vida humana, así como la inadmisibilidad de cualquier tipo de instrumentalización. La idea primordial de que el hombre es un fin en sí mismo permite ubicar la dignidad humana hasta nuestros días como un referente ético indiscutibleteórica, política, social y culturalmente.

Esta propiedad intrínseca de las personas constituye a la vez el fundamento de la necesidad de respetarlas toda vez que el reconocimiento del valor de la dignidad humana se vuelve real en la medida que se cristaliza en acciones concretas. En la Metafísica de las costumbres, Kant (1980) concibe al respeto como un derecho cuya realización implica reciprocidad, otorgándole un lugar esencial en la vida social: “todo hombre tiene un legítimo derecho al respeto de sus semejantes y también él está obligado a lo mismo, recíprocamente, con respecto a cada uno de ellos” (p. 335). Desde esta perspectiva, el desprecio a los demás constituye para el autor la negación del respeto que se debe al hombre en general y, por lo tanto, en cualquier circunstancia lo considera contrario al deber.Para Honneth (2010), es justamente esta concepción kantiana del ser humano la que otorga al concepto de respeto la función de máximo principio de toda moral.

Con relación a estos aspectos, es importante subrayar que, en el contexto de la crisis social y política que enfrenta Chile, los conceptos de dignidad y respeto no aparecen como una mera abstracción, se vinculan directamente a las condiciones materiales de vida de las personas y a las posibilidades de integración social que ofrece o no la sociedad. Tal como sostiene Verdugo (2015), la importancia que adquiere el respeto en la vida social se fundamenta en el hecho de que atraviesa todas las dimensiones de la experiencia humana, ubicándose su foco central en torno al eje igualdad-diferencia y, en definitiva, en cuanto al conflicto entre igualdad formal e igualdad sustantiva. Por lo mismo, la evaluación que hacen las personas de sentirse o no dignas y respetadas depende de la concreción de este principio en la vida real, cuestión que excede los límites de la justicia distributiva. En nuestra calidad de seres sociales, las nociones de dignidad y respeto se encuentran profundamente enraizadas en nuestra experiencia de vida, en las relaciones que establecemos en la sociedad y en la apreciación que tenemos de nosotros mismos. Desde esta perspectiva, el respeto es el marco general en el que se circunscriben las relaciones y vínculos sociales que tienen lugar en la experiencia de las personas. Representa el ideal de igualdad que condensa las expectativas socialmente estandarizadas respecto de la forma en que debiera organizarse la vida social.

En este proceso de mayor lucidez social, es pertinente hablar de pobrezas y desigualdades, ya que se trata de fenómenos que salen de lo estrictamente económico/material, para proyectarse a una concepción más integral del bienestar. Como plantea Sen (1995), este último abarca funcionamientos elementales, como estar alimentado, tener buena salud, evitar posibles enfermedades, y realizaciones más complejas, tales como ser feliz, tener dignidad o participar en comunidad. De ahí que la demanda por dignidad busca salir de la lógica minimalista de subsidios y bonos estatales que mantienen a las personas en los bordes de la línea de la pobreza, de una integración excluyente que no permite plena autonomía, de la lucha diaria por sobrevivir a la precariedad y a la vulnerabilidad y de una vivencia diaria de desigualdad de dignidades donde valen más aquellos que poseen una posición privilegiada en la estructura social.

Dignidad es experiencia vivida, es la expresión de una vida que merece la pena vivir, en palabras de Sen (1995), remite a la autonomía o libertad de las personas para llevar adelante la vida que tienen razones para valorar. Desde esta perspectiva, el contenido del concepto de respeto cobra sentido en toda su magnitud; lo que se busca es consideración, atención, miramiento, acatamiento, veneración, sentimiento de estimación (Gómez de Silva, 1998). Por lo mismo, la lucha por el respeto en un contexto de pobreza y desigualdad demanda necesariamente una evaluación crítica del sistema, atender a las condiciones de vida que produce y reproduce un modelo centrado en la acumulación de riqueza para unos pocos (Verdugo, 2015).

La voz de la ciudadanía constituye entonces un llamado a reubicar la dignidad humana en el centro, como fundamento de la organización de la vida social. Ello va en la línea de los postulados de Esquirol (2006), para quien la esencia del respeto se encuentra en lo que él denomina la “mirada atenta”, aproximación que excede los límites del mero ver o percibir y pasa a ser sinónima de “mirada ética”. La pertinencia de este tipo de mirada, sostiene, se funda en el hecho de que ignorar o ser indiferente con alguien en las relaciones interpersonales tiene una significación moral: ignorar a otro contrasta con tenerlo en cuenta, atenderlo o considerarlo. Así, el respeto es posible porque vemos, cualidad que nos conecta con el mundo, nos orienta para la vida y nos permite discernir lo valioso e importante (Esquirol, 2006; Verdugo, 2015).

La fuerza que adquieren el respeto y la dignidad en la actualidad es coherente con el momento histórico social que nos toca vivir, tal como afirma Taylor (2006), la formulación privilegiada para establecer el principio de respeto en Occidente moderno se ha dado en forma de derechos. La institucionalización del valor supremo de la dignidad humana y la consecuente necesidad de respetarla se realiza a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que desde su artículo 1 advierte: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Asamblea General de la ONU, 1948).Agrega, además, un mandato de reciprocidad sin el cual es impracticable su expresión en la vida social: “dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Tomando como base la dignidad humana, este instrumento de alcance global, en su preámbulo, alude al compromiso de las naciones de velar por la expresión de la dignidad humana en la vida social “considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre” (Asamblea General de la ONU, 1948, preámbulo).

Ahora bien, no obstante que existe bastante acuerdo sobre la centralidad que adquieren la dignidad y el respeto para una convivencia social democrática e igualitaria, son evidentes las dificultades que plantea su realización en la vida social. Sennett (2003) aborda este conflicto en los siguientes términos: “la invocación de la dignidad como ‘valor universal’ no da por sí misma ninguna pista acerca de la manera de practicar el respeto mutuo inclusivo” (p. 69). Desde su perspectiva, la conducta que expresa respeto no solo es escasa, sino que está desigualmente distribuida en la sociedad. Entre otros aspectos, como plantea Verdugo (2015), dicha desigualdad en el acceso al respeto se relaciona con el potencial de respetabilidad que poseen las personas, “referido a la probabilidad de ser respetadas en virtud de determinados atributos^[20], cuya dotación o ausencia en distintos grados y combinaciones es valorada en un determinado contexto y escenario social” (p. 41). Ello significa que en la práctica el respeto es concebido como un bien restringido al que, si bien todos son merecedores, no siempre es posible acceder y en el que se visualizan distintos ámbitos y grados de acceso. En el marco de la complejidad que ello plantea, es importante señalar que, aun cuando el respeto constituye un principio altamente valorado en la sociedad contemporánea, permanece todavía como un principio abstracto, respecto del cual no se han especificado del todo sus modos de ponderación y aplicación. Como afirma Honneth (2010), creemos que la esencia de lo que entendemos por una vida satisfactoria debe estar ligada necesariamente a la concepción de cómo y en calidad de qué los individuos se reconocen los unos a los otros, lo que requiere detenerse en las cualidades deseables o requeridas de las relaciones que los sujetos sostienen entre sí.

En la perspectiva de avanzar en un concepto de dignidad orientado a su concreción en la vida social, se ha generado un amplio debate en el ámbito de la filosofía que busca transitar desde del carácter amplio e individualista que estaría en la base de la formulación kantiana de dignidad hacia una concepción colectiva y relacional, cuestión que consideramos particularmente relevante en sociedades proclives a la desigualdad y exclusión social como la chilena. En tal sentido, Morales(2018) da cuenta de la reformulación de Apel y Habermas del concepto desde el universalismo monológico formal de Kant hacia un universalismo dialógico formal:

Si la razón humana es dialógica, entonces, para decidir qué normas son o no morales —y también (por ende) válidas—, debe realizarse un diálogo entre los distintos afectados por ellas, a fin de llegar a una convicción colectiva de que tales o cuales normas son correctas. Esto sería sobre la base a una racionalidad comunicativa, es decir, a aquella que considera a los involucrados en el diálogo como interlocutores válidos, legitimados para exponer en condiciones de simetría sus puntos de vista, los que deberán ser tenidos en cuenta de manera significativa al momento de la decisión final, pues se aspira a que este acuerdo satisfaga los intereses de todos los participantes. Se persigue el logro de un consenso entre ellos en un discurso, pues la adecuación a la ley como consideración de normas válidas y universalizables ya no es tarea del individuo como ser aislado —en su fuero interno, como pensaba Kant—, sino que aflora de todos los individuos afectados por ellas (pp. 49-50).

Con relación a estos aspectos, Honneth (2010), para quien la categoría hegeliana del reconocimiento constituye la herramienta conceptual más adecuada para descifrar las experiencias sociales de injusticia y comprender la fuente motivacional de las luchas sociales, afirma que en la Modernidad es posible apreciar tres esferas de reconocimiento con sus propios principios, sobre los cuales no es posible deliberar libremente porque están siempre presentes, están dados. Desde su perspectiva, la deliberación se encuentra encarnada en ciertas circunstancias históricas ya dadas en una cultura histórica (Honneth, citado en Pereira, 2010). Para el autor, los miembros de la sociedad solo son integrados en ella gracias a mecanismos de reconocimiento mutuo, los que resultan controvertidos y, por lo mismo, son objeto de una lucha por el reconocimiento (Honneth, 2011).

Desde esta aproximación, se asume que la dignidad y su realización se construyen colectivamente en el marco de relaciones intersubjetivas de reconocimiento recíproco. Su sentido y concreción remiten necesariamente al contexto sociohistórico en que esta sea demandada, a la estructura social del reconocimiento y a los parámetros definidos para una convivencia social significada como respetuosa. En el caso que nos ocupa, habría que preguntarse cuáles son esos parámetros: ¿hasta qué punto la ciudadanía se constituye en Chile como un interlocutor válido para erigir las bases de lo que se denomina una vida digna? ¿Existe voluntad política para realizar este proceso desde los actores que detentan poder en distintos niveles? ¿Cuál es la concepción de dignidad que subyace a las acciones emprendidas por parte de las autoridades hacia la ciudadanía? Parafraseando a Simmel (2002), interesa la forma en que la sociedad construye la pobreza y la desigualdad que originan la demanda de dignidad y respeto. En su célebre ensayo El Pobre (Simmel, 2002), al evaluar críticamente la asistencia, el autor profundiza en el sentido interior del socorro y en las motivaciones que estaban en la base de la asistencia, muchas de las cuales no tenían como sustento el derecho del pobre, quien solo constituía un medio para fines políticos, religiosos o sociales. Este asunto es vital toda vez que la forma en que se significa a las personas que protestan y las circunstancias que motivan sus demandas determina los cursos de acción del Estado y de los distintos actores con poder para generar reformas. Dichas significaciones tienen efectos prácticos, muestran los caminos posibles en cuanto a lo socialmente tolerable en términos del acceso efectivo a derechos de las personas. Aunque la ciudadanía reciba una respuesta positiva que resuelva sus necesidades, sigue siendo importante el fundamento que subyace a tal acción. Lo sustantivo es ¿qué lugar ocupan las nociones de respeto y dignidad humana y la construcción colectiva de su realización en el curso de los acontecimientos? Con relación a estos aspectos, coincidimos con Simmel en que, desde el punto de vista social, el derecho del necesitado es el fundamento de la asistencia. Solo en la medida que se admite este derecho, es posible abordar fenómenos como la pobreza y la desigualdad sin arbitrariedad, evitando que dependan de la situación financiera accidental u otros factores inseguros (Simmel, 2002). Si el derecho de la ciudadanía a una vida digna en Chile no es el fundamento de la acción del Estado y de todos aquellos actores con poder de decisión, se corre el riesgo, como veía el autor, de transformar al necesitado en un medio para otros fines: “Ese individuo es, para la forma abstracta moderna de la beneficencia, la acción final, pero en modo alguno su fin último, que sólo consiste en la protección y fomento de la comunidad” (Simmel, 2002, p. 222).

El examen de algunas acciones y significados que afloran como respuesta para enfrentar el estallido social en Chile proporciona pistas respecto de los límites impuestos a la dignidad humana de un sector mayoritario de la población y al consecuente respeto que merece. Los acontecimientos muestran que el bienestar del conjunto de la sociedad no constituye el fin último de la acción del Estado y de los distintos actores que detentan poder para avanzar hacia el establecimiento de condiciones que permitan el reconocimiento mutuo.

Durante el estallido social, hemos podido observar cómo la respuesta a la protesta social ha estado motivada primariamente por la necesidad de poner término a la “violencia” y volver a la “normalidad”, más que por una convicción profunda de que la realización de la dignidad humana supone una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Entre los meses de octubre y diciembre de 2019, en la medida que persistía y se radicalizaba la movilización, los defensores del modelo neoliberal se sintieron amenazados y fueron flexibilizando sus posiciones^[21].Llegaron incluso al punto de aceptar algo que días antes consideraban inadmisible, a saber: un plebiscito para decidir sobre la elaboración de una nueva Constitución que deje atrás la que nos rige, elaborada e impuesta en dictadura militar. Lamentablemente, pese a que los partidos oficialistas en su conjunto fueron parte del acuerdo político firmado en noviembre de 2019 para llamar a este referéndum, al poco tiempo, cuando baja la intensidad de las movilizaciones, dan un paso atrás declarando públicamente que llamarán a rechazar el cambio constitucional y se comprometen activamente en la campaña por el rechazo^[22].

Esta y otras acciones, como la propuesta del Gobierno de una agenda social minimalista que no compromete con reformas estructurales al modelo económico, evidencian que lo que ha primado es una motivación política orientada a mantener el statu quo. Se trata, como advertía Simmel, de que la ciudadanía no se convierta en un enemigo activo y dañino para la sociedad. Recuérdese el comunicado oficial del presidente Piñera a pocos días del inicio del estallido social: “el país se enfrenta a un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”(Lucero y Guerra, 2019, párr. 2), ignorando con ello a la mayoría de la ciudadanía organizada que de manera multitudinaria y pacíficahabía salido a las calles a luchar por una sociedad más justa. En este proceso, las palabras orden, violencia, delincuencia, vandalismo, normalidad adquieren preponderancia en los discursos del oficialismo y se traducen en propuestas como la agenda de seguridad^[23] del presidente Piñera. En estrecha relación con lo anterior, la noción de violencia se restringe exclusivamente a los manifestantes y a los destrozos e incendios generados durante la protesta, sin aplicarse a la violencia sistemática que vive cotidianamente un sector importante de la ciudadanía excluida de la sociedad, ni a la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos ejercida por la Policía.

En la cronología que incluimos al principio de este trabajo, aparecen con nitidez dos aspectos que marcan de manera elocuente la forma en que el Gobierno y representantes del oficialismo abordan la crisis. Por una parte, se despliega una represión brutal hacia la ciudadanía construida como enemigo público, especialmente los jóvenes, y, por otra, se generan acciones nimias^[24] que no tienen ninguna incidencia sobre la estructura de la desigualdad en el país. Al decir de Honneth (2011), este tipo de respuesta desconoce la trascendencia política de la experiencia del menosprecio y la humillación que viven miles de chilenos en su lucha diaria para sobrellevar la pobreza y la desigualdad.

Esto se ve acompañado de la violencia simbólica implicada en actos y declaraciones de autoridades públicas, percibidas por la ciudadanía como burlas humillantes. En efecto, dichas expresiones revelan indiferencia o desconocimiento del daño a la dignidad humana provocado por las condiciones de vida que enfrenta la ciudadanía que protesta, cuestión que incluso puede interpretarse como la validación de la existencia de una desigualdad de dignidades. Ejemplos claros de ello son el planteamiento de Juan Andrés Fontaine, quien fue ministro deEconomía hasta octubre de2019, en cuanto a que la ciudadanía debía “levantarse más temprano” (CNN Chile, 2019a, párr. 1) para evitar los efectos del alza en el pasaje del metro^[25]; la afirmación de la entonces vocera de Gobierno,Cecilia Pérez, en el sentido que “de repente somos tan cuestionadores en cosas que son tan humanas” (CNN Chile, 2019b, párr. 2), frente a las críticas que recibió el presidente Piñera tras ser sorprendido el 18 de octubre cenando en un restaurante en Vitacura^[26], en momentos en que se registraban graves incidentes en Santiago; las declaraciones del ministro de Salud Jaime Mañalich, con relación a que en Chile “la salud pública es una de las mejores del planeta” y que “estamos llenos de felicitaciones en los libros de reclamos de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). La gente nos ama, nos pone esquelas” (El Desconcierto, 2020, párr. 1); los agravios de clase de partidarios del oficialismo en la vía pública hacia los manifestantes, como el caso de un vecino de la Dehesa^[27] que le dice a un manifestante: “ándate a tu población^[28],roto” (Delgado, 2019, párr. 4). Este tipo de hechos no se circunscribe al período analizado, ha estado presente desde antes que se originara el estallido social, contribuyendo al malestar ciudadano. Entre los más recientes, se puede mencionar una entrevista de julio de 2019 sobre las largas esperas en la atención de salud, en la que el entonces subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo afirmó: “algunos pacientes van temprano a consultorios porque es un elemento de reunión social^[29]” (CNN Chile, 2019c, párr. 3). En este desafortunado listado de desaciertos se incluye también el llamado que hizo el 8 de octubre el entonces ministro de Hacienda,Felipe Larraín, a comprar flores, tras conocerse que elíndice de precios al consumidor (IPC) no había registradovariación durante el mes de septiembre: “[Hay que] destacara los románticos que han caído las flores, el precio de las flores, así quelos que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7 %” (CNN Chile, 2019d, párr. 3). Finalmente, no podemos dejar de mencionar la fotografía relajada y sonriente que se tomó el presidente Piñera el 3 de abril de 2020 en Plaza Dignidad (Cooperativa, 2020), aprovechándose del hecho de que nos encontrábamos en plena cuarentena por COVID-19, acto considerado por la ciudadanía como una provocación y una burla hacia la población y sus demandas.

Esta aproximación a la realidad social por parte de representantes del oficialismo desconoce, como diría Honneth (2011), la lucha por el reconocimiento y la legitimidad de las pretensiones que dirige la población a la sociedad, así como el sufrimiento generado por causas sociales. La demanda ciudadana presente en la crisis social y política que enfrenta el país remite a experiencias de injusticia que pueden ser entendidas como un continuo de formas de negación del reconocimiento —de faltas de respeto— cuyas diferencias estén determinadas por las cualidades o capacidades que los afectados consideran injustificadamente no reconocidas o no respetadas (Fraser y Honneth, 2006).

En efecto, en un país donde la gestión de la vida se hace compleja para un sector importante de la ciudadanía y la conciencia de la desigualdad se acrecienta, este tipo de declaraciones se concibe como una falta de respeto que pone en tela de juicio el valor de la vida y la dignidad de las personas. Desde esta línea de argumentación, la demanda por dignidad puede ser interpretada en términos honnethianos como expresión de la violación de las reivindicaciones bien fundamentadas del reconocimiento. Lo que se busca es atender al alcance colectivo y relacional del concepto de dignidad, establecer en la relación con el otro los términos de una vida que puede ser denominada como digna. La lucha de la ciudadanía movilizada por alcanzar pensiones dignas, por un sueldo mínimo decente, por un acceso oportuno y de calidad a la salud y a la educación, por disponer de medicamentos a un precio justo, por un trato respetuoso sin distinción de género, clase o condición social no son intrascendentes, representan mínimos sociales que requieren un nuevo pacto social. Se trata de una “lucha por el reconocimiento”, tal como la denominara Hegel (1807/1966) hace más de dos siglos atrás, cuya relectura desde Honneth (1997) apunta a las condiciones estructurales que permitan que dichas aspiraciones puedan concretarse. La lucha por el reconocimiento implica entonces tanto elementos simbólicos como materiales.

Con relación a estos aspectos es importante mencionar que, en la Encuesta CEP de diciembre de 2019, la pregunta “¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno?” obtuvo un total de dieciséis problemas relevados, siendo los cuatro primeros pensiones, salud, educación y sueldos. Este estudio mostró además que el 55 % de la ciudadanía apoyó las manifestaciones iniciadas en octubre. Del mismo modo, la encuesta Zona Cero, realizada por el Núcleo de Sociología Contingente (NUDESOC) de la Universidad de Chile durante noviembre de 2019 en Plaza de la Dignidad, mostró que el 55 % de los manifestantes cuenta con estudios superiores, que su promedio de edad es de 33 años y que la gran mayoría, 64,2 %, no participa en organizaciones vinculadas a la movilización. En tal sentido, una de las principales conclusiones que arroja es que, al tratarse de adultos jóvenes que conocen la realidad social y poseen educación, pueden asistir a una manifestación por una nociónclara y lógica hacia las demandas que allí se plantean (NUDESOC, 2020). Estos antecedentes contradicen las ideas que sectores del oficialismo han tratado de difundir, en el sentido de que se trata mayoritariamente de adolescentes y desadaptados cuyo único objetivo es producir daño.

La realización de la dignidad interpela al sistema, demanda reformas estructurales por una sociedad más justa en la que, como diría Sen (2000), más que como acumulación de riquezas, el desarrollo sea entendido como un proceso integrado de expansión de las libertades fundamentales de que disfrutan los individuos. Por lo mismo, sostengo que es fundamental dejar de ubicar al respeto como una cuestión de orden estrictamente moral, desvinculada de los procesos estructurales que explican la emergencia, persistencia y profundización de fenómenos como la pobreza y la desigualdad. Ello ha favorecido la invisibilización y subvaloración de los efectos nocivos que genera la ausencia de este principio en la vida social, obstaculizando a la vez la institucionalización de principios de reconocimiento mutuo para el conjunto de la sociedad (Verdugo, 2015).

Entendemos que la demanda transversal de dignidad y respeto en Chile constituye una oportunidad histórica de reubicar a la persona en el lugar que le corresponde, y forjar así una sociedad de semejantes en la que todos sean reconocidos e incluidos como talesy se sientan parte. El logro de este objetivo es condición necesaria para la estabilidad democrática y la recuperación de la confianza de la ciudadanía.

¿De qué manera es posible entonces lograr una salida democrática a la crisis? La respuesta va en el sentido de una construcción colectiva de la dignidad en la vida social, en los términos planteados por Apel y Habermas (Morales, 2018). Ello implica escuchar la voz de la ciudadanía y generar acciones coherentes con esa escucha. Retomando a Honneth (Fraser y Honneth, 2006), entendemos que la superación de la “violencia”, que tanto preocupa al oficialismo, no se resuelve con represión, sino con la institucionalización de principios de reconocimiento mutuo que permitan una participación igualitaria a todos los integrantes de la sociedad. Coincidimos con el autor en que las sociedades podrán representar estructuras legítimas de ordenación en la medida que sus miembros sientan que estas están en condiciones de garantizar relaciones fiables de reconocimiento mutuo en distintos niveles. De ahí que el punto de referencia de una concepción de la justicia social para él debe estar dado por la calidad de las relaciones sociales de reconocimiento, lo que se fundamenta en el hecho de que las posibilidades que los sujetos tienen de desarrollar su autonomía individual dependerían de que sean capaces de desarrollar una autorrelación intacta a través de la experiencia del reconocimiento social (Fraser y Honneth, 2006).

La desigualdad y la pobreza son problemas de carácter estructural que tienen un impacto en el ejercicio ciudadano de la población, en la democracia y en la estabilidad de los países. En Chile estos fenómenos tienen su origen en la distribución desigual de recursos y de oportunidades que produce un modelo neoliberal centrado en la acumulación de riquezas para unos pocos. El desigual reparto del bienestar generado por dicho modelo ha tenido en el país efectos devastadores sobre una ciudadanía cada vez más consciente de que demanda reformas estructurales en el aquí y en el ahora.

Con anterioridad al 18 de octubre de 2019, la responsabilidad del modelo neoliberal en la producción y reproducción de estos fenómenos se diluía ante un discurso hegemónico conservador y moralizante que ubicaba a la meritocracia como mecanismo de ascenso social y criminalizaba la protesta. En este proceso, cobraba centralidad la construcción de las pobrezas y las desigualdades que enfrenta la población como problemas de responsabilidad individual, promoviendo con ello su naturalización y la desresponsabilización del Estado.

El despertar de octubre representa un quiebre interesante en la sociedad chilena, en el sentido de una mayor y masiva visibilidad de los efectos del modelo sobre la vida y la dignidad de las personas, lo que se traduce en una movilización histórica con un sello marcadamente anticapitalista y antineoliberal. Si bien no se puede afirmar que esto constituya una derrota cultural del modelo, muchos de los mitos que lo asocian con éxito y desarrollo son relativizados o desechados, hecho que interpela al Estado y a todos los actores que detentan poder en distintos ámbitos y niveles.

En el contexto de la crisis social y política que enfrenta el país, dignidad y respeto representan mínimos sociales para un nuevo pacto social, siendo relevados como fundamento de toda acción pública. De ahí que la voz de la ciudadanía movilizada representa un desafío para la sociedad chilena en términos de deconstruir aquellas respuestas minimalistas en materia social que, junto con mantener a un sector importante de la ciudadanía excluido de los beneficios de la sociedad, afirman la idea de la existencia de una desigualdad de dignidades.

Creemos que, junto con el abordaje de los aspectos materiales de la pobreza y la desigualdad, la profundización de la democracia en el país requiere atender a las dimensiones simbólicas que los acompañan. Es fundamental problematizar la forma en que se han venido construyendo estos problemas y las respuestas de políticas para enfrentarlos, resignificar los contenidos de los conceptos centrales que han estado en la base de las decisiones públicas. Por lo mismo, es necesario insistir en el hecho de que el carácter relacional de la pobreza y de la desigualdad exige ubicarlas en los contextos sociohistóricos, institucionales y espaciales en los que tienen lugar. Su superación involucra al conjunto de la sociedad, revisar críticamente los significados que afirman las estructuras que generan desventaja social para muchos y privilegios para unos pocos y tomar una posición en pro de la dignidad humana. Creemos que esta última debe ser el principio rector que justifique y dé sentido a la organización de la vida social. En este proceso, una nueva Constitución para Chile es la base indiscutible de un nuevo pacto social en el que la dignidad y el respeto encuentren canales de institucionalización y dejen de ser meras aspiraciones eternamente incumplidas. Parafraseando a Honneth (Fraser y Honneth, 2006), uno de los principales desafíos que enfrenta Chile apunta en el sentido de la institucionalización de principios de reconocimiento mutuo que permitan a todas las personas relacionarse como sujetos libres e iguales en la sociedad.

Si bien nuestro análisis está condicionado por la cercanía del fenómeno examinado y por la pausa en el proceso de movilización ciudadana generada por una pandemia que tiene comprometido al país y al mundo en enfrentar la crisis sanitaria, creemos que los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019 marcan un hito histórico en cuanto a la expresión de sentimientos de injusticia y a la intolerancia de la ciudadanía hacia un modelo que produce y reproduce desigualdades y pobrezas, así como en cuanto al rechazo hacia los actores e instituciones que lo sustentan. La dignidad y el respeto están al centro en la sociedad chilena, no hay vuelta atrás, esperemos que el Estado y, en general, todos los actores que detentan poder en ámbitos diversos, comprendan las reales proporciones implicadas en este despertar de la ciudadanía y actúen en consecuencia. En ello se juegan la democracia, la paz social, la legitimidad de nuestras instituciones y autoridades y las posibilidades de desarrollo de un país que posee los recursos para que todos puedan vivir una vida que merezca la pena ser vivida.

Lo anterior es particularmente relevante si se considera que la precariedad de las condiciones de vida de un sector importante de la ciudadanía se ha visto brutalmente exacerbada entre los meses de marzo y julio del presente año por los efectos adversos del COVID-19 en la economía y en la sociedad en general. De acuerdo al INE, la tasa de desocupación nacionalen el trimestre marzo-mayo alcanzó un 11,2 %, y la estimación del total de ocupados decreció en 16,5 % (INE, 2020), cifras que podrían seguir aumentando con la crisis. En el alarmante escenario que se avecina, cobra sentido preguntarse si las decisiones públicas irán en el sentido de evitar la humillación y el desprecio a la vida y a la dignidad humana que conlleva la forma de organización social que nos rige en la actualidad y si, como diría Honneth (Pereira, 2010), Chile asumirá el desafío de garantizar a todos los integrantes de la sociedad una vida buena y justa.

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[1] Estudio de carácter cualitativo, realizado en el sector de Lo Hermida de la Comuna de Peñalolén en Santiago de Chile. El trabajo de campo incluyó un total de 25 entrevistas en profundidad: 14 individuales y 11 grupales.

[2] Entre muchos otros, cabe destacar las movilizaciones desarrolladas por el movimiento estudiantil a partir de 2006 contra el modelo educativo chileno y el sistema en general; el trabajo de defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género, desarrollado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) desde la década de los 90; el movimiento No más AFP, que tomó fuerza a partir de 2013, la ola feminista chilena o revolución feminista chilena de 2018, que involucró a la mayoría de las universidades chilenas.

[7] Esta brutal violación a los derechos humanos en Chile ha sido documentada también por los informes emitidos por Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

[8] Entre muchos otros aspectos que dan cuenta de dicha transformación, se pueden mencionar los siguientes: la instalación de un Estado residual que concentra su labor exclusivamente en la pobreza y deposita en los individuos la responsabilidad principal en el logro de su bienestar, privatización de empresas públicas, aumento de la desigualdad debido a ajustes recesivos que causan desempleo y disminución de los ingresos, supresión y represión de los sindicatos, establecimiento de las bases de una economía desregulada y abierta al exterior (PNUD, 2017).

[11] El Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez es un beneficio que otorga el Estado de Chile a quienes han cotizado en el Sistema de Pensiones contributivo. Pueden acceder a este aquellas personas que tienen una pensión base inferior o igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) y reúnen los requisitos de edad, focalización y residencia que señala la Ley N.° 20.255.

[15] La metodología oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia compara el ingreso total per cápita (ingresos del trabajo, pensiones y capital, subsidios transferidos por el Estado y el alquiler imputado) con la línea de la pobreza y pobreza extrema.

[16] Ello sin considerar la pobreza multidimensional que afecta a un 20,7 % de la población en Chile (3.530.889 personas). Es importante tener presente, además, que un porcentaje importante de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos y multidimensional (590.614 personas) (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017).

[18] Las autoridades evalúan la formalización de este acto ciudadano, ya materializado en los mensajes que transmiten las redes sociales, los medios de comunicación y en general en el diálogo cotidiano de la ciudadanía.

[19] Las demandas presentes en la protesta social no son aisladas, remiten a un sistema de vida digna. Entre ellas, se puede mencionar pensiones, salud, educación, justicia social, nueva constitución, empleo y sueldos dignos, derechos humanos y no más impunidad. Para mayores antecedentes sobre estos aspectos, ver NUDESOC (2020).

[20] Las fuentes del respeto aluden a aquellos atributos que facultan a las personas para alcanzar respeto a sí mismas y a los demás y se organizan en dos categorías: atributos de primer y segundo orden. La primera de ellas se encuentra conformada por la calidad de ser humano y proyecta una idea de respeto universal e igualitario que se cristaliza en el merecimiento de todos a ser respetados. Por su parte, la categoría atributos de segundo orden refiere a una constelación amplia de estos de naturaleza diversa que, siendo naturales o adquiridos, pueden tener carácter biológico, económico, social, cultural, de poder o conductual. Entre ellos, algunos pueden ser de orden más estructural, como el origen social y económico, o más particular y circunstancial, como el detentar un cargo o poder en algún ámbito en un momento específico. Esta multiplicidad de fuentes enfatiza la desigualdad y se cristaliza en el acceso, por lo tanto, son las que en definitiva posibilitarán o no a las personas experimentar el respeto en sus vidas cotidianas (Verdugo, 2015).

[21] Con una ceguera política de proporciones, en un inicio las autoridades subestimaron la magnitud del descontento social. A modo de ejemplo, se puede citar la célebre frase del expresidente de Metro, Clemente Pérez, a dos días de la evasión masiva que dio inicio al estallido social: “cabros, esto no prendió” (Tudela, 2019, párr. 1), aludiendo a que los jóvenes no tendrían apoyo de la población.

[22] Al momento en que se escribe este trabajo es difícil observar la forma en que se materializará dicho compromiso, dado que la pandemia por COVID-19 ha redefinido la acción del país en esta y otras materias.

[23] Refiere a medidas para fortalecer el orden público y resguardar la seguridad ciudadana, tales como un proyecto de Ley Antisaqueos y la discusión inmediata al proyecto de Ley Antiencapuchados.

[24] De acuerdo al NUDESOC (2020), la agenda social con que el Gobierno ha dado respuesta a la crisis social y política que enfrenta el país es considerada insuficiente por la ciudadanía en tanto no reflejaría la profundidad ni la pluralidad de las demandas planteadas. En efecto, en una escala de 0 a 10, donde 0 es lo más insuficiente y 10 es lo más suficiente, el 94,2 % de los encuestados tiene una valoración igual o menor a 4. Entre las razones que explican su posición, se puede señalar lo siguiente: “No significa una disminución en la desigualdad de manera significativa” (74,6 %), “no se hace cargo de las denuncias de violaciones a los DD. HH.” (73,0 %), “no toca los elementos estructurales del modelo económico actual” (71,4 %), “hay derechos sociales sobre los que no se plantean medidas” (65,5 %), “nada va a cambiar si es que no se cambia la constitución” (62,4 %).

[27] Barrio de la comuna de Lo Barnechea ubicado al noreste de Santiago. Habitado por familias de altos ingresos, corresponde a uno de los sectores más exclusivos de la capital.

[29] En Chile los tiempos de espera en los consultorios y, en general, la oportunidad y la calidad en la atención pública de salud constituyen un problema crítico que genera un gran descontento ciudadano. Para mayores antecedentes sobre estos aspectos, ver Bedregal et al. (2017) y PNUD (2017).