Carreras políticas a nivel subnacional: los matrimonios políticos como modo de construcción del poder^[1]

* Doctora en Ciencia Política. Profesora e investigadora USAL/ UNaM/ UCSF. Correo electrónico: mariaelena114@yahoo.com.ar

El foco puesto en las carreras políticas constituye un tema central de preocupación de la Ciencia Política, que se ha intensificado en las últimas décadas. Una carrera puede ser caracterizada “considerando los espacios de reclutamiento político, el tipo de candidato, la trayectoria, y las ambiciones de los actores” (Bieda, 2015). La más profusa es la teoría de la ambición, desde el estudio seminal de Schlessinger (1966) y sus continuadores (Black, 1972; Rhode, 1979; Borchert, 2001, 2011), así como el análisis de trayectorias y la incorporación del concepto de “estructura de oportunidades”, esto es, aquello que el sistema político ofrece en términos de incentivos institucionales, tales como el sistema electoral, la forma de gobierno, la estructura organizativa de los partidos, como elementos que inciden en el reclutamiento político (Sartori, 1987).

No obstante, cualquiera de esas perspectivas resulta incompleta si no se incorporan las variables de género y patriarcado, que revelan diferencias tanto en oportunidades y mecanismos de reclutamiento como en los recorridos que varones y mujeres hacen en la arena política. Entre esas diferencias, se encuentra el lugar que ocupan los lazos familiares, significativamente superiores entre las representantes mujeres.

En este trabajo nos focalizaremos en un tipo de esas relaciones familiares: los matrimonios políticos. Buscaremos, a partir de un relevamiento de currículums y entrevistas, reconstruir los perfiles socioculturales y explorar trayectorias de los integrantes de matrimonios políticos que a nivel subnacional hayan alcanzado, al menos uno de ellos, el Poder Ejecutivo Provincial. Nuestro eje temporal será el período 1983-2015.

Aportaremos evidencias de cómo las relaciones familiares constituyen un factor importante en la construcción de espacios de poder y exploraremos las razones por las cuales se erigen en una estructura de oportunidades particularmente relevante para las mujeres, enlazando la discusión en el marco del debate sobre la representación política y la teoría de la democracia.

Palabras clave: Carreras políticas; Género; Relaciones Familiares; Matrimonios Políticos.

The focus on political careers is a central concern of political science, which has been intensified in recent decades. A political career can be characterized "considering the political recruitment mechanisms, the type of candidate, the trajectory, and the ambitions of the actors" (Bieda, 2015, p. 6). The most profuse is the ambition theory, from Schlessinger’s seminal study (1966) and his followers (Black, 1972; Rhode, 1979; Borchert, 2001, 2011) as well as the analysis of trajectories and the incorporation of the concept of "structure of opportunities”, this is what the political system offers in terms of institutional incentives, such as the electoral system, the form of government, parties organizational structure, as elements that influence political recruitment (Sartori, 1987).

However, any of these perspectives is incomplete if variables as gender and patriarchy are not incorporated. They reveal differences in recruitment mechanisms and opportunities, as well as in men and women’ paths in the political arena. Among these differences lie the place of family ties, which are significantly higher among women representatives.

In this paper, we will focus on one type of family relationships, which are the "political marriages" that have the condition that at least one of them have reached the Provincial Executive Power at a subnational level, taking as the temporary axis the period 1983-2015. We will seek through the review of the resumes and interviews reconstruct socio-cultural profiles, and will explore the political paths these members of the political marriages have gone through.

We will provide evidence of how family relationships are an important factor in power building and explore the reasons why they are developed on a structure of opportunity that is particularly relevant for women, linking the discussion within the framework of the debate on political representation and the theory of democracy.

Dado que en las democracias los representantes son electos y actúan como tomadores de decisiones y como agentes públicos, resulta pertinente estudiar quiénes son, qué actitudes adoptan y cómo actúan los miembros que componen la élite. Con este propósito, Alcántara y Llamazares (1997) recopilan los diversos enfoques utilizados para el análisis de las carreras políticas.

En primer lugar, se encuentran los estudios estructurales, que ponen el acento en el origen, los vínculos sociales y el acceso a los canales de poder de las élites. Desde esta perspectiva, las estrategias y las acciones de los actores políticos dependerán del entorno institucional, cultural, social o económico en el que están inmersos. En segundo lugar, se sitúan los estudios interaccionistas, los cuales centran su interés en los procesos de interacción que tienen lugar dentro de la élite política. Por último, caben las visiones motivacionistas o de la ambición, que insisten en la importancia de las orientaciones que los políticos tienen tanto antes de ocupar sus cargos como durante su desempeño. Más recientemente,

Alcántara (2012) ha sostenido la necesidad de concebir al político y su carrera como una realidad en la que convergen elementos de muy diferente naturaleza que van desde sus características personales, a las relaciones entre mente y cerebro y el peso de las instituciones (Barragán, 2015, p. 6).

No obstante, los abordajes que prevalecen en la disciplina hacen hincapié en las trayectorias políticas que siguen lxs sujetos en la ocupación de puestos de representación, sin problematizar las razones por las cuales se registra un acceso diferencial por género a esos espacios. Para explicar esa diferencia es necesario recurrir a la teoría política feminista.

Partiendo de la reformulación de las teorías clásicas y modernas del pensamiento político, y de la reconceptualización de nociones pretendidamente universales con respecto a los procesos, actores e instituciones políticos, la teoría feminista aporta un bagaje conceptual que permite analizar la sociedad política incorporando la diferencia sexual (Scott, 1990; Cobo Bedia, 2005; Valcárcel, 1997; Archenti, 2000). Sumar las categorías de género y patriarcado al análisis político contribuye a comprender el funcionamiento de la estructura de oportunidades políticas, pues permite poner en evidencia la forma en que operan los mecanismos de reclutamiento y las perspectivas de carrera política para varones y mujeres.

En este sentido, los estudios feministas de carácter empírico que han puesto luz sobre las carreras y el comportamiento políticos abordan los análisis de las élites poniendo el foco en tres aspectos principales: “la caracterización de la élite política; el estudio de los procesos de selección de las élites; y el análisis de las diferencias en los estilos de liderazgo y valores en el ejercicio del poder de hombres y mujeres” (Uriarte, 1997, p. 53). Entre los trabajos más significativos sobre el tema se encuentra el análisis de las actitudes y el comportamiento político que hace Norris (1993, 1998); el seminal trabajo de Norris & Lovenduski (1995), luego los trabajos de Lovenduski (2000, 2005); asimismo de Philips (1991, 1996); Uriarte & Elizondo (1997); Valcárcel (1997) y Astelarra (1986, 1990), entre otros. En América Latina, Esperanza Palma (2016) caracteriza los perfiles de las legisladoras mexicanas y Nikki Johnson (2014) analiza la selección de candidaturas en la región latinoamericana.

En el ámbito argentino, se ha examinado la relación entre carreras políticas y género en los trabajos de Marx, Borner & Caminotti (2007); una comparación de las trayectorias y perfiles de legisladoras en Brasil y Argentina de Borner, Caminotti, Marx y Rodríguez Gustá (2009) se focaliza en el Congreso argentino; Archenti & Tula (2008) analizan el impacto de las cuotas de género en distintos países de la región latinoamericana; Martin (2010) aborda carreras políticas y producción parlamentaria tomando como caso la provincia de Misiones. En Archenti & Tula (2014) se hallan varios capítulos vinculados con el abordaje de las carreras políticas en el plano subnacional. Entre ellos Caminotti, Rotman y Vareto (2014), Martin (2014) Fernández & Ruiz (2014).

Este breve recorrido sobre los abordajes feministas, preocupados por desentrañar los perfiles y las características de las carreras políticas en clave de género, debe ser completado con la literatura específica que se dedica a investigar las relaciones familiares en la política. Se le ha dado el nombre de nepotismo^[2] a la práctica de dar empleo o cargos públicos a familiares y amigos, sin reparar en los méritos que tienen para ocuparlos. Puede considerarse una extensión del concepto la influencia ejercida por un político, en su propio partido, para que se nominen como postulantes miembros de su familia o de su línea de parentesco; práctica que le permitiría a un político mantener un “poder en red”. Son varios los estudios que podemos encontrar en este campo, especialmente sobre el caso mexicano, el sudeste asiático y EE. UU. (Clubok et al. 1969; Camp 1982; Dal Bó et al. 2009, Suárez Frías, 1992).

Cuando los trabajos sobre relaciones familiares incorporan la variable género, demuestran que los lazos familiares constituyen un factor relevante como mecanismo de acceso al poder, particularmente para las mujeres (Uriarte 1997; Martin 2010, 2014, Martin & Urquiza, 2012). Sin embargo, Schwindt-Bayer, Vallejo y Cantú (2017) sostienen lo contrario: en su trabajo sobre vínculos en las legislaturas de América Latina observan que la presencia de estos lazos, si bien es importante, no muestra diferencias significativas entre varones y mujeres; es decir, hay un número equivalente de legisladores y de legisladoras con vínculos familiares. Estos hallazgos constituyen apenas un inicio de una nueva agenda de investigación sobre relaciones familiares en la política que deberemos alimentar con datos para permitirnos arribar a generalizaciones y respuestas más concluyentes.

Llegados a este punto, conviene precisar el concepto de lazos familiares y las distintas modalidades que podemos encontrar en la arena política. Ellos son:

En este trabajo nos concentramos en esta última categoría de relaciones familiares: los “matrimonios políticos”, que en la historia argentina tuvo como modelo principal los liderazgos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, quienes marcaron un prototipo de construcción y ejercicio del poder que constituyó un sello de origen del peronismo, y que se extendió también al ámbito subnacional, aunque no exclusivamente entre miembros de esa fuerza política.

En este marco, nuestro propósito se centra en el análisis de las carreras de casos emblemáticos de matrimonios políticos en un conjunto de provincias de regiones geográficas muy dispares de la Argentina como el Nordeste, el Noroeste, el Centro y el Sur, para buscar comprender los patrones seguidos e intentar aportar evidencia de cómo las relaciones familiares constituyen –particularmente para las mujeres– un factor importante en la construcción de espacios de poder.

En este trabajo nos focalizamos en un estudio de casos de la política subnacional, encuadrados en los denominados “matrimonios políticos”, durante los años 1983 y 2015. Siguiendo a Stake (1994), se trata de un “estudio de caso colectivo”, que consiste en una investigación comparativa del estudio de varios casos. En este sentido, los casos que se exploran no constituyen una muestra estadística representativa de una población donde se infieren generalizaciones, sino que cada caso es estudiado en su especificidad, mediante la descripción de las trayectorias políticas y la consiguiente clasificación en tipologías de carreras políticas. La búsqueda no se orienta solo a las características que tienen en común, sino también a sus diferencias.

De este modo, se trata de una muestra intencional, cuyo criterio es que al menos un miembro del matrimonio haya llegado al ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial (gobernador o vice) durante el período establecido. Para ello, hemos contrastado los datos con una matriz conformada por todos los gobernadores y vicegobernadores de las provincias argentinas durante esta etapa (son trescientos ochenta y cuatro nombres, aunque algunos se repiten cuando el gobernador y/o el vice ejercen más de un mandato). Se indagó en diversos archivos y se realizó un análisis textual de documentación para reconstruir sus perfiles, sus trayectorias políticas y los nombres de sus esposas, cuando correspondiese. Las fuentes que nos permitieron dicha reconstrucción fueron las páginas oficiales de las gobernaciones de provincias, las páginas de internet de las legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación, así como diversas fuentes periodísticas, principalmente diarios provinciales.

Como resultado de la combinación de estos datos, hemos reconocido nueve casos de matrimonios políticos a nivel subnacional (aproximadamente 4 % de los integrantes de los poderes ejecutivos provinciales). La muestra no pretende ser exhaustiva, nos resulta de interés en sí mismo estudiar el comportamiento de la categoría.

Tomamos la conocida clasificación de Schlesinger (1966), según la cual existen tres tipos, vinculados a la ambición del dirigente: la discreta, cuando se busca cumplir con el mandato, sin deseo de reelección; la estática, cuando el político busca permanecer en el mismo cargo, y la progresiva, cuando lo que pretende es ascender jerárquicamente. La combinamos con la tipología de Borchert (2001), quien relativiza las jerarquías entre los niveles de gobierno y señala que la ambición de alcanzar posiciones de un mayor nivel no necesariamente es la mejor opción para un dirigente cuyo principal objetivo es la permanencia en el poder. De este modo, conceptualiza tres tipos de carreras. Las primeras son las unidireccionales,

entendidas también como ‘carreras de honores’, en la que los cargos (y por tanto las posiciones políticas) están claramente organizadas jerárquicamente a lo largo de las estructuras de gobierno, de modo que todos los movimientos que se pueden producir de una legislatura o período de gobierno a otro están mayormente orientados en un sentido ascendente en dicha escala jerárquica (Borchert, 2001, p. 8).

Por lo tanto, es asimilable al tipo progresivo de Schlesinger. El segundo modelo corresponde a las alternativas, en las cuales

las trayectorias políticas se desarrollan exclusivamente en un nivel institucional de gobierno, de manera que para el sistema político, en la práctica, no existe una relación jerárquica entre dichos ámbitos de gobiernos. Los elencos partidarios que logran entrar en uno de los niveles institucionales se mantienen en los mismos, sin perjuicio de que existan movimientos entre cargos públicos al interior de éstos, ya que el desarrollo de este tipo de carreras supone la existencia de instituciones de diversa índole o naturaleza” (Borchert, 2001, p. 8).

Esta definición se asemeja a la de carreras estáticas. Ahora bien, resulta novedosa la carrera integrada, en la cual “los movimientos políticos se producen según una estructura integrada de gobierno en la que los dirigentes políticos modifican fuertemente su posición en la estructura o diseño institucional de gobierno en cada instancia electiva” (Salvat, 2009, p. 197), sin una jerarquización entre los distintos niveles.

Nuestras unidades de observación fueron los matrimonios políticos integrados por Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez y Carlos Arturo Juárez (Santiago del Estero); Adriana Bortolozzi y Floro Eleuterio Bogado (Formosa); Mercedes Margarita Oviedo y Julio Alberto Ifrán (Misiones); María Antonia Salino y Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner (Santa Cruz); Olga Riutort y José Manuel de la Sota (Córdoba); Alejandra Vigo y Juan Schiaretti (Córdoba); María Cristina Cremer y Jorge Busti (Entre Ríos); Sandra Mendoza y Jorge Milton Capitanich (Chaco). En los próximos apartados nos dedicaremos a desarrollar las principales características de las carreras políticas de los casos en estudio.

Carlos Arturo Juárez (1917-2010), abogado recibido en la Universidad de Tucumán, y Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez (1929) fueron un matrimonio que nació en los albores del peronismo y, por lo tanto, constituyen una de sus marcas de origen en el plano subnacional. Su incidencia en la política de su provincia se extiende por un espacio de cincuenta años.

Juárez asume por primera vez como gobernador en 1949; luego sigue este itinerario: en 1952 senador; 1960 y 1964 diputado nacional; 1973-76 gobernador; 1983-87 gobernador; 1987-95: senador; 1995-99 gobernador; y por último reelecto gobernador de 1999-2002. Por su parte, Nina Juárez se desempeñó entre 1973 y 1976 como subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad. Entre 1983 y 1987 fue secretaria de la Mujer de Santiago del Estero y, entre 1995 y 1998, ministra de la Mujer. Fue diputada nacional por Santiago del Estero, entre 1993 y 2001 y en 2002 fue electa vicegobernadora; ese mismo año asumió como gobernadora por renuncia del gobernador electo hasta 2004, cuando su mandato fue interrumpido por la intervención federal decretada por el presidente Néstor Kirchner.

Mientras la carrera política de Juárez puede calificarse como integrada, pero con largos períodos estáticos, la de Aragonés obedece más al clásico patrón instaurado por Evita, de acompañamiento de la gestión del esposo a través de la realización de obras con contenido social, desde la Rama Femenina del Partido Justicialista y desde sus cargos gubernamentales. En su última etapa como dirigente política ha ocupado cargos de representación popular. Desde este punto de vista, su carrera es progresiva.

Adriana Bortolozzi (1949) y Floro Eleuterio Bogado (1939-2017) conforman un matrimonio político del Nordeste argentino. Ambos abogados, ingresan a cargos públicos luego de la recuperación democrática de 1983, cuando él asume como gobernador y ella dos años más tarde se incorpora como ministra de Acción Social. Luego Bortolozzi continúa su carrera como diputada provincial entre 1989-1995, diputada nacional entre 1995-97, nuevamente provincial en el período 1997-01 y finalmente diputada (2001-05) y senadora nacional entre 2005-2011. Por su parte, Bogado fue gobernador entre 1983-87, luego diputado nacional (1987-89), embajador entre 1989-91 y desde1995 al presente es vicegobernador de su provincia. Ambos cónyuges comienzan con carreras progresivas, pero luego la de Bortolozzi se transforma en integrada y la de Bogado en estática.

Mercedes Margarita Oviedo (1952) Licenciada en Trabajo Social por la UNaM y Julio Alberto Ifrán (1947-2010), abogado por la UNNE, fueron poderosos entre las décadas de 1980 y 1990, aunque a mediados de los 90 se divorciaron (1997). Ifrán comienza su carrera como concejal (1973-76); diputado provincial durante varios mandatos, de 1983 a 1995; luego vicegobernador (1995-99) y juez en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 6 en la Primera Circunscripción Judicial de Misiones (2000-2007), para finalmente terminar su carrera como diputado provincial (2009-2010, año en que fallece).

Oviedo, por su parte, ingresa a su primer puesto de responsabilidad política en 1987 como vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), luego de haberse desempeñado en puestos técnicos como trabajadora social en la Municipalidad de Posadas. En 1988 asume el cargo que iba a marcar su carrera, en el recientemente creado Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la Juventud. Ocupa allí el máximo rango administrativo, por siete años, hasta que en 1995 es designada vicepresidenta del IPRODHA. Paralelamente a su cargo en el Ministerio, crea la ONG Casa de la Mujer, que llega a tener en tiempos de esplendor 10.000 afiliadas y una sede en cada municipio de la provincia.

En 1997 es electa diputada provincial, cargo al que renuncia en 1999 cuando es votada como vicegobernadora. También en 2001 dimite para asumir como senadora nacional y el último puesto de representación lo ocupa de 2005 al 2009, como diputada provincial. Desde el punto de vista de los patrones de carrera política seguidos por estos dirigentes, su caso corresponde a una carrera progresiva hasta 1995, y la de él es estática hasta ese mismo año. Luego ambas carreras políticas se convierten en integradas.

Los Rodríguez Saá constituyen una de las familias políticas más prolíficas de la política argentina, hegemónica en la provincia de San Luis durante décadas. Si bien se trata de un grupo completo dedicado a la política, una pareja se encuadra en nuestra clasificación. Es el matrimonio que compusieron Alberto Rodríguez Saá (1949) y María Antonia Salino (1950), cuyas alianzas políticas perduraron luego del divorcio matrimonial.

Alberto Rodríguez Saá es abogado egresado de la UBA en 1974, con posgrado en Derecho constitucional, Derecho comunitario e Historia del arte, todos ellos en la Universidad de Salamanca, España. Asesor de la Confederación General del Trabajo; senador por San Luis (1983 a 1994, año en que renunció a su banca), fue presidente del Bloque Justicialista entre 1989 y 1993. En 2000 regresó al Senado hasta 2001, año en que retornó a su provincia para ocupar diversos cargos en el gabinete provincial y llegar al ejercicio de la Gobernación por dos mandatos (2003-2011). Fue candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2007 y 2011. También fue presidente de la Federación Puntana de Básquetbol y distinguido como embajador por parte de la Organización Mundial por la Paz (2011).

María Antonia Salino, periodista, Licenciada en Comunicación Social, tiene actividad pública y partidaria en la provincia de San Luis desde la recuperación de la democracia, en 1983. Fue organizadora y titular del Organismo de la Mujer de la provincia de San Luis desde 1987 a 1991 y creadora del Centro de Atención de las Mujeres Víctimas de Maltratos; además de realizar varias actividades vinculadas a la atención de las mujeres y la niñez. Además fue becaria de la OIT desde 1990 e integrante de la Comisión Ad Hoc post Beijing 1995 desde mayo de 1996. Entre sus cargos de representación pública se cuentan: diputada nacional, entre 1993 y 1997; diputada provincial (2001-2003); senadora provincial (2003-2007) y presidenta provisional del Senado (2005-2007). Luego fue miembro del Consejo Consultivo del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Entre sus cargos partidarios: presidenta de la Rama Femenina en el Departamento Pueyrredón, desde 1984; miembro de Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de la Provincia de San Luis, años 1982-1986; presidenta del Consejo departamental del Partido Justicialista por el Departamento Pueyrredón, año 1997, y vicepresidenta tercera del Partido Justicialista de San Luis, año 2001. Asimismo, es miembro de varias ONG vinculadas a los derechos humanos y las luchas de las mujeres.

En relación a la tipología, ambas carreras son integradas, en tanto han circulado por el nivel nacional y provincial de manera indistinta, de acuerdo a la conveniencia de la circunstancia política.

El matrimonio de José Manuel de la Sota (1949) abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y Olga Riutort (1948), bioquímica por la Universidad Nacional de Cuyo, fue una de las parejas políticas con más impacto. Ambos tenían carreras políticas exitosas antes de conocerse, y la unión les permitió potenciar sus propios recorridos. Se casaron en 1989 y se separaron en 2004.

De la Sota se inicia como diputado nacional entre 1985-1989; luego fue embajador entre 1990 y 1995, de 1995 a 1999 nuevamente diputado nacional y, finalmente, gobernador entre 1999-2007 y 2011-2015. Riutort fue diputada nacional entre 1983-91 y precandidata a gobernadora de San Juan en 1995. Ya en la provincia de Córdoba, fue secretaria general de la Gobernación (1999-2002), vicepresidenta del PJ de la ciudad de Córdoba. También fue presidenta de la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer (2004-2008), concejal de la ciudad de Córdoba desde 2007 y, por último, candidata a intendenta de la capital cordobesa en 2011 y 2015. En lo que respecta a sus carreras políticas, ambas son progresivas, pero se transforman en integradas luego de 1999.

El otro caso cordobés es el matrimonio compuesto por Juan Schiaretti (1949) y Alejandra Vigo (1958), casados en 2007, luego de una convivencia de diez años.

Schiaretti, contador, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, militó en los sectores radicalizados del peronismo de izquierda y fue uno de los dirigentes universitarios de ese partido durante el Cordobazo. Es designado miembro del personal técnico de la Dirección de Comercio e Industria de Córdoba, tras la elección del gobernador Ricardo Obregón Cano, en 1974. Durante la dictadura de 1976 se exilió en Brasil. A su regreso en 1984 se divorcia de su primera esposa con quien tuvo dos hijos, y se dedica a actividades en el sector privado, también se incorpora a la Fundación Mediterránea.

Durante el gobierno de Carlos Menem fue subsecretario de Integración Latinoamericana, luego secretario de Industria y Comercio de la Nación. En 1993 fue electo diputado nacional por Córdoba; su mandato se vio interrumpido entre 1993-95 porque fue designado interventor federal de la Provincia de Santiago del Estero, pero lo retomó en 1995 hasta 1997. En 1999 fue ministro de la Producción en la Provincia de Córdoba. Nuevamente, en 2001, fue electo diputado nacional y en 2002, en medio de la crisis, fue otra vez ministro de Producción y Finanzas del gobierno de de la Sota, y posteriormente vicegobernador, entre 2003-2007; gobernador (2007-2011); nuevamente diputado nacional, de 2013 a 2015, y actualmente gobernador desde 2015, con mandato hasta 2019.

Alejandra María Vigo, proveniente de una familia política de la provincia de San Juan, se dedicó a la política desde joven. Se desempeñó en el ámbito del Sindicato de Amas de Casa, fundado por su hermana Élida, tanto en la provincia como en el Consejo Directivo Nacional y, a su vez, integró el Consejo de Administración de la Obra Social. Fue legisladora provincial entre 2003-2007 y secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba durante la primera gobernación de su esposo. En este momento es secretaria de Equidad y Promoción del Empleo. En cuanto a la tipología propuesta, Schiaretti posee una carrera integrada en tanto que Vigo, una progresiva.

El matrimonio compuesto por Jorge Pedro Busti (1947) y María Cristina Cremer (1949) es otro de los casos propuestos. Busti, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, fue intendente de Concordia por dos períodos (1983-1987 y 1991-1995) y gobernador por tres mandatos (1987-1991; 1995-1999 y 2003-2007). También se desempeñó como convencional constituyente en 1994. Entre 1999 y 2003 fue legislador nacional, primero diputado nacional (99-01) y luego senador (01-03). Finalmente, entre 2007 y 2011 fue diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Cristina Cremer es también abogada pero por la Universidad Católica de Córdoba y fue activista de la Juventud Peronista en sus años universitarios. Luego de trabajar en Tribunales, asume su primer cargo público en 1995, durante la segunda gobernación de su esposo, como presidenta del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos, cargo que repite en la tercera gobernación (2003-07). Fue diputada nacional entre 2007-2009; 2009-2013 y 2013-2017. Se desempeñó también en cargos partidarios, como congresal provincial del PJ (1999-2010). Sus carreras son progresivas; la de Cremer se vuelve estática en la última década, la de Busti, integrada.

El matrimonio de Sandra Mendoza (1963) y Jorge Milton Capitanich (1964) se disolvió en pleno desarrollo político de ambos. La carrera de Capitanich, contador público graduado en la Universidad Nacional del Nordeste, con una Maestría en Economía y Ciencia Política y otra en Administración y Políticas Públicas (UNSAM), se inicia en 1987 como secretario privado del gobernador. Luego, entre 1994 y 1999, fue subsecretario; ministro en el 2001 y jefe de gabinete (2002-2003) del Gobierno Nacional. Fue electo senador nacional para el período 2003-2007 y, posteriormente, gobernador del Chaco por dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015), aunque en los dos últimos años de su segundo período (2013-2015) renunció para ser jefe de gabinete nacional. Es intendente de la ciudad de Resistencia por el período 2015-2019. También fue, desde 2007, presidente del Club Sarmiento en la ciudad de Resistencia (con períodos de licencia cuando estuvo en cargos nacionales).

Por su parte, Sandra Mendoza es Lic. en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad Nacional del Nordeste, donde conoce a su esposo. Continúa su formación y se gradúa como Magister en Gerencia y Administración de Sistemas y Servicios de Salud. Si bien tiene militancia partidaria desde la época universitaria, y proviene de una familia política, su ingreso a los cargos públicos fue muy posterior al de su esposo. Es electa diputada provincial en 2005, cargo al que renuncia en 2008 para ser ministra de Salud de Chaco. Con posterioridad, se convierte en diputada nacional por dos períodos consecutivos: 2009-2013 y 2013-2017.

Ambas carreras son progresivas, pero la de Capitanich se transforma en integrada a partir de 2007 y la de Mendoza en estática en los últimos años.

El matrimonio compuesto por Néstor Carlos Kirchner (1950-2010) y Cristina E. Fernández (1953) fue sin dudas un caso emblemático en la política argentina, puesto que ambos llegaron a ocupar la presidencia de la Nación. La pareja se conoce en la etapa universitaria durante 1974, cuando ambos estudiaban derecho en la Universidad Nacional de La Plata y desarrollaban actividades de militancia política dentro de distintas fracciones del peronismo. Poco tiempo después se mudan a Santa Cruz, donde se casan, tienen dos hijos y edifican sus carreras profesionales y políticas.

Néstor Kirchner accede a su primer cargo público cuando fue elegido intendente de la ciudad de Río Gallegos, en 1987; luego, es gobernador de la provincia entre 1991-2003, por tres períodos. Alcanza la presidencia de la Nación entre 2003-2007, y en 2009 obtiene la diputación nacional por la Provincia de Buenos Aires, mandato que queda inconcluso por su muerte en 2010. En el caso de su esposa, su primer cargo electivo fue en 1989 como legisladora provincial (hasta 1995); fue presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, incluso antes de que su esposo fuera gobernador, ella había llegado a la vicepresidencia del cuerpo y, como tal, le tocó asumir ocasionalmente la gobernación. Ambos fueron convencionales Constituyentes en 1994. En 1995 fue electa senadora nacional, cargo al que renuncia en 1997 y asume como diputada nacional. En 2001 fue nuevamente elegida senadora por Santa Cruz y en 2005 obtuvo el mismo cargo por la Provincia de Buenos Aires. Finalmente fue presidenta de la Nación por dos períodos (2007-11 y 2011-15).

En cuanto a los patrones, se trata de carreras progresivas, con largos períodos estáticos en el plano subnacional por parte de él, y etapas integradas en el caso de ella.

Los datos hasta aquí presentados nos aportan una descripción de las trayectorias de los miembros de estos matrimonios políticos. Desde el punto de vista de sus perfiles socioculturales, los integrantes de los matrimonios estudiados, a excepción de dos de las mujeres (Aragonés y Vigo), tienen el mismo grado de formación académica y varios poseen estudios de postgrado. En general, su primer contacto con la actividad política se produjo en la universidad, donde varios de ellos conocieron a sus parejas (Kirchner-Fernández, Capitanich-Mendoza, Bogado-Bortoluzzi, Busti-Cremer). En dos de los casos se trata de parejas constituidas en segundas nupcias, conformadas pasada la mediana edad (Riutort-de la Sota, Vigo-Schiaretti, curiosamente ambos matrimonios cordobeses). En cuatro de los casos la pareja se extingue en el momento del ascenso político de ambos (Capitanich- Mendoza, Rodríguez Saá-Salino, Ifrán- Oviedo y Riutort-de la Sota) pero ello no significa que, inexorablemente, se rompa la sociedad política, como demuestran los dos primeros casos.

Ambos tienen tradición de militancia política y la mayoría ocuparon cargos dentro de sus partidos. Prácticamente todos provienen del peronismo, como una extensión de la tradición que inauguraron Juan D. Perón y Eva Duarte. Adicionalmente a la pertenencia partidaria, otro de los datos que nos interesaba registrar era la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, para explorar la representación sectorial que excede el marco partidario. En ese sentido, se destaca Jorge Capitanich, quien presidió uno de los clubes de fútbol más importantes de su provincia, y Alberto Rodríguez Saá, la liga de Básquet.

En cuanto a las mujeres, es importante analizar las vinculaciones con organizaciones feministas y/o de mujeres, puesto que se espera que al acceder a un puesto de representación política, además de las cuestiones de interés general, encarnen intereses específicos vinculados con su posición de género (Molyneux, 1986; Camps, 1998; Philips, 1996). Entre los estudiados, se registran solo dos casos: Mercedes Oviedo, de Misiones, a la ONG Casa de la Mujer^[3], fundada por ella; y Alejandra Vigo en Córdoba, al Sindicato de Amas de Casa. En Santiago del Estero Nina Aragonés es la conductora de la Rama Femenina y María Antonia Salino de la Secretaría de la Mujer del PJ, cuyas estructuras les permiten a estas dirigentes tener una relación muy cercana con el electorado femenino y construir redes de lealtades.

Dentro de los partidos, varía la forma de seleccionar los candidatos según el grado de centralización del régimen, y depende tanto de las reglas formales como de las prácticas informales. En sistemas formales

el proceso para elaborar la candidatura es definido por las reglas internas del partido”. En cambio, en los “informales el proceso de presentación de candidaturas es relativamente cerrado: los pasos no se hacen explícitos. El proceso es menos burocrático y más abierto al patronazgo personal (Norris, 1997, p. 168).

Según esta autora existen cuatro modelos de reclutamiento: 1) Reclutamiento informal-centralizado, cuando la selección de candidatos se decide por un proceso de negociación entre los líderes de diferentes sectores y los militantes de base no participan en el proceso; 2) Reclutamiento informal-localizado, en la práctica es casi una autopostulación; 3) Reclutamiento formal-localizado, es aquel en el que se establecen reglas burocráticas explícitas y se implementan en el proceso de selección a través de la organización del partido a nivel nacional o regional. Las decisiones clave se toman siguiendo procedimientos formales y democráticos por miembros de la base a nivel local; 4) Reclutamiento formal-centralizado, es aquel en el cual los líderes estatales de los partidos tienen la competencia formal para decidir qué candidatos van a aparecer en la lista de los partidos.

En los casos analizados, los modos de acceso a los primeros cargos públicos por parte de los varones obedece a pautas de reclutamiento formal, pero en el caso de las mujeres no siempre se dio a través de los mecanismos previstos en los órganos partidarios, sino que intervino también un tipo de reclutamiento “informal-localizado”, que reemplaza relaciones públicas por relaciones de carácter privado. Aunque la nominación de las mujeres implique una negociación del líder varón con sus pares del partido, y ello tiene un carácter más o menos abierto, también incluye acuerdos del líder con su esposa que están fuera del escrutinio del partido y de la ciudadanía, porque transcurren en el espacio privado-doméstico. Como es obvio, estos acuerdos de alcoba son difíciles de reconstruir para el análisis político.

En relación con las trayectorias políticas seguidas por los miembros de estas parejas, los inicios en la actividad política generalmente se dan en forma paralela, pero los varones llegan antes a los puestos de poder. Casi todos lo hacen apenas egresan de las universidades y permanecen en sus carreras políticas por un promedio de treinta años. Las mujeres, en cambio, acceden a cargos públicos recién cuando alcanzan la mediana edad, luego de transcurrido un mínimo de dos años desde que sus maridos están ejerciendo cargos públicos, y se mantienen por un lapso de tiempo ligeramente menor. La excepción son Riutort y de la Sota, que se conocieron cuando ambos eran diputados nacionales por diferentes provincias y cuyas carreras avanzaron por carriles más independientes. También Fernández de Kirchner excede los años de carrera de su esposo, pues fallece mientras ella ejercía su primera presidencia.

En cuanto a los espacios de poder por los que circularon, las mujeres han predominado en el ámbito parlamentario, con carreras progresivas. En la mayor parte de los casos, el movimiento se produce desde el poder legislativo provincial al nacional, lo cual tiene directa relación con la introducción de la cuota de género en 1991, que se constituyó en un componente institucional clave para facilitar la inserción de mujeres en los espacios legislativos nacionales y subnacionales. También hay varios casos de carreras integradas, que combinan distintos niveles de gobierno según conveniencia. En ese sentido, se registran tres casos que han alcanzado el Poder Ejecutivo: dos en el ámbito provincial (Mercedes Oviedo, vicegobernadora de Misiones; Nina Aragonés de Juárez, vicegobernadora y luego a cargo de la gobernación de Santiago del Estero por renuncia del gobernador, su esposo) y una en el ámbito nacional (Cristina Fernández de Kirchner).

En el caso de los varones, las carreras comienzan como progresivas hasta llegar a espacios nacionales de diverso nivel de jerarquía, y luego se vuelven estáticas, una vez que se concentran en afianzar el poder en el distrito subnacional. Esto es así porque la convergencia entre el cargo de gobernador o vicegobernador de una provincia y el control partidario territorial, los pone en condiciones de mayor poder para incidir en la política nacional. El hecho de que los varones se incluyan en carreras políticas de carácter estático no debe entenderse como un estancamiento de su trayectoria, porque la permanencia es una opción en tanto los gobernadores y líderes partidarios provinciales tienen mucha injerencia en el armado de las listas (en la decisión de los nombres como de los lugares) y ese poder solo puede sostenerse con el ejercicio cotidiano del control territorial. En suma, sus carreras, en tanto acreditan una mayor circulación por diferentes ámbitos niveles de gobierno, se encuadran mayormente en la categoría de integradas.

A partir de lo expuesto, podemos hipotetizar que los matrimonios políticos no constituyen una sociedad de pares, sino que en ellos se replican las desigualdades genéricas propias de la sociedad; por ello, son los varones quienes en primer término ocupan los espacios de poder. A esta norma general, podríamos agregar una observación: la incorporación de las mujeres se realizó cuando sus esposos estaban en un momento propicio para ampliar su capital político. En otros términos, la anexión resultaba funcional a sus intereses, en tanto extendía la propia red de poder a través de “su” esposa, que además constituye una vía relativamente independiente de la influencia estrictamente partidaria.

En esta línea de razonamiento, se puede explicar que varias de estas mujeres ocupen espacios de poder en áreas de ejecución de políticas sociales^[4] porque ello, además de no implicar una ruptura sustantiva con sus roles tradicionales de género, les facilita a sus esposos –y a sí mismas– el control de recursos destinados a la asistencia de los sectores pobres. El hecho cobra importancia en tiempos de campañas electorales, particularmente en sociedades caracterizadas por desigualdades estructurales como las latinoamericanas.

Si las mujeres integrantes de estos matrimonios avanzan en sus carreras políticas a partir de un acuerdo con su “socio principal”, su permanencia en el espacio público, generalmente, depende de la evolución de la carrera del hombre^[5]. A su vez, reviste las características habituales que tiene el ejercicio del poder por parte de las mujeres: no es ejercido con completa investidura y tampoco logra ser traslaticio, condición ineludible para su ejercicio; es decir cuando

alguien lo confiere a otro, ese otro lo usará, pero una vez efectuada la delegación, éste dejará de estar presente en todos y cada uno de sus actos de poder; de modo que tampoco será posible, una vez conferido, retirarlo sino en circunstancias excepcionales (Valcárcel, 1997, p. 116).

Como no se puede transferir lo que no se tiene completamente al menor inconveniente presentado, esa construcción que parecía sólida se puede erosionar con velocidad. Con pocas excepciones, que exhiben mayor autonomía en la construcción de sus carreras políticas, se repite este patrón en el ejercicio del poder.

Otra reflexión se relaciona con las consecuencias que tiene esta modalidad de construcción del poder para los colectivos genéricos. En el caso de las mujeres, relega la posibilidad de establecer alianzas de género, necesarias para la construcción de un poder colectivo. Porque el poder como potencia, como capacidad de actuar y de gravitar –sostiene Amorós citando a Arendt– “se construye a través de pactos en grupos de iguales”, y “el espacio de los iguales es el espacio de las diferencias entre individuos”, por eso “poder es poder diferenciarse” (Amorós, 1994, p.33). Al ser un poder de grupos, se acrecienta con la mayor cohesión, lograda por medio de pactos. La presencia de lazos familiares constituiría un obstáculo para el fortalecimiento de ese poder colectivo y, en consecuencia, dificultaría la posibilidad de avanzar hacia una representación sustantiva y una democracia paritaria.

Finalmente, el poder de los varones de nominar a “sus” mujeres resulta un inquietante signo político, porque desplaza los límites entre lo público y lo privado e interpela a la propia democracia, en tanto régimen que explica su sentido a partir de la participación ciudadana. Al priorizar a los miembros del matrimonio para el acceso a los cargos públicos, no solo configura una forma de concentración de poder con rasgos de nepotismo, sino que esta se realiza por canales informales, lejos del escrutinio ciudadano y de los miembros del propio partido político. Sabemos que para que las democracias representativas funcionen como tales es imprescindible que existan mecanismos de accountability tanto vertical como horizontal y social. Y son precisamente estos últimos los que se verían afectados por la presencia relevante de lazos familiares como mecanismo de acceso al poder. ¿Estaremos frente a un nuevo tipo de representación política más cercano a una fuente de legitimidad tradicional?, si estas prácticas se generalizan, ¿se transformará la política en patrimonio del matrimonio?

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[1] Versiones previas de este artículo fueron presentadas en el xiii Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por SAAP (Buenos Aires, agosto de 2017) y en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (Montevideo, julio de 2017). Agradezco los comentarios en dichas presentaciones, así como los valiosos aportes del evaluador/a del artículo.

[2] Se cree que el concepto deriva del griego antiguo nepos (traducido al español como “sobrino”) o del emperador de origen romano Julio Nepote. En la época romana, de hecho, hubo un caso muy famoso de nepotismo, cuando Pompeyo otorgó importantes responsabilidades a su yerno Metelo Escipión (de nula capacidad en el ámbito militar) y fue denunciado por Marco Antonio ante el Senado. Previamente se registran casos en Grecia y posteriormente fueron emblemáticos en el Papado, en el imperio napoleónico, y más recientemente, en varias latitudes y bajo formas de gobierno democráticas.

[5] En este punto nuevamente las excepciones son Riutort y Fernández de Kirchner.