La clase empresarial y el golpe de estado de 1976
Paulo Wermus*
Será necesario entonces, que cada hombre asuma en la hora crítica, las responsabilidades constructoras, así como lo están haciendo las Fuerzas Armadas frente a la subversión. Porque el fusil por si solo no será suficiente (“Solicitada de varias regionales de la CGE”, 1975, p. 5).
Es unánime la posición de todo el empresariado sobre la necesidad de atacar en sus raíces los males que afectan a la Patria. Sólo una acción enérgica y un cambio profundo podrán modificar la actitud de desconfianza, desorientación, falta de autoridad, ausencia de seguridad y orden en que viven los argentinos. Cumplida esta condición fundamental, deberá encararse una drástica modificación del esquema económico-social que nos está llevando al derrumbe como Nación (“Declaración de la APEGE”, 1975, p. 3)
Resumen
En el presente artículo se desarrollará el apoyo del empresariado al golpe militar de 1976 en Argentina. Se intentará mostrar cómo se conformó una dirección política civil-empresarial que instigó el Golpe. En primer medida la Asociación Permanente de Entidades Gremiales y Empresarias (APEGE) y luego el conjunto de empresas nucleadas en la Confederación General Económica (CGE) promovieron la desestabilización económica y el Golpe de Estado. Al analizar la problemática desde las posiciones políticas de las centrales empresariales se focalizará en los intereses económicos que promovió esta coalición política, donde las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor.
Palabras Clave: Golpe de estado; Dirección política civil - empresarial; Fuerzas Armadas; Dictadura militar argentina.
Abstract
This article develops how a civil-business political leadership was formed to support and instigate Argentina’s military coup in 1976. First the Association of trade unions and business companies (known as APEGE for its acronym in spanish) and then another group that nucleates bussiness companies (known as CGE for its acronym in spanish), both of this entities promoted the economic destabilization and the coup. In analyzing the problem from the political positions of the companies’ unions, we will be able to focus on the economic interests promoted by these political coalitions, where the armed forces played an important role.
Mucho se ha escrito sobre la complicidad civil del golpe de estado de 1976; más específicamente sobre su “base social”. Mucho se ha analizado sobre el rédito económico que obtuvo el conjunto de la clase empresarial con la dictadura militar. No obstante, un gran debate surge a la hora de señalar las responsabilidades: ¿Fueron solo algunos empresarios, terratenientes, banqueros o industriales los que instigaron el golpe?
Recientemente, el Diputado Héctor Recalde presentó un proyecto de ley (expediente 1.676-D.-2014) para crear una Comisión Bicameral “de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar” (Argentina. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2015, para. 1). Según sus promotores, el objetivo es elaborar un informe para identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con los delitos cometidos mediante el terrorismo de Estado.
Como se desprende del proyecto de Ley, el análisis es abordado desde una visión individual: directivos y empresarios. El procedimiento analítico parte del resultado, no de los hechos en sí: se busca probar quienes se habrían beneficiado mediante “delitos económicos” (Argentina. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2015).
Este documento analizará la complicidad y el apoyo empresarial al golpe de Estado de 1976 desde otra perspectiva: desde las posiciones que tuvieron las entidades patronales en ese momento (cámaras, asociaciones y federaciones empresariales). No se partirá del resultado: quiénes se beneficiaron y quiénes no, sino que se analizarán las posiciones políticas y las acciones que llevaron a cabo estos actores. La pregunta, entonces, toma más fuerza: ¿Existió algún sector antigolpista en el empresariado?
Para responder este interrogante se analizarán las dos centrales empresariales más importantes de esa época: la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) y la Confederación General Económica (CGE). Como se desarrollará más adelante, estas dos asociaciones postulaban posiciones políticas disímiles respecto del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, la salida de Celestino Rodrigo del Ministerio de Economía en 1975 empujada por una movilización obrera de masas, hizo confluir en el golpismo a prácticamente todo el empresariado nucleado en esas dos centrales.
En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la APEGE, cuya finalidad política fue promover el golpe de Estado.
La APEGE estaba conformada por el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural, la Confederación de Sociedades Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), y cámaras empresariales de diversos sectores (construcción, comercio, grandes tiendas, importadores, exportadores, supermercados y bancos).
El CEA había sido fundado en 1969 ante la creciente presencia de los representantes de empresas internacionales en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina. Reunía a dueños y gerentes de los grupos que crecieron en los 60 y 70, a la sombra de los grandes proyectos de obras públicas y se fortalecieron como proveedores del Estado nacional (Chiaruttini, 2006). Esta entidad empresarial estaba integrada por lo más concentrado de la cúpula empresarial nacional: Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc.
Es decir, la APEGE agrupaba a casi la totalidad del empresariado nacional y del imperialismo. Contrastaba políticamente con otra asociación patronal, de orientación peronista: la CGE, fundada, entre otros, por el ex ministro José Ber Gelbard. En contraposición, esta central apoyaba al gobierno de María Estela Martínez de Perón y había firmado el acta de Paz Social de 1973. No obstante, en el desarrollo político de los años 1975 y 1976, cuando “quemaban las papas” como dice el dicho popular, la CGE y la APEGE confluirían en el golpismo.
El programa político-económico de la APEGE planteaba la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio (“Enérgico reclamo del empresariado”, 1976, p. 1).
Para la supresión directa de los obstáculos legales, se necesitaba un completo cambio de régimen. A lo que apuntaba la APEGE era claro: la eliminación de las comisiones internas, cuerpos de delegados, gremios y activistas combativos del movimiento sindical. A su vez, planteaban medidas concretas que se podrían resumir en las siguientes: eliminar los factores que impedían aumentar la productividad, tanto jurídicos como sindicales; recortar el gasto público para enfrentar la inflación; y liberación de precios y del comercio exterior (Baudino & Sanz Cerbino, 2011).
El presente político y la historia argentina mostraban a las claras que el disciplinamiento de la clase obrera y la eliminación de su vanguardia, requisitos indispensables para la implementación del programa, solo podrían obtenerse bajo un régimen de excepción. Por eso, la APEGE concentrará su acción en generar las condiciones para el golpe, actuando como un partido; y para ello, era necesario desorganizar por completo la vida económica. Entre las principales acciones promovió la inflación y el desabastecimiento; la especulación desenfrenada, la fuga de divisas, la cesación de pagos con el exterior y organizó una huelga impositiva. En este contexto, el 18 de diciembre de 1975 se produjo un primer levantamiento militar de un sector ultraderechista de la Fuerza Aérea que reclamaba que Videla fuese designado presidente. El golpe liderado por Capellini fracasó de inmediato, y el golpista Agosti desplazó a Fautario en la jefatura aeronáutica.
El levantamiento había quedado aislado; la dirección de las Fuerzas Armadas de Argentina (FFAA) entendía que el golpe debía ser institucional, encabezado por los jefes de las tres fuerzas. Todavía los altos mandos dudaban de la viabilidad del mismo.
Empero, en un mensaje de navidad desde Tucumán, Videla le puso fecha: noventa días… el 24 de marzo de 1976. Y la revista The Economist anunciaba que el Ministro de Economía del nuevo gobierno sería José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del CEA y de Acindar.
El fracaso de Celestino Rodrigo y la invención del “subversivo”
En Diciembre de 1975 la Coordinadora fabril de Capital y Gran Buenos Aires de cuerpos de delegados emitió un comunicado donde decía:
(…) ¿Por qué nos acusan de ´guerrilla industrial´? Si la huelga y la movilización son tan viejas como la clase trabajadora misma. ¿A qué obedece esta acusación? Ante la tremenda resistencia que está ofreciendo la clase trabajadora a la política de hambre y represión, ya no bastan las tradicionales maniobras patronales, despidos, suspensiones, desconocimiento de delegados, descabezamiento de direcciones combativas, etc. Es necesario poner en marcha todo el arsenal represivo con que cuenta el sistema para frenar estas nuevas formas de organización que no estamos dando (Cieza, 2012, p. 8).
En todo el periodo 1969 – 1973 hay una tendencia insurreccional independiente de la clase obrera, donde el peronismo quedó paralizado o intentó actuar como freno: el Rosariazo, el Cordobazo y el Viborazo. Esta tendencia se interrumpió con la llegada de Perón (1973), para luego tomar fuerza a fines del ´74 con la huelga del Rodrigazo y las Coordinadoras de la Provincia de Buenos Aires.
La huelga general contra el Rodrigazo, el primer paro general bajo un gobierno peronista, había sido un llamado de alerta. En una nota emitida por la embajada norteamericana señalaba:
(...) la guerrilla de las fábricas está clasificada ahora con sus primos rurales y urbanos como una gran amenaza subversiva. El público, el gobierno y las autoridades militares están ahora comenzando a apreciar el grado en el que ésta ha tenido éxito. No se ha concertando aun ningún tipo de plan para contrarrestar la subversión industrial, pero se puede esperar algún tipo de plan, principalmente militar, en un futuro cercano (Cieza, 2012, p. 5).
Puntualmente, de Junio-Julio de 1975 al golpe de 1976 hay una revitalización de lucha obrera que se expresa políticamente de forma independiente (como en el Cordobazo), conformando las mencionadas Coordinadoras. Muchos historiadores sostienen que en este periodo “toda la burocracia sindical nacional fue puesta contra la pared. Es el hecho de masas más importante de la historia argentina” (Sartelli, 2007, p. 127).
El Rodrigazo será un llamado de atención para la cúpula empresarial nacional. Celestino Rodrigo llegó al Ministerio de Economía el 2 de junio de 1975. El gobierno de María Estela Martínez de Perón buscaba un violento giro en materia económica, en consonancia con los reclamos que le realizaban todas las entidades patronales.
Desde marzo de 1975 se produjeron cuatro lock-outs agrarios que totalizaron 32 jornadas de paro. Los organizadores fueron Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA). En un documento que CRA y FAA presentaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón en septiembre exigían el derecho a la elaboración de la política económica nacional; puntualmente: cambiar los precios máximos, desgravaciones impositivas y también la aplicación de medidas cambiarias que posibiliten la exportación fluida de la producción agropecuaria (“Lock-out para ilegalizar a la clase obrera y preparar el golpe”, 1976, p. 3).
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) había adoptado, inicialmente, una posición más cauta, asistiendo a las reuniones convocadas en el Ministerio de Economía. Empero, una vez fracasadas las negociaciones decidieron sumarse a los lock-outs de la CRA y la FAA señalando:
La dramática situación que vive la Nación obliga a analizar situaciones, fijar posiciones y asumir responsabilidades (...) Un sistema equivocado basado en un creciente intervencionismo estatal (...) ha llevado a los extremos actuales de empobrecimiento general y de una inflación nunca vivida, con su secuela de especulación e inmoralidad que lleva a la descomposición económico-social (Sanz Cerbino, 2010, p. 185).
Durante ese año el gobierno fue cediendo en reclamos varios de la patronal agraria: reajuste de la cotización de los cereales, liberación del precio de la hacienda en pie, pago de saldos adeudados, aprobación de los precios propuestos.
Una vez llegado a la cartera económica, Rodrigo lanzó un conjunto de medidas que completaban la totalidad de las demandas de las entidades patronales del agro: inmediatamente después de haberse cerrado las paritarias salariales, el Ministro anunció una maxi-devaluación y una espectacular suba del precio de las naftas y las tarifas públicas. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones a lo largo y ancho del país.
La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, empujada por una movilización de masas, marcó un punto de inflexión. Para un conjunto de asociaciones patronales, la vía democrática había llegado a su fin. Desde ese momento, comenzó una ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. Gonzalo Sanz Cerbino (2010) señala que a partir de aquí:
(…) aumentan las referencias [públicas] al problema de la ´subversión´, con la que se hace referencia ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también a las fracciones de la clase obrera que actuaban bajo la dirección de la izquierda, la ´guerrilla fabril´. Por último, se insiste una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al ´restablecimiento del orden´, con claras connotaciones golpistas (p. 183).
La dirigencia de algunos sindicatos se alinearon también en el ataque al gremialismo combativo, por ejemplo el 4 de noviembre de 1975 el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) publica una solicitada en la cual se sostiene que el conflicto en Mercedes Benz es artificialmente promovido por los agentes del caos y la subversión (Cieza, 2012).
Todo el bagaje ideológico detrás de “eliminar la subversión” no era nuevo, venía de antes, también los preparativos de inteligencia. Fue un proceso histórico de décadas: la Doctrina de la Seguridad Nacional, las FFAA y la Alianza Anticomunista Argentina(AAA) son una evidencia de ello, sin dejar de mencionar que estuvieron presentes en el Operativo Independencia(que se inicia en febrero de 1975) y en la represión en Villa Constitución (marzo de 1975), entre otros.
Empero, lo que se busca destacar aquí es cuándo los grandes grupos empresarios decidieron llevarlo adelante como programa de gobierno. Identificamos al Rodrigazo como el punto de inflexión en ese sentido; la extensa cita de la coordinadora es ejemplificadora.
Del lock-out de la APEGE al golpismo de la CGE
Durante las primeros semanas de 1976, los grupos empresarios agrupados en la APEGE, profundizaron el desbarajuste económico armando el “respaldo civil” del golpe. El 16 de febrero, se convocó a un lock-out patronal con un programa político-económico bien claro:
existe un solo camino para que el empresariado deje sin efecto su plan de medidas de fuerza, y ese camino es la rectificación total de la filosofía política, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, 1976, p.1).
Este lock-out se distinguía de los lock-outs agrarios antes mencionados por abarcar al conjunto de las patronales de Argentina. Incluso la gran mayoría de los sectores organizados en la CGE, la entidad empresarial más afín al gobierno peronista, se sumaron al paro patronal. Después de que su dirección proclamara la “libertad de acción”, nueve de sus federaciones, entre ellas la poderosa Federación Industrial de Córdoba, adhirieron al paro declarado por las grandes cámaras industriales, la SRA y los banqueros.
Encontrándose entre la ofensiva de la APEGE y la resistencia obrera, la CGE se plegó de lleno al lock-out del 16 de febrero. Días después, entre el 21 y el 28 de febrero, la propia CGE convocó a una “semana de protesta”. Ya desde septiembre de 1975 un considerable número de corporaciones empresarias regionales se habían ido desafiliando de la CGE, criticando el respaldo de ésta al gobierno. Muchas de ellas se sumaron a la APEGE, como por ejemplo la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (COPAL), y el Movimiento de Unidad Industrial (MUI) que nucleaba muchas cámaras empresariales. La FAA ya se había desvinculado a mediados de julio de 1975. Para septiembre de 1975, dos entidades agropecuarias siguieron el mismo camino: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Unión General de Tamberos. De esta forma la CGE perdía a las últimas corporaciones agrarias que permanecían bajo su dirección.
La crisis de la CGE se profundizó aún más una vez que la ofensiva golpista ya era totalmente explícita. Una de las disidencias más importantes fue la de la región del NEA (Nordeste Argentino). Ya para diciembre de 1975 varias federaciones regionales de la CGE salieron públicamente a criticar el apoyo que ésta le daba al gobierno. Firmaban la solicitada la Federación Económica de Catamarca, Confederación Económica de Jujuy, Confederación Económica de Misiones, Federación Económica de Mendoza, Federación Económica de San Juan, Confederación General Económica de Salta, Confederación General Económica de Santa Cruz y la Federación Económica de Tucumán. En esa nota plantearon:
Será necesario entonces, que cada hombre asuma en la hora crítica, las responsabilidades constructoras, así como lo están haciendo las Fuerzas Armadas frente a la subversión. Porque el fusil por sí solo no será suficiente, todo argentino (...) deberá ser el protagonista de una auténtica creación de la Patria que todos, con justicia, aspiramos a realizar ("Una política económica que frustró a los argentinos", 1975, p. 11).
En ese diciembre también la Federación de Asociaciones de Bancos Argentinos se desvinculó de la CGE. Una de las entidades de esa federación, ADEBA, terminó ingresando en la APEGE. Con el fortalecimiento de la APEGE, de cara al lock-out, la sangría continuó siendo cada vez más severa. Finalmente, el Consejo Superior de la CGE respondió a los reclamos internos y el 4 de febrero de 1976 publicó una solicitada con una serie de demandas al gobierno en consonancia con los reclamos de la APEGE. Allí instaban a que:
El gobierno asegure el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresario; la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas, junto con una política laboral que preserve la neutralidad del Ministerio de Trabajo y el trato equitativo para sectores laborales y empresarios; que se eviten los enfrentamientos estériles entre sectores; [...] la necesidad de implantar un programa coherente de contención del proceso inflacionario, de incremento de la productividad y de la inversión privada productiva, y la aplicación de una política salarial coordinada con la estabilización económica y el incremento de la producción” (Diario La Nación, 1976, citado en Baudino & Sanz Cerbino, 2011, p. 141).
La cita anterior muestra que la APEGE reclamaba medidas económicas similares a las de la central empresarial. Es interesante, también, remarcar la activa participación de la cúpula de la FAA en todas estas jornadas, y su posterior apoyo a la dictadura militar. El relato histórico reciente obvió el compromiso político de la FAA con los mandos militares.
En la Memoria y Balance de la FAA del período 1975-1976, el director de la misma, Humberto Volando, escribía: “La paz alcanzada [en alusión al gobierno militar] en este aspecto interno permite visualizar la formación de una conciencia de unidad frente a quienes quisieron imponer la violencia como método” (Baudino & Sanz Cerbino, 2011, p. 151).
El 16 de febrero el lock-out fue total Carlos Túrolo, autor de De Isabel a Videla, remarcaba que la masividad del paro de la APEGE “fue la prueba de amor que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Ese día prestaron mucha atención y se quedaron tranquilos cuando vieron que cerró desde la industria más grande hasta el kiosko más chiquito” (Muleiro, 2001, para. 3). Según Gonzalo Sanz Cerbino (2010), en base a lo publicado en el diario La Nación de esa semana, estimó que alrededor de 1200 cámaras comerciales e industriales apoyaron la medida.
La contundencia de este lock-out contrastó fuertemente con el accionar de la CGT, que se limitó a publicar una solicitada el 13 de febrero llamando a los empresarios a reflexionar. Consideramos que la ausencia de medidas de fuerza por parte de las cúpulas sindicales en contra de la política de la APEGE, dejó entrever a los golpistas que no iban a tener respuesta por ese lado.
El Genocidio: los militares al ejecutivo la APEGE a los ministerios
El 24 de marzo de 1976, los militares dan el golpe de estado más anunciado de la historia argentina. Tanto desde el programa económico, como desde los cuadros técnicos de gobierno, la APEGE hizo un aporte fundamental; fue un co-gobierno militar-empresarial. De esta forma las asociaciones empresariales no solo promovieron el Golpe de Estado, sino que lo apoyaron durante todo el periodo. Al frente del Ministerio de Economía se nombró a José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de Acindar y del CEA. La Sociedad Rural se quedó con la Secretaría de Ganadería: se nombró como Ministro a Jorge Zorreguieta, quien había sido Secretario de CRA, de la SRA, y presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias. Y Adeba se quedó con el Banco Central: se nombró a su cargo a Adolfo Diz que había sido Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pertenecía a la asociación.
En su conjunto, las asociaciones patronales celebraron jubilosamente al nuevo gobierno. El 5 de abril se reanudan las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires y la elite empresarial saludó el ascenso del régimen del terrorismo de Estado con una espectacular suba de las acciones: el 250% en una sola jornada ("Reabrió la bolsa marcando los más excitantes records", 1976, pp. 12-13).
Un año después del lock-out que abrió el camino del golpe, la principal entidad empresarial golpista enunciaba: “en este aniversario, la APEGE considera un deber ineludible expresar su reconocimiento a las FFAA y de seguridad por la decisión, coraje y eficacia con que asumieron la responsabilidad de restablecer el orden” (Muleiro, 2001, para. 5).Queremos destacar aquí que la clase empresarial no solo promovió la desestabilización del gobierno de María Estela Martínez de Perón, sino que se involucró directamente en apoyar y acompañar a los mandos militares en la dirección del Estado.
Conclusión
En este artículo se describió como se fue configurando (en el conjunto del empresariado) la posición política de promover de un Golpe de Estado en la Argentina en 1976. Distintos sectores de la cúpula empresarial empezaron a conspirar desde el inicio de 1975. Primero, fueron los lock-outs de la CRA y la FAA, y, luego, la constitución de la APEGE como “partido golpista”. Hasta este momento podemos diferenciar a todo este conglomerado de la fracción empresaria nucleada en la CGE, que se planteaba como un soporte del gobierno. Estas diferencias, no obstante, empezarían a diluirse a partir del Rodrigazo. La exitosa resistencia obrera a estas medidas fue un alerta de que lo que estaba en juego excedía los intereses parciales de cada fracción empresarial por separado. A partir de entonces hay una migración de regionales enteras de la CGE a la APEGE. Y, a su vez, dentro de la CGE un sector mayoritario hace llamamientos golpistas a las FFAA y a la población en general. Finalmente, la CGE también se pone en la ofensiva de reclamar un programa económico similar a la APEGE.
De lo anterior, queremos remarcar que la promoción empresarial del Golpe de Estado en 1976 no se debió simplemente a una sumatoria de decisiones de individuos empresarios, como se criticó en la introducción. Lo que estaba en cuestión era lo que convertía a esos individuos en empresarios: la capacidad de extraer beneficios de la explotación del trabajo ajeno. En ese sentido, la derrota de las medidas del Ministro de Economía planteó esta cuestión a todo el empresariado.
Con el Golpe de Estado el empresariado se trazó objetivos bien claros: disciplinar a la clase obrera, derrotar y eliminar a su vanguardia. Para tales fines, fue necesario construir la imagen del “subversivo”, sinónimo de quien se oponía a esa transformación. Rodolfo Walsh lo grafica muy bien en su carta abierta a la Junta Militar:
han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron (Walsh, 1977, para. 33).
Los empresarios actuaron como clase, no fueron simplemente empresarios-personas. Las organizaciones patronales siguieron una línea política clara. Conformaron organizaciones para el golpe, lo promovieron, elaboraron un programa, reclutaron en los mandos militares el personal para llevar a cabo el genocidio y se beneficiaron en su conjunto eliminando físicamente a la resistencia obrera.
Referencias
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Walsh R. (1977). Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_carta_de_rodolfo_walsh.php
Notas
* Profesor de Historia. Universidad de Buenos Aires (UBA). Correo electrónico: pauwermus@gmail.com
MIRÍADA. Año 8 No. 12 (Ene-Dic 2016) p. 231-242
©Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO). ISSN: 1851-9431