Todo lo que sabemos está
mediado por un lenguaje, o el lenguaje a través del cual lo conocemos. Y si el
lenguaje es un instrumento sine qua non para el saber, el que busca el
saber tendría que controlar ese instrumento. El mal uso del lenguaje genera la
reflexión mal formulada; y la reflexión mal formulada es mala para todo lo que
el que busca el saber quiera hacer después (p. 15)[1].
¿Qué es
La democracia es un concepto dinámico y discutible. Esta idea y su desarrollo práctico
son fruto de una construcción social e histórica de larga data. Sus versiones contemporáneas son una invención colectiva, forjada en el transcurso de décadas - sino
siglos - de lucha, reflexión, debate y acuerdos políticos. Ella ha evolucionado con el correr del
tiempo y continuará haciéndolo en el futuro. La democracia es un concepto descriptivo y prescriptivo,
real e ideal. Ella denota un tipo de régimen político y connota anhelos de
libertad, igualdad y soberanía popular. Sartori (1987) ha
observado con sagacidad, “lo que la democracia es
no puede ser separado de lo que la democracia debería ser. La democracia existe sólo en la medida en que sus ideales y valores la
hacen existir” (p. 7). De ahí la importancia de reconocer y apreciar su
horizonte utópico, sin el cual la democracia se empobrece y corrompe.
La democracia ha sido utilizada
como un concepto político desde el siglo V AC. En tiempos
más recientes han surgido otras acepciones a esta palabra, tales como la ‘democracia social’ y la ‘democracia
económica.’ Estos usos son plausibles pero no pueden sustituir la dimensión política
de la democracia. Salvo circunstancias extremas, la falta de equidad social y económica[2] no restringiría la posibilidad de instituir una
democracia política. La desigualdad social afectaría la calidad del proceso
democrático, pero no la anularía de por sí. Sin embargo, la ausencia de un marco
macro-político democrático pondría en serio peligro la sobrevivencia y
posibilidad de desarrollo de la democracia en su acepción social y económica.
La democratización, como bien señala Whitehead
(2002, p. 27), “es un proceso relativamente abierto, de largo plazo y
complejo.”.En términos analíticos, se pueden distinguir tres dimensiones de este proceso: la
instauración, consolidación y profundización de la democracia. La instauración de una democracia tiene lugar cuando un régimen de
transición cruza un umbral democrático mínimo. La consolidación se establece al lograr condiciones que impiden el
quiebre y la erosión de un régimen democrático (Schedler, 2001). La profundización de una democracia implica
un proceso de mejora en la calidad de sus instituciones y la extensión de los
derechos ciudadanos.
Siguiendo reconocidas apreciaciones elaboradas desde
la ciencia política, la democracia es definida aquí como un régimen político
anclado en el principio de la soberanía popular. Este régimen se establece por
medio de procedimientos constitucionales que permiten la libre competición y
periódica participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes
públicos, y la promoción de sus intereses por medio de la libertad de
asociación y expresión[3].
La instauración
de una democracia supone el cumplimiento elemental de las siguientes
características:
(1) La realización periódica de elecciones limpias y justas, mediante la
cual compiten en forma libre líderes y grupos políticos que buscan acceder a
las principales funciones de gobierno.
(2) La participación electoral de ciudadanos basada en el sufragio
universal y garantías de libertad de expresión y asociación.
(3) La transmisión representativa del poder conferido por los ciudadanos
a las autoridades elegidas.
(4) El derecho ciudadano a libre expresión y movilización para
influenciar las decisiones tomadas por las autoridades públicas, en forma independiente
del proceso electoral.
(5) La instauración de un gobierno de la mayoría limitada, basado en el
imperio de la ley y la protección de los derechos de la minoría.
(6) La responsabilidad del aparato del estado a las autoridades
constituidas a través del proceso electoral – definido en lo mínimo por la
ausencia de un poder de veto (tanto de jure y de facto) sobre los
representantes elegidos por el pueblo. En la práctica,
esto implica un control civil sobre las fuerzas armadas, una separación funcional
entre las autoridades políticas y religiosas, una dispersión básica de la
riqueza, y un marco de soberanía territorial y autonomía institucional para el
ejercicio del poder estatal[4].
La democracia no es un fenómeno aislado. Ella necesita de
una serie de instituciones y espacios de mediación, en particular, una sociedad
civil libre y robusta, un estado de derecho, una sociedad política con relativa
autonomía, una burocracia estatal útil, y una sociedad económica funcional
(Linz & Stepan, 1996, p. 7-15). Dicho de otro modo, las reglas del juego
democrático dependen de la capacidad y la voluntad de la gente que las utiliza
y reclama; de las instancias que las prescriben y las hacen cumplir; y de las
condiciones que puedan generar los recursos necesarios para tornarlas viables.
La consolidación de
la democracia sólo puede ser completada luego de la instauración de este
régimen. Según Linz y Stepan (1996), un régimen democrático se
halla consolidado cuando se convierte en the
only game in town (el único juego posible). Es
decir, cuando: (1) “ningún grupo importante intenta seriamente
derrocar el régimen democrático,” (2) “una abrumadora mayoría cree que todo
futuro cambio debe surgir dentro de los parámetros de las fórmulas
democráticas”, y (3) “todos los actores del sistema político se habitúan al
hecho de que el conflicto político será resuelto mediante normas establecidas y
que la violación de dichas normas será infructuosa y costosa” (p. 5).
La profundización
de la democracia nos remite un proceso más amplio y abierto, fundado en la
extensión de libertad, igualdad y participación política de la ciudadanía. Aquí
entran a tallar aspectos cualitativos del marco institucional de una
democracia, como son la eficacia, equidad e integridad del Estado de Derecho;
la plena garantía a la participación ciudadana, en especial a través de la
protección al derecho a la protesta – “el primer derecho” (Gargarella, 2005);
la autenticidad y representatividad de la competición política, incluyendo la
transparencia y equidad en el acceso a recursos para financiar las campañas
electorales. A ello se agregan elementos que hacen a los mecanismos verticales
y horizontales de accountability (rendición de cuentas), mediante el
ejercicio del derecho a obtener informaciones y justificaciones por los actos
emprendidos por las autoridades públicas, así como el derecho a punir o
premiarlos en base a las acciones realizadas (Schedler, 1999; O’Donnell, 2007).
En suma, la democracia se profundiza a través del fortalecimiento y uso
efectivo de los derechos civiles, políticos y sociales de la población[5]. Este
proceso genera condiciones esenciales para garantizar la amplia y libre
participación ciudadana en la vida pública y en el ejercicio pleno de la
soberanía popular.
El desarrollo de democracias de alta calidad en América Latina se
encuentra obstaculizado en muchos aspectos por un contexto de extrema
desigualdad social. Reducir esta brecha es uno de los principales desafíos
democráticos en este continente. La democracia ofrece un instrumento para ello,
al proporcionar, en las palabras de O’Donnell (2004), “un espacio institucional
habilitante” que permite a las personas luchar “por establecer sus
reclamos-necesidades como derechos efectivos” e influir en la formación de la
agenda pública (p. 11). La democracia, por tanto, es a la vez un fin e instrumento
para lograr su avance cualitativo.
¿Qué es
La sociedad civil es una idea
hermosa y problemática. Como ideal político, ha encendido corazones e iluminado mentes para
resistir la tiranía y luchar por la democracia. Es posible
recordar: Gdansk 1981, Buenos Aires 1983, Río de Janeiro 1984, Manila 1986,
México 1988, Praga 1989, Guatemala 1993, Asunción 1999, Belgrado 2000, Kiev
2004 y Cairo 2011. Aún con toda la inspiración que la sociedad civil es capaz
de suscitar, el uso común de este concepto se encuentra plagado de significados
distintos e incluso contradictorios. Algunos definen la sociedad civil como todo aquello
que no es parte del estado. Otros la reducen a algunos de sus actores más conocidos, como las ONGs
(organizaciones no gubernamentales). Hay quienes consideran a los partidos políticos,
grupos armados, bancos de inversión y a las familias como protagonistas de la
sociedad civil. Otros no. Este ensayo propone una salida práctica a este laberinto formulando una
definición de la sociedad civil basada en planteamientos hechos desde la
ciencia política comparada[6].
Aquí,
la sociedad civil es conceptualizada
como un espacio público, pluralista y moderno de interacción social. El mismo
es constituido por grupos, redes e instituciones que se distinguen en términos
analíticos del estado, la sociedad política, la sociedad mercantil, la familia
y la vida individual. La sociedad civil es susceptible a su contexto y la dinámica que la
envuelve. Sus acciones, por
lo general, buscan influir en estos otros ámbitos, antes que controlarlos. Ellas pueden incluir actos de cooperación,
competición y formas no violentas de conflicto. Sus actores son visibles y sus
actividades no son de naturaleza comercial.
La sociedad civil es más que la
suma de sus partes. Esta apreciación se torna más nítida al visualizarla como un espacio o
esfera analítica, abierta a una gran diversidad de actores e interacciones. Una metáfora que logra captar esta cualidad
es la de un escenario teatral. Pero antes de abordar esta comparación es necesario aclarar tres
aspectos de esta definición de la sociedad civil: su alcance conceptual, gama
de actores y propiedades básicas.
Alcance conceptual
Los mejores análisis de la sociedad civil la
diferencian no sólo del estado sino también de la sociedad política y la esfera
privada del mercado, la familia y la vida individual. El amplio consenso a favor de la
distinción entre la sociedad civil y el estado
se deshace, sin embargo, a la hora de considerar las formas en que estos dos
ámbitos se relacionan. La sociedad civil no es un antagonista inherente del estado. Las interacciones entre ambas
esferas son por lo general complejas y multifacéticas. El estado puede estructurar
muchos aspectos de la sociedad civil. A su vez, desde la sociedad
civil se pueden propiciar cambios en la composición de las autoridades, las
orientaciones políticas y la estructura institucional del estado, así como se
pueden legitimar y reforzarlas.
La sociedad política
es un espacio de mediación entre la sociedad civil y el estado, susceptible a
la influencia de otros ámbitos. Ella emerge del seno de la sociedad civil y por
desprendimiento del estado en un proceso de transición a la democracia, y se
convierte en un rasgo permanente de este régimen político. Esta esfera está
formada por los partidos y movimientos políticos, y la competición electoral
engendrada entre éstos. También incluye al parlamento nacional, y a los escenarios legislativos
subnacionales. En otras palabras, la sociedad política, es un ámbito formado por
asociaciones, instituciones y decisiones que reglamentan al estado, y espacios
en donde toman lugar las negociaciones y confrontaciones “para obtener el
control del poder público y el aparato del estado” (Stepan, 1988, p. 4).
La sociedad civil es diferente
de la sociedad mercantil, que comprende las empresas relacionadas
con el ámbito de la producción, el comercio y las finanzas. Esta esfera abarca instituciones como las sociedades
empresariales, industrias, tiendas de comercio, bolsas de valores, entidades
bancarias y compañías de seguro. A diferencia de la sociedad
civil, la sociedad mercantil tiene como
presupuesto básico la búsqueda del lucro, es decir, ganancias económicas de
índole privada o individual[7]. Los intereses y valores predominantes de la sociedad
civil no pueden ser pautados por este afán so pena de una grave desfiguración –
e incluso extinción - de este espacio social.
La sociedad civil no es una
categoría residual. Ella no incluye todos los fenómenos sociales que puedan
surgir al margen del estado y la economía de mercado. Al contrario, la sociedad civil interpreta y
delinea un campo específico de la sociedad –a saber, el ámbito donde se
constituyen y movilizan asociaciones y acciones colectivas, y en donde se
establecen redes formales e informales de socialización y comunicación pública. De ahí que las relaciones de familia y la vida individual no sean parte de la sociedad civil en sí,
sino elementos constitutivos del ámbito privado de la sociedad. Estos distintos espacios se
pueden visualizar en el siguiente cuadro.
Gama de actores
Entre los actores de la sociedad civil suelen encontrarse los movimientos sociales (formados por
grupos vecinales, de mujeres, estudiantiles, campesinos, defensores del medio
ambiente, y una variedad de movilizaciones cívicas); gremios profesionales de todos los estratos sociales (incluyendo
los sindicatos de trabajadores urbanos y rurales, sociedades empresariales,
asociaciones de abogados, periodistas, médicos, académicos); iglesias y otras comunidades religiosas;
centros educativos y medios de
comunicación social (en especial, las universidades, institutos de
investigación, medios independientes de prensa, y los sitios noticiosos y de
comentario público en
La sociedad civil supone una gama de actores y
escenarios producidos por estos al generar movimiento, comunicación, entrar en
confrontaciones o formar coaliciones. Al mismo tiempo, la sociedad civil incluye un amplio
conjunto de movilizaciones públicas y eventos que no recaen sólo en estos
participantes más organizados. Una protesta cívica espontánea o una celebración religiosa ad hoc
que comprendan alguna forma de acción colectiva podría, en la mayoría de las
circunstancias, calificar como un episodio de la sociedad civil.
Los
actores de la sociedad civil pueden variar de manera extensa en cuanto al grado
de participación y tipo de influencia que puedan ejercer en esta esfera. Bajo
determinada circunstancias algunos actores pueden
convertirse en protagonistas centrales, mientras otros asumen un rol menos
visible. Algunos están plenamente integrados a este campo social. Otros sólo
participan de ella de manera parcial o circunstancial. De hecho, muchas organizaciones típicas
de la sociedad civil operan en más de un ámbito de acción. Un periódico comercial, por
ejemplo, es una sociedad empresarial y al mismo tiempo un medio que congrega a
un grupo de periodistas dedicados a la comunicación social. Un sindicato, por su parte, puede obrar al interior de la sociedad
civil e incursionar en la arena de la sociedad política para promover a sus candidatos en un proceso electoral.
Ningún actor de la sociedad civil es inherente a ella.
Cada uno de sus participantes tiene una historia propia de cómo pasaron a tomar
parte de ella. Y así como la integraron, también podrían desvanecer e incluso abandonar
este campo social. De hecho, este sería el caso con la mayoría de los equipos
profesionales de fútbol, que en el transcurso del siglo XX pasaron de ser
asociaciones voluntarias, sin finalidad de lucro, a constituirse en empresas de
entretenimiento deportivo, administradas bajo criterios comerciales.
Propiedades básicas
La sociedad civil no es un rasgo tangible de la
realidad sino un concepto interpretativo –una herramienta analítica que ayuda
a conectar y dar sentido a un amplio y diverso conjunto de situaciones de la
vida real. Aún cuando ella se caracterice por incluir múltiples actores, la sociedad civil puede
comprenderse mejor como un ámbito de acción marcado por determinadas pautas de
conducta. Su calidad y
función básica, por tanto, es la de representar un campo interactivo. La sociedad civil, en otras palabras, no es un actor, ni una sucesión miscelánea de actores, sino un espacio
de acción social. Es un campo construido y delineado por la interacción, razón por la cual
su contorno y topografía nunca es fija ni estática. Además, en su interior, la
sociedad civil funciona con varios niveles y ámbitos de interacción. Como tal, supone un “escenario
de escenarios” (Walzer, 1991, p. 16). En él, diferentes grupos pueden actuar en
forma simultánea en distintas actividades.
La sociedad civil es un ámbito
pluralista. Esto es así en la medida en que sus instituciones y asociaciones son
formadas por personas que se adhieren a ellas en forma voluntaria - sin ser
adscriptas u obligadas a tomar parte de ella –, al tiempo de admitir miembros
que puedan tener afiliaciones y lealtades múltiples. De tal forma, una nación indígena no sería parte
de la sociedad civil, pero una asociación de indígenas que representase a esa
nación sí lo sería. Esta definición de la sociedad civil presupone la existencia de cierto
nivel de complejidad y diferenciación social, un elemento importante de
auto-movilización, y la tolerancia – o, en lo mínimo, la aceptación mutua -
entre sus distintos protagonistas. Es por ello que grupos orientados a utilizar métodos violentos para
alcanzar sus objetivos no pueden ser considerados como partícipes de la
sociedad civil. Siendo así, las fuerzas paramilitares y la guerrilla de Colombia, Sendero Luminoso
de Perú y las pandillas criminales de México y América Central no forman parte
de la sociedad civil. De igual manera, las definiciones de sociedad civil basadas en conceptos de
clase – equiparándola a nociones como “el
pueblo”, “el sector popular” o “los movimientos populares” - resultan
problemáticas, pues prescinden del carácter heterogéneo e incluyente de esta
esfera. La sociedad
civil no es un actor o instrumento en la lucha de clases, sino un espacio para
el desarrollo de esta disputa.
Los conflictos de poder y
dominación que suceden en la sociedad civil demuestran que la misma no ofrece
un campo de juego nivelado, o un ámbito restringido a contiendas templadas. Por el contrario, la sociedad civil es
un lugar de luchas hegemónicas. Las luchas hegemónicas buscan
infundir, perpetuar o impugnar un consenso dominante. Estas disputas pueden abarcar una variedad de
temas, de alcance e impacto diferenciado. Estas podrían incluir contiendas en
torno al modelo de desarrollo económico, la consolidación democrática, la
inclusión política de grupos subalternos, la legalización del aborto y la
prohibición de fumar en recintos públicos. En un conflicto hegemónico, el
objetivo no es eliminar o intimidar al adversario a través de la fuerza física,
sino derrotar su posición, vaciándolo de contenido, sentido propósito,
conciencia y voluntad. Esto se produce por medio de la imposición de intereses, valores y
percepciones de lo que es ‘realista,’ ‘posible’ y ‘deseable.’ Las disputas hegemónicas, en otras
palabras, involucran esfuerzos por influir, configurar y controlar la agenda
pública. La concepción de la sociedad civil como una arena conflictiva y asimétrica ofrece un
contrapeso a la tendencia liberal-pluralista de tratarla como un campo de juego
“nivelado,” proclive a la cooperación cívica[8].
La sociedad civil es una esfera
pública - un espacio abierto, visible e incluyente, donde los
actores persiguen fines públicos perceptibles y no el lucro privado. Como regla general, sus actores
y actividades no son secretas, sino expresivas y de público conocimiento. Esta condición excluye de la
sociedad civil a las asociaciones herméticas y ocultas, como las logias
secretas, sectas esotéricas, redes mafiosas y grupos de resistencia
clandestina.
La
sociedad civil es una construcción histórica moderna. Apareció por primera vez en el
Atlántico Norte alrededor del siglo XVIII como resultado de un proceso de
modernización anclado en el desarrollo del capitalismo, la diferenciación de la
esfera privada de la economía y la esfera pública del estado, y la
despersonalización del poder político. De hecho, una serie de
elementos cruciales para sociedad civil, tales como los conceptos de pluralismo y derechos individuales, la prensa
independiente, la separación entre
La
sociedad civil es susceptible a su
contexto y ecológica en la cualidad de sus interacciones. Sus actores y prácticas se ven
afectados de manera substancial por el medio ambiente en el cual se
desenvuelven, incluidas sus condiciones geográficas y naturales; el estado, el
régimen político y la economía; su contexto y vínculos internacionales; y su entorno histórico y cultural. Algunas
ilustraciones de ello pueden ser útiles. Un terremoto o huracán pueden tener un
impacto dramático sobre las actividades de una sociedad civil, en cuanto que
determinadas características rurales la pueden afectar de una forma más sutil.
Un estado patrimonialista puede dejar profundas secuelas sobre el comportamiento
de diversos actores sociales, en tanto que la formación de un enclave minero o
industrial facilitaría el desarrollo de un movimiento sindical. Instituciones
religiosas como
La
situación al interior de esta esfera social no es menos compleja vista la extensa
red de interconexiones que la caracteriza. Esta dinámica interna denota su
constitución ‘ecológica’. Dicho atributo define en muchos aspectos el modo por
el cual la sociedad civil ejerce su influencia sobre otros ámbitos. Antes que
producir impactos ‘mecánicos’ – como supone la contabilización de los votos de
una elección – la sociedad civil tiende a engendrar efectos ‘climáticos’. Aún
siendo más difusos, estos efectos crean un determinado ‘ambiente,’ ‘zeitgeist’
o ‘clima de opinión,’ capaz de facilitar u obstaculizar acciones emprendidas en
otros ámbitos.
Una metáfora teatral
La sociedad civil podría
visualizarse como un escenario teatral. De este espacio abierto e
incluyente participan una variedad de actores, con libertad de entrar y salir
del mismo. Pero solo podrán ingresar a este recinto aquellos que aceptan
permanecer visibles, evitar el uso o la amenaza de recurrir a la violencia
física para alcanzar sus objetivos, y abstenerse del afán de lucro comercial.
Puestos sobre este escenario, los actores pueden unir fuerzas,
competir o tomar parte de fuertes altercados; al tiempo de componer su propio
libreto, dado el carácter experimental de toda sociedad civil. Esto, sin embargo, deberá hacerse bajo condiciones e interacciones
con los directores de la obra, productores
ejecutivos, críticos, el público e infraestructura proporcionada para su
función. Ciertos actores
suelen ocupar el centro del escenario. Otros permanecen cerca de los
bastidores, ya sea para integrarse al público, asumir un cargo ejecutivo o
levantar un arma y luchar. Algunos actores son más ‘estrellas’ que otros.
Además de acaparar la atención y acceso al dinero, estos pueden ascender a
puestos gerenciales. Otros actores son más modestos. Con la ayuda del público, el director y productor
pueden clausurar el espectáculo. Aun así, es difícil que esto suceda sin el desarrollo de varias
escenas dramáticas de resistencia, represión y derramamiento de sangre.
En suma, esta analogía nos permite apreciar el carácter contextualizado, espacial, dinámico y
complejo de la sociedad civil.
La democracia y la sociedad
civil comparten muchas cualidades y afinidades. Ambas se afirman en los ideales
de la libertad, igualdad y participación ciudadana. Aún con todas las guerras y
violencia que puedan haber facilitado su desarrollo, la democracia y sociedad
civil sólo pueden florecer en un contexto de paz. Ambos fenómenos son
construcciones históricas que han evolucionado con el tiempo. Ellas pueden
innovarse y progresar, como también pueden entrar en decadencia y
desintegrarse. La democracia y sociedad civil son valores universales. Aunque no todos las aprecien,
“personas de todas partes tendrían razones para considerarlas valiosas.”[9] A pesar de sus promesas, la democracia y la sociedad
civil pueden generar resultados decepcionantes. Sus consecuencias desfavorables,
no obstante, deben ser evaluadas a la luz de las alternativas que ofrece la
historia. En la expresión cáustica de Churchill (1974):
Muchas formas de gobierno han sido
probadas y se probarán en este mundo de pecado e infortunio. Nadie pretende que
la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor
forma de gobierno excepto todas las demás formas que han sido probadas en su
oportunidad (p. 7566).
Lo mismo
podría decirse de la sociedad civil.
Los efectos de
Una democracia puede propiciar una
variedad de impactos sobre la sociedad civil. Aquí se
ofrece una sinopsis de esta ecuación, en la cual se subrayan tres dimensiones
del proceso democrático: el estado, el régimen y el sistema
electoral-partidario.
El
estado – sus acciones políticas y efectos estructurales de largo plazo –
juegan un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad civil. Las decisiones políticas
tomadas desde el estado pueden promover el crecimiento de la sociedad civil de
manera activa, al apoyar la sindicalización de los
trabajadores, la creación de asociaciones vecinales y la formación de cooperativas
campesinas. El estado también puede obstaculizar
actividades de la sociedad civil, al criminalizar a los líderes de movimientos
populares, reprimir actos de protesta, ocultar informaciones de interés público
o restringir el acceso a recursos financieros para la promoción de diversas
iniciativas en este campo social. Por otro lado, la política económica nacional
asumida por el estado puede ocasionar diversas consecuencias para la sociedad
civil. Estas se tornan más perceptibles en la medida en que haya un mal manejo
de la economía. A modo de ilustración, una crisis de hiperinflación puede desbaratar a muchas ONGs y sociedades de
ayuda mutua, como se dio en Bolivia, en 1985. En tanto, una medida drástica de
austeridad fiscal podría provocar manifestaciones y huelgas, como en el Caracazo
venezolano de 1989.
El estado gerencia el marco
jurídico dentro del cual se constituye la sociedad civil. Este puede utilizar normas legales para configurar varias actividades
de este ámbito, al conferir estatus legal a sus asociaciones, regular sus
mecanismos de financiación, y otorgar licencias para la utilización de las
frecuencias de radio y televisión. En varios países de América del Sur se han dado importantes disputas en
torno a estas concesiones mediáticas y los anuncios publicitarios pagos por el
estado, pues estos tienden a configurar el espectro de ideas y la resonancia de
determinadas voces dentro de este espacio. La estabilidad y el avance a largo
plazo de una sociedad civil dependen en gran medida de la integridad y eficacia
con la cual el estado pueda administrar la justicia y garantizar la seguridad
pública de sus ciudadanos. En muchas regiones de América Latina la
consolidación de este espacio social se encuentra trabada debido a la ausencia,
debilidad o corrupción del estado de derecho (Méndez, O’Donnell y Pinheiro,
1999).
Los efectos
estructurales de largo plazo desplegados por el estado influyen – de manera
más sutil y duradera - sobre “la formación de grupos y
generación de capacidades, ideas y demandas políticas de varios sectores de la
sociedad” (Skocpol, 1985, p. 21). Los patrones históricos en la
relación Iglesia-Estado, el modelo de desarrollo impulsado por el estado, o la
forma por la cual la clase obrera fue incorporada a la dinámica política nacional,
sugieren procesos capaces de generar legados de largo y profundo alcance.
A modo de ilustración, la separación Iglesia y Estado ha permitido la plena
incorporación de esta institución religiosa al ámbito de la sociedad civil, hecho
que ha ayudado a propulsar la extensión de este espacio social. A su vez, la
adopción de un modelo de desarrollo rural basado en la agricultura industrial,
de gran escala, orientado a la exportación de commodities agrícolas, ha generado condiciones desfavorables para
la expansión de la sociedad civil en el
medio agrario; a diferencia del estímulo positivo propiciado bajo un modelo de
desarrollo rural anclado en la agricultura familiar y la elaboración local de
alimentos.
El
estado, en suma, puede fortalecer o debilitar a la sociedad civil como un todo.
En la práctica esta acaba casi siempre privilegiando a algunos sectores sobre
otros. Desde el estado, la aplicación de normas legales, la concesión de
subsidios o contratos públicos, el reconocimiento de ciertos interlocutores, y
la transmisión de gestos simbólicos, pueden afianzar tanto como debilitar a
determinados actores de la sociedad civil.
La
naturaleza de un régimen político
define en gran medida las posibilidades de sobrevivencia y alcance de la
sociedad civil. Un régimen totalitario la puede suprimir por completo. Un
régimen autoritario la tiende a reprimir parcialmente (Linz, 2000). La
introducción de nuevas libertades de expresión y
asociación, propiciadas en un contexto de transición democrática, genera
condiciones auspiciosas para la expansión de este campo social. Este hecho que
se observó de manera palpable en América Latina con la caída
de diversos regímenes autoritarios en las décadas de 1980 y 1990. Aún así, la
democratización puede producir ciertas contracciones al interior de la sociedad
civil debido al desplazamiento de los partidos y movimientos políticos
opositores, que con la transición pasan a convertirse en actores de la sociedad
política. A esto podría sumarse el traspaso de cuadros de la sociedad civil a
la administración pública como resultado de un cambio de gobierno propiciado
bajo una transición democrática. El caso de Chile, tras la derrota del General
Pinochet en el referéndum de 1988 y la victoria electoral de la opositora
Concertación de Partidos por
Finalmente, el régimen jurisdiccional de un estado
imprime muchas veces un efecto crucial sobre la dinámica territorial de las
asociaciones que toman parte de la sociedad civil, sobre todo en países con
sistemas federalistas, como en
En
un régimen democrático, el sistema electoral-partidario incide de
diversas formas en la configuración de la sociedad civil. Las contiendas
electorales, en particular, suelen politizar a muchas organizaciones sociales,
al tiempo que otros grupos promueven actividades destinadas a resguardar la
integridad de los comicios. El procedimiento adoptado para elegir a las
autoridades públicas puede ejercer efectos sutiles sobre la actuación de varios
grupos sociales. Un sistema electoral de representación proporcional con listas
abiertas tiende a politizar a los sectores más organizados de la sociedad
civil, pues, como se ha visto
en el Brasil, estas reglas de juego facilitan la elección al Poder Legislativo
de candidatos promovidos por estas asociaciones. A su vez, los sistemas electorales de representación mayoritaria
dificultan la elección de candidatos vinculados de manera orgánica a una
determinada agrupación social. Este hecho genera incentivos a los grupos de la
sociedad civil para fortalecer su capacidad de lobby y negociación
política, como se ha observado en los Estados Unidos.
Los
sistemas de partidos influyen sobre este ámbito social de manera similar. Un
sistema partidario polarizado, como se dio en Chile durante el gobierno de
Allende, fomenta la radicalización de posiciones al interior de la sociedad
civil. Un sistema
institucionalizado, como el del Uruguay, es más proclive a exhibir vínculos
estrechos entre determinados partidos y movimientos políticos y ciertas
colectividades gremiales, sobre todo del ámbito laboral. Por otro lado, un sistema de partidos no institucionalizados
puede aumentar la inestabilidad dentro de la sociedad civil y, en ciertos
casos, favorecer la incursión política de grupos sociales más organizados, como
se dio con el movimiento de campesinos cocaleros en Bolivia y
Por último, vale resaltar que en
determinadas circunstancias ciertos eventos políticos pueden desatar
movilizaciones sociales de fuerte impacto nacional. Durante el último cuarto de
siglo se han dado varias situaciones de este tipo en América Latina, entre
ellas, la concentración masiva en contra de la
insurrección militar de 1987 en
Los efectos de
La sociedad civil actúa sobre la democracia de manera
ambigua, compleja y heterogénea. Esta sección ofrece un marco analítico para
escudriñar esta relación, en la cual se examinan seis variables: el nivel de observación; la transición, consolidación y
profundización de la democracia; la estructura de representación de intereses
sociales y la formación de la agenda pública. La presentación de argumentos
contrapuestos con relación a cada una de estas variables ayuda a iluminar los
variados mecanismos y procesos que delimitan este campo
social.
(1) El nivel de observación. Grosso
modo, los efectos de la sociedad civil sobre la democracia pueden ser abordados
desde dos perspectivas: una histórica y la otra cotidiana. El marco histórico
permite una retrospectiva amplia que destaca las afinidades mutuas entre ambos
procesos. En contraste, el enfoque cotidiano expone una relación multifacética,
intricada y vacilante.
Las
nociones contemporáneas de la democracia y la sociedad civil comparten el mismo
origen histórico. Ambas surgieron con el desarrollo del capitalismo, la instauración de
derechos constitucionales, la formación de una esfera pública, el surgimiento
de la política de masas y la participación de un amplio segmento de la
población en la elección de sus autoridades gubernamentales[10]. En contraste, la perspectiva cotidiana observa una
miríada de interacciones entre los múltiples niveles y espacios de poder en una
democracia y la multitud de actores y actividades de la sociedad civil. Esto le
permite resaltar los efectos variables y versátiles que pueden surgir de esta
compleja relación. Ambas apreciaciones – la histórica y la cotidiana - son
importantes. El enfoque de largo plazo otorga un margen
de esperanza en cuanto al alcance de esta relación. Por otro lado, la visión de
corto plazo subraya la necesidad de ser
cautos y precisos a la hora de examinar coyunturas específicas, de modo de
evitar generalizaciones que ignoren los impactos ambiguos de la sociedad civil sobre la
cotidianidad del proceso democrático.
(2) La
transición hacia la democracia. La sociedad civil puede catalizar la caída de un régimen autocrático y
propiciar una transición democrática. Pero ella no puede emprender las
diligencias políticas necesarias para establecer el marco institucional de este
régimen político.
Bajo
regímenes autocráticos, los partidos y
activistas políticos disidentes suelen buscar refugio en la sociedad civil,
colaborando muchas veces con instituciones religiosas u otros espacios de
resistencia política. El inicio de un proceso de democratización permite la
formación de una sociedad política. “A lo sumo” - asegura Stepan (1988) - “la sociedad
civil puede destruir un régimen
autoritario. Sin embargo, una transición democrática plena debe involucrar a la
sociedad política” (p. 4). De hecho, la instauración de este régimen exige la
participación activa de líderes políticos a fin de forjar los acuerdos
necesarios para instalar el andamiaje institucional mínimo, a decir, los
cotejos electorales, el marco constitucional, parlamento y poder judicial.
Dicho en otras palabras, “La democratización involucra a la sociedad civil,
pero corresponde en lo fundamental a la sociedad política” (Stepan, 1988, p.
6).
En
un contexto de democratización el impacto principal de la sociedad civil tiende
a ser de carácter climático y diluido, antes que mecánico y puntual. Esta
imprecisión se debe a su condición multifacética y sus disputas internas. La
sociedad civil influye en la formación de la opinión y la agenda pública, al
generar presiones y forjar consensos con relación a la transición democrática.
En situaciones excepcionales pueden crearse constelaciones expresivas – de alto
valor simbólico – propulsadas por fuerzas sociales favorables a la
democratización. Ejemplos de estos gestos dramáticos pueden observarse en el
caso de la marcha por los derechos civiles de 1964 en Washington, DC; la
campaña Diretas Já para promover elecciones presidenciales directas en
el Brasil en 1984; las movilizaciones sociales en Guatemala para revertir el autogolpe
presidencial de 1993, y las de Venezuela para derrotar el golpe cívico-militar
de 2002. La masacre Tiananmen de 1989 en Beijing y las protestas en contra del
golpe de estado en Honduras de 2009 muestran que estas insurrecciones populares
pueden ser reprimidas y derrotadas.
(3) La consolidación de la democracia. Asociaciones y actividades promovidas desde la sociedad civil pueden
ayudar a prevenir la erosión de la democracia y afirmar su proceso institucional. Pero también pueden engendrar actitudes anti-políticas y otras disposiciones perjudiciales para la
estabilidad democrática.
Asociaciones de la
sociedad civil pueden facilitar una experiencia pedagógica vital para la
democracia, al mejorar la auto-confianza y las “capacidades políticas” de sus
participantes (Whitehead y Molina-Gray, 2003). Algunos grupos buscan difundir y socializar los valores democráticos
de forma explícita. Otros lo hacen de manera más indirecta, como derivado de
otras actividades que podrían ser de signo gremial, religioso, estudiantil,
deportivo, vinculado a un movimiento social o alguna otra entidad cívica. En
ambas situaciones, la sociedad civil puede propiciar verdaderas escuelas de
ciudadanía y capacitar a futuros líderes políticos. En este espacio social, los
esfuerzos más visibles por estabilizar una democracia son protagonizados
frecuentemente por el periodismo independiente, las organizaciones de derechos
humanos, diversos movimientos sociales, los centros de investigación orientados
a fomentar el debate público, las redes a-partidarias de observación electoral
y las ONGs dedicadas a promover la educación cívica y/o fiscalizar a las
autoridades públicas, entre otros cometidos. Este abanico de actividades
muestra cómo la sociedad civil puede contribuir al empeño por hacer de la
democracia “el único juego posible.”
No obstante, la sociedad civil también puede incluir
actores con creencias y actitudes que desdeñan los principios operativos de la democracia, al menoscabar las libertades
de expresión y asociación, y otros derechos civiles; al facilitar la corrupción
del proceso electoral; y deslegitimar el estado y las instituciones de
representación política. Los grupos dispuestos a derrocar a un régimen
democrático con la violencia y atentar contra la integridad física de los
agentes del estado y sus adversarios políticos no calificarían – por los
criterios antepuestos – como partícipes de la sociedad civil. Existen
asociaciones, sin embargo, que operan de manera no violenta pero son
intolerantes con sus contrarios y mantienen un fuerte rechazo al ámbito formal
de la política. Elementos de esta postura “anti-política” llegaron a
manifestarse en varias organizaciones populares de América Latina – sobretodo
en la década de 1980 e inicio de los años 1990 – con la toma de una posición
conocida como el “basismo.” Esta orientación política se caracterizó por una
creencia desmesurada en el poder de las organizaciones de base y su capacidad
exclusiva en promover grandes cambios sociales.
Existen
otros actores, sin embargo, que exhiben conductas que rayan el borde de lo
permisible en la sociedad civil, adoptando posturas ambiguas y vacilantes con
relación a la democracia y el respeto a las normas
elementales del pluralismo. En ciertas coyunturas, estos
grupos pueden facilitar la erosión o colapso de una democracia. A modo de ilustración, en el Brasil,
(4) La profundización de la democracia. Sectores de la sociedad civil pueden apoyar innovaciones
cualitativas del sistema democrático y ayudar a extender los derechos de
ciudadanía a los sectores marginados de la población. Al mismo tiempo, grupos
que operan en este ámbito pueden oponerse a estas medidas y trabar su
implementación.
Organizaciones de la sociedad civil pueden impulsar reformas políticas destinadas a fortalecer los
mecanismos de accountability (rendición de cuentas) y estimular la
participación democrática. Estas iniciativas abarcarían esfuerzos por ejercer
mayor control ciudadano sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con
actividades destinadas a tornar estas instituciones más transparentes, integras,
eficientes y accesibles. Varios son los emprendimientos creativos que se han
desarrollado en este sentido, entre ellos,
Además de ello, algunos actores de la sociedad civil – en
especial, los movimientos sociales, ciertas
ONGs y grupos eclesiales – pueden desempeñar un papel significativo en la
democratización de este espacio social, ayudando a incorporar a los sectores
marginados de la sociedad al ámbito de la sociedad civil, mediante la organización
y movilización de esta población subalterna. Motivados por una teología de
liberación, sectores de
Otros sectores de la sociedad civil - en especial, la prensa conservadora, los think
tanks (o institutos dedicados a la formulación de políticas públicas) y las
sociedades que representan los intereses de la élite económica y social -
pueden socavar el empeño por promover la igualdad de acceso a los derechos de
ciudadanía y restar bríos a la participación popular en el proceso democrático.
La oposición a estos y otros esfuerzos por profundizar la calidad de la
democracia tiende a emplear argumentos basados en lo que Albert O. Hirschman
(1991) bien describió como una “retórica de intransigencia.” Desde esta
postura, el ímpetu por ahondar el proceso de democratización acarrearía
consecuencias “riesgosas,” produciría efectos “perversos,” o acabaría, cuanto
menos, en iniciativas “fútiles.” A estas formas de argumentación se suman otras
tácticas de frecuente uso entre los detractores de una reforma progresista,
tales como la de adoptar medidas que busquen: (i) cooptar a los
propulsores de esta reforma; (ii) empañar su reputación; (iii)
criminalizarlos; o (iv) auspiciar cambios cosméticos, al tiempo de
frenar las acciones concretas destinadas a efectivizar los cambios de fondo.
Las
pugnas en torno al alcance cualitativo de un proceso democrático precisan ser
comprendidas en su contexto – a decir, los conflictos sociales existentes y las
disputas políticas por definir el modelo de democracia en juego, pudiendo esta
ser más restrictiva o más amplia en su representación, participación, eficacia
e impacto social (Held, 1987). Dos manifestaciones claras de esta pugna pueden
vislumbrarse en los conflictos relacionados a la estructura de representación
de intereses sociales y la formación de la agenda pública. Ambos son examinados
a continuación.
(5) La estructura de representación de intereses
sociales. Entidades y actividades de la sociedad civil pueden desafiar los intereses, valores y creencias dominantes
de modo a alterar o ampliar la estructura de representación de intereses de la
sociedad. Asimismo, las acciones estimuladas en este
campo pueden reforzar un statu quo
desigual, en detrimento de la población más pobre y marginada.
Los sectores excluidos de la sociedad pueden
hacer uso de las libertades de asociación y de expresión para promover sus
intereses, desarrollar sus capacidades políticas y crear condiciones que puedan
cambiar la correlación de fuerzas sociales y percepciones públicas con relación
a sus demandas. De esa forma, la sociedad civil puede constituirse en la
principal plataforma para grupos de mujeres, jóvenes, minorías sexuales y
étnicas, campesinos, trabajadores – del sector formal o informal de la
economía, o desempleados – así como otros estratos menos favorecidos. Estas
asociaciones pueden articularse con otras entidades de la sociedad civil, de
modo a forjar redes de solidaridad nacional e internacional y suscitar la
atención de los medios de comunicación. Estas vinculaciones al interior de este
ámbito social pueden ofrecer un sustento vital a la hora de movilizar a estos
grupos subalternos, diseminar sus ideas y reforzar sus demandas. El Movimiento
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del Brasil ofrece un ejemplo sofisticado de esta
capacidad de articulación popular. Desde sus orígenes a inicios de la década de
1980, el MST se ha convertido en uno de los movimientos sociales más
importantes de la historia contemporánea de América Latina. A través de sus movilizaciones ha logrado incluir la reforma agraria
en la agenda pública del Brasil, y convertirse en uno de los principales detractores
del modelo de desarrollo excluyente y predatorio que ha permeado la historia de
ese país (Carter 2010a, 2010c).
Existen dos modalidades básicas de combatir la
desigualdad social desde la sociedad civil. Una comprende una dinámica de
abierta confrontación. La otra supone una inversión más discreta y de largo
plazo en actividades que promuevan el desarrollo de base. Ambas pueden
auspiciar la transformación del statu quo.
La disposición más combativa implica la adopción del
“activismo público,” una forma de encarar el conflicto social de manera
organizada y no violenta, promoviendo actos de presión popular para negociar
con las autoridades públicas. El enfoque más discreto pone
énfasis en la concientización política, la educación formal y capacitación técnica
de los integrantes del movimiento popular; en el desarrollo de diversas
cooperativas vinculadas a estas asociaciones; en el acceso al crédito,
tecnologías apropiadas, y apoyo a la comercialización; y en la creación de
centros de investigación allegadas a estas iniciativas[11]. Organizaciones populares exitosas, como el MST, han aprendido a
combinar ambas líneas de acción.
Los sectores sociales marginados
son los que tienen mayor necesidad de recurrir a la acción colectiva para
defender sus intereses. Esta población, sin embargo, enfrenta enormes
dificultades a la hora de asumir los costos de organización y sobreponerse al
problema del free-rider (o polizón)[12]. Esto
explica la necesidad de estos grupos en recurrir a fuentes de apoyo externo
para crear y mantener sus asociaciones. Un estado democrático puede brindar un
respaldo crucial a estas iniciativas. Las
autoridades públicas pueden otorgar reconocimiento legal a estos grupos,
legitimarlos como interlocutores de sus categorías sociales, contratar sus servicios, o canalizar recursos públicos a través de los
mismos para fomentar diversas actividades de desarrollo de base. Al legitimar, proteger y promover estas actividades populares, el
estado puede ayudar a reforzar las capacidades políticas de los sectores menos
favorecidos de la población. Dado este potencial, no es de extrañar que muchos
movimientos populares sean favorables al desarrollo de redes de cooperación con
el estado, en sintonía con elementos del modelo de corporativismo social
trazado por Schmitter (1974). Este sistema de intermediación de intereses,
adoptado en los países del norte de Europa, permitiría a los grupos sociales
mantener relaciones horizontales con el estado – o sea, no sumisas a éste – de
modo a acceder a diversos beneficios públicos.
Las
políticas neoliberales asumidas por diversos gobiernos de América Latina, en
especial durante la década de 1990, obstaculizaron el desarrollo de un sistema
de representación social favorable a los intereses populares. Al auspiciar la
contracción del estado y concentración del poder económico en manos de grandes
conglomerados empresariales, el modelo neoliberal ha debilitado el principal
instrumento para la reducción de las inequidades de clase, al tiempo de inducir
una correlación de fuerzas sociales reacia a estas iniciativas públicas. Las
sociedades empresariales, medios de comunicación, think tanks y espacios
académicos que respaldaron y continúan defendiendo esta política económica han
desfavorecido la reducción de las graves asimetrías sociales que asolan este
continente y cercenan las posibilidades de democratizar la sociedad civil.
(6) La formación de la agenda
pública. La sociedad civil refleja, genera y difunde ideas orientadas a
configurar la agenda pública. Al mismo tiempo, ella elabora, filtra y
condiciona las informaciones, opiniones y valores que amoldan esta agenda.
La sociedad civil ofrece la principal caja de resonancia
de los debates públicos que puedan aflorar en un país. Los medios de
comunicación cumplen una función privilegiada en todo ello, seguidos por las
voces de personas y entidades influyentes en la sociedad civil, sean del ámbito
religioso, gremial, intelectual o algún otro espacio cívico. Además de esta
capacidad, la sociedad civil ofrece un medio vital para la generación de nuevas
ideas y el desarrollo de la creatividad humana – a través de los institutos y
las fundaciones dedicadas a la investigación, formulación de políticas públicas
y promoción cultural; los grupos artísticos, galerías,
museos, organizaciones literarias y casas editoriales; junto con las ONGs,
redes de activismo transnacional y movimientos sociales empeñados en plantear
las grandes cuestiones que hacen al destino nacional y planetario.
Las
ideas y acciones engendradas en estos escenarios múltiples de la sociedad civil
influyen – a veces de manera decisiva – en la constitución de la agenda
pública. Dependiendo de la correlación de fuerzas en la sociedad civil, y la
calidad de los debates generados al interior de este espacio, los sectores más influyentes
pueden fomentar o restringir la democracia, impulsar o minar reformas del
estado, incluir o excluir discusiones sobre el medio ambiente en la agenda
nacional, incitar o frustrar el juicio político a un presidente, y favorecer o impedir
la distribución de la riqueza, entre otras acciones. En suma, la gama de ideas posible en la
sociedad civil es tan amplia como la imaginación de sus participantes, la
capacidad de estos grupos en expresarlas con inteligencia y convicción, y la
posibilidad de difundir estas ideas a través de los medios de comunicación.
Al tiempo de difundir las ideas,
informaciones y valores provenientes de diversos ámbitos del quehacer nacional,
la sociedad civil también las reelabora, filtra y condiciona. Esto le permite
incidir con fuerza sobre la formación de la opinión pública y agenda política
de un país. Esta dimensión de la sociedad civil presenta diversas luchas
hegemónicas por definir aquello que debería ser considerado ‘verdadero,’
‘factible,’ ‘bueno’ y digno de ‘apoyo, protección, rechazo o modificación.’ Por dar un ejemplo concreto, a
principios del siglo XXI una de las grandes disputas hegemónicas se ha dado
entorno al tema ambiental. Esta contienda supone respuestas contrarias a las
siguientes preguntas: ¿El calentamiento global es un
fenómeno real? ¿Hay políticas que puedan atenuarlo? ¿Estas políticas son buenas e
importantes para nuestra sociedad? ¿Qué deberíamos hacer con el Protocolo de Kyoto:
respaldarlo, rechazarlo, atenuarlo o imprimirle más fuerza? En esta y otras
disputas análogas, una posición hegemónica se construye al forjar un consenso
entorno a las respuestas dadas a interrogaciones similares.
Los medios de comunicación juegan un papel central en la
configuración de la agenda pública. En América Latina esta amplia red de vehículos de comunicación tienden a
operar tanto en la sociedad civil como en la sociedad mercantil, debido al
modelo empresarial utilizado para solventar estos emprendimientos. De manera
general, el modo de producción de informaciones y opiniones políticas a través
de estos medios depende de: (1)
la estructura y propiedad de los vehículos de comunicación de masas -
determinada por el número de medios disponibles, el grado de concentración de
estos medios, y su dominio público o privado; (2) el rol de los periodistas y otros trabajadores de la prensa,
su capacidad, ética y autonomía profesional; (3) el marco reglamentario del estado; y, (4) el notable impacto de la
televisión y la videopolítica en la reconfiguración de la cultura de noticias,
de una transmitida por medio de la palabra escrita a un medio basado en el
poder de la imagen (Sartori, 1998, 1992b). En América Latina se impone la
necesidad de comprender mejor el rol de los medios de comunicación en la
formación de la opinión pública. Aún en países con grandes imperios mediáticos
-como el grupo Televisa, en México, y
Concluyendo, este análisis sobre
las interacciones entre la democracia y la sociedad civil subraya la
importancia de: (1) distinguir entre los efectos de la sociedad civil a largo y
corto plazo; (2) reconocer las posibilidades y limitaciones políticas de este
campo social, su influencia sobre la sociedad política e incapacidad de
sustituir este espacio de disputas y componendas por el control y la
reglamentación del poder del estado; (3) resaltar el peso de las desigualdades
económicas y sociales en la configuración y calidad de la sociedad civil y sus
perspectivas de democratización; (4) valorar el potencial creativo e innovador
de esta arena social, y a la vez profundizar la comprensión de los mecanismos
utilizados para pautar la agenda pública, mediante la construcción y
desarticulación de sus consensos hegemónicos.
La complejidad institucional del
proceso democrático y la heterogeneidad de actores y actividades que se
desarrollan en el campo de la sociedad civil permiten que la interacción entre
ambos fenómenos genere resultados múltiples, desordenados y ambiguos. Ambas pueden fortalecerse o
debilitarse mutuamente. En otras palabras, lo que es bueno para la democracia
es bueno para la sociedad civil y viceversa. Esta apreciación tiene asidero en
la perspectiva histórica de esta relación y en los ideales compartidos por
ambos procesos: la libertad, igualdad y participación popular.
Por otro lado, todo ello supone
que el deterioro o colapso de una democracia y sociedad civil pasarían por un
proceso similar de restricción a las libertades de expresión, asociación y
acceso a la información; la concentración del poder económico, mediático y
político; así como la criminalización de iniciativas populares para ejercer y
extender los derechos de ciudadanía. En suma, lo que es nocivo para la
democracia también lo es para la sociedad civil, y viceversa.
Consecuencias para
A pesar del avance democrático
en las últimas tres décadas, América Latina continúa siendo un continente
azotado por graves brechas sociales; niveles extendidos de pobreza; acceso
precario a empleos dignos; síntomas de creciente inseguridad pública;
recurrentes violaciones de los derechos humanos, sobre todo con relación a los
segmentos sociales más postergados; estados con mecanismos débiles de justicia
y accountability; y un perceptible
deterioro ambiental. Estos dilemas son de carácter sistémico. Para resolverlos
es preciso impulsar acciones sostenidas, de largo plazo e impacto estructural.
Aún siendo útiles, las intervenciones puntuales serían pocos proclives a atacar
estos problemas en su raíz.
La democracia y sociedad civil ofrecen un
medio para generar procesos de largo alcance, capaces de emprender soluciones
participativas y duraderas, sin recurrir a la violencia armada. Este potencial
no puede darse por sentado. Desarrollarlo exigiría, cuanto menos, la
participación activa de una generación o más de actores políticos y sociales
comprometidos con la construcción de iniciativas que busquen alterar este
cuadro. Para propulsar este cometido sería imprescindible promover una amplia
gama de actividades y movilizaciones populares de manera vigorosa, estratégica
y persistente. La democracia y sociedad civil no son una bala mágica. Ellas
solo auspician condiciones que permitirían a sus protagonistas forjar los
cambios necesarios a través de un proceso que Hirschman (1982, p.
85) bien definió como de striving and
attaining. Esta realidad fue bien captada en la frase poética de Antonio Machado
que reza: “caminante, no hay camino, se hace camino al andar.” La democracia y
sociedad civil, en otras palabras, permiten que el caminante se desplace. El
resto se hace al andar.
Partiendo
de esta orientación, este ensayo ofrece cinco corolarios para el esbozo de una
estrategia – u hoja de ruta - que auspicie el desarrollo democrático y popular
de la sociedad civil latinoamericana.
(1) Fortalecer la sociedad civil ‘por
fuera,’ facilitando las condiciones para su democratización. La sociedad civil es más que la suma
de sus partes visibles. Ella existe, crece y se democratiza en la medida en que
su contexto lo permita. De esto se desprende que la participación popular en
este ámbito pueda ser afianzada tanto ‘por dentro’ como ‘por fuera.’ La
principal condición externa para el desarrollo de la sociedad civil es el estado.
Sin alguna semblanza del estado - su aparato burocrático, administración
judicial y organismos de seguridad – no habría condiciones para la existencia
de una democracia o sociedad civil. El auge neoliberal de los años 1990 y sus
secuelas en la década posterior debilitaron en varios aspectos la capacidad de
intervención del estado, y con ello las posibilidades de democratizar la
sociedad civil. Para desarrollar la participación popular en América Latina se
precisa de un estado fuerte y democrático. Esto implica un aparato estatal bien
estructurado, efectivo y responsable - capaz de recabar impuestos de una forma
justa y eficiente; asegurar la estabilidad monetaria y el crecimiento económico
con inclusión social; proveer servicios básicos a toda la población y una red
de seguridad social para los habitantes más pobres; impartir justicia con
ecuanimidad; y garantizar la vigencia de los derechos humanos.
El
estado es la principal organización de un país moderno o en vías de
modernización. Su estructura, actividades y ausencias marcan profundas pautas
en el ordenamiento de estas sociedades. Los estados patrimonialistas, de modo
particular, producen efectos nocivos para el desarrollo de la sociedad civil.
Al obviar la distinción entre lo público y privado, el estado patrimonial
emplea patrones discrecionales de autoridad que socavan la previsibilidad de
las reglas, promueven acuerdos impromptu,
al tiempo que suscitan un sentido de desconcierto ante la inestabilidad de los
procesos decisorios. Tales escenarios obstaculizan los esfuerzos por constituir
movimientos populares, asociaciones cívicas, gremios u otras entidades
sociales, tornándolas menos eficaces y resistentes. Además, los estados con
altos niveles de corrupción engendran un ethos oportunista que corroe
las normas sociales de confianza y cooperación. Todo ello genera un círculo
vicioso que perpetúa el problema de la descomposición estatal. En tales
circunstancias, la sociedad civil tiende a reproducir los patrones de conducta
exhibidos por el estado – entre ellos, la informalidad e improvisión; el
liderazgo personalista; las facciones internas; el nepotismo (en base a
vínculos familiares, de amistad y partidarios); la malversación de bienes; y
una disposición a emprender acciones improvisadas, reactivas y de corta
duración, antes que actividades planificadas, proactivas y de largo aliento
(Carter, 2012a).
El
estado también puede asumir políticas que acaben – en forma indirecta e
involuntaria – restringiendo su capacidad de mantener el orden público, y con
ello resguardar la seguridad ciudadana y facilitar el avance de la sociedad
civil. El establecimiento de una economía de prohibición con relación a la
producción y tráfico de drogas ilustra esta contradicción de manera palpable.
Junto con la demanda mundial por estupefacientes, esta política de prohibición
ha engendrado un auge de criminalidad y violencia, y facilitado la expansión de
una economía mafiosa. Este hecho que ha favorecido la corrupción del estado y
el proceso electoral. Este contexto y el elevado consumo de narcóticos en
muchas comunidades pobres han sido perniciosos para el desarrollo de la
participación popular.
Todo
esto sugiere la necesidad de prestar mucha atención a los elementos
condicionantes de la sociedad civil, en especial, el estado - su estructura,
composición, disposiciones y efectos de largo plazo.
(2) Incorporar a los sectores marginalizados de la
sociedad al ámbito de la sociedad civil.
Este cometido supone un abanico amplio de actividades destinadas a organizar a
los sectores más pobres de la población en asociaciones que puedan representar
sus intereses y aspiraciones en el seno de la sociedad civil. La experiencia
histórica muestra que este empeño exige un extenso trabajo de concientización y
promoción popular orientado a: (i) la creación de sindicatos, movimientos sociales, grupos religiosos,
cooperativas, asociaciones culturales y cívicas; (ii) la articulación de estos
grupos en redes; y (iii) el fortalecimiento de su capacidad de acción. Esta labor permite a los
sectores populares la posibilidad de ser protagonistas en la lucha democrática por
conquistar, ejercer y ampliar sus derechos de ciudadanía. A lo largo de la
historia mundial, estos derechos - como bien lo ha subrayado Tilly (2002) - nunca
fueron creados por concesiones bondadosas de la elite dominante o la
iluminación gradual de la sociedad en su conjunto. Al contrario, los derechos
de ciudadanía son el resultado histórico de años de resistencia y lucha
popular, y recurrentes negociaciones con las autoridades nacionales.
En la primera mitad del siglo XX de América Latina, el
movimiento obrero y distintos partidos políticos vinculados a este sector impulsaron
la instauración de varios derechos de ciudadanía en el medio popular, sobre
todo en el medio urbano (Collier & Collier, 1991). En la segunda mitad del
siglo XX, el protagonismo más decisivo para incorporar a la población más
excluida a la sociedad civil lo tuvieron sectores influyentes de
La inclusión de sectores marginados de la población al
ámbito de la sociedad civil es crucial para la reducción de las graves
desigualdades sociales que asolan el continente latinoamericano, y por ello de fundamental
importancia en el empeño por mejorar la calidad de sus regímenes democráticos.
Altos niveles de inequidad social condicionan la estructura de poder en una
sociedad. Ellas distorsionan las reglas del juego político y producen
distribuciones asimétricas de representación política (Karl 2003). En este
contexto, las políticas públicas, decisiones del poder judicial y cobertura de
los grandes medios de comunicación tienden a favorecer los intereses de una
minoría privilegiada. Esta situación de ‘Apartheid social’ genera un círculo
vicioso que facilita la corrupción e impunidad de la elite dominante; suscita
un ethos de negligencia con relación a la violación de los derechos humanos de
la población más pobre; constriñe las inversiones públicas que puedan
beneficiar a este estrato social; y perjudica el desarrollo de la democracia,
generando una “ciudadanía de baja intensidad” (O’Donnell, 1994, p. 116) y
serios problemas de legitimidad política (Przeworski et al, 2001).
Revertir este cuadro exige una variedad de acciones
impulsadas ‘por dentro’ y ‘por fuera’ de la sociedad civil. ‘Por fuera’ se
pueden instituir una serie de políticas redistributivas relacionadas al sistema
de tributación, el acceso al crédito, al empleo, la tierra, salud, educación,
vivienda y seguro social. ‘Por dentro’, el ímpetu clave pasa necesariamente por
la promoción de la organización y la participación popular.
(3)
Fomentar las disposiciones creativas, éticas y utópicas de la sociedad civil. Todo esfuerzo por alentar la movilización popular en apoyo al
desarrollo democrático deberá cuidar de la dimensión subjetiva de esta
experiencia, vale decir, su proceso pedagógico, su lenguaje y representación
simbólica, su sentido de compromiso e integridad, y sus grandes anhelos y
sueños. En América Latina el trabajo educativo impulsado por Paulo Freire y sus
seguidores ha generado valiosos aprendizajes en cuanto a la capacidad creativa
de la población más pobre, la importancia de su concientización política y el
alcance de las innovaciones que puedan derivar de su acceso al conocimiento
científico e intelectual (Kane 2001). También existe gran potencial en el uso
de un lenguaje que enlace de manera más explicita la representación de sus
intereses de clase con los conceptos de derechos humanos, democracia y
ecología. De hecho, con relación a estos temas, varios grupos populares
latinoamericanos son más avanzados en la práctica que en el discurso. La
adopción de estos principios universales fortalecería la reivindicación de sus
derechos, mejorando su capacidad de argumentación y posibilidad de persuadir a
terceros, y con ello ampliar el espectro de posibles aliados.
Los
grupos subalternos deben tener un cuidado especial con los valores éticos. No
hay nada que pueda corroer la credibilidad y dinámica interna de una
organización popular como la imputación de graves escándalos de corrupción y la
ostentación de riquezas mal habidas por parte de sus líderes. El apego a
principios éticos por parte de esta dirigencia social brinda solvencia a la
causa popular, anima la unidad del grupo y refuerza el compromiso de sus
adherentes. Por lo común, las asociaciones populares más duraderas son aquellas
que tienden a inculcar estos valores, forjar cierta disciplina interna y suscitar
un sentido de mística entre sus miembros.
Pugnar por grandes transformaciones
sociales requiere de un vigor especial. Los grupos orientados a ello precisan
cultivar un sentido de utopía y esperanza. El trajín de una larga lucha se hace
insostenible sin esta motivación. Creer que “otro mundo es posible,” como dice
el lema del Foro Social Mundial, ayuda a promover la resistencia y alienta la
búsqueda de soluciones alternativas. Los ideales democráticos – la libertad, la
igualdad, la participación y soberanía popular – proporcionan un horizonte
utópico sobre el cual se pueden articular y propulsar las demandas populares, a
sabiendas de que, en la observación sagaz de Weber (1958),
en este mundo no se consigue nunca lo posible, si no se
intenta lo imposible una y otra vez … Incluso aquellos que no son líderes ni
héroes deben armarse … de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la
destrucción de todas las esperanzas … sin la cual no podrán realizar incluso lo
que es posible hoy (p. 128).
Una sociedad civil que no fomenta la creatividad y
búsqueda de nuevos horizontes es un ámbito social estanco y lánguido. Su vigor
sólo podrá reproducirse a través de la energía social que emanan de sus
intereses ideales – el sentido de compromiso, la pasión, la osadía y el empeño
tenaz por alcanzar sus grandes anhelos (Carter 2012b, 2003).
(4) Facilitar alianzas programáticas al
tiempo de preservar la autonomía de la sociedad civil. La sociedad civil
ofrece condiciones propicias para la formación de innúmeras redes, coaliciones,
foros de discusión y espacios de cooperación con el estado y otros ámbitos de
acción. La colaboración con el estado puede abarcar desde consultas informales
a sofisticados acuerdos institucionales, como aquellos establecidos en un
régimen de corporativismo social. La cooperación con actores de la sociedad
mercantil puede pasar por actos de responsabilidad social empresarial y llegar
a la cogestión de una firma industrial con la participación del sindicato de
obreros. Actores de la sociedad civil y política pueden aunar fuerzas en favor
de un determinado proyecto de ley o
construir una alianza duradera y programática. A su vez, el ámbito
internacional ofrece un campo fértil para el acceso a recursos financieros y el
desarrollo de redes de activismo transnacional relacionado con la protección
ambiental, los derechos humanos, de la mujer, de las minorías étnicas y
sexuales, entre otros tantos temas (Keck y Sikkink, 1998).
El
protagonismo de los sectores subalternos puede fortalecerse a través de estas
múltiples instancias de cooperación, siempre y cuando se respete la autonomía
de estas organizaciones populares. Sin esta consideración, la sociedad se vería
disminuida por la presencia de redes clientelistas y el surgimiento de
asociaciones fantoches, anexadas a alguna dependencia estatal, controladas por
un sector empresarial (como los sindicatos amarillos u ONGs de alquiler),
arreadas por algún partido político, o sumisas a alguna agencia de cooperación
internacional. Dicho en otras palabras, los grupos populares deben tomar
precauciones para no ser cooptados por el estado, dominados por la lógica del
mercado o conducidos por partidos políticos y organismos internacionales.
Asociaciones
con identidades bien cimentadas y buena capacidad de discernimiento tendrían
mejores condiciones de atenuar estos riesgos, sopesando de manera estratégica
los costos, beneficios y posibles efectos secundarios de cada alianza. A modo
de ilustración, un movimiento popular corre mayores peligros de sufrir
escisiones internas al apoyar a determinados candidatos políticos en contextos
de alta fragmentación partidaria o listas electorales abiertas. Además, la
conducción interna de estos grupos también puede verse deteriorada con la
elección o nombramiento a cargos públicos de sus lideres más experimentados
(Yashar, 2005). En América Latina la sociedad civil ha sido utilizada muchas
veces como un mero trampolín para alcanzar el poder del estado. Esta postura resta
méritos al valor intrínseco de este campo social para el proceso democrático.
En el medio popular, los riesgos de someterse a los acomodos del poder estatal
y la sociedad política precisan ser bien comprendidos.
(5) Reconocer la importancia del activismo
público y la legitimidad democrática de sus conflictos sociales.
El activismo público es una modalidad particular de conflicto social, diferente
a las insurgencias armadas, revueltas dispersas, y lo que James Scott define
como “formas cotidianas de resistencia,” para describir actos informales,
discretos y camuflados de agresión popular[13]. El activismo público se caracteriza por encarar la lucha social de una
manera organizada, politizada, visible, autónoma, periódica y no violenta. Las
acciones impulsadas por este buscan llamar la atención pública y configurar su
agenda, e influir en las políticas de estado a través de la presión social,
peticiones y negociaciones (Carter, 2010b, 2010c). Normalmente, las
movilizaciones de este tipo emplean una variedad de instrumentos modernos de
acción colectiva; entre ellos, las manifestaciones, marchas, reuniones de
discusión, peticiones, huelgas de hambre, campamentos de protesta, boicots
económicos, y campañas electorales, además de recurrir a actos de desobediencia
civil, como los piquetes, cortes de ruta, ocupaciones organizadas de tierra,
edificios públicos, fábricas u otras instalaciones (Tilly, 2004; Tarrow, 1998).
A diferencia de las otras modalidades de conflicto social, el activismo público
necesita negociar con las autoridades del estado y construir alianzas con otros
actores de la sociedad civil y política, hecho que condiciona su orientación a
la no violencia. Esto hace que el activismo público sea compatible con la
sociedad civil y un instrumento legítimo para promover cambios en un régimen
democrático.
En un
régimen democrático o en vías de democratización, el recurso a la violencia
armada para canalizar reclamos populares genera efectos contraproducentes para
el desarrollo de la sociedad civil. La historia latinoamericana contemporánea
presenta varios casos de insurgencias armadas que incitaron la brutal reacción
del estado y/o el surgimiento de grupos paramilitares que ocasionaron graves
violaciones de los derechos humanos y provocaron la restricción o el quiebre de
la institucionalidad democrática. La experiencia histórica, por tanto, obliga a
reconocer que el medio por el cual se encara un conflicto social puede ser tan
importante para la democratización de un país como el objetivo final de esta
lucha.
Este
ensayo ha planteado que la democracia y sociedad civil habilitan procesos y
espacios a través de los cuales se puede impulsar la democratización de las
sociedades latinoamericanas. Las mismas no ofrecen soluciones fáciles ni
rápidas. Pero permiten impulsar acciones audaces, vigorosas y creativas para
reducir la pobreza y desigualdad social, consolidar y profundizar la
democracia, garantizar la seguridad pública y la vigencia de los derechos
humanos, y frenar el deterioro ambiental. Una propuesta democrática y popular
para la sociedad civil buscaría fortalecer las condiciones externas para su
democratización; promover actividades que ayuden a organizar a los pobres y
otros sectores marginados; concientizar y motivar a esta población a luchar por
sus derechos de ciudadanía; facilitar la formación de alianzas programáticas; y
tomar parte de los conflictos políticos necesarios para adelantar este proyecto
de transformación social.
La sociedad civil es un espacio
cacofónico, con ambigüedades naturales y muchas contradicciones. Aún así, es
indispensable para la democracia, así como la democracia proporciona un marco
político vital para el desarrollo de la sociedad civil. Ambas precisan ser
resguardas y mejoradas de manera conjunta – con un pie, siempre, en la promoción
de la organización, movilización y creatividad popular.
Figuras
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Notas