Rosa Heidy Lam Estrada**
Resumen La sociedad civil ha sido objeto de diversas investigaciones, por lo que no estamos hablando de un tema nuevo, sin embargo, su auge real prácticamente en todo el mundo se da a partir de los años ochenta, gracias al impulso para la democratización de los países impuesta por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Estos hechos marcaron una nueva relación de la sociedad civil con el Estado, ya que la reducción en la capacidad para la resolución de los problemas comunes y el debilitamiento de su soberanía, provoca que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) adquieran una gran importancia. Así, la relación entre ambos se caracteriza por una interdependencia de recursos tanto tangibles como intangibles y es la forma en que estos recursos son facilitados de un lado hacia otro, lo que determina si su relación es conflictiva o de apoyo mutuo. Por tanto, el objetivo de este documento es analizar las características de la relación de las OSC con el Estado mexicano en el marco de la inserción del país a los procesos de integración comercial, a partir del caso específico de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
Palabras clave: Sociedad civil; Organizaciones de la Sociedad Civil; Integración económica; Teoría de la dependencia de recursos; RMALC.
* Avance de la Tesis de Doctorado: “La relación de Las OSC – Estado Mexicano en el proceso de integración comercial: el caso de RMALC”** Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colima. Máster en Ciencia Política y Administración Pública. Correo electrónico: heidy_lam@hotmail.com Artículo recibido: 18-03-12 Artículo aceptado: 23-04-12 MIRÍADA. Año 4 No. 8 (2012) p. 167-189 © Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), ISSN: 1851-9431
Abstract Civil society has been the object of many investigations, which tells us that we are not speaking of a new theme, however, its peak in practically the whole world can be traced to the nineteen eighties, thanks to the push for democratization of countries led by international organizations such as the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG). These facts marked a new relationship between the civil society and the state, since the reduction of the capacity for resolution of common problems and the weakening of its sovereignty, forces Social Civil Organizations (SCO) to acquire great importance. This way, the relationship between both of them is characterized by an interdependency of recourses that are as tangible as they are intangible and it is the way that these resources are facilitated from one side to the other, that determines if the relationship is one of conflict, or of mutual support. This said, the object of this document is to analyze the characteristics of the relationship of the SCO with the Mexican state in the market of insertion of the country into Commercial integration processes, Beginning with the specific case of the Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
Keywords: Civil Society; Society Organizations; Economic integration; Theory of resource dependency; RMALC
Introducción
El papel que la sociedad civil ha ido ocupando como actor ha variado a través de los tiempos de acuerdo al contexto del que hablemos, a principios del siglo pasado en México, particularmente este concepto fue asociado con el corporativismo característico del recién delineado sistema político, formado bajo las bases de estructuras políticas fuertes de corte autoritario, lo cual durante décadas impidió la organización autónoma de la misma sociedad.
Durante aproximadamente 25 años las OSC han venido adquiriendo un papel preponderante en el afianzamiento de la gobernabilidad del país, aportando legitimidad al sistema a partir de su participación como consultores y actores activos en la definición, ejecución y crítica de políticas públicas, incidiendo así en la toma de decisiones para la resolución de la problemática, como la pobreza, la desigualdad, el empleo, la educación, la sustentabilidad y la migración, por citar algunos.
En México, particularmente el parteaguas de la expansión de las OSC fue sin duda el producto de la organización de la ciudadanía en torno al terremoto de 1985, cuando ante la inmovilidad del gobierno un grupo trabajó en el rescate de personas sepultadas en los escombros, en la limpieza de las calles y la reconstrucción de la capital del país. Aunque este fue un antecedente importante, no fue sino hasta la década de los noventas cuando a nivel internacional comienza a tomarse con mayor seriedad a estas organizaciones, prueba de ello es el Foro Global de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) llevado a cabo en Río de Janeiro en 1992.
Es precisamente por este auge que toman como actores tanto en la comunidad internacional como en la nacional que comienzan a reconocer su valor y trascendencia para el desarrollo democrático de los países, sobre todo por su papel de legitimador del sistema, de ahí que la relación entre las OSC, que es en donde se viene a englobar a prácticamente todos aquellos organismos no gubernamentales y sin fines de lucro, y el propio Estado se transforman y dejan de ser las primeras meras estructuras alternas al gobierno para convertirse en un figurante activo.
Este nuevo papel de las OSC no garantiza que las relaciones que se desarrollen con el Estado sean necesariamente de constante conflicto, pero a su vez, tampoco significa que todo el tiempo cooperen con él, esto varía por diversos motivos, ya sea por el propio origen de la organización, fuentes de financiamiento, el grado en que el Estado necesite que lo legitime y el tipo de sistema político de cada país, entre otras. En México, el fenómeno de la integración comercial del país como parte de un proceso de globalización que se comenzó a gestar a finales de los ochentas y que se concretó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993 y hecho efectivo en 1994 propició que surgieran organizaciones que levantaran la voz en contra de los posibles efectos negativos de un acuerdo comercial de tal envergadura, tal es el caso de la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio (RMALC).
Estas relaciones se transforman precisamente por el impacto social que generan estos procesos de integración económica materializados con la firma del tratado, el cual puso al descubierto y profundizó serios problemas, que dicho sea de paso, no eran nada nuevo, como la ineficiencia en la distribución de la riqueza y por tanto el incremento de la pobreza, la vulnerabilidad de los derechos humanos y la falta de democracia, entre otros, lo cual es consecuencia, en parte, del adelgazamiento del Estado y su incapacidad para atenderla. A pesar de que la aparición de OSC fue más dinámica a partir de entonces, es necesario señalar que siguen existiendo pocos o nulos mecanismos efectivos de participación ciudadana, social, comunitaria o política, lo que se traduce en la falta de interés por la asociación y la poca incidencia que la sociedad civil tiene sobre la toma de decisiones, lo que es lamentable en términos democráticos.
Es precisamente en esta coyuntura donde el Estado se encuentra inmerso en la dinámica de la apertura del mercado a nivel internacional en que surge la inquietud de estudiar esta nueva forma de interactuar entre el Estado y las OSC a través de la presente investigación denominada Las Organizaciones de la sociedad civil en México: el caso de RMAL, la cual tiene por objetivo analizar las relaciones de las OSC con el Estado mexicano en el marco de la inserción del país a los procesos de integración comercial, a partir del caso específico de RMALC, basada en la hipótesis de que dicha relación es caracterizada por la tendencia a la corporativización, que explica la necesidad, desde ambos frentes, de legitimación, cooperación y participación social ordenada.
En principio se argumenta, basado en las categorizaciones encontradas y que se desarrollarán más adelante, que la RMALC es una OSC y no una ONG, y que la segunda es parte del gran universo de organizaciones que conforman la primera. Además, para poder estudiar la relación de las OSC con el Estado mexicano la investigación se basa en la propuesta que ofrece la teoría de la dependencia de recursos (TDR), la cual explica que se genera, entre ambos actores, una interdependencia de recursos, los cuales pueden ser tangibles, como por ejemplo el financiamiento, e intangibles, como la legitimidad y el grado de participación, es entonces la forma en que estos recursos son facilitados de un lado hacia otro lo que determina si la relación que establecen es conflictiva o de cooperación mutua.
Se explica como a partir del proceso de integración económica en el cual se introdujo México a partir de la década de los ochenta se han transformado las relaciones del Estado y las OSC en México, y específicamente como el TLCAN propició una relación entre el gobierno mexicano y RMALC, que ha transcurrido del conflicto a la cooperación entre ambos actores a través de la dependencia de recursos como la legitimidad y la participación.
La evolución de las relaciones entre las OSC y el Estado Mexicano
La sociedad civil como marco de referencia de las OSC.
El concepto de sociedad civil no es algo nuevo, algunos autores clásicos como Hegel, Gramsci y Marx ya la habían estudiado de manera profunda, sin embargo, nos enfocaremos en esta investigación a diversos autores que la han abordado en su contexto actual, como Cohen y Arato (2002), y en México Olvera (2000), los cuales han hablado de la recuperación de la idea de la sociedad civil quienes a partir de la diferenciación entre Estado – mercado – sociedad civil, establecen su postura y replantean su significado y las características en este nuevo contexto.
La primera pregunta que es pertinente hacerse es ¿por qué pensar en redefinir y recuperar el concepto de sociedad civil?, se redefine a causa del agotamiento del Estado de bienestar, el cual llega a tener una carga fiscal insostenible y un sinnúmero de demandas hechas por la sociedad, todo esto impulsado por el proceso de globalización, factor que trajo como consecuencia un nuevo modelo de Estado que consistía en su adelgazamiento, a partir de este contexto se planteó la necesidad de recuperar la idea de una sociedad civil que, al igual que antaño, se politizara, pero que contuviera nuevos elementos como una cultura política fuerte que le ayudaron a contener y transformar regímenes dictatoriales o autoritarios que se dieron en América Latina y en Europa del Este en la década de los ochenta, es así que nuevos actores sociales cobran importancia.
Por actores sociales nos queremos referir a todos aquellos sujetos que conforman a la esfera de la sociedad, tanto al sector privado o económico, que está conformado por todas aquellas organizaciones cuyo objetivo es lucrar como las empresas multinacionales y trasnacionales que se han venido expandiendo, afectando en la mayoría de los casos, a las economías locales e incentivando el cambio hacia la apertura comercial y flexibilización de los regímenes económicos – comerciales, como al sector de las organizaciones de la sociedad civil, que son aquellas sin fines de lucro, autónomas, cuyo objetivo es el mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad. Aunque ambos sectores se han venido fortaleciendo es necesario, como señala Schvarstein:
(…) recuperar, desde la política, el balance entre lo económico y lo so
cial, entre el interés individual y el bienestar común. Sólo que esto ya
no puede hacerse solamente desde el Estado ni desde las organizaciones
políticas y sindicales tradicionales, porque su influencia social ha dimi
nuido en la misma medida en que han crecido nuevas instancias insti
tucionales en la sociedad civil. Me refiero a las organizaciones
empresariales grandes y pequeñas, y al revitalizado mundo de las orga
nizaciones del tercer sector (2006, p. 44).
Se ha generalizado la idea de que, particularmente es desde y a través de este denominado tercer sector, entendiéndose como la esfera donde se engloban todas aquellas organizaciones eminentemente sociales que trabajan en función del bienestar común, desde donde se logrará democratizar las instituciones, ya que son estas las que en la actualidad gozan de más credibilidad que los mismos partidos políticos y el gobierno.
Así, la sociedad civil toma una nueva dimensión y significado, en la época moderna el concepto ha sido estudiado por académicos como Cohen ! Arato quienes la definen como “una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública” (2002, p. 8). Lo que hacen es ubicarla en el espacio de la esfera social y, por tanto frente al Estado y el mercado, lo cual no significa que se encuentren en conflicto, sino que, lo que sugieren en su planteamiento es la cooperación como elemento vinculante entre las tres esferas.
Olvera (2000), por su parte, retoma la teoría de una tercera esfera que abandera intereses sociales, sin pretender la desaparición del Estado o el mercado porque reconocen su rol dentro del sistema, pero que separan la esfera de la sociedad civil de estas, y que es conformada por un sinnúmero de organizaciones tales como las OSC, grupos religiosos, gremiales, hasta las ONGs. Aunque hay elementos coincidentes entre ambas definiciones, Olvera (2000, pp. 10-11) hace una serie de precisiones sobre lo que no es la sociedad civil para que de manera más clara se pueda comprender el concepto:
1) No es un actor colectivo y homogéneo: con el surgimiento de una diversidad de actores con diferentes demandas, se puede concluir entonces, que la manera en que cada uno de éstos se relacionan con el Estado es distinta y particular. 2) La sociedad civil no porta por sí misma ningún proyecto de transformación radical ni un programa político específico: su proyecto no tiene que ver estrictamente con una confrontación permanente y sistemática hacia el Estado y tampoco dentro de su naturaleza debe estar el buscar el poder político, sino ser garante de los derechos mínimos que les permita organizarse. 3) El concepto de sociedad civil es polémico y no define un modo específico de relación con los sistemas político y económico: esto quiere decir que no debe de tratarse de un juego de suma cero entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, sino que debe entenderse que ésta debe contar con los elementos suficientes para participar en lo público. 4) La conexión entre la sociedad civil y los sistemas político y económico no es reducible a un modelo único: cada una de las organizaciones de la sociedad civil se relaciona de manera distinta con la esfera gubernamental y el mercado, lo cual se relaciona estrechamente con los objetivos que deseen alcanzar.
5) Por último, se plantea la idea más generalizada sobre la sociedad civil, no hay un concepto riguroso de ella, por lo que de un Estado a otro hay elementos característicos que complica llegar a consensos teóricos sobre ella.
La enorme complejidad que adquieren ahora las sociedades modernas, debido a la interdependencia existente no solo entre las naciones, sino entre los propios individuos, al entender que la finalidad de coexistir en comunidad ya no solo corresponde al hecho de la defensa exclusiva de la propiedad, sino que comprende hoy en día también a la necesidad que se tiene de lo producido por los demás y de una mutua protección que tiene que ver con la defensa de la propia vida, ahora es indispensable que los individuos protejan el ecosistema, hagan conciencia de la importancia de la democracia como forma de vida, que trabajen activamente por lograr el mejoramiento de los niveles de vida de todos, que participen con la conciencia de que son corresponsables de las acciones del gobierno y por tanto participen para incidir en la toma de decisiones. Esto se complica aún más cuando nos damos cuenta de que la esfera social contiene un sinnúmero de organizaciones, como universidades, iglesias, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, y que cada uno de ellos tiene sus propios fines.
En esta parte, lo que se hizo fue ubicar a la esfera social dentro del espectro del sistema político y a su vez a las OSC dentro de la esfera social, lo que se tratará de hacer a continuación es definir el concepto de OSC y explicar cuál ha sido la forma en que se han relacionado estas organizaciones específicamente con el Estado mexicano.
La relación de las OSC y el Estado mexicano en el marco de la teoría de la dependencia de recursos
A pesar de que el ser humano por naturaleza, en su generalidad, ha tenido el impulso de ayuda al prójimo, básicamente ésta tarea fue realizada en el siglo antepasado por la iglesia, no es sino hasta esta complejidad de la que hablamos anteriormente y que tiene que ver con factores como el aumento poblacional, las consecuencias de la guerra entre países y el desmedido crecimiento de las grandes ciudades en detrimento de las zonas rurales lo que provocó que la problemática social fuera más complicada.
Todos estos factores provocaron que para los años ochenta el tema de la democracia y la participación se volvieran un elemento fundamental en la agenda de los gobiernos y que, independientemente de las recomendaciones que en esa época haya hecho el BM y el FMI para que las naciones iniciaran procesos de democratización a cambio de la obtención de créditos, también había ya una creciente inquietud de la sociedad por inmiscuirse más activamente en la resolución de problemas que les eran inherentes, así es como se empiezan a desarrollar cada vez más OSC.
Por ello cabe preguntarnos ¿qué son o cómo se definen las OSC? como menciona González Bombal ! Rodrigo Villar
Las OSC son tanto prestadoras de servicios como agentes de cambio social y activos participantes en la deliberación pública. Con la prensa libre y la democracia representativa, las OSC constituyen el soporte de las democracias. Estas organizaciones son el canal de acceso directo de la ciudadanía organizada para participar con su voz en el debate público y contribuir en la definición del bienestar colectivo. La movilización de opinión, la promoción de nuevos temas en la agenda pública y la participación en el diseño, implementación y control de política públicas son, entre otras, actividades promovidas por las OSC en las democracias, para promover la equidad y justicia social. Las organizaciones contribuyen con estas actividades a ampliar la representación de la diversidad de intereses sociales y valores colectivos en la arena pública, y ayudan a amplificar la voz de los ciudadanos en la deliberación pública y en el proceso de toma de decisiones (González Bombal ! Villar, 2003,
p. 9-10).
Lo que el autor señala es precisamente la evolución que la sociedad ha tenido sobre todo desde hace tres décadas, ya que llevan al espacio público temas que colocan en la mesa de debate y que influyen poderosamente en la opinión pública. Estos temas se relacionan precisamente con la infinidad de actores que surgen y que cada vez demandan más la resolución de una diversidad de problemas propios de la complejidad de la misma.
Por su parte, para Acotto (2003) las OSC son “organizaciones conformadas por personas que se nuclean en grupos estructurados en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, que tienden a dar respuesta a necesidades sociales, grupales ó colectivas” (p. 26). Esta definición es muy general, como el concepto mismo, ya que señala que cualquier conjunto de individuos que compartan una problemática y se organicen, formarían parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Para la Organización de Estados Americanos (OEA) el concepto significa “toda institución, organización o entidad nacional o internacional integrada por personas naturales o jurídicas de carácter no gubernamental”1. Esta definición es aún más general, ya que no hace diferencia entre las denominadas OSC y las ONG, sin embargo lo que muestra es la dicotomía que ha sido históricamente señalada entre el Estado y la sociedad, en donde el carácter autónomo le da un sentido más legítimo y confiable que a lo referente al gobierno.
Por su parte, para Olvera
(…) las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la construcción de una vida pública auténticamente democrática…: En primer lugar, la sociedad civil ayuda a crear, estabilizar y expandir el Estado de derecho. Segundo, una sociedad civil vibrante forma los diferentes espacios públicos a través de los cuales los actores sociales se comunican entre sí y con los actores políticos. Tercero, la sociedad civil desarrolla una densa red de asociaciones, fortaleciendo así el tejido social. Por último, la sociedad civil ayuda a construir y generalizar una cultura de tolerancia y respeto mutuo (2004, p. 403).
Olvera coincide con lo expuesto por Cohen y Arato (2002) que señala que la sociedad ha creado instituciones que reproducen una tradición cultural, de esta manera el ciudadano es sabedor de sus derechos, ya que es el terreno propio de la sociedad civil, los cuales interioriza, ejerce y reproduce, esto es posible siempre y cuando vaya acompañado de una cultura política que genere la autogestión y autoorganización de la misma. Como podemos darnos cuenta, la existencia de las OSC debiera ser el resultado de una sociedad civil crítica, constructora de un espacio público que permita la comunicación entre el Estado y la sociedad y con una influencia indiscutible en la resolución de problemas que le atañen de manera directa, para que esto sea posible, es necesario que cuenten con características básicas, las cuales, de acuerdo con Alejandro Natal Martínez:
1) Lo primero que se tiene que decir es que se trata de asociaciones de ciudadanos, cada una de estas conformadas por individuos que deciden participar en un grupo, en principio, por un interés particular.
2) Son voluntarias, cada ciudadano tiene la libertad de elegir si desea o no asociarse con otros individuos y, en todo caso en qué organización participará.
3) No son lucrativas, formalmente las OSC pueden recibir financiamiento a través de donaciones, servicios e incluso de fuentes gubernamentales para poder sobrevivir, lo cierto es que estos recursos no deben servir para el enriquecimiento de sus miembros ni debe ser un negocio.
4) No buscan el poder político, este es un elemento definitorio, las OSC no tienen como objetivo la consecución del poder, específicamente político, no desean transferirse a la esfera gubernamental.
5) Deben ser plurales y tolerantes. 6) Buscan incidir en lo público, porque su objetivo debe ser el bien común, por tanto todas sus acciones deben ir encaminadas a ello.
Por las características descritas podemos concluir que las OSC son un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia de un país, ya que significa que cuenta con una sociedad civil que se atribuye su papel como coadyuvante en la resolución de problemáticas que le conciernen. Además, las OSC cuentan con elementos que legitiman indiscutiblemente al sistema político en su conjunto, ya que les permiten acercarse, de manera más efectiva a los individuos, pero además, resolver de manera más precisa problemáticas en las cuales se han vuelto expertos, estas ventajas con las que cuentan, acuerdo con José Ernesto Bermejo Jiménez2, serían por ejemplo su flexibilidad, lo que permite que se vayan adecuando al contexto; empatía y compromiso, el hecho de que los miembros de este tipo de organizaciones no tengan interés de lucrar con sus acciones genera confianza en ellas; credibilidad y confianza; aproximación holística a la problemática social, al dirigirse a un problema particular, les es más fácil tener un acercamiento al mismo y por tanto dar resultados más tangibles; destrezas especiales, las OSC llegan a especializarse en temas específicos, además de contar con los recursos humanos adecuados para acercarse de manera efectiva a los individuos; redes sociales, la ventaja de las OSC es que extendieron lazos solidarios con otras organizaciones de características similares por prácticamente todo el mundo; desarrollo de liderazgo, sirve como incubadora de liderazgos sociales, generados a través de una amplia capacitación de los mismos y; empleo y recursos, se convierten, generalmente en empleadoras, ya sea dentro de la misma organización o a través de las empresas que ellos mismos ayudan a la sociedad a conformar.
Estos elementos las han convertido en el actor ideal para poder servir de intermediarios entre la sociedad y el Estado ya que el aspecto de la beneficencia pasa a sus manos (Cahián, 2004). El hecho de que en términos formales estas organizaciones tengan un comportamiento altruista y de solidaridad con un grupo social las vuelve un sustituto legítimo del papel que desarrolló en otro momento el Estado de Bienestar keynesiano.
De esta forma la sociedad civil por medio de la participación de OSC, ONG´s, etc., se ha convertido en la abanderada del bien común y pareciera que el mismo Estado le cediera esos espacios, sin embargo, autores como Cahián (2004) consideran que más bien se trata de una colaboración real, porque, como él lo señala, el Estado tiene un papel insustituible, pero a su vez debe de propiciar el fortalecimiento de todo tipo de organizaciones provenientes de la misma sociedad. Por esto mismo, como menciona Roitter, estas organizaciones “dependen de cuestiones tangibles tales como el marco legal, el aporte que realizan para su financiamiento los gobiernos, el grado de desarrollo económico y social alcanzado y el grado de centralización” (Roitter, 2004, p. 19) para poder evaluar el grado de fuerza y consolidación con que cuentan.
La relación de las OSC y el Estado desde la teoría de la dependencia de recursos
Para estudiar la relación que existe entre las OSC y el Estado mexicano se toma como marco de la presente investigación a la TDR, la cual surge desde un enfoque organizacional, cuyo principio básico lo constituye la idea de que el contexto de las organizaciones, de cualquier tipo, son las sociedades complejas como las de ahora. Esa complejidad impide que las organizaciones puedan ser completamente independientes y autosuficientes, lo que genera interdependencia.
Por el contrario, cada vez más las organizaciones, vistas como actores, requieren para subsistir y desarrollarse, de intercambios, esta serie de intercambios traen como resultado relaciones de dependencia y poder. De esta forma las organizaciones que se catalogan como dependientes son aquellas que necesitan recursos que otra organización posee, éste carácter lo adquiere a partir de que es incapaz de generar ese recurso ó en su defecto, se dificulta que otra organización se lo pueda proporcionar. Frente a estas circunstancias, la organización dependiente se vuelve vulnerable para acceder a cualquier cosa que se le pida a cambio de conseguir lo necesario. Por su parte, las organizaciones que tienen en si mismas poder, son las que poseen los recursos que otras necesitan.
Esta necesidad de permutar recursos de distinta índole va creando dependencia a causa de distintos factores como el que los recursos se encuentren concentrados en algún actor, que uno o varios actores tengan el control de los recursos o que el recurso que un actor ofrece sea primordial para el funcionamiento de algún otro. Cabe mencionar que cuando se hace referencia a los recursos, no necesariamente se habla de dinero, sino que básicamente podríamos hablar de distintos tipos, tales como económicos, necesidad de legitimidad, participación y legalidad. De esta forma se tendría que decir que los intercambios de los que se habla son asimétricos, lo que significa que el actor que tienen los recursos, también tiene más poder sobre el que no los tiene y los necesita. Este intercambio asimétrico es, as su vez, un efecto de incertidumbre, mientras más dependes de otros, más vulnerable te encuentras.
Para entender como la TDR es aplicable al estudio de la relación entre las OSC y el Estado es importante lo que menciona Vázquez Ceballos cuando señala que
La propuesta inicial de la TDR señala que antes de que una organización use recursos (de cualquier tipo) estos deben ser adquiridos en el contexto específico en que cada organización se mueve. Esta adquisición se realiza a través de intercambios y transacciones que un agente realiza con su ambiente, en el que también participan otras organizaciones (2008, p. 300).
Así, la TDR nos sirve de base para poder explicar la evolución de las relaciones entre las OSC y el Estado mexicano, por ello es importante aclarar que durante la primera mitad del siglo XX el vínculo que caracterizó a estos dos actores se convirtió en una especie de juego de suma-cero en donde el gobierno se encargó de evitar a toda costa, perder. Debido a lo anterior, el gobierno utiliza un mecanismo eficaz para mantener el control sobre la sociedad, como el corporativismo3.
Esto es compresible dado el régimen autoritario que caracterizó al país durante dicha época, por tanto el gobierno tomó una postura de franca oposición al verdadero desarrollo de la capacidad organizativa de la sociedad mexicana y que resulta necesaria para la atención de problemáticas como la pobreza, la marginación y la desigualdad social, mismas que no han podido decrecer en la actualidad, como señala Olvera
El nuevo régimen concentró todo el poder en el Estado y dejó pocos espacios para la libertad asociativa. De hecho, la sociedad empezó a ser organizada desde el propio Estado, especialmente en materia de organizaciones campesinas, o bien a ser controlada cuando despuntaban aspiraciones autonómicas, como en el caso del sindicalismo (2003, p. 43)
Este nuevo régimen del que habla el autor es producto de la transformación que sufrió el Estado a partir de la Revolución iniciada en 1910, cuya experiencia mostró la necesidad imperiosa de crear mecanismos que impidieran volver a sufrir una dictadura como la de Díaz y a partir de esto la consolidación a través de las siguientes décadas del presidencialismo mexicano; pero también identificó dos sectores bajo los cuales se canalizaban prácticamente todas las demandas de una sociedad que parecía homogénea, la clase obrera y la campesina.
A través del reconocimiento y trato con sindicatos y representaciones campesinas, el Estado encontró la manera de controlar las formas asociacionistas nacientes de la época a través del establecimiento cuotas de poder en el gobierno. Esto se facilita también gracias a que en 1929, el Gral. Plutarco Elías crearía una de las instituciones que más solidez alcanzaría, convirtiéndose en un elemento fundamental del sistema político mexicano, el Partido Nacional Revolucionario (PNR). A partir de entonces todas las candidaturas a los puestos públicos a ocupar saldrían de este partido, gracias a la alianza que las grandes centrales obreras sostenían con el gobierno, como la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) que habría de fundar en 1933 Luis N. Morones como producto de las innumerables luchas sindicales que aún privaban en el país.
Con el Gral. Lázaro Cárdenas se iniciaría lo que ha sido denominado el Estado de Bienestar, a diferencia de sus sucesores, Cárdenas encontró en la clase obrera y campesina un fuerte aliado al que no solo había que utilizarse como clientela electoral, sino que los reconoció como una fuerza importante para la eficiencia del gobierno y que a pesar de los conflictos sindicales al inicio de su periodo, logró amainarlos a través de su llamado a la unificación, que tuvo sus primeros frutos en 1936 con el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) cuyo líder máximo sería Fidel Velásquez, además que su gran tendencia socialista lo llevó a establecer lazos con organizaciones que comulgaban con esta corriente como lo fue el Partido Comunista (PC).
El Presidente Cárdenas aceptaba con buen agrado que la clase trabajadora luchara por su mejoramiento económico a través de una más equitativa distribución de la riqueza, siempre y cuando no estuviera fuera del marco institucional naciente, por lo que no dudó en reconocerles ciertos beneficios en sus luchas sindicales que lo llevarían en 1938 a tomar una de las decisiones que caracterizarían su periodo, la estatalización de las industrias petrolera y ferrocarrilera y el reparto agrario a través de la figura del ejido. De esta forma obreros y campesinos comenzaron a ver respuestas a sus demandas más urgentes.
En 1938 el PNR se reorganizó ante la necesidad de integrar a estos grandes sindicatos, surgiendo el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en donde el sector campesino fue incorporado a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), el sector obrero se incorporó por medio de la CTM, y se agregaron dos más, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y el sector militar, este último sería suprimido en 1940. La alianza de estos sectores con el partido del gobierno se expresaba claramente en su lema “Por una democracia de trabajadores”. De esta manera el PRM se convertía en un partido de masas, que funcionaba como maquinaria electoral durante el periodo de renovación de los poderes públicos, y fuera de estos periodos sus militantes se incorporaban nuevamente a su vida sindical.
Sin embargo, la gran base social que entonces corporativizaba el PRM seguía enfrentando problemas, con el surgimiento de la burguesía campesina compuesta por los comisarios ejidales y los denominados “charros sindicales” que no hacían más que velar por sus propios intereses, obteniendo beneficios del Estado a cambio de evitar que tanto campesinos como obreros realizaran movimientos. Sin embargo, en el periodo de Manuel Ávila Camacho (19401946) fue donde surgieron más huelgas sindicales en la historia de nuestro país, que llegaron a ser aproximadamente 800, lo que denotaba los problemas que atravesaba el país. Para 1946 el PRM vuelve a vivir una transformación ad hoc con la evolución que el propio país sufría, convirtiéndose en Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en sus siglas enmarcaba la puesta en marcha a través de esta organización del proceso de construcción de un entramado institucional que les ayudaría a mantener centralizado el poder político en éste.
Los siguientes 20 años el objetivo del gobierno enfatizó el proceso de industrialización del país, sin embargo, la sociedad comenzó a presentar síntomas de polarización, principalmente al interior de estos sectores, el campesino y el obrero, hubo profundas divisiones entre los ejidatarios y los campesinos que aún no eran beneficiados con el reparto agrario, por su lado los obreros manifestaron pugnas entre los obreros sindicalizados y los que no estaban organizados. La justicia social se convirtió en el principal argumento del discurso político, se les vendía la idea de que el desarrollo del capitalismo industrial tarde o temprano les haría llegar el progreso tan añorado por estos grandes sectores de la sociedad.
El PRI se había convertido para entonces en un partido hegemónico, el único canal de acceso a cargos públicos, el Estado resolvía los problemas de empleo aún con las consecuencias que pudiera tener, gracias a esto la burocracia estatal creció de manera exorbitante y aglutinaba en su interior a los grandes sectores productivos de la sociedad mexicana, sin embargo, no preveía el surgimiento de nuevos actores en la escena pública.
La alianza entre estos sectores y el gobierno durante este periodo les permitió obtener beneficios a ambas partes, se trataba entonces del denominado costo-beneficio, en donde a los sindicatos les eran resueltas sus demandas a cambio de fungir como una gran maquinaria electoral que mantendría en el poder al PRI durante aproximadamente siete décadas. Entonces el trabajo era remunerativo, creemos que se debe a que también el costo de vida era mucho más barato, no había un acelerado crecimiento tecnológico, sino más bien la idea de modernización de la industria necesario para el capitalismo, los trabajadores tenían seguridad de sus empleos gracias a los contratos colectivos y el respaldo que sus organizaciones les brindaban en caso de despidos injustificados y la confianza de que si el producto crecía también el empleo crecía, el gobierno contaba con una serie de empresas paraestatales que empleaba a un sinnúmero de trabajadores y a través de estas mismas empresas se otorgaban servicios sociales gratuitos a las familias de estos trabajadores.
En la segunda mitad del siglo XX comienza un ímpetu por construir nuevas formas de asociacionismo, producto de movimientos que en otros momentos habían logrado ser controlados como el de los ferrocarrileros, maestros y médicos, por citar algunos, como puntualiza Olvera
El modelo de asociativismo alternativo dominante en este periodo
inicial de crisis del régimen es el de carácter gremial-clasista, fuerte
mente influido por partidos y grupos radicales de izquierda. En efecto,
los movimientos campesino, obrero y urbano-popular constituyeron en
realidad el resultado de un encuentro de dos tipos diferentes de acción
colectiva y de dos modelos de asociacionismo, los cuales configuran dos
auténticos movimientos sociales de naturaleza específica. (1998, p. 17).
El primer tipo de acción colectiva al que se refiere el autor es al de los estudiantes en 1968, que impregnado por ideas de izquierda, comienza a cuestionar el autoritarismo del régimen y ponen en la mesa de debate el claro desgaste del sistema, y el segundo tipo se refiere a algunos movimientos más bien desarticulados de campesinos y obreros. Sin embargo, Olvera (1998) no considera que estos movimientos hayan fortalecido el espíritu asociacionista, pensado más bien como algo más estructurado y que incidiera directamente en la sociedad civil, los cuales, sin restarles importancia e influencia en su momento, los llama reivindicaciones políticas y gremiales locales (p. 18). Una vez que el gobierno muestra una cara más opresora y logra reprimir dicho movimiento, propiciar la organización de la sociedad se volvió un asunto más complicado4, no obstante, mantener el corporativismo en la forma en que había sido operado en el país resultaba impensable.
En la década de los 70’s el Estado transcurre a la fase denominada de “Desarrollo Compartido”, de esto dependía la continuidad del sistema. La primer vía instrumental consistía en la alianza entre los trabajadores, empresarios y gobierno para superar la crisis económica con el argumento de que el desarrollo que se alcanzara en conjunto permitiría el progreso de todos, ante la evidente incapacidad del Estado para la resolución de las problemáticas sociales el gobierno permite que operen ciertas organizaciones sociales con objetivos muy específicos que no afectaran sus intereses. La segunda vía instrumental es consecuencia de que a partir del último cuarto de siglo el PRI debe enfrentar síntomas de una evidente ilegitimidad y que caracterizaba de hegemónico al sistema de partidos, por ello se da la reforma política que desembocó en la creación de la LOPPE a finales de esa década, todo esto como una forma de regular la presión que aquejaba cada vez más al sistema. Y, la tercera vía instrumental va enfocada a la eficientización de la administración pública a través del reconocimiento de la cooperación intergubernamental y de la importancia de la programación del Estado.
Por otra parte, el gobierno decide no entrar al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) esto tuvo que ver con la protección del mercado interno y por tanto de la iniciativa privada (empresarios), con ello evitaba su cada vez más afectada imagen y credibilidad frente a este sector al aplazar los procesos de integración económica con países que contaban con economías más desarrolladas que la mexicana.
Sin embargo, la década de los 80’s trajo consigo lo que diversos especialistas denominaron “la ola democratizadora” principalmente en América Latina, esta tenía como finalidad sustituir dictaduras militares y gobiernos autoritarios por gobiernos democráticos, que surgieran de procesos electorales transparentes, así como la democratización institucional. Aunado a esto se implementó un nuevo modelo económico en el país, el neoliberalismo, con dos implicaciones, primero, la inhibición de movimientos sociales para convertirlos en simples levantamientos esporádicos por periodos muy cortos con nuevos actores, como las mujeres, discapacitados, homosexuales y; segunda, la enorme fuerza de la esfera económica que limita la política haciéndola entrar en debacle.
Cabe mencionar que precisamente en el periodo de Salinas, tanto el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) como el IFE representarían la cara amable y dispuesta del gobierno por el desarrollo de la sociedad, quien frente a la falta de legitimidad y el riesgo latente de posibles movimientos sociales creó y puso en marcha estos dos grandes proyectos que caracterizarían su periodo, sin embargo la apertura económica en la que nos insertaríamos como país a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) en 1994 y el proceso de privatización de un gran número de empresas estatales, que concluiría a finales de ese mismo año en una de las crisis económicas más crudas, derivada a su vez de la entrada de grandes empresas transnacionales que vendrían a afectar el mercado nacional, nos habíamos insertado en un proceso irreversible hacia la globalización no en las condiciones más favorables.
Durante los periodos de De la Madrid (1982 – 1988) y Salinas (1988 – 1994) la incorporación a los procesos de integración económica fueron inevitables, la puesta en marcha de un nuevo modelo económico, el neoliberalismo, y la apertura comercial a gran escala5 trajo consigo transformaciones en la manera en que se relacionaban las OSC y el gobierno. Existe entre ambos entonces una interdependencia de recursos tangibles como el financiamiento, e intangibles como la legitimidad y el grado de participación, entre estos dos actores, y es la forma en que estos recursos son facilitados de un lado hacia otro, lo que determina si la relación que establecen es conflictiva o de apoyo mutuo.
Estas relaciones se transforman precisamente por el impacto social que generan estos procesos de integración económica, que ponen al descubierto serios problemas como la desigualdad en la distribución de la riqueza y por tanto el incremento de la pobreza, derecho humanos y la falta de democracia. Por otro lado, hay pocos o nulos mecanismos de participación como lo señala Martínez ! González
“…que la falta de espacios para la participación ciudadana no obe
dece solamente a la falta de disponibilidad del gobierno mexicano para
dialogar con la sociedad civil, sino también a la indiferencia (cámaras
empresariales y sindicatos) y a la falta de capacidad y de masa crítica
(ONG) de las OSC nacionales para forzarlo a abrir canales formales de
comunicación” (2002, p. 17).
Lo que nos muestra es que el conflicto que puede generar la falta de canales para la participación se traduce en la falta de interés por la asociación y la poca incidencia que la sociedad civil tiene sobre la toma de decisiones, lo que es lamentable en términos democráticos.
La relación del Estado Mexicano y RMALC
Específicamente el caso de nuestro sujeto de estudio, RMALC, se incuba en el contexto histórico donde se traslapan el final de los ochenta y principio de los noventa, cuando el gobierno mexicano decide concretizar su incorporación al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC). El principal argumento para su constitución se entiende en paralelo al proceso de negociación de dicho tratado. Es importante mencionar que los antecedentes de RMALC se localizan precisamente en una serie de organizaciones de la sociedad civil que surgen en Canadá y en el propio Estados Unidos, como menciona Arroyo
El proceso de organización de la sociedad civil de nuestro conti
nente frente a la globalización viene al menos desde 1988, con la orga
nización de una red binacional, impulsada por organizaciones de Canadá
y de Estados Unidos en torno a la negociación y entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio entre estos dos países en 1989.”6 (Arroyo Pi
card, s, f)
Ante esta situación y la posibilidad de llevar a cabo un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluyera a México, es que un grupo de organizaciones de la sociedad civil decidieron fundar una red trinacional, cuya formación se facilitó debido a que con anterioridad sindicatos canadienses, como la Canadian Labour Congress, y algunas organizaciones en México ya habían tenido acercamientos debido a la preocupación por su futuro, el cual se podía ver afectado ante la velada intención de desarticular esa forma, “la RMALC surge en 1991 como un movimiento ciudadano para enfrentar las negociaciones comerciales del TLCAN” (Arroyo Picard, s,f, p. 13). De acuerdo con el propio Arroyo la organización está “constituida por 120 organizaciones de todos los sectores de la sociedad, tanto sociales (sindicales, de campesinos, de indígenas); como civiles (ambientalistas, de derechos humanos de mujeres e incluso de intelectuales, que participan en lo individual)” (Arroyo Picard, s,f,).7
Atendiendo al contexto en que se crea es posible afirmar que esta organización social, desde cada uno de sus capítulos, viene a cuestionar y enfrentar al Estado, su naturaleza así lo indica, sin embargo en la actualidad su papel como grupo de presión se ha visto mermada por la pasividad de dicha organización, lo cual fortalece nuestra hipótesis en el sentido de las diversas formas de interrelación que experimentan las organizaciones sociales y el Estado obedecen a circunstancias y contextos. Por ello es indispensable primero establecer qué es la RMALC, para lo que debemos decir que se trata, en el sentido formal de un conjunto de organizaciones sociales que constituyen una red, así se autodenominan, sin embargo, más allá de su denominación oficial, se trata de una figura legalmente organizada toda vez que cuenta con acta constitutiva, posee una plataforma social (parte ideológica) y está provista además de un plan de acción. Se trata por lo tanto de un actor social concreto, que de acuerdo a sus objetivos y plan de acción, interactúa con el Estado como sujeto de intermediación, y teóricamente en defensa de los intereses y sectores sociales que se ven afectados por los esquemas del comercio regional, como el que particularmente representa el TLCAN.
Entre sus principales características se encuentra que su carácter es multiorganizacional, lo que reafirma este rasgo distintivo son los 120 organismos participantes que suscribieron los compromisos de la red, más aquellos que en el transcurso de los años se han sumado formalmente y de facto a las tareas de la organización en los diferentes escenarios de lucha social; tiene un enfoque internacional, determinado por su presencia en los tres países miembros del TLCAN lo convierten en una organización que potencia sus esfuerzos en el contexto regional y local.
En cuanto a organización formal RMALC trabaja bajo tres objetivos que lo definen socialmente considerando su posición frente al TLCAN:
1.-Difundir entre las organizaciones sociales información referente
al proceso de integración económica de Norteamérica, sus costos y las
acciones que se desarrollarían en el área para enfrentarlo. 2.-Que la so
ciedad civil participara en el debate sobre el TLCAN, de tal manera que
el acuerdo respondiera a sus intereses. 3.-Caminar a través de acciones
de las sociedades civiles de todo el continente hacia un mercado común
latinoamericano. (RMALC s. f.)8
De entre estos objetivos formales de RMALC destacan, en nuestra opinión, tres ideas básicas que por sus propias implicaciones conviene subrayar el diseño diagnóstico y prospectiva social y económica; el reconocimiento de las formas de organización social como sujetos activos del proceso y; el liderazgo de la sociedad civil en el proceso de integración comercial regional. Conviene apuntar que estas ideas reafirman que los organismos de la sociedad civil, independientemente de su perfil, son diseñados no sólo para actuar en torno a situaciones concretas, sino para interactuar de manera formal con el Estado y por lo tanto transferir su propia agenda en el nuevo contexto de la política económica y social que se desenvuelve en el marco de la integración económica.
Lo que en su caso particular logra RMALC, en tanto organismo formal de cara a la nueva integración regional, es evidenciar la diversidad de intereses en juego presentes en el modelo de integración económica regional. Por lo tanto, preliminarmente podemos advertir que organismos, como el que constituye nuestro sujeto de estudio, buscan su inserción en el esquema de la nueva dinámica local e internacional, es decir que procuran fungir, a través de diversos mecanismos, como factor de intermediación entre la perspectiva fundamentalmente económica del Estado y las expectativas de amplios sectores sociales desprovistos de herramientas de participación.
Habría que decir por lo tanto, que independientemente de que la naturaleza de los organismos sociales los coloquen de frente a los interese del Estado no trabajan con posturas rígidas, sino que se mueven de acuerdo a circunstancias y oportunidades. En el caso de RMALC, si bien surge en un contexto que hace ver su oposición al TLCAN, como ha quedado de manifiesto, no niegan la necesidad de que este tipo de integración se lleve a cabo, lo que procuran es modificar condiciones concretas e incorporar aspectos sustanciales de su propuesta social.
Una vez formada la Red y puesta en marcha las negociaciones del TLCAN en septiembre de 1991, las cuales se llevaban a cabo de manera discrecional, los miembros de la misma, con representación de los tres países que la conforman se dirigen a Zacatecas al foro “La Opinión Pública y las Negociaciones del TLC: Alternativas Ciudadanas”, mismo que tenía como finalidad la discusión de medidas alternativas al TLCAN. Las conclusiones de la misma se hicieron llegar a los encargados de la negociación de las tres naciones, en México específicamente este primer acercamiento entre la organización y el Estado los llevaron a un clima de confrontación. Para 1992, RMALC había logrado tener en sus manos lo que se conoce como el Borrador de Dallas, el cual contenía las negociaciones hechas por los tres países, en los cuales la Red logra encontrar grandes lagunas que afectarían de manera directa a México, tales omisiones se referían, entre otras cosas, a temas como la sustentabilidad, los derechos de los trabajadores y uno de los temas más sentidos hasta la actualidad que tiene que ver con el problema migratorio. Además, el día en que el Senado mexicano aprobaría el TLCAN, afuera del mismo RMALC organizó lo que se denominó el Senado Ciudadano paralelo, donde se expusieron las alternativas, que no obstante fundamentadas, el tratado fue aprobado por mayoría.
Un año después, en 1993 la RMALC en sus tres capítulos logran coincidir y lanzan los Acuerdos Paralelos sobre Derechos Laborales y Sindicales, Problemas Ambientales y Migración, y Derechos Humanos ante el TLC donde se planteaba la necesidad del compromiso con la sustentabilidad, el resguardo, de acuerdo a la ONU de los derechos humanos y los efectos del comercio inequitativo entre las naciones.
Conclusiones preliminares
Podemos concluir, preliminarmente, que a pesar de que, por ejemplo en Canadá, la firma del tratado, le costó al partido conservador la perdida de la elección después de la signatura del mismo, lo cierto es que a partir de entonces RMALC, capítulo de México, se ha convertido solamente en una OSC que se dedica, de manera general a la realización de investigaciones y publicación de las mismas, sin embargo, señalan ellos mismos como una organización que no se encuentra en pugna con el Estado, lo que implica, de manera anticipada, que el Estado logró cooptar a la Red, que si bien no le sirve como legitimador del sistema, si disminuyó la presión ejercida para lograr la incidencia en la definición de políticas públicas relacionadas con los procesos de integración comercial del México con el resto del mundo.
Referencias
Acotto, L. (2003). Las Organizaciones de la Sociedad Civil. Un camino para la construcción de ciudadanía. Buenos Aires: Espacio
Arroyo Picard, A. (s. f.) Organización de los pueblos de América frente a la globalización. Recuperado el 07 de junio de 2011, del sitio del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. Recuperado de http://ierd.prd.org. mx/Coy109-110/aap1.htm
Bermejo Jiménez, J. E. (s.f.). Las organizaciones de la sociedad civil en México, Recuperado el 22 de febrero de 2012, de la Fundación Preciado. Recuperado de http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc151/civil.pdf
Cahián, A. (2004). Las asociaciones civiles en la República Argentina: Editorial
Rocca. Cohen, J. ! Arato, A. (2002). Sociedad civil y teoría política. México: FCE González Bombal, I. y Villar R. (Comp.) (2003), Organizaciones de la sociedad
civil e incidencia en políticas públicas. Buenos Aires, Argentina: Libros del Zorzal.
Martínez, A. y González, T. (2002). La participación de la sociedad civil en el proceso de integración comercial: el caso de ALCA en México, en Documentos de discusión sobre el tercer sector, no. 18. México: El Colegio Mexiquense
Olvera, A. J. (1998). Cambios en los patrones de acción colectiva y el nuevo asociativismo en México. Cuadernos de Trabajo No. 4. Xalapa: Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales / Universidad Veracruzana
Olvera, A. J. (2000). Organizaciones de la sociedad civil: breve marco teórico, en Documentos de discusión sobre el tercer sector, No. 8. México: Colegio Mexiquense
Olvera, A. (2003). Las tendencias generales de desarrollo de la sociedad civil en México, en Olvera, A. (Coord.) Sociedad civil, esfera pública y democratiza
ción en América Latina: México. México: FCE Olvera, A. (2004) “Civil Society in Mexico at Century´s End” Institute of Latin American Studies, London.
Participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA. (s. f.) Recuperado de http://www.civil-society.oas.org/Pages/FAQ_ESP.htm# ¿Qué_son_las_OSC)?
RMALC (s. f.) Origen y objetivos. Recuperado el 11 de junio de 2011 del sitio Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC). Recuperado de http://www.rmalc.org.mx/rmalc.htm
Roitter, M. (2004). El tercer sector como representación topográfica de sociedad civil. En Daniel Mato (Ed.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-32.
Schvarstein, L. (2006). La inteligencia social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós
Vázquez Ceballos, C.A. (2008). El estudio de las organizaciones civiles. Una perspectiva de la teoría de dependencia de recursos. Revista de Antropología Experimental(8) 22. España: Universidad de Jaén
Notas
1 Participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA. Consultado el 09 de febrero de 2012 en http://www.civil-society.oas.org/Pages/FAQ_ESP. htm#¿Qué_son_las_OSC)? 2 Bermejo Jiménez, J. E. (s.f.) Las organizaciones de la sociedad civil en México, consultado el 22 de febrero de 2012 en http://www.fundacionpreciado. org.mx/biencomun/bc151/civil.pdf 3 Aunque en principio el corporativismo iniciado con el Presidente Cárdenas tenía como propósito generar efectos positivos tales como regular la lucha por el poder, generar identidad nacional y crear un proyecto político de nación. 4 Aunque cabe mencionar que producto del movimiento estudiantil de 1968 surgen algunas formas de organización comunitarias hasta guerrillas como la Liga 23 de septiembre y la encabezada por Lucio Cabañas, el Frente Urbano Zapatista que existió de 1969 a 1972 y que actuó básicamente en la Ciudad de México, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de México que operó en Jalisco, el Comité Estudiantil Revolucionario y el Comando Armado del Pueblo el cual estuvo vigente hasta 1971 en la Ciudad de México, entre otros. 5 México entra al GATT en 1986 6 Arroyo Picard, A. (s. f.) Organización de los pueblos de América frente a la globalización. Recuperado el 07 de junio de 2011 de http://ierd.prd.org.mx/ Coy109-110/aap1.htm 7 Arroyo Picard, A. (s. f.) Organización de los pueblos de América frente a la globalización. Recuperado el 07 de junio de 2011 de http://ierd.prd.org.mx/ Coy109-110/aap1.htm 8 RMALC (s. f.) Origen y objetivos. Recuperado el 11 de junio de 2011 de RMALC. http://www.rmalc.org.mx/rmalc.htm