María Gabriela Gildo de la Cruz *
Resumen Nuestra premisa de trabajo es que la democracia es un principio ordenador de la vida en colectividad. Esta se corresponde a una serie de atributos que dan coexistencia a determinados procesos de ciudadanía. Estos atributos de los que hablamos son garantías que dan forma y contenido a los valores que animan la convivencia humana. Para analizar lo anterior, partimos de que México es una democracia de carácter electoral, la cual ha impulsado los derechos políticos por encima de otros, habilitando determinada construcción de lo social, a partir de sentidos simbólicos que modifican la cohesión de la sociedad. En este contexto, presentaremos un análisis de los valores persistentes en el mexicano, no solo con respecto a sí mismos, sino también hacia las instituciones y los factores prevalecientes de su entorno durante la última década, los cuales impulsan mecanismos de deconstrucción de lo social. De tal manera, asistimos a planteamientos teóricos que orientan la idea de la transición, en términos de procesos de liberalización del régimen político, con el fin de insertar la discusión de las corrientes autoritaria y pluralista que animan el sistema político mexicano, para entonces, analizar en forma paralela los derechos y valores.
Palabras clave: Democracia electoral; Transición; Liberalización; Régimen político; Sistema político
Abstract The argumentation of our work states that democracy is the governing principle of social life. This corresponds with a series of atributes leading towards coexistence of determined processes of citizenship. The atributes mentioned by us
* Doctora en Ciencias Sociales. Profesora Investigadora. Universidad de Colima. Correo electrónico: mony@ucol.mx Artículo presentado: 24-05-12 Artículo aceptado: 29-06-12 MIRÍADA. Año 4 No. 8 (2012) p. 107-123 © Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), ISSN: 1851-9431
are guarantees that give form and content to the values that determine human conviviality. In order to analyze the previous, we state that México is a democracy of electoral approach that has privileged political rights above others, generating a determined social construction beginning with the symbols that modify the cohesion of society. In this context we present an analysis of the persistent values of the mexican citizen, not only towards himself but also towards institutions and the prevailing factors of his environment that have impulsed mechanisms of social deconstruction during the last decade. This way we implement theories that guide the idea of transitions in terms of the liberalization processes of the political regime and finally insert the discussion about the authoritarian and pluralistic currents that animate the mexican political system, and thus analyzing rights and values in a parallel way.
Key words: Electoral democracy; Transition; Liberalization; Political regime; Political system
Introducción
Las diferencias entre los regímenes autoritarios y los democráticos han sido discutidos ampliamente en varios escenarios no solamente en el ámbito académico, sin embargo, merece la atención recuperar los principales aspectos de cada uno, con el propósito de introducir en el caso mexicano el proceso de transición-liberalización como un fenómeno de larga duración, en el cual se han articulado relaciones entre un determinado tipo de Estado y de ciudadanos. En consecuencia, lo que vemos son condiciones estructurales endógenas que se articulan a procesos exógenos que animan los cambios en el régimen político, no nos referimos a aspectos económicos que favorecen la globalización, sino a disposiciones socioculturales que operan en diferentes planos, los cuales establecen vínculos de cooperación por encima de las propias reglas del conflicto social.
Groso modo, haremos un desarrollo sintético de las características principales de los regímenes políticos, dejando de lado el totalitario, para insertar en el proceso histórico de México, la etapa de la transición y liberalización, con el fin el establecer los elementos que han funcionado de vinculo entre el Estado y la sociedad civil. Posteriormente haremos un balance de la democracia electoral para analizar sus atributos ausentes. La premisa que aparece en este contexto es que el proceso de transición-liberalización, produjo la alternancia política, sin modificar el estado de derecho, anteponiendo con ello el control estatal a través de las viejas herencias del sistema corporativista y de la subordinación de los actores sociales con respecto del Estado. Esto animó a que los actores sociales dispusieran de los espacios generados por el propio aparato gubernamental (a través de proyectos sociopolíticos) para generar los inputs correspondientes a prácticas sociales vinculadas al carácter del sistema político.
El contenido del régimen político
En términos concretos el régimen político hace referencia a la forma en que se organiza una sociedad en términos de poder. Es precisamente este fundamento de poder lo que permite clasificarlo en democrático, autoritario o totalitario. Desde la teoría clásica se presupone que existen entre mandatarios y mandantes una relación constante entre mando y obediencia. Esta visión se modifica con el transcurso del tiempo, en donde se enfatiza una relación de autoridad hacia los ciudadanos, la cual se plasma en relaciones de legitimidad y consentimiento. De tal suerte, lo que se produce en un primer momento son relaciones de facto que son reemplazadas por relaciones de jure. Ciertamente, este desplazo no se da en forma inmediata sino que corresponde a procesos históricos que dan como resultado gobiernos constitucionales y por tanto, un desarrollo en la idea de ciudadanía. Sin embargo, la relación entre mando y obediencia (posición de súbdito) no se cancela o se anula, sino que coexiste con la relación que va adquiriéndose entre la legitimidad y el consentimiento (posición de ciudadano). Por tanto, una característica que se manifiesta entre el régimen político democrático y el autoritario es la distribución y concentración del poder, respectivamente, aunado a otra serie de características, algunas de estas desarrolladas en el cuadro 1.
Bajo esta premisa, lo que observamos como punto central del régimen político es el fundamento del poder. Indistintamente de la forma que mantiene (de jure o de facto), simboliza el ejercicio de la dominación, basado en una justificación racional, que distribuye y limita al poder. Así el régimen político queda integrado por: el sistema electoral1, el sistema de partidos2, el gobierno y la escena pública, los cuales le permiten llevar a cabo su función específica, que es la gobernabilidad.
A la dimensión del régimen político se aúna la dimensión del Estado y viceversa. Ambas dimensiones configuran la idea de sistema político. El Estado3 queda representado principalmente por el gobierno, es decir, por las instituciones superiores encargadas de la dirección de los asuntos públicos. Estas instituciones tienen como función general, el aseguramiento del estado de derecho.
Para ejercer esta función, el Estado4 “posee potestades que ninguna otra organización o individuo debe poseer en la misma sociedad. Si esta condición no se cumple, su capacidad para ordenar el poder de los particulares será escasa
o nula” (PNUD, 2009, p.61)
La connotación que Weber otorga al Estado sigue vigente, dado que el Estado como monopolio de la violencia legítima, mantiene la supremacía de capacidad coactiva, cuenta con los aparatos necesarios para ejercer su función. Esta capacidad de ejercer su mandato, es lo que le permite a un Estado ser fuerte o débil. En este último, lo que observamos es la incapacidad para garantizar el monopolio de la violencia (ver cuadro 2). Asimismo, Foreign Policy, inicio el estudio de los denominados estados fallidos con el fin de analizar los síntomas que aparecen cuando el Estado va perdiendo o cediendo sus funciones, entre estos destacan: Deterioro económico profundo y grave; Criminalización o deslegitimación del Estado; Aplicación arbitraria del Estado de Derecho y Violación generalizada de los Derechos Humanos y Aparato de seguridad operando como un “Estado dentro del Estado”.
Hasta aquí, lo que hemos tratado de señalar es que el sistema político tiene dos dimensiones: la estatal y el régimen político. La primera queda configurada por su andamiaje estructural y formal, es decir, de su núcleo duro, mientras que la segunda, es la membrana que cubre a la primera, dotándolo de movilidad, de capacidad de cambio, precisamente es por ello que la función específica del régimen político es la gobernabilidad. Claro está, que ambas dimensiones así referidas se localizan en el plano analítico, no así en la praxis. Sin embargo, cuando estas dimensiones se unen producen diferentes procesos y/o impulsos, algunos de ellos son la liberalización y las transiciones. En el caso mexicano tendríamos que el Estado paradójicamente es débil y con una organización política federal y centralizada, mientras que su régimen político sería de transición a la democratización (Hurtado, 2001, p.70). Asimismo, y dado el tiente autoritario, se expandió la cultura del súbdito, entre el resto de los mexicanos. En dicha cultura, los ciudadanos se caracterizan porque estos “… se saben integrantes de un conjunto político nacional, acatan sus normas y aceptan los beneficios generales que les proporcionan, pero se muestran poco interesados en asumir una posición activa para influir en el sistema.” (Andrade, 2004, p.78)
¿Procesos de transiciones o de liberalización?
Molinar Horcasitas, sintetiza las principales escuelas de interpretación del sistema político mexicano: la pluralista y la autoritaria. La premisa de la primera escuela se basa en una orientación mecánica que produce modernización política con desarrollo económico: “…la modernización de una sociedad conduce a la pluralización de su comunidad política generando con ello un impulso hacia la democratización de su sistema político” (Molinar Horcasitas, 1993, pp. 40-41).
La vertiente autoritaria indica que la característica fundamental del sistema político mexicano es de no democrático.
Lo que han dejado estas escuelas y otras corrientes de interpretación del sistema político mexicano, es el camino al análisis de la transición. Esta se entiende como el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. De acuerdo a O’Donnell, Schmitter ! Whitehead (1994) señalan que las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y, del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia. Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas. Estos autores indican que la señal típica de que se ha iniciado una transición es que estos gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y grupos. Cabe señalar que esto se realiza por pactos fundacionales realizados entre las élites o las principales fuerzas sociales y políticas de un país que desembocan en la aprobación de una nueva constitución.
En el caso de la liberalización, observamos un proceso de redefinición y ampliación de los derechos, sin que estos tengan que ver con el reconocimiento real de los derechos ciudadanos, antes bien la liberalización consiste:
...en la concesión de determinadas reformas y en el reconocimiento de
algunos derechos a la oposición por parte del régimen a fin de mante
ner las bases de sus sustento social o de su legitimidad, pero mante
niendo su carácter autoritario así como el control de la sociedad...
(Ramírez Sáiz, 2010, p.520)
La elección presidencial del 2000 a través de la alternancia política, plasmó la transición en México, en un cambio de partido en el poder, es decir, se da por el voto, de ahí la connotación de “transición votada”. La alternancia no significaba que la transición concluyera, habría que avanzar en la gobernabilidad democrática y el estado de derecho. Por su parte, la liberalización se simplifico también al ámbito de la competencia política, al derecho a elegir representantes a través del voto.
Aunado a las herencias del antiguo régimen, se evidenciaron las problemáticas del gobierno dividido (2000) que dejaron ver la dificultad de establecer acuerdos para llevar a cabo cambios estructurales, nuevos mecanismos institucionales que permitieran el arribo de una democracia con mayor reconocimiento a los derechos de reunión, de asociación y de petición, entre otros.
Los procesos de transición y liberalización coadyuvaron a la democratización del poder político, transfiriendo proyectos sociopolíticos a los actores con la finalidad de legitimar la política pública, tal fue el caso de los diferentes programas de Solidaridad.5 De tal forma que la sociedad civil quedó articulada al control del poder estatal, siguiendo las viejas prácticas del corporativismo y de la subordinación hacia el Estado.
La democratización privilegio la parte institucional del sistema político mexicano, mismo que quedo constatado por la denominada Reforma del Estado, que se limitó al aspecto electoral y a recuperar los votos perdidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la denominada “caída del sistema” en 1988, configurándose así en un sistema convencional de “un ciudadano, un voto”.
Democracias parciales, atributo ausente: libertades civiles
La democracia en tanto principios apunta a la apropiación de derechos y en consecuencia de valores, y constitución o formación de ciudadanía. La democracia entiende el demos como una ciudadanía comprometida en el ejercicio de derechos y obligaciones. Sin embargo, para que se produzca este ejercicio, los sistemas políticos deben de proporcionar los derechos civiles y políticos primarios (Held, 1997). En términos amplios, los primeros hacen referencia a la libertad personal, la libertad de pensamiento y creencias, el derecho a la propiedad y de suscribir contratos, y la igualdad ante la ley. Mientras que los derechos políticos se refieren a aquellos tipos de derechos que crean la posibilidad de participar en el ejercicio del poder político como miembros de la asociación política, o como elector de los miembros de la asociación. Estos derechos son habilitados mediante atributos ejercidos por los ciudadanos.
La ausencia de atributos comunes en la democracia como el sufragio pleno, la competencia plena, las libertades civiles, entre otros, nos conduce a un problema de déficit en la democracia. Este déficit provoca adjetivar a la democracia, así podemos encontrar “democracias protegidas”, “democracias limitadas”, “democracias controladas”, “democracias electorales”. En esta última, el atributo ausente son las libertades civiles.
Los derechos civiles comprenden dos conjuntos de baterías jurídicas los derechos procesales y las garantías institucionales (ver cuadro 3). Estas últimas hacen referencia a un conjunto de instituciones y factores que dan garantía institucional al individuo frente al estado, aquí se encuentra el matrimonio y la familia, la propiedad y el derecho de herencia. Lo que estamos señalando hasta el momento es que México transita en un proceso de democratización parcial, en donde lo electoral limitado al sufragio, mantiene en palabras de Guillermo O’Donell un sistema legal truncado6 ya que los atributos ausentes son los derechos civiles. Ciertamente estos, están consagrados en México en la constitución política pero con ciertas reservas.
En el caso de la garantía institucional que protege “al matrimonio y la familia”, el artículo 4º de la constitución política establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Como podrá observarse intrínsecamente se indica un solo tipo de familia, integrada por padre, madre e hijos. Con el ánimo de corregir lo anterior y responder al hecho de que pueden y existen otros tipos de familia y sobre todo por las demandas ciudadanas, es hasta el 2006 que surge La Ley de Sociedades de Convivencia. Este acto jurídico se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. Ciertamente existe un avance en el reconocimiento de otros tipos y formas de familia, el problema subsiste en que dicha ley no pertenece al orden federal, solo gozan de esta garantía los habitantes del Distrito Federal, las 31 entidades federativas no tienen este derecho.
Con respecto a la “propiedad”, el artículo 27 de la constitución política mexicana refiere que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde, originariamente, a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. De tal suerte, que con base a la función social de la propiedad, supone que los derechos individuales estén sujetos a limitaciones que pueden llegar a la expropiación por causa de utilidad pública”.
En lo que respecta al “derecho a la herencia”, nuevamente podemos ver una ausencia del orden legal, dicho aspecto queda contemplado en la Ley de Sociedades de Convivencia. En el artículo 14, se lee: “entre los convivientes se generarán derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia, aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos”
La garantía de este derecho contemplada en la mencionada ley, de nueva cuenta responde a que es aplicable a los habitantes del Distrito Federal.
Ahora bien, en esta deconstrucción de los derechos civiles ausentes durante varios años en el régimen político mexicano, con los derechos presentes, podemos advertir que se han profundizado los derechos de igualdad. Igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación por razón del sexo, raza, creencias, etc.; la igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio; igualdad de acceso a cargos públicos. Así como los derechos económicos y sociales en realización de los imperativos del Estado social, en los cuales se circunscriben principalmente: el derecho al trabajo, la seguridad social y otros beneficios sociales como, el derecho de huelga, de educación y vivienda digna, etc.
Para lograr la igualdad de acceso a cargos públicos, se determinan algunos requisitos de acuerdo al cargo: edad, nacionalidad, residencia, además de encontrarse en el ejercicio de sus derechos (artículo 55, 58 y 82 constitucional).
La discriminación es un aspecto que recientemente fue incorporado al texto constitucional. En agosto de 2001 se adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo primero, en este último se establece lo siguiente:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na
cional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el es
tado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las perso
nas. (Constitución Nacional)
El caso es que si bien se tiene derecho a la no discriminación por las anteriores razones, la sociedad misma evidencia rasgos de intolerancia. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), el 78% de los mexicanos no acepta que una persona drogadicta viva en su casa
o sea su vecina; el 46% no admite a alguien que tuviera Sida; el 40% no acepta a un homosexual; el 20% no admite a alguien de religión distinta (SEGOB, 2008). Lo anterior nos muestra que existe mayor apertura para la convivencia con los homosexuales, pero existe menos tolerancia para aquellos que tienen sida o profesan otra religión.
En cuanto a la igualdad de sexos, la sociedad muestra bajo nivel de apoyo, sobre todo con respecto a las mujeres que son discriminadas en el trabajo por estar embarazadas, tener hijos y estar casadas. Si esto existe en la sociedad, el Estado no ha procurado políticas diseñadas para la equidad de género y cuando las crea hay restricciones para el pleno goce de dicho derecho. Así podemos ver que en el tema de la representación política, el punto tercero del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE, 2011), indica que:
los partidos políticos promoverán y garantizarán, la igualdad de opor
tunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país,
a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de
la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcio
nal. (Artículo 218, punto 3ro)
Así mismo se establece que
“de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a di
putados como de senadores que presenten los partidos políticos o las
coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al
menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo
género, procurando llegar a la paridad” (Ídem.)
Sin embargo, en esta disposición quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. (COFIPE, artículo 219). En contraste a lo anterior durante la conformación de la cámara baja en la elección de 2003 la representación femenina en México se encontraba en la tercera posición con respecto a dieciocho países de América Latina, con el 22.6%, solo superado por Costa Rica (35.1%) y Argentina (34.1%). En la región, el porcentaje promedio es del orden del 15.5. El balance es positivo ya que en la década de 1980 el porcentaje de escaños obtenidos en México era del orden del 12% avanzando en la siguiente década al 14.2%. (PNUD, 2004, p.91)
En las dos últimas décadas en México, han surgido decretos y leyes que buscan erradicar la desigualdad social y con ello darle contenido a la propia democracia, así se ha legislado en materia de prevención y eliminación de la discriminación; sobre los pueblos indígenas; los derechos de los adultos mayores; la prevención de las mujeres frente a la violencia doméstica; la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, la percepción que tienen grupos específicos sobre la igualdad social, es casi nula. Según los datos del PNUD, la percepción de la sociedad mexicana es más bajo que el promedio de América Latina (ver cuadro 4)
Finalmente, encontramos el derecho de votar y ser votado. En este balance de los derechos de igualdad pareciera que este último es al que mayor impulso se le ha dado en México a lo largo de la historia, luego entonces el régimen político debiera ser el de una democracia electoral efectiva (ahora además de adjetivar la democracia la calificamos), en donde existiera un alto nivel de participación en las urnas, es decir, una ciudadanía activa en términos de sufragar. Pero para quienes recuerden la historia de México tendrán presente que la elección de 1976, el candidato postulado por el PRI fue el único a la presidencia, luego entonces la concurrencia a las urnas se registro en un poco más del 60%. Si a este porcentaje aunamos el aspecto de que en el 2008, un 51.1% de los ciudadanos mexicanos concibieron una democracia sin partidos, tenemos un déficit en el diseño democrático actual (PNUD, 2009, p.34).
En materia de derechos de libertad, podemos citar el correspondiente a los de asociación, el cual quedo regulado en febrero de 2004 con la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual regula las diferentes formas de asociacionismo.
Como podemos observar, existen mecanismos jurídicamente reconocidos para el disfrute de la propiedad, la seguridad y la justicia. Este sistema de normas racionales estatuidas (pactadas u otorgadas), legitima al que dispone de mando (Weber, 2005, p. 706), así como establece la constitución de espacios de deliberación, de espacios de participación e interpelación. Los casos más ilustrativos son aquellos que contienen aún componentes corporativistas y de subordinación al Estado. Es justamente el sistema de organización política federal que permite identificar estos “espacios”, a través de las funciones de los gobiernos municipales, al cual no solamente le compete brindar servicios públicos, sino que se construye como foros para la representación y la participación ciudadana.
Otro de estos “espacios” que incluyen el control estatal, son los tipos de participación “semi-directas” y “directas”, los cuales se constituyen a partir de organizaciones de carácter corporativistas hasta los consejos consultivos y ciudadanos. En las formas “semi-directas” tenemos el ejemplo del Movimiento Territorial (MT),7 organismo encargado de promover la organización de grupos locales para colaborar con las autoridades municipales en la realización de algunas obras públicas, el sentido de la participación era imbuir en el individuo un sentimiento de responsabilidad y cooperación en el desarrollo de la comunidad y al mismo tiempo eliminar la apatía causada por el paternalismo gubernamental (Rodríguez, 1999). De igual forma, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), implicó, además de la colaboración de los beneficiarios, el manejo de los recursos públicos y la ejecución de acciones, el control y la fiscalización de la obra pública. El PRONASOL entendía la participación en un sentido de co-responsabilidad en la gestión pública local, así lo sustentan sus principios rectores: a) respeto a las formas de organización e iniciativa de las comunidades; b) participación social directa de los habitantes de las localidades; c) co-responsabilidad social; d) transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos (Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL, 1996). Anterior, a estos mecanismos de participación y que son utilizados en la actualidad, se encuentra la llamada “consulta popular”,8 donde la comunidad y las autoridades elaboran planes y programas que habrán de incluirse en la agenda de políticas, tanto de los candidatos a puestos electorales, como de los triunfadores, dado que también serán parte de sus respectivos planes de desarrollo.
En cuanto a las formas de participación directa que implican necesariamente en su operación a la ciudadanía y a las autoridades correspondientes, son diversas que van desde patronatos de protección al medio ambiente, flora, fauna9 hasta los más comunes que son consejos consultivos especiales, que cubren sobre todo aspectos relacionados a los servicios públicos y planeación.
Como podemos observar las formas “semi-directas” tratan de construir esquemas de solidaridad que posibiliten la cohesión social, sin embargo, el control estatal a través del corporativismo, el clientelismo y el paternalismo, este último basado en los subsidios, han impedido “prácticas sociales” profundas en la sociedad, entendidas estas últimas como el conjunto de actividades que realizan los individuos en la búsqueda de soluciones, las cuales pueden ser resultas o no. Aquí lo importante, y que diferencia a otras actividades sociales y en el sentido en que apunta el presente término, es el aprendizaje colectivo que se genera con las prácticas mismas a través de sus experiencias y la acumulación de conocimientos adquiridos. De ahí que las agencias gubernamentales favorezcan aquellos proyectos plausibles.
Sin embargo, muchas de estas prácticas siguen el legado de una sociedad tradicional que manifiesta la preferencia del conformismo social al logro individual. La ENCUP (SEGOB, 2008), indica que un 77% de los encuestados señaló “que el gobierno intervenga lo más posible en la solución de los problemas de la sociedad”, este resultado no solamente evidencia por una parte, el apoyo a la deferencia hacia la autoridad, por otra parte, manifiesta el grado de dependencia de la sociedad, así como cierto grado de indiferencia y apatía.
En este recuento de los derechos fundamentales se pone de manifiesto lo señalado por Octavio Paz, respecto a la sociedad mexicana: “...admira los valores democráticos esenciales, como la participación ciudadana, pero al mismo tiempo favorece enérgicamente la intolerancia frente a los puntos de vista contrarios...” (Ai Camp, 2000, p. 32)
El déficit social
Haciendo un balance de la situación de la transición y de los diferentes momentos de liberalización que se traducen en un cambio de poder (de carácter sexenal por los años de duración del titular del poder ejecutivo), advertimos que los síntomas de dichos procesos se dan en la parte estructural, es decir, a nivel de las instituciones: la reforma política de 1997 y la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE); la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1991; la alternancia en el poder y la modificación en la integración en el congreso en el año 2000; la constitución del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), como mecanismo de transparencia en el quehacer público, entre otros.
Este balance no se constituyó ciertamente de cuestiones positivas, también se modificaron ciertos elementos en el estado. De acuerdo a las características del Estado fuerte planteada por Flores Pérez (ver cuadro 2), encontramos que aunado a ellas, el presidencialismo mexicano constituía una fortaleza hacia su estado. Sin embargo esta situación cambio y encontramos un proceso de debilitamiento en el Estado.
…la transición política habría erosionado los aparatos estatales… caracte
rísticas específicas del entorno político, favorables para la corrupción y la
impunidad: monopolio de poder político por medio de esquemas uniparti
distas, nula supervisión de las acciones de la clase política, falta de contra
pesos en el ejercicio del poder y virtual inexistencia de mecanismos de
rendición de cuentas, debilidad de la sociedad civil y predominio de rela
ciones clientelares en la sociedad (Flores Pérez, 2009, p. 116).
Así pues la idea de la transición no es contemplativa, es decir, no denota necesariamente un proceso de democratización inmediato, la pretransición y transición también generan desesperanza, incertidumbre. Muchas personas aunque prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno, apoyarían a un gobierno autoritario si resuelve sus problemas económicos. En este sentido Latinobarómetro, refirió que en el año 2002 el 48.1% de los encuestados preferían la democracia frente a otro tipo de régimen, pero en semejante porcentaje
(44.9) estaba dispuesto a apoyar un gobierno autoritario (PNUD, 2004, p. 137).
Los datos anteriores corresponden a percepciones de los ciudadanos tomadas en América Latina de 18 países, lo cual indica que casi la mitad de los encuestados prefiere la democracia, sin embargo, sobre este porcentaje las personas que así opinaron observan actitudes poco democráticas en relación con diversas cuestiones sociales, tal como fue puesto de manifiesto en el balance observado sobre el derecho a la no discriminación.
Aunado a esto tenemos también se observa la falta de confianza en las instituciones democráticas, tales como los partidos políticos, los líderes políticos, incluidos en estos los poderes formales (legislativo, ejecutivo y judicial), así también incluso los sindicatos. En tanto que los poderes ilegales incluidos las mafias, narcotráfico, guerrilla y paramilitares van ganando terreno. Consecuentemente la sociedad manifiesta desconfianza que se materializa en hábitos de indiferencia y apatía.
… la desconfianza en los marcos institucionales y en las organizaciones
no gubernamentales ha llevado a una insuficiencia de conexiones indi
viduales con las redes sociales, así como de normas de reciprocidad y
confianza en las organizaciones. Esto es una señal de que la sociedad
civil mexicana es débil (Layton, 2006).
En efecto, como señala Tapia: “el precio de la sobrevivencia es la conversión del infante en ser humano, pero [un] ser humano identificado con los rasgos de aquella sociedad donde ha sobrevivido” (2003, p.72).
Es decir, la falta de confianza, la desesperanza por el nivel de vida genera, la no participación y la necesidad de una dependencia personal y directa. (Elizondo, 2000, p.121). Dependencia en la cual el individuo circunscribe el desarrollo de sus objetivos y valores. Así pues los individuos también desconfianza en sus vecinos.
Otro rasgo marcado por la desconfianza es la indefinición ideológica de los mexicanos. Los datos de la ENCUP arrojan los siguientes datos: 30% se identifica con la derecha; 12% de centro; 11% de izquierda; 3% de centro derecha; 2% centro izquierda y 42% no sabe donde ubicarse o no contesto (SEGOB, 2008).
Frente a todo lo anteriormente señalado, parecería que el perfil del mexicano que se dibuja es aquel que manifiesta una ciudadanía de baja intensidad. Sin embargo, México es un país de símbolos que recorren desde aspectos religiosos (como la celebración de la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre) como aspectos históricas (independencia, revolución, entre otras), lo cual le permite producir mecanismos de supervivencia. Así se considera un patriota por excelencia, manifiesta su orgullo nacional, mientras que el 89% de las personas a nivel mundial indican su orgullo, el 98% de los mexicanos dice este muy orgulloso (SEGOB, 2008, p. 34). Asimismo, es alegre, sacrificado, humorista y humilde.
Son precisamente estos valores que representan una sociedad tradicional donde se reconstruye lo social como un ideal posible que se fusiona con fuerzas centrípetas del Estado, mismas que la sociedad trata de desmoronar, sobre todo las vertientes del corporativismo, el clientelismo y la subordinación del Estado.
Conclusiones preliminares
El sistema político mexicano ha quedado inmerso en una transición interrumpida que se sostiene de un péndulo constante que va del autoritarismo a la democracia. La alternancia en el poder no logro destruir las viejas prácticas del sistema, permanecieron vigentes el corporativismo y la subordinación al Estado. Si bien estos elementos continuaron dotando de equilibrio al sistema, no se lograron concretizar arreglos institucionales que lograran impedir los síntomas de debilidad gubernamental. Por tanto, la alternancia no significaba que la transición concluyera, esta solo se traducía en una “transición votada”, habría que avanzar en la gobernabilidad democrática y el estado de derecho.
La democracia se restringía al ámbito electoral, la reforma del Estado contemplaba el aspecto político y por ende, el diseño electoral. Así se manifestó un sistema legal truncado, ya que las garantías no se manifestaban en todo el territorio nacional y se restringía su aplicación a la interpretación del jurista. Así le democracia prevaleciente presentaba un déficit en sus componentes civiles. En un balance general, se observa que no solamente las instituciones gubernamentales o las leyes restringen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, la sociedad también participa del desarrollo de los mismos a través de la intolerancia que muestra a ciertos grupos o segmentos sociales.
De tal suerte que la pretransición y la transición, no solamente venían acompañadas de esperanzas; asimismo se daba incertidumbre que impidieron proyectos diseñados desde abajo, la liberalización que se produjo en el sistema político mexicano venía como en antaño desde arriba. Así que gran parte de la sociedad participaba de los propios mecanismos instrumentados por el Estado. Cabe enfatizar que como en el caso de PRONASOL pertenecen al gasto social destinados a la asistencia social, por tanto, el Estado sólo aplica una función básica de la cual se sirve para legitimarse.
Por tanto la sociedad bajo el cobijo del Estado, fue abriéndose camino a partir de los espacios que eran impulsados por el aparato gubernamental. Claro esta que en su desarrollo cargaba con un bagaje histórico-cultural denso, que con los ingredientes simbólicos le permitieron desplegar su propia reconstrucción social.
Finalmente, al privilegiarse el análisis bajo el aspecto del régimen político que se consolidó en su égida autoritaria, destacamos los aspectos mas sobresalientes de la transición, por tanto, no desdeñamos el esfuerzo de las organizaciones que han participado activamente en los ámbitos distintos al electoral y de proyectos asistenciales, sin embargo, estos se han construido solo en alguna de las entidades federativas.
Referencias
Ai Camp, R. (2000). La política en México. México: Siglo XXI.
Andrade Sánchez, E. (2004). Introducción a la ciencia política. México: Oxford.
Elizondo, A. (2000). El discurso cívico en la escuela. En Revista Perfiles Educativos, XXII, 115-129.
Flores Pérez, C. A. (2009). El estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática. México: CIESAS-Publicaciones de la Casa Chata.
Held, D. (1997). La democracia y el orden global. España: Paidós.
Hurtado, J. (2001). El sistema presidencial mexicano. Evolución y perspectivas. México: FCE-Universidad de Guadalajara.
Molinar Horcasitas, J. (1993). Escuelas de interpretación del sistema político mexicano. Revista Mexicana de Sociología. 55(2), 3-56.
O’Donnell, Schmitter ! Whitehead (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario. (V.4), Madrid: Paidós.
PNUD (2004). La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Perú: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.
PNUD (2009). La democracia de ciudadanía. Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina. Organización de los Estados Americanos, Washington.
Ramírez Sáiz, J. M. (2010). Las Organizaciones Cívicas en la democratización. En Isunza Vera, E. y Olivera Rivera O (Coord.). Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil. CIESAS, Universidad Veracruzana y Ed. Purrúa. Ciudad de México.
Reyes Salas, G. (1999). Sistemas políticos contemporáneos. México: Oxford.
Rodríguez, Victoria E. (1999). La descentralización en México. De la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo federalismo. México: F.C.E.
SEDESOL (1996). Manual único de operación para el manejo de recursos del ramo 26, México: SEDESOL.
SEGOB (2008). Informe ENCUP 2008. Recuperado de: http://www.encup. gob.mx/encup/index.php?page=cuarta-encup-informe Tapia, E. (2003). Socialización política y educación cívica en los niños. México:
Instituto Mora-Instituto Electoral de Querétaro. Weber, M. (2005). Economía y sociedad. México: FCE. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) (2011); Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm
Layton, M. (2006). “¿Cómo se paga el capital social?: Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI)”. En Revista: Foreign Affairs en Español, (abril-junio 2006): Volumen 6, No. 2. Council on Foreign Relations (CFR) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México.
Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ marco.htm
Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal; Disponible en: http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/legislacion/ley_de_sociedad_de_c onvivencia_para_el_distrito_federal.pdf
Notas
1 El análisis de Dieter Nohlen indica que se puede tipificar las elecciones según el grado de competitividad, es decir, elecciones competitivas, semicompetitivas y no competitivas, determinando cada uno de ellos una estructura del sistema político: democrático, autoritario y totalitario, respectivamente. 2 El sistema de partidos también es una subunidad que permite clasificar al sistema político a través de la fuerza competitiva de los mismo, sí se trata de un sistema político no competitivo de partidos (sistema de partido único) se traducirá en un sistema autoritario y si existe un sistema político competitivo de partidos (sistema bipartidista y multipartidista) se entenderá un sistema democrático. (Reyes Salas, 1999) 3 La ideología liberal desarrollada en el siglo XIX se introduce en la configuración del Estado como un componente fundamental. …el liberalismo como teoría y praxis de la protección jurídica, mediante el Estado constitucional, de la libertad individual… a medida que el sufragio se extendía, se planteaba al mismo tiempo una liberal-democracia en la que la “forma” del Estado recibía cada vez más “contenidos” de voluntad popular. Finalmente, el Estado liberal-democrático se transforma en el Estado democrático-liberal en el cual la balanza entre libertad e igualdad se desequilibra a favor de esta última (Held, 1997) 4 El Banco Mundial propuso en 1997, tres funciones del Estado:
p.64) 5 El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se crea en 1989 durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), con la finalidad de aliviar la pobreza en México, antes de Solidaridad y posterior a él, la línea presupuestaria subsiste para atender el mismo objetivo, la característica de este programa consistía por una parte en la cooperación intergubernamental, ya que en algunos programas el financiamiento del gobierno federal correspondía al 50% y el 50% al gobierno estatal, en algunos casos del 75% y 25%, respectivamente. Por otra parte, involucró la participación comunitaria en el desarrollo de obras. Hay que especificar que la participación en algunos casos se concretó en discusiones para la toma de decisiones, que se limitaron en la construcción de obras menos costosas, como por ejemplo, la edificación de una cancha de basquetbol, reparación de una escuela. En las obras con mayor financiamiento los recursos establecidos venían etiquetados por la federación. 6 Un sistema legal debe aspirar a un alto grado de efectividad a partir del establecimiento de reglas jurídicas generales que regulen numerosas relaciones sociales. Cuando dicha legalidad no se extiende en todo el territorio o bien suele ser aplicado con sesgos discriminatorios contra varias minorías y también mayorías, tales como las mujeres, ciertas etnias y los pobres, se traduce en un sistema legal truncado. Cabe advertir también que cuando esta condición se da, permite el establecimiento de otros tipos de legalidad, básicamente variaciones de legalidad mafiosa que operan en la práctica. (PNUD, 2004, p.63) 7 El MT sustituyó a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y a la UNE, a fines de los noventa volvió a ser CNOP, asimismo hay que señalar que el MT es uno de los tres sectores correspondientes a la organización del Partido Revolucionario Institucional. 8 Puesta en práctica desde el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. 9 Patronato para el zoológico de León, Guanajuato durante la administración de Carlos Medina Plascencia (1989-1991)