Un crimen y dos libros

La pequeña localidad de Salitre de la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste del territorio argentino, se sacudió por un escabroso crimen acaecido la noche del 16 de febrero de 1935. El occiso era el minero y cateador Rafael Tauler Andreu de nacionalidad española (Felanitx, Islas Baleares, España). Los acusados pertenecían a las fuerzas policíacas jujeñas: los subcomisarios Armando Armando y Antonio Di Santo. Este ajusticiamiento tenía derivaciones políticas múltiples que involucraban al mismísimo gobernador de la Provincia de Jujuy, Arturo Pérez Alisedo. Las intrigas que desembocaron en este horroroso desenlace comenzaron por 1931. Tauler había solicitado a la Dirección de Minas de Jujuy el permiso de explotación y cateo para minerales de primera categoría en Pirquitas. Pero existía un competidor con la misma ambición, Alberto Picchetti. La disputa se dirimió de manera nada clara a favor de este último en enero de 1933, o mejor dicho, ajustándose a los hechos concretos, el Juez de Minas Carlos Martearena otorgó la concesión de la obra en cuestión a la “Compañía Minera Pirquitas, Picchetti y Cía.”, entre cuyos miembros figuraba el futuro gobernador de la provincia, el mencionado Arturo Pérez Alisedo. Tauler no se resignó a la maniobra que le arrebató su proyecto de manera espuria bajo las influencias políticas de sus contrincantes e inició una estrategia para reunir pruebas con el propósito de avalar y reivindicar sus derechos; pero recibió un fuerte revés, cuando en abril de 1934, Pérez Alisedo asumió como gobernador luego de ganar unas elecciones sospechadas de fraude. Por entonces, el denominado “fraude patriótico” era una práctica regular en todo el país. Los hechos narrados sólo cobran significación en el contexto de un período particular de la historia argentina conocido como “la década infame” (1930-1943), caracterizado por: “[…] la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.” (Pigna, s.f.). Esta etapa histórica también fue denominada: “la república conservadora”, “la república imposible” (1930-1945), entre otras adjetivaciones.

                        Tauler temió por su vida. Escribió cartas a su hermano residente en Chile y al Senador de la Nación Benjamín Villafañe, refiriéndose a las intimidaciones sufridas y al riesgo de un atentado contra su vida. Sus sospechas se confirmaron cuando fue detenido el 16 de febrero de 1935 en la sub-comisaría de Salitre. Por la noche, con la excusa de un traslado a la localidad de Rinconada para su seguridad, fue baleado por los esbirros del poder Armando y Di Santo, quienes alegaron que el detenido sacó un arma que llevaba atada a uno de sus tobillos debajo del pantalón con la cual ejecutó disparos.

                        Hasta aquí, la crónica policial. Lo notable del hecho es que también tuvo repercusiones bibliográficas. Entre 1936 y 1938, aparecieron dos publicaciones de diferente naturaleza y postura ideológica directamente vinculadas con el caso Tauler. Una de ellas, de carácter oficial, es la impresión del expediente No. 551 del juicio caratulado “Armando Armando y Antonio di Santo por homicidio a Rafael Tauler”[1] con asiento en el Juzgado del Crimen de Primera Nominación, Secretaría No. 2; consta de 1.147 folios y salió de los talleres de la Imprenta del Estado de la Gobernación de Jujuy. La otra publicación, que puede denominarse como un “libro” en sentido estricto, es una edición de la obra del Senador Nacional Benjamín Villafañe que, centrada en la muerte de Tauler, se presenta como una denuncia incisiva de la situación política de la provincia norteña, una acusación explícita a las autoridades de la misma por el crimen de Tauler y de otras irregularidades rayanas con la ilegalidad y la inconstitucionalidad. Desde su título queda explícita su postura: “El asesinato de Rafael Tauler perpetrado por las autoridades y amparado por la justicia”[2], cuyos subtítulos penetran sin ambages en el terreno político: “Un drama del far-west en la puna de Jujuy” y “La situación de Jujuy una vergüenza nacional”. Ambas publicaciones citadas se contraponen en varios sentidos, no solo por sus contenidos y la posición tomada, sino, además, por su fisonomía y por el público destinatario de los textos.

                        La ciudad capital de la provincia, San Salvador de Jujuy, contaba hacia la década de 1870 con varias imprentas. Uno de estos talleres tipográficos pertenecía al gobierno provincial. Se la denominaba “Imprenta del Estado” y fue encargada de la publicación del Boletín Oficial a partir del 23 de mayo de 1913 según el decreto de promulgación de la Ley No. 190. En el artículo segundo de la normativa se lee: “Se insertarán, también, en sección especial los fallos definitivos o ejecutoriados, dictados por los tribunales de la Provincia, que revistan interés jurídico” (Jujuy, Argentina, Ley no. 190, 1913). Esta imprenta era, por lo tanto, la indicada por ley para publicar los actos o documentos de origen judicial. Dada la publicación del expediente No. 551 del caso Tauler y lo manifestado en el artículo antes citado, se deduce que dicho caso revestía “interés jurídico” para las autoridades de 1937. Se trata de un volumen de gran formato (32 x 23 cm.) y de encuadernación sobria en cuero verde oscuro con el título de la carátula impreso en el lomo en letras capitales entre falsos nervios. Presenta un curioso error en el ensamblado de los cuadernillos: el fascículo No.1 está agregado al final de la publicación. Esta extraña errata es destacada de forma manuscrita con pluma en la cabecera de la primera hoja del volumen, o sea el fascículo 2, por un supuesto revisor anónimo de la edición, como puede observarse en la imagen presentada (Ver Ilustración 4).

                        En otro orden, es indudable que el impreso estaba destinado a un público restringido a la esfera de lo judicial y lo político, no sólo por la índole de su contenido, su formato y su distribución limitada, sino también por las controversias que generó el desarrollo y el dictamen final del juicio en las altas esferas del poder. El 30 de enero de 1936, el gobernador Arturo Pérez Alisedo se vio obligado a renunciar a su cargo debido al escándalo en que estaba envuelto para salvaguardar la continuidad en el Ejecutivo de sus correligionarios del Partido Popular, según consta en la propia renuncia (Segura, R., 2012). A los dos años, en medio de un laberinto de intrigas, chicanas políticas y del interés que suscitó a nivel nacional el acontecimiento de la muerte de Tauler, se conoció el fallo del juez habilitado José B. Barreiro, quien absuelve de culpa y cargo a los acusados por haber obrado en defensa propia. Esta sentencia está registrada en folios 1.142, correspondiente a la página 319 de la publicación reseñada.

                        Como se ha expresado en los párrafos superiores, el libro de Benjamín Villafañe (h.)[3] era la contraparte de la publicación oficial y lo era en varios aspectos. En primer lugar, su autor estaba comprometido en la historia político-institucional de la provincia de Jujuy, donde se perpetró el hecho. Era, a la sazón, Senador Nacional en representación de dicha provincia y se había desempeñado como gobernador en el período 1924-1927. Mantenía, como también se ha adelantado más arriba, un contacto epistolar con la víctima y con su hermano. Villafañe era, por otra parte, el hijo del notable escritor homónimo, quien intervino en las luchas políticas y militares intestinas contra el caudillismo; fungió como gobernador del Tucumán; fue educador y literato perteneciente a la “generación de los proscriptos” (Abad de Santillán, 1956-1966, v. 8, p. 401).

                        Benjamín Villafañe fue, asimismo, un prolífico autor de obras de temas de la historia y la política argentinas. Muchos de estos títulos figuran en el dorso de la anteportada

del libro en estudio[4]. “El asesinato de Rafael Tauler” tampoco fue su primer escrito de denuncia pública de las maniobras delictivas de su época, ni sería el último. En 1917, siendo diputado provincial jujeño, condenó y difundió, mediante una carta acompañada de una fotografía dirigida a la revista “Caras y Caretas”, las condiciones inhumanas de las cárceles de su provincia[5]. En 1939, creó la comisión investigadora, que puso de manifiesto la maniobra fraudulenta contra el Estado que comprometía a Néstor Luis Casás por la venta de terrenos de la localidad del Palomar para ampliar el Colegio Militar (Pigna, s.f.). La diferencia sustancial fue que el caso Tauler se convirtió en libro.

                        Bajo la óptica editorial, la obra respondía a las clásicas ediciones populares de la época, donde se priorizaba el contenido sobre los aspectos externos. Tanto los materiales ordinarios de muy baja calidad como el poco esmero puesto en la manufactura del volumen ponían en evidencia su finalidad: llegar a un público numeroso a bajo costo. La mayoría de los indicios encontrados en el análisis del ejemplar apuntan a caracterizarlo como una edición de autor, ya que carece de editorial y se sabe que fue impreso en los talleres gráficos Mercatali. La imprenta de los hermanos Francisco y Mario Mercatali del barrio de Caballito (Acoyte 269-271) era reconocida en la época por sus impresiones de libros y revistas a solicitud. Lamentablemente, el colofón no proporciona datos relevantes como el número de ejemplares de la tirada, cuya cifra hubiese sido un indicador, al menos, de las expectativas del autor en cuanto a la llegada potencial del libro al gran público. Esto se agrava si se relaciona con el hecho de que tampoco se indica el precio de venta de la obra, que podría ser tomado como referencia. De hecho, en la década de 1930, existían librerías y editoriales en la capital porteña que ofrecían libros muy económicos, los cuales tenían una considerable acogida en las clases bajas. Por ejemplo, las “Grandes Librerías Anaconda” (sus publicaciones tienen una similitud importante en cuanto a su fisonomía con la obra reseñada) promocionaban, en 1935, todos sus libros en venta a un valor módico de $ 0.95. No obstante, es muy complejo establecer relaciones entre el precio de los libros y el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que en esta época turbulenta de la historia argentina, hasta las estadísticas laborales no escapan a la crítica y a la sospecha.

El corolario, un crimen más, otra mancha de la “década infame” de la historia de la Argentina, y dos respuestas editoriales: la de la historia oficial y la de la denuncia.

N. Tripaldi

 



[1] Registro no. 42 del Catálogo periódico impreso.

 

[2] Registro no. 73 del Catálogo periódico impreso.

 

[3] También conocido como Benjamín Villafañe Chaves para distinguirlo de su padre.

 

[4] Los principales títulos son: Nuestros males y sus causas; Irigoyen, el último dictador; La miseria de un país rico; El atraso del Interior; Política económica suicida; Socialismo y comunismo; El petróleo y la Constitución Nacional; Historia de dos administraciones; La religión de los parias; Chusmocracia, entre otros.

 

[5] Todavía el cepo... (1917, July 28). Caras y Caretas, p. 54. Buenos Aires. Recuperado de http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004534081&page=53&search=Villafa%C3%B1e&lang=es